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PENSIONES. EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL QUE PREVÉ SU EMBARGO CUANDO EXISTAN OBLIGACIONES ALIMENTICIAS POR CUBRIR, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA E IGUALDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 290/2023. · Registro digital (IUS): 32991
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-02-14
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.23.

AMPARO EN REVISIÓN 290/2023. 3 DE ABRIL DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO ACLARATORIO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: FRIDA RODRÍGUEZ CRUZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil a **********. Durante la secuela procesal, la parte actora solicitó que se decretara el embargo del 30% de los ingresos que recibe la parte demandada del Instituto Mexicano del Seguro Social en su calidad de jubilada, después de dejar exento el salario mínimo. El juez mercantil, negó dicha petición. Inconforme, la actora interpuso recurso de revocación. Se confirmó la resolución recurrida. En contra de esta determinación la actora promovió amparo indirecto, en la que también adujo la inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley del Seguro Social. Seguidos los trámites procesales, el Juez de Distrito dictó sentencia en la cual concedió el amparo en contra de la norma impugnada. Inconforme, la Cámara de Diputados interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado que conoció del recurso se declaró legalmente incompetente para resolver sobre la inconstitucionalidad del artículo reclamado, por lo que ordenó remitir los autos a este Alto Tribunal.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 290/2023, interpuesto por Juan Uribe Mejía en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo indirecto 579/2021-III.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo 10 de la Ley del Seguro Social es inconstitucional al establecer que sólo procederá el embargo de pensiones tratándose de deudas alimentarias.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. De acuerdo con las constancias que obran en autos del amparo indirecto 579/2021-III del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, se desprenden los siguientes antecedentes:

2. Juicio ejecutivo mercantil. **********, por conducto de sus endosatarios en procuración,(1) promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de **********. Dicho juicio quedó registrado bajo el expediente M2866/2019 en el Juzgado Noveno Menor Civil de la ciudad de León, Guanajuato.

3. Posteriormente, la parte actora solicitó que se decretara el embargo del 30% de los ingresos que recibe la parte demandada por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en su calidad de jubilada, después de dejar exento el salario mínimo. El veinte de abril de dos mil veintiuno, el juez mercantil negó la petición.

4. Acto reclamado. Inconforme, la actora interpuso recurso de revocación. El juez de origen confirmó la resolución recurrida con base en las siguientes razones:

• Contrario a lo alegado por la recurrente, sí existe distinción entre personas trabajadoras en activo y personas pensionadas, pues la jubilación constituye una prestación de seguridad social consagrada constitucionalmente a favor de las personas trabajadoras. Citó la tesis P. XXXVI/2013 (10a.), de rubro: “SEGURIDAD SOCIAL. LAS JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO GOZAN DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS DEL SALARIO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADOS A, FRACCIÓN VIII Y B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”.(2)

• Agregó que, de conformidad con los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 9 del Protocolo de San Salvador, la pensión de las personas trabajadoras goza de la protección más amplia por la situación de vulnerabilidad en razón de los años laborados.

• En ese sentido, los adeudos que adquieren las personas jubiladas en el ámbito de la libertad de contratación no responden a su especial situación de vulnerabilidad, dado que ya no tienen ingresos como personas trabajadoras en activo.

• La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social no son supletorias a la legislación mercantil, por lo que la observancia de dichas normas no implica una aplicación bajo la figura de la supletoriedad, sino que se actualiza el criterio de especialidad.

• Existen razones constitucionales que distinguen la situación en la que se encuentran las personas trabajadoras en activo y las pensionadas, por lo que no es posible que se afecte mediante el embargo las pensiones con las mismas reglas y proporciones que el salario de las personas trabajadoras en activo, por lo que es inaplicable la fracción VIII del artículo 436 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio del Código de Comercio.

• El artículo 10 de la Ley del Seguro Social señala que las prestaciones que corresponden a las personas aseguradas o sus beneficiarias son inembargables y que sólo en los casos de obligaciones alimenticias pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios, hasta por el cincuenta por ciento de su monto. No se actualiza ese supuesto para permitir el embargo solicitado.

• Agregó que la citada norma no impide el cobro de créditos contraídos por personas pensionadas, sólo prohíbe el embargo de la pensión, debido a la especial protección que otorga la ley atendiendo a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas pensionadas. Por tanto, no existe violación a los artículos 123, apartado B, fracción VI, constitucional, en relación con el numeral 436, fracción VIII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio al Código de Comercio.

• Destacó que no era aplicable la tesis 2a./J. 42/2014 (10a.), invocada por la actora, de rubro: “SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE.”,(3) dado que el salario y la pensión no derivan de la misma situación jurídica.

5. Juicio de amparo 579/2021-III. Inconforme con esa determinación, **********, por conducto de sus endosatarios en procuración, promovió juicio de amparo en contra del acto precisado, atribuido al Juez Noveno Menor Civil de la Ciudad de León, Guanajuato. A continuación, se reseñan los conceptos de violación esgrimidos:

• No basta que la responsable funde su acto en el artículo 1° constitucional, ya que la invocación de ese precepto es parcial. Además, la responsable carece de competencia para hacer un pronunciamiento sobre la seguridad social y/o laboral de una persona trabajadora activa o una persona pensionada, toda vez que el acto reclamado se emitió en un juicio ejecutivo mercantil, mismo que se rige por estricto derecho, de ahí que la contienda debió resolverse atendiendo a lo que las partes exponen como fundamentos o defensas.

• La autoridad responsable omite pronunciarse sobre la salvedad que contempla el artículo 1° constitucional en el sentido de que si bien existe la protección de los derechos humanos, el propio artículo 123, apartado B, fracción VI, de la Constitución permite hacer retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos por la ley, siempre y cuando se proteja el salario mínimo, tal y como se contempla en el artículo 123, apartado A, fracción VIII, constitucional.

• Teniendo en cuenta que el asunto deriva de un juicio ejecutivo mercantil, el embargo de pensiones se encuentra previsto en el artículo 436, fracción VIII del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que el embargo de la pensión correspondiente al 30% del excedente del salario mínimo que recibe la demandada como trabajadora jubilada es apegado a derecho.

• La responsable no se pronunció sobre los artículos 1°, 1063 y 1414 del Código de Comercio donde se contempla la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles.

• El juez mercantil no debió fundar su actuar en una disposición fuera de su ámbito de competencia mercantil. La Ley del Seguro Social no contiene una institución procesal a suplir para resolver la controversia de origen.

• Dado que el Código de Comercio permite la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuestión de embargos es aplicable el artículo 436, fracción VIII, de dicho ordenamiento, por lo que su inobservancia vulnera el debido proceso. Lo anterior tiene como consecuencia la ilegalidad de la resolución impugnada, al sustentarse en criterios laborales o de seguridad social.

• La tesis P. XXXVI/2013 (10a.), invocada por la autoridad responsable no contempla diferencia alguna de lo que constituye personas trabajadoras en activo y pensionadas, como erróneamente sostiene el juez mercantil.

• Aun de ser aplicable, dicho criterio surge con motivo de la falta de protección al salario mínimo vital de las personas jubiladas, pensionadas o que tienen algún haber de retiro y que no había protección al mínimo vital en caso de embargo.

• Dicho criterio pretende proteger el mínimo vital de las personas trabajadoras en activo y pensionadas, lo cual siempre fue respetado, pues al solicitar el embargo del 30% del excedente del salario mínimo se respetó el mínimo vital de la demandada. Es decir, dicho mínimo no se incluyó en la petición de embargo.

• Es incorrecta la fundamentación utilizada por el juez responsable, en tanto que la tesis P. XXXVI/2013 (10a.) sí contempla la posibilidad de embargar jubilaciones, pensiones y haberes de retiro mientras se resguarde el salario mínimo y siempre que el embargo se prevea en la ley.

• La petición de embargo no viola el artículo 9 del Protocolo de San Salvador, porque la seguridad social de la deudora está asegurada y protegida por la ley y el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores del seguro social. Incluso, la demandada cuenta con mayores beneficios que una persona trabajadora en activo, por lo que no se encuentra en situación de vulnerabilidad.

• El juez mercantil no expresó motivos para concluir que la demandada se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Incluso, la demandada tiene ingresos mayores a lo que en su opinión constituye el mínimo vital.

• La responsable no fundó ni motivó por qué no es aplicable el artículo 476, fracción VIII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando el juicio de origen es mercantil.

• En el caso es inaplicable el artículo 10 de la Ley del Seguro Social porque esa ley no contempla a las personas jubiladas por años de servicio o pensionadas para el régimen de jubilaciones y pensiones que deban ser sujetas a prestación económica por parte del IMSS, tal y como se puede constatar del artículo 5-A de dicha ley. En realidad, a la demanda le aplica el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores del seguro social, el cual no prohíbe el embargo peticionado en el juicio de origen.

• La autoridad responsable no la citó para oír la sentencia interlocutoria y además, se notificó dicha resolución casi un mes después, inobservando el plazo de tres días que para tal efecto señala el artículo 1335 del Código de Comercio.

6. La demanda se radicó en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato con el número 579/2021-III. Previo desahogo de una prevención, el juez admitió a trámite la demanda, requirió a la autoridad responsable su informe justificado, ordenó emplazar a la tercera interesada, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

7. Posteriormente, mediante proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su voluntad señalar como acto reclamado el artículo 10 de la Ley del Seguro Social y, en su caso, precisara a la autoridad o autoridades responsables.

8. En atención a lo anterior, la quejosa amplió su demanda en contra de la aprobación, expedición y promulgación del artículo 10 de la Ley del Seguro Social y señaló como autoridades responsables al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. En su ampliación de demanda la parte quejosa reiteró esencialmente los argumentos expresados en la demanda de amparo.

9. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la ampliación de demanda formulada por la quejosa, en contra del artículo 10 de la Ley del Seguro Social.

10. Sentencia de amparo. Seguida la secuela procesal, el veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato dictó sentencia en la que concedió el amparo al tenor de las siguientes consideraciones:

• El artículo 10 de Ley del Seguro Social viola los principios de seguridad jurídica e igualdad consagrados en la Constitución Federal, pues la restricción impuesta al embargo de una pensión deja en estado de indefensión a las personas deudoras, por lo que impone un trato diferenciado respecto a la permisión que establece cuando el embargo se realice sobre una pensión para garantizar el pago de una obligación alimentaria.

• Argumentó que la pensión de una persona trabajadora tiene la misma protección que el salario, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción IV, constitucional, pues no impone una restricción total para su embargo, sino que delega a las leyes las formas en que éste debe operar. Consideró aplicable la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.) de rubro: “SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE.”.

• Dicho criterio atiende a la protección sobre el salario mínimo de las personas trabajadoras, sosteniendo que es factible que, una vez asegurado su mínimo vital, se pudiera embargar hasta el treinta por ciento del excedente para que ésta hiciera frente a sus obligaciones civiles o mercantiles. Ello es aplicable tanto a las personas trabajadoras en activo como a las pensionadas.

• Sostener lo contrario implicaría aceptar que una persona pensionada no debería hacer frente a sus obligaciones civiles o mercantiles, pudiendo ser su único ingreso y no tener otro bien con el cual asegurar el pago reclamado.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que tanto el salario como la pensión gozan de las medidas protectoras previstas en el artículo 123, apartado A, fracción VIII y B, fracción VI, de la Constitución. Al respecto, invocó como aplicable la jurisprudencia P. XXXVI/2013 (10a.), de rubro: “SEGURIDAD SOCIAL. LAS JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO GOZAN DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS DEL SALARIO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADOS A, FRACCIÓN VIII Y B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”.

• Ese criterio complementa la tesis 2a./J. 42/2014 (10a.), pues hace extensiva la protección sobre el salario mínimo a los ingresos que reciban las personas pensionadas.

• Por tanto, la autoridad judicial puede embargar una pensión respecto al excedente del salario mínimo para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones civiles o mercantiles. Ello no contraviene la Constitución ni los tratados internacionales de los que México es parte, pues lo que protegen sobre el salario y la seguridad social de las personas trabajadoras es un monto mínimo que garantice sus necesidades, pero no prohíben el embargo judicial sobre el excedente de dicho monto.

• Por tanto, el artículo 10 de la Ley del Seguro Social es inconstitucional, en tanto que excluye injustificada y excesivamente la posibilidad de que sea embargada una pensión para que la persona pensionada cumpla con sus obligaciones mercantiles o civiles, diversas a las alimentarias.

• Luego, una vez asegurado el mínimo vital, el excedente de la pensión sí es susceptible de embargo; de lo contrario, podría generar un abuso por parte de una persona pensionada, incurriendo en un fraude de acreedores, teniendo en cuenta que existen pensiones que exceden el salario mínimo mensual.

• En esas condiciones, concedió el amparo para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente el acto reclamado y dictara una nueva resolución en la que determine que es procedente el embargo de la pensión de la demandada, cuyo porcentaje deberá fijar con libertad de jurisdicción, en el entendido de que debía desincorporar el artículo reclamado de la esfera jurídica de la quejosa.

11. Recursos de revisión.(4) Inconformes, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, interpusieron sendos recursos de revisión. Correspondió conocer de dichos medios de impugnación al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, donde se registraron con el número 87/2022. En auto de siete de abril de dos mil veintidós se admitió el recurso interpuesto por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y se desechó, por extemporáneo, el recurso del Presidente de la República.(5)

12. La Cámara de Diputados expresó los siguientes agravios:

• No existe violación alguna de seguridad jurídica ni de igualdad. Además, la jurisprudencia temática al caso ha reconocido una protección especial a los recursos obtenidos por concepto de pensiones, así como a las personas destinatarias, en oposición a las personas trabajadoras en activo que reciben un salario.

• El Juez de Distrito interpretó erróneamente la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.), al considerar que el salario y la pensión deben tener un mismo tratamiento para no generar incertidumbre jurídica ni desigualdad de trato.

• Mientras el salario mínimo deriva de una relación obrero-patronal de una persona activa laboralmente, generando con ello la posibilidad de ser embargada por las deudas que contraiga, al encontrarse en una mayor capacidad para generar ingresos, la pensión jubilatoria es otorgada en virtud de los años de servicio.

• Las pensiones se encuentran en un estado de inequidad respecto a la situación salarial, por lo tanto, no deben tomarse en consideración como análogas, de ahí que sea incorrecto que deba darse tratamiento igual a situaciones desiguales.

• En el artículo impugnado se estableció la excepción de embargo para el supuesto de cumplimiento en materia de obligaciones alimenticias. Ello es acorde con el artículo 17, séptimo párrafo, constitucional en tanto que hace posible el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Además, la norma persigue un objetivo que coincide con la finalidad de las prestaciones de seguridad social, las cuales sustituyen al salario cuando la persona ya no está laboralmente activa, siendo que los ingresos derivados de las pensiones tienen por objeto satisfacer las necesidades de la persona pensionada y las de su familia.

• El artículo 10 de la Ley del Seguro Social no prevé expresamente la regla relativa al embargo del salario, derivada de la interpretación conforme del artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo en relación con los numerales 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución y 10, párrafos 1 y 2, del Convenio 95 de la OIT, relativo a la protección al salario, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 42/2014(10a.).

• De acuerdo con la Segunda Sala, la autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil, siempre que no exceda el 30% de ese excedente. • Sin embargo, la Ley del Seguro Social y su Reglamento no prevén el descuento en pensiones por deudas civiles o mercantiles, como sí establece la Ley Federal del Trabajo respecto del descuento al salario para el pago de adeudos de personas trabajadoras.

• Contrario a lo señalado por el Juez de Distrito, no es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre el embargo de pensiones.

• No es posible concluir que en los casos planteados por el juez de amparo existan situaciones jurídicas comparables que exijan el mismo trato legislativo.

• El Tribunal Pleno ha sostenido que el hecho de que el artículo 123 constitucional no prevea expresamente esa posible afectación a las pensiones -como sí lo hace en el caso del salario-, no implica que exista prohibición absoluta para hacer cualquier tipo de reducción a esas prestaciones de seguridad social. Invoca la acción de inconstitucionalidad 40/2018 y amparos en revisión 742/2010, 56/2011 y 58/2011. Del hecho de que las pensiones, al igual que el salario, sean susceptibles de embargo no se desprende que las leyes y criterios aplicables al embargo del salario sean aplicables a las pensiones.

• Ello, pues la regulación de cada una de esas prestaciones se encuentra en ordenamientos diferentes y porque es viable constitucionalmente que el legislador otorgue a las pensiones una protección distinta.

• En la acción de inconstitucionalidad 101/2014 el Tribunal Pleno consideró que las personas trabajadoras en activo tienen ciertas características, tales como la percepción de un salario, la potencialidad de un ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho a obtener una pensión por jubilación. Agregó que, en cambio, en el caso de las personas pensionadas su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización, por lo que no pueden esperar una mejora o cambio en sus prestaciones.

• Por tanto, existen razones constitucionales que distinguen las situaciones en que se encuentran las personas trabajadoras en activo y las pensionadas por lo que no es posible su equiparación para afectar pensiones con las mismas reglas y proporciones que el salario.

• Por ende, no se puede sostener la inconstitucionalidad del artículo impugnado porque éste aplica específicamente a las pensiones, que contienen la prohibición de su embargo para garantizar adeudos distintos a la ejecución de resoluciones en materia de alimentos.

• El artículo 10 de la Ley del Seguro Social no impide de manera absoluta el cobro de créditos contraídos por las personas pensionadas, sólo prohíbe el embargo de la pensión y conforme a las legislaciones civiles y mercantil, es posible que se embarguen otros bienes de la persona deudora, que sí sean susceptibles de embargo.

• El artículo reclamado no genera incertidumbre jurídica dado que no prohíbe el cobro coactivo de deudas adquiridas por personas pensionadas ni vulnera el principio de igualdad, al no ser equiparables las situaciones de las personas trabajadoras en activo y pensionadas.

• La finalidad de la pensión obedece a la protección más amplia de las personas consideradas como una clase en situación de vulnerabilidad en razón de los años de servicio que prestaron en su momento. Por tanto, el hecho de que no sean embargables se justifica porque las personas mayores son un grupo en situación de vulnerabilidad.

• La inembargabilidad de las pensiones no menoscaba los derechos de las personas acreedoras, sino que permite salvaguardar los derechos fundamentales a la vida digna y mínimo vital de las personas pensionadas, pues es su única fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias.

• Es infundado que otros derechos humanos, tales como la igualdad y el acceso a la justicia puedan ser vulnerados a las personas acreedoras, pues las normas que establecen la inembargabilidad de las pensiones son de conocimiento público al estar previstas en la Constitución y en la Ley del Seguro Social.

13. Seguidos los trámites procesales, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el tribunal colegiado del conocimiento desestimó las causas de improcedencia cuyo estudio fue omitido por el Juez de Distrito y declaró carecer de competencia para conocer el recurso de revisión, por lo que ordenó enviar el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver respecto de la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley del Seguro Social.

14. Trámite ante la Suprema Corte. Por acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibidos los autos, ordenó registrar el asunto con el número 290/2023, lo admitió a trámite y lo turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

15. Avocamiento en Primera Sala. Mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala acordó el avocamiento de la Primera Sala para conocer del presente asunto, y ordenó enviar los autos al Ministro designado ponente.

I. COMPETENCIA

16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal, 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como lo establecido en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. El recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el cual se planteó la inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley del Seguro Social.

II. CUESTIÓN PREVIA

17. De la lectura de la sentencia del tribunal colegiado se desprende que éste se limitó a desestimar la causal de improcedencia cuyo estudio fue omitido por el Juez de Distrito, sin estudiar lo relativo a la oportunidad y procedencia del recurso. Por tanto, queda de manifiesto que el Tribunal Colegiado no estudió la oportunidad y procedencia del recurso, como lo ordena el punto Noveno del Acuerdo Número 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

18. No obstante, por economía procesal, se estima innecesario devolver los autos al Tribunal Colegiado para que cumpla con la obligación que le imponía el citado Acuerdo General Plenario, pues ello sólo se traduciría en una dilación en la impartición de justicia, motivo por el cual esta Primera Sala procede a efectuar el análisis de dichos presupuestos procesales.

a) Oportunidad

19. La sentencia reclamada se tuvo por notificada mediante oficio a la autoridad recurrente el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. El plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente corrió del treinta de noviembre al trece de diciembre de dos mil veintiuno, excluyendo de dicho cómputo los días cuatro, cinco, once y doce de diciembre de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles, de conformidad con los numerales 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

20. En ese tenor, dado que el recurso de revisión fue presentado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siete de diciembre de dos mil veintiuno, su interposición fue oportuna.

b) Legitimación

21. Esta Primera Sala de la Suprema Corte considera que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está legitimada para impugnar la sentencia recurrida, en términos de los artículos 9 y 87 de la Ley de Amparo, toda vez que los órganos legislativos federales tienen la facultad de interponer recursos dentro del juicio de amparo donde ostentan la calidad de autoridad responsable.

c) Procedencia

22. Finalmente, el recurso de revisión es procedente de conformidad con el artículo 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal y el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, toda vez que se impugna una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley del Seguro Social.

III. ESTUDIO DE FONDO

23. Esta Primera Sala advierte que el problema constitucional a resolver radica en la interpretación realizada por el Juez de Distrito respecto del artículo 10 de la Ley del Seguro Social, mismo que estimó inconstitucional por vulnerar los principios de seguridad jurídica e igualdad, pues al limitar el embargo de pensiones únicamente al pago de obligaciones alimentarias, genera un trato diferenciado injustificado y deja en indefensión al resto de posibles acreedores de una persona pensionada respecto de aquellos que sí son acreedores alimentarios.

24. Para sostener esa conclusión, el Juez de amparo, esencialmente, consideró que el salario y la pensión gozan de las mismas medidas de protección, de acuerdo con la tesis aislada P. XXXVI/2013 (10a.), de rubro: SEGURIDAD SOCIAL. LAS JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO GOZAN DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS DEL SALARIO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADOS A, FRACCIÓN VIII Y B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.

25. De modo tal que, concluyó el Juez de Distrito, si la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.), consideró que sí se pueden embargar los salarios para el aseguramiento de deudas civiles y mercantiles respecto del 30% del excedente del salario m

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32991-96616b50/pensiones-el-articulo-10-de-la-ley-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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