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Modo: Corpus Pro

RECUSACIÓN. LA CALIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA CORRESPONDE A UN ÓRGANO DIVERSO DEL RECUSADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 239/2024. · Registro digital (IUS): 32973
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-02-07
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO REGIONAL EN MATERIA PENAL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUI
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.197.

Contradicción de criterios 239/2024. Entre los sustentados por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 27 de noviembre de 2024. Cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretario: Mauricio Tapia Maltos.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la posible contradicción de criterios suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el recurso de revisión 621/2022 y el entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, actual Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, al resolver la contradicción de criterios 89/2023, de la cual derivó la tesis: “RECUSACIÓN AL TITULAR DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO. SU TRÁMITE DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DE LA LEY DE LA MATERIA”.(1)

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito firmado electrónicamente el uno de octubre de dos mil veinticuatro y recibido en este Alto Tribunal el dos siguiente, Héctor de Jesús González Altamirano, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre lo resuelto en la ejecutoria emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el recurso de revisión 621/2022 y lo sostenido por el entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, actual Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 89/2023, de la cual derivó la tesis de rubro: “RECUSACIÓN AL TITULAR DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO. SU TRÁMITE DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DE LA LEY DE LA MATERIA.”

2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó formar y registrar el expediente con el número 239/2024; instruyó a las Presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes, para que remitieran únicamente por conducto del MINTERSCJN, la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de sus ejecutorias, así como del proveído en el que informaran si los criterios sustentados en esos asuntos se encuentran vigentes o señalaran las razones que sustenten que sus posturas fueron superadas o abandonadas.

3. En el mismo acuerdo se ordenó turnar el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para su resolución.

4. Avocamiento. Finalmente, por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.

I. COMPETENCIA

5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal;(2) 226, fracción II, de la Ley de Amparo(3) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(5) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril siguiente, y los artículos 7 y 8 del Acuerdo General 67/2022(6) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; toda vez que la contradicción de criterios se plantea entre un Tribunal Colegiado de Circuito perteneciente a las regiones Centro-Sur y un Pleno Regional del Centro-Norte.

II. LEGITIMACIÓN

6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II,(7) de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por Héctor de Jesús González Altamirano, parte tercero interesado en el amparo en revisión 621/2022, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, asunto que dio lugar a la presente contradicción de criterios.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

7. Para determinar si existe contradicción de criterios es indispensable tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las ejecutorias denunciadas.

• Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 621/2022.

8. Demanda de amparo indirecto. Una persona promovió juicio de amparo en contra del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y otras autoridades, por la emisión del acuerdo en que designaron a diversos titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Local.

9. De la demanda conoció el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien lo registró con el número 2287/2019. Seguida la secuela procesal, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional y el once de agosto siguiente dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el juicio.

10. Amparo en revisión 621/2022. En contra de la anterior determinación, la quejosa mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintidós, interpuso recurso de revisión.

11. Por razón de turno, correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien lo admitió a trámite y registró el asunto con el número 621/2022.

12. Impedimento. Por acuerdo de presidencia de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro se tuvo por recibido el dictamen por el cual el Magistrado Oscar Naranjo Ahumada manifestó su impedimento para conocer y resolver el asunto; por lo que se ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a fin de que se registrara como correspondiera y se turnara a dicho órgano colegiado.

13. En sesión de diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado calificó fundado el impedimento 14/2024.

14. Recusación. Por escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, (fecha en que se sesionaría el recurso de revisión 621/2022) el tercero interesado Héctor de Jesús González Altamirano, presentó recusación en contra de los dos magistrados integrantes del órgano colegiado.

15. En sesión de la fecha previamente referida, el Tribunal Colegiado del conocimiento, por mayoría de votos, desestimó dar trámite a la recusación formulada, bajo el argumento de que el promovente no exhibió el billete de depósito respectivo, siendo éste un requisito esencial para su procedencia aunado a que el artículo 59 de la Ley de Amparo era muy claro al establecer la obligación del promovente para exhibirlo.

• Criterio del entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte (actual Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México), al resolver la contradicción de criterios 89/2023.

16. Hechos. El Pleno Regional resolvió la contradicción sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, relativa al trámite que debe seguir el escrito de recusación. El primero de los órganos colegiados sostuvo que el trámite del procedimiento de recusación en el juicio de amparo consiste en que, una vez que se promovió y turnó al órgano jurisdiccional que deba calificarlo, lo hará de acuerdo con las reglas que señalan los artículos 54 y 57 de la Ley de Amparo, y se instrumentaliza con base en los numerales 59 y 60 del mismo ordenamiento. Por su parte, el segundo órgano mencionado concluyó que el Juez de Distrito impedido no puede desestimar la recusación pronunciándose sobre el fondo, pero al recibirla sí está legalmente facultado para verificar que la misma cumpla con las condiciones legalmente establecidas para tramitarla, pues del artículo 59 de la citada ley, se desprende la facultad para resolver de plano lo conducente, en ciertos supuestos.

17. El entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte resolvió que el escrito por el cual se plantea un impedimento, vía recusación deberá remitirse al órgano que corresponda para que, en su caso, califique los requisitos a que hace referencia el artículo 59 de la Ley de Amparo; por tanto, concluyó que no es aceptable que el servidor público a quien se estime impedido califique el escrito respectivo, ya que significaría que estaría autorizado para calificar la procedencia de sus propios impedimentos, pues de la normativa aplicable se desprende que es un juzgador distinto quien debe calificar los requisitos de procedencia correspondientes, a efecto de determinar si se actualiza o no el impedimento.

18. Dichos aspectos quedaron reflejados en la tesis de rubro: “RECUSACIÓN AL TITULAR DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO. SU TRÁMITE DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DE LA LEY DE LA MATERIA”.(8)

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

19. El objeto de resolución de una contradicción de criterios consiste en unificar los que sean discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que para determinar si aquélla existe o no, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse la siguiente jurisprudencia: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES”. (9)

20. También, debe observarse la tesis del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.”(10)

21. Conforme a las jurisprudencias reproducidas, para que exista la contradicción de criterios es necesario que los órganos contendientes hayan:

A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

22. Entonces, existe contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica –el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general–, y que a partir de ésta arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.

23. Así, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

24. Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.”(11)

25. Atento a lo anterior, esta Segunda Sala determina que sí existe la contradicción de criterios entre las ejecutorias denunciadas.

26. Esto es así, porque ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre qué órgano es el competente para calificar la procedencia del escrito de recusación, previsto en el artículo 59 de la Ley de Amparo.

27. Efectivamente, por un lado, el entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 89/2023, consideró que no es aceptable que el servidor público que se estime impedido deba calificar el escrito respectivo, ya que significaría que estuviera autorizado para calificar la procedencia de sus propios impedimentos, pues de la normativa aplicable se desprende que cuando un juzgador federal, se considera impedido para conocer de un asunto, otro distinto es a quién le corresponde calificar los requisitos para la procedencia de la recusación.

28. Además, se estima que, en el caso de proceder de esa forma, se trastocaría el principio de imparcialidad judicial, en su vertiente funcional, ya que éste rige no solo en el dictado de la sentencia, sino en los actos propios de la promoción y tramitación del juicio.

29. Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito desestimó la recusación formulada por el tercero interesado en contra de dos Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado derivado del amparo en revisión 621/2022, en atención a que el promovente no exhibió billete de depósito por la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada la recusación, es decir, el Tribunal colegiado, en su calidad de órgano recusado, se pronunció sobre el cumplimiento de los requisitos formales previstos para la recusación.

30. En ese tenor, atendiendo a las particularidades relatadas, es claro que ambos Tribunales Colegiados arribaron a posturas distintas sobre un mismo punto de derecho, lo cual permite establecer como planteamiento a dilucidar: ¿El juzgador u órgano recusado está facultado para calificar los requisitos de procedencia establecidos para la recusación prevista en el artículo 59 de la Ley de Amparo?

V. ESTUDIO DE FONDO

31. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio que coincide con el entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, actual Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, que se expresa a continuación, de conformidad con los razonamientos siguientes:

32. Ante todo, es importante precisar que la figura jurídica de la recusación constituye un mecanismo por el cual los gobernados obtienen un efectivo acceso a la justicia; por ello encuentra su origen en el artículo 17 constitucional,(12) así como en los diversos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(13) los cuales, en esencia establecen que la impartición de justicia debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita.

33. De esa forma, el derecho a la tutela jurisdiccional en sus vertientes de acceso a la justicia y justicia imparcial inmersas en el orden jurídico nacional y convencional, esencialmente consiste en que las personas tienen, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, el derecho de acceder a tribunales independientes e imparciales.(14)

34. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, la imparcialidad judicial de un tribunal,(15) implica que sus integrantes no posean un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y no se encuentren involucrados en la controversia. De ahí que, el Juez o Tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que afecte la integridad del Tribunal como órgano imparcial.

35. En ese tenor, la imparcialidad en la administración de justicia implica que el juzgador emita una resolución en la que, además de dirimir la controversia planteada, su determinación no dé lugar a considerar que existió inclinación en favor de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido.

36. Por ello, la justicia imparcial se conforma de dos elementos, el objetivo y subjetivo, el primero de ellos radica en la obligación del juzgador de observar las normas aplicables al caso correspondiente, ya que su incumplimiento derivaría en consecuencias y afectaciones en perjuicio de alguna de las partes en el proceso, lo cual indudablemente favorecería a la otra; mientras que el aspecto subjetivo se refiere a las condiciones personales que el juez pudiera tener sobre el negocio que se somete a su consideración, cuestión que lo obliga a orientar su estudio sobre los temas controvertidos, sin que se involucren sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, o bien, sin que exista algún tipo de interés particular que motive un actuar preferido sobre alguna parte.(16)

37. Por su parte, esta Segunda Sala, al resolver la entonces contradicción de tesis 407/2019,(17) sostuvo que la tutela judicial efectiva no está limitada al trámite y decisión de los asuntos que se sometan a la potestad de los órganos jurisdiccionales, sino que también debe comprender ciertos aspectos que permitan suponer que el fallo no esté afectado de imparcialidad objetiva o subjetiva.

38. De forma que, la facultad de inhibir a un juzgador para conocer de un asunto por la existencia de algún tipo de interés personal, encuentra sustento en la exigencia constitucional de imparcialidad en la labor jurisdiccional, la cual incluso, constituye un aspecto de interés público.

39. Así, para garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en su vertiente de justicia imparcial, el Estado debe prever ciertos mecanismos legales respectivos, los cuales, necesariamente deben satisfacer los estándares mínimos de un recurso eficaz, esto es, que esté previsto formalmente en la ley y que, además, materialmente sea idóneo para lograr el objetivo para el que fue diseñado, es decir, para obtener una tutela efectiva en contra de actos o normas lesivas de derechos fundamentales.(18)

40. Al respecto, la Ley de Amparo cumple con ese mandato, pues prevé dos figuras que garantizan el acceso a una justicia imparcial, consistentes en el impedimento y la recusación, los cuales podrán ser ejercidos por los propios juzgadores y por las partes en un juicio, respectivamente; siempre que se estime actualizada alguna de las causas siguientes: “Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:

I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo;

II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;

III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo;

IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación;

V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada;

VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento;

VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y

VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.

41. De lo anterior, se observa que la norma prevé diversos supuestos en los que posiblemente se actualicen situaciones de pérdida de imparcialidad, y respecto de los cuales, el Juzgador debe abstenerse de conocer y resolver del asunto de que se trate, ya sea mediante impedimento o recusación formulada por las partes.

42. Así, cuando un juzgador está impedido por presentarse alguna de las causas que la normatividad aplicable considera presuntivas de parcialidad, debe excusarse de conocer el asunto –dado que el valor que pretende preservarse es la imparcialidad–. Y si ese juzgador no se excusa, la parte interesada tiene expedito el derecho para plantear una recusación en la que se pruebe si se configura o no ese impedimento, es decir, esa condición específica que hace presumir ausencia de imparcialidad en el conocimiento del negocio.

43. Ahora bien, en lo que al caso importa, la procedencia de la recusación que al respecto formulen las partes, se encuentra sujeta al cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Amparo.

Artículo 59. En el escrito de recusación deberán manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan y exhibirse en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada. De no cumplirse estos requisitos la recusación se desechará de plano, salvo que, por lo que hace al último de ellos, se alegue insolvencia. En este caso, el órgano jurisdiccional la calificará y podrá exigir garantía por el importe del mínimo de la multa o exentar de su exhibición.”

44. De lo anterior se advierten los requisitos mínimos que deberá contener el escrito de recusación, entre los que destacan:

a) Manifestar, bajo protesta de decir verdad los hechos en los cuales se funda la recusación; y,

b) Exhibir billete de depósito, cuyo monto debe cubrir la cantidad correspondiente a la sanción máxima de la multa por imponer en el supuesto de llegar a calificarse de infundada esa recusación; o bien la manifestación de insolvencia respectiva.

45. También, el precepto refiere que, en caso de incumplir con dichos extremos, la recusación será desechada de plano; y ante la existencia de alguna insolvencia alegada, el órgano jurisdiccional calificará dicha cuestión y procederá a imponer el importe mínimo correspondiente a la multa o incluso exonerar la presentación del billete de depósito.

46. Asimismo, la Ley de Amparo, en su artículo 60 dispone que el escrito de recusación deberá presentarse ante el juzgador que se estime impedido, quien lo remitirá al órgano que debe calificar la recusación, éste último será quien estará encargado de admitir y pedir el informe respectivo del juzgador recusado; y si el juzgador admite la causa de la recusación o no rinde el informe, se declarará fundada; en caso contrario, se señalará la fecha y hora para una audiencia de pruebas en la que se dictará la resolución que corresponda, tal y como se observa a continuación:

Artículo 60. La recusación se presentará ante el servidor público a quien se estime impedido, el que lo comunicará al órgano que deba calificarla. Éste, en su caso, la admitirá y solicitará informe al servidor público requerido, el que deberá rendirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación.

Si el servidor público admite la causa de recusación, se declarará fundada; si la negare, se señalará día y hora para que dentro de los tres días siguientes se celebre la audiencia en la que se ofrecerán, admitirán y desahogarán las pruebas de las partes y se dictará resolución.

En caso de no rendirse el informe a que se refiere el párrafo primero, se declarará fundada la causa de recusación, en cuyo caso se devolverá al promovente la garantía exhibida.

Si se declara infundada la recusación el servidor público seguirá conociendo del asunto.

Si el órgano que deba calificar la recusación la hubiere negado y ésta se comprobase, quedará sujeto a la responsabilidad que corresponda conforme a esta Ley.

47. En ese contexto, es evidente que el trámite previsto para la recusación implica que el juzgador recusado reciba el escrito relativo y lo remita al órgano correspondiente a fin de que éste provea sobre su admisibilidad y resuelva la existencia o no de alguna causa que impida al recusado conocer y resolver determinada controversia.

48. Esa misma lógica se observa para el caso de recusación o impedimentos tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, previsto en el artículo 57 de la Ley de Amparo:

“Artículo 57. Cuando uno de los integrantes de un tribunal colegiado de circuito o de un tribunal colegiado de apelación, se excuse o sea recusado, los restantes resolverán lo conducente.

En caso de empate, la resolución corresponderá al tribunal colegiado de circuito siguiente en orden del mismo circuito y especialidad y, de no haberlos, al del circuito más cercano. El mismo procedimiento se seguirá tratándose de empate en tribunales colegiados de apelación.

Cuando la excusa o recusación se refiera a más de un magistrado, la resolución se hará en términos del párrafo anterior. Si sólo es fundada la excusa o recusación de uno de los magistrados, el asunto se devolverá al tribunal de origen para que resuelva.

Si fueren dos o más los magistrados que resulten impedidos, el propio tribunal que así lo decidió resolverá el asunto principal.”

49. Como se observa, la norma dispone que, si dichos mecanismos se hacen valer en contra de uno de sus integrantes, los demás resolverán; y en caso de empate, el asunto deberá remitirse a otro órgano para que resuelva.

50. También, prevé que en caso de que la recusación esté dirigida a más de un integrante, de igual forma, el asunto deberá remitirse a otro órgano colegiado para que resuelva lo conducente.

51. En otras palabras, tratándose de órganos colegiados, cuando la recusación sea en contra de un integrante, el mismo órgano (los otros dos integrantes) podrán conocer y resolver, pero cuando la recusación se presente en contra de dos o la totalidad de sus integrantes, el órgano recusado necesariamente deberá remitir el asunto a otro órgano para que resuelva; ello en términos del artículo 57 previamente citado.

52. De esa forma, es patente la intención de la normatividad en cuanto a los impedimentos y recusaciones, relativa a preservar la imparcialidad en la labor jurisdiccional, al prever que dichos medios deben ser valorados y resueltos por un órgano diverso, cuando el recusado quede inhibido para tal efecto.

53. Lo cual torna relevante el hecho consistente en que el servidor u órgano recusado no pueden calificar los requisitos para la procedencia de la recusación, como lo es el escrito respectivo, así como el billete de depósito, o bien, la exención de éste; pues en todo caso, ese pronunciamiento le corresponde al órgano que deba conocer sobre la causa de impedimento.

54. Es decir, la imparcialidad que motiva la existencia de la recusación también resulta aplicable en el trámite de ésta, pues implica un procedimiento sumario, conformado por diversas etapas hasta el dictado de la resolución correspondiente, en el que necesariamente un juzgador diverso al recusado debe proveer el trámite y resolver lo conducente; razón por la cual, la persona u órgano recusado no está facultado para pronunciarse sobre la procedencia de dicho medio.

55. Tal cuestión es coincidente con lo resuelto por esta Segunda Sala en la contradicción de criterios 411/2022,(19) en donde se estableció que, para el trámite y resolución del impedimento, debe observarse que, quien conozca de éste, no se ubique dentro de alguno de los supuestos de pérdida de parcialidad que prevé la ley de amparo, pues de ser así, el juzgador del conocimiento puede hacer valer –a su vez– alguna causa prevista en el artículo 51 de la Ley de Amparo a fin de inhibirse en el conocimiento del impedimento planteado; ello bajo el razonamiento de que la institución del impedimento surge del derecho que tienen los justiciables a que se les imparta justicia de manera imparcial conforme al artículo 17 de la Constitución Federal.

56. En este sentido, esta Segunda Sala concluye que, en atención al derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de justicia imparcial, la recusación formulada contra un juzgador u órgano jurisdiccional deberá ser remitida al órgano correspondiente, quien, una vez recibidos los autos, analizará su procedencia y, en su caso, dará el trámite a través del expediente respectivo, agotando

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32973-68f11e59/recusacion-la-calificacion-de-los-requisitos-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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