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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES LABORALES FEDERALES DE ASUNTOS INDIVIDUALES CONOCER DEL JUICIO CONTRA UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE), EN EL QUE SE DEMANDA LA ENTREGA DE LOS RENDIMIENTOS O INTERESES QUE DEBIERON GENERAR LAS CANTIDADES DEPOSITADAS EN LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE UNA PERSONA PENSIONADA DURANTE SU VIDA LABORAL.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 32/2024. · Registro digital (IUS): 32998
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-02-21
Promovente: SUSCITADO ENTRE EL QUINTO TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES Y EL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL, AMBOS CON SEDE EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.565.

CONFLICTO COMPETENCIAL 32/2024. SUSCITADO ENTRE EL QUINTO TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES Y EL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL, AMBOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CON SEDE EN BOCA DEL RÍO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: ARTURO NAVARRO PLATA.

Xalapa, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTO, para resolver, el conflicto competencial de trabajo 32/2024, del índice de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz, suscitado entre el Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz y el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, ambos con sede en Boca del Río, quienes se declararon legalmente incompetentes para conocer del juicio promovido por **********; y,

RESULTANDOS

PRIMERO. El Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, planteó conflicto competencial suscitado entre dicha autoridad y el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en dicha ciudad, quienes se estimaron legalmente incompetentes para conocer del juicio promovido por **********.

SEGUNDO. Por acuerdo de presidencia de veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió a trámite el conflicto competencial, radicándolo bajo el número 32/2024.

TERCERO. Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil veinticuatro, se ordenó turnar los autos al Magistrado Jorge Toss Capistrán, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo; y,

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, tiene competencia originaria para dirimir el presente conflicto competencial de conformidad con los artículos 94, párrafo quinto, 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(1) 705 bis, fracción II, inciso e), de la Ley Federal del Trabajo,(2) en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 49/2014, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; tomando en cuenta que el conflicto se suscita entre autoridades federales, siendo que la potestad que previno en el conocimiento del asunto está en una sede donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. No se transcribirán en su integridad(3) los acuerdos que sustentan el conflicto competencial, ni las manifestaciones hechas por las autoridades involucradas pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la sentencia; por otra, se han entregado junto con esta resolución copias certificadas de esos apartados a los integrantes de este cuerpo colegiado.

Cobra aplicación al caso, por analogía, la tesis aislada sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 406, Tomo IX, abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO."

Así como la jurisprudencia 58/2010, por similitud de razón, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."

TERCERO. Este Tribunal Colegiado considera que existe conflicto competencial entre los órganos jurisdiccionales referidos con antelación, quienes se declararon legalmente incompetentes por razón de la materia para conocer del juicio de origen, razón por la cual se planteó el presente conflicto competencial, bajo el argumento de que el primero de los contendientes sostuvo que las prestaciones reclamadas no eran de naturaleza laboral, sino mercantil, mientras que el segundo no aceptó la competencia planteada, porque estimó que dichas prestaciones sí eran de naturaleza laboral.

De lo antes expuesto, se advierte la concurrencia de los presupuestos indispensables para que se configure el conflicto competencial, porque los órganos jurisdiccionales contendientes manifestaron de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y potestad, abstenerse de conocer y resolver la demanda respectiva.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 30/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 46, junio de 2003, Tomo XVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:

"CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA. Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción."

Así como la tesis CXLVII/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 352, Tomo XII, noviembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"COMPETENCIA LABORAL. REQUISITOS PARA QUE PUEDA CONSIDERARSE PLANTEADO UN CONFLICTO DE ESA NATURALEZA. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 701 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, cuando una Junta se declara incompetente tiene la obligación de remitir el expediente a la autoridad que estime competente y si ésta, al recibir los autos, también se declara incompetente, los remitirá a la que deba dirimir el conflicto competencial. Sólo a través de este procedimiento es que un conflicto entre tribunales laborales, o entre éstos y otro órgano jurisdiccional, puede llegar al conocimiento de la autoridad que deba dirimir dicha controversia competencial."

CUARTO. Determinación de la competencia.

Puntualizando lo anterior, debe decirse que la competencia para conocer y resolver de la demanda que formuló la parte actora, origen del presente conflicto competencial, se surte a favor del Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, por las razones que a continuación se expresan:

La parte actora demandó de una Administradora de Fondos para el Retiro, el reconocimiento de que es propietaria de los recursos destinados a su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, por todo el tiempo que duró su relación de trabajo, incluyendo la rentabilidad que verdaderamente le corresponde, por lo cual considera que tiene derecho a la entrega y devolución de la cantidad que precisa en los hechos de la demanda (cuadro inserto en dicho ocurso).

En ese contexto, solicita el pago y entrega de los rendimientos que sigan correspondiendo hasta el cumplimiento de la sentencia definitiva.

Para justificar sus reclamos, la parte actora señala que, en su calidad de pensionada, en términos de lo dispuesto por los artículos 183-O de la Ley del Seguro Social de 1973, Noveno, Undécimo y Décimo Tercero transitorios de la Ley del Seguro Social vigente, tiene derecho a disponer de los recursos destinados a su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro y que la Afore le pague lo demandado en los hechos de su demanda.

En ese sentido, argumenta que lo reclamado tiene relación con las subcuentas de SAR 92 y RETIRO 97, de manera que de conformidad con el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las entidades financieras que se dedican a la administración de fondos para el retiro, de manera habitual y profesional, se dedican a la administración de cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran, así como también a administrar sociedades de inversión, por lo que deberán efectuar las gestiones necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de dichas sociedades; por tanto, en cumplimiento a sus funciones, deberán atender exclusivamente al interés de los trabajadores y asegurarse que todas sus operaciones que realicen con los recursos de los trabajadores, sea con ese fin.

Señala que conforme al artículo 35 del citado ordenamiento, dichas administradoras responderán directamente de los actos, omisiones y operaciones que realicen las sociedades de inversión.

Incluso, argumenta que conforme al diverso 39 de la citada legislación, las sociedades de inversión administradas y operadas por la administradora demandada, tienen por objeto invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales que reciban en los términos de las leyes de seguridad social y de la citada ley. En el mismo sentido, precisa que podrán invertir las aportaciones destinadas a fondos de previsión social, las voluntarias y complementarias de retiro que reciban de los trabajadores y patrones y demás recursos en términos de ley.

La parte actora, especificó que su reclamo no comprende monto alguno atinente a los rubros de cesantía en edad avanzada, vejez, cuota social y cuota estatal, ni con la subcuenta de vivienda, sino que insistió en el hecho de que el monto reclamado tiene relación con las subcuentas de SAR 92 y Retiro 97, que tienen por fin satisfacer la subsistencia de la persona trabajadora una vez llegada la edad de retiro, mediante su entrega directa.

Esto es, expone que la cantidad reclamada, corresponde y estuvo destinada a la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, que es de su propiedad y tiene naturaleza de previsión social al tener por destino satisfacer la subsistencia de la persona trabajadora en la etapa de retiro de la vida laboral.

Ahora bien, como ya se adelantó, corresponde al Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, el conocimiento del juicio en que se reclame la devolución de las cantidades depositadas en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro del trabajador, con independencia de la denominación que se hubiese dado a la acción ejercida y de la procedencia o no de la prestación reclamada (rendimientos y/o intereses).

En efecto, resulta conveniente mencionar que la competencia para conocer de un juicio laboral se surte por excepción, esto es, cuando en el caso correspondiente se actualicen algunos de los supuestos contemplados en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, constitucional y 527, fracción II, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo.

El artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los asuntos en los que corresponde a las autoridades federales aplicar las leyes del trabajo, disponiendo en su inciso b), subinciso 1, lo siguiente:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

...

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a:

...

b) Empresas:

1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal..."

Por su parte, los artículos 527, fracción II, inciso 1, y 899-A, primer párrafo, ambos de la Ley Federal del Trabajo, prevén lo siguiente:

"Artículo 527.- La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de:

II. Empresas:

1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal..."

"Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social."

De las disposiciones constitucional y legal transcritas se advierte que serán de la competencia laboral y federal, entre otros asuntos, los relativos a empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal.

Asimismo, que los tribunales son competentes para conocer de los conflictos individuales de seguridad social; y que éstos tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que deba cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro; así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social.

Así pues, de acuerdo con el artículo 159, fracción I, de la Ley del Seguro Social, se entiende por cuenta individual la que se abre para cada asegurado en las Administradoras de Fondos para el Retiro, para que se depositen las cuotas obrero-patronales y, en su caso, la estatal por concepto de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos; y que esa cuenta individual se integrará por las subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias.

Conforme a ese concepto, es posible definir que los recursos depositados en las cuentas individuales se distribuyen en las subcuentas que la integran, pues NO EXISTE PRECEPTO ALGUNO QUE ESTABLEZCA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN UN RUBRO AISLADO O EN UNA CUENTA INDEPENDIENTE A LA INDIVIDUAL, para que puedan considerarse de forma autónoma de la cuenta individual del asegurado.

Se itera, en la demanda que dio origen al presente conflicto competencial, la parte actora se encuentra reclamando el reconocimiento de que es propietaria de los recursos destinados a su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, por todo el tiempo que duró su relación de trabajo, INCLUIDA LA RENTABILIDAD O RENDIMIENTOS QUE VERDADERAMENTE LE CORRESPONDEN, así como la entrega y devolución de las cantidades respectivas.

En ese preciso contexto, se determina que la competencia para conocer de un juicio entablado en contra de una Administradora de Fondos para el Retiro, en el que se demanda la entrega de las cantidades depositadas en la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro de un trabajador, corresponde, a partir de la reforma laboral, en el caso, a los Tribunales Laborales Federales, pues la naturaleza de la prestación demandada involucra órganos administrados en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, por ende, se surte la competencia referida con base en el artículo constitucional citado en párrafos arriba plasmados.

Además, debe establecerse que si bien es cierto que los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son de su propiedad, con las modalidades establecidas en la ley, también lo es que existe una estrecha vinculación entre las administradoras de fondos para el retiro y los institutos de seguridad social en la recepción, depósito, administración, transferencia y disponibilidad de los recursos, pues para que proceda la entrega de estos últimos al trabajador deben darse las hipótesis legalmente establecidas y mediar autorización de dichos institutos, incluso si se trata de los recursos de la subcuenta de vivienda, pues éstos deben transferirse a la administradora de fondos para el retiro correspondiente por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dado que su administración es llevada por dicho instituto.

Entonces, en el procedimiento laboral, corresponde a tales administradoras (AFORES), detallar de manera pormenorizada cuáles son los montos que tiene asignados la parte obrera en cada uno de los ramos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez y vivienda, por ser quienes cuentan con toda la información, ya que reciben de los institutos de seguridad social los datos que por concepto de cuotas y aportaciones se hacen a la cuenta individual (artículo 18, fracciones I, II y III de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro).

De igual modo, deben acreditar el detalle e individualización de esos montos y de sus rendimientos en los términos que precisen en su contestación de demanda.

Lo anterior, con entera independencia de que sea o no procedente la entrega de los recursos de la cuenta o subcuentas cuando existe una pensión, pues ello en todo caso atañe al estudio de fondo del asunto, no al establecimiento de la competencia por materia.

Así, aunque no se señalen expresamente como prestaciones reclamadas en el juicio la autorización de disponibilidad de recursos a los institutos de seguridad social y la transferencia de los fondos de la subcuenta de vivienda a la afore para su entrega al trabajador, como en el caso, de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro a la empresa administradora de fondos para el retiro correspondiente, no es posible desvincular tal prestación de las acciones principales de las que depende.

Sobre todo, porque lo que pretende la parte actora, en esencia, es el pago de las cantidades que se aprecian en la tabla que plasmó en su escrito inicial de demanda, que dice tenía derecho, correspondientes a los RENDIMIENTOS Y/O INTERESES que generaron las cuotas y aportaciones que la propia parte trabajadora como el ente patronal depositaron al Sistema de Ahorro para el Retiro.

Dicho en diversa expresividad de lenguaje, como la cantidad cuya entrega demanda la parte actora tiene injerencia con la rentabilidad o rendimientos que le corresponden, POR TODO EL TIEMPO QUE DURÓ SU RELACIÓN DE TRABAJO COMO TRABAJADORA EN ACTIVO, y definir si el monto cuestionado en realidad no debe destinarse a todas las subcuentas de la cuenta individual, sino sólo a las subcuentas de SAR 92 y Retiro 97, ELLO EN REALIDAD ATAÑE AL FONDO DEL ASUNTO, no a la determinación de la competencia, por lo que se arriba a la determinación de que la forma en que la parte actora se encuentra reclamando las prestaciones que han quedado precisadas en esta sentencia, no debe atenderse para resolver el presente conflicto competencial.

En ese contexto, se colige que la naturaleza de las prestaciones reclamadas por la parte actora, son de carácter laboral, porque las cantidades reclamadas derivan de los recursos depositados en las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Luego, en el caso a estudio NO SE ADVIERTE PROPIAMENTE UN TEMA DE TIPO MERCANTIL EN CONTRA DE LA PARTE DEMANDADA, en razón de que la suma que se demanda, conforme a los hechos narrados por la parte actora, proviene de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, cuya administración de fondos correspondió a la citada afore, ya que es quien busca un fondo de inversión para invertir los recursos de los trabajadores para generar rendimientos, lo que comúnmente se denomina SIEFORE.

En apoyo de lo anterior, se cita por las consideraciones que de ella emergen, la tesis IV.3o.T.308 L emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página dos mil doscientos uno, registro: 164183, del tenor literal siguiente:

"ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO. A ÉSTAS COMPETE ACREDITAR EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, EL DETALLE, INDIVIDUALIZACIÓN Y RENDIMIENTOS DE LOS MONTOS CORRESPONDIENTES DE LAS SUBCUENTAS DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, VEJEZ Y VIVIENDA, DE LOS RECURSOS QUE SE APORTEN A LA CUENTA DE CADA TRABAJADOR. De la interpretación literal de las fracciones I a III del artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se colige que las administradoras de fondos para el retiro, son entidades financieras que, entre otras actividades, se dedican de manera exclusiva, habitual y profesional, a administrar las cuentas individuales y a canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de las leyes de seguridad social y tienen por objeto, abrir, administrar y operar las citadas cuentas, recibir de los institutos de seguridad social las cuotas y aportaciones a las mismas, y recibir de los trabajadores y patrones las aportaciones voluntarias, e individualizar las cuotas y aportaciones, así como los rendimientos derivados de su inversión. En ese contexto, se concluye que a éstas compete, en el procedimiento laboral, detallar de manera pormenorizada cuáles son los montos que corresponden al trabajador en cada uno de los ramos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez y vivienda, por ser quienes cuentan con toda la información, ya que reciben de los institutos de seguridad social los datos que por concepto de cuotas y aportaciones se hacen a la cuenta individual; asimismo, deben acreditar el detalle e individualización de esos montos y de sus rendimientos en los términos que precisen en su contestación de demanda."

De ahí que lo reclamado por la parte actora sí se deriva de la cuenta individual de ahorro para el retiro, lo que a su vez es una cuestión de seguridad social, por ende, quien debe conocer de la demanda es una autoridad laboral.

Por lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que corresponde al Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, conocer de la demanda que dio origen al presente conflicto competencial, toda vez que el reclamo proviene del manejo de los recursos que hicieron las afores de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, durante la vida laboral en activo de la parte actora, conforme a los hechos que narró en su escrito de demanda.

Es aplicable a lo aquí determinado, la jurisprudencia 2a./J. 100/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de dos mil seis, página cuatrocientos cuatro, registro: 174596, de rubro y texto siguientes:

"SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN QUE SE DEMANDE A UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE) LA ENTREGA DEL SALDO DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE UN TRABAJADOR. La competencia para conocer del juicio entablado contra una Afore en el que se demande la entrega de las cantidades depositadas en la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro de un trabajador, corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues la naturaleza de la prestación demandada involucra órganos administrados en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, surtiéndose la competencia referida con base en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativo 527, fracción II, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo. Ello es así, porque si bien es cierto que los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son de su propiedad, con las modalidades establecidas en la ley, también lo es que existe una estrecha vinculación entre las administradoras de fondos para el retiro y los institutos de seguridad social en la recepción, depósito, administración, transferencia y disponibilidad de los recursos, pues para que proceda la entrega de estos últimos al trabajador deben darse las hipótesis legalmente establecidas y mediar autorización de dichos institutos e, inclusive, tratándose de los recursos de la subcuenta de vivienda, éstos deben transferirse a la administradora de fondos para el retiro correspondiente por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dado que su administración es llevada por dicho Instituto, que es quien cubre los intereses correspondientes, por lo que aunque no se señalen expresamente como prestaciones reclamadas en el juicio laboral la autorización de disponibilidad de recursos a los institutos de seguridad social y la transferencia de los fondos de la subcuenta de vivienda a la Afore para su entrega al trabajador, tales prestaciones deben considerarse implícitamente demandadas cuando se reclame la devolución del saldo integral de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro a la empresa administradora de fondos para el retiro correspondiente, ante la imposibilidad de desvincular tal prestación de las acciones principales de las que depende. Cabe destacar que lo anterior no contraría lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis 2a./J. 105/99 y 2a. CXXXI/99, publicadas con los rubros: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SURGIDOS ENTRE UNA EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO Y SUS TRABAJADORES." y "COMPETENCIA LABORAL. RESIDE EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EL CONOCIMIENTO DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES), POR SUS TRABAJADORES.", respectivamente, pues éstas se refieren a conflictos laborales entre las Afores y sus trabajadores, y no a juicios en que se demande la devolución al trabajador del saldo de su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro."

Se aclara que el criterio arriba inserto es aplicable en la especie, por analogía, a pesar de que hable del supuesto en el cual el trabajador demanda de una administradora de fondos para el retiro el saldo de su cuenta individual, y en el caso, la parte actora ya está pensionada por jubilación; ello, porque la calidad del accionante no desvirtúa la aplicación de esa jurisprudencia, si se toma en cuenta que el artículo 899-B, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo establece que podrán plantear los conflictos individuales de seguridad social, entre otros, los pensionados, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del seguro social.

Tampoco es obstáculo que esa jurisprudencia otorgue competencia para conocer de los asuntos indicados, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para disponer la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y dar lugar a los Tribunales Laborales Federales.

De manera que, con base en esa jurisprudencia, se actualiza la competencia legal de un Tribunal Laboral Federal para conocer de los conflictos individuales de seguridad social, en tanto que la naturaleza de las prestaciones demandadas involucra órganos administrados en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, de ahí que se surte la competencia conforme al artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativo 527, fracción II, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo.

Además, el hecho de que el incumplimiento de los rendimientos generados por la inversión de los ahorros de las cuentas individuales de ahorro para el retiro esté previsto por los artículos 18, 35, 36, 37, 42, 43 y 44 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al no generar las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad en la inversión de los ahorros de la parte actora, tal circunstancia no varía la naturaleza laboral del juicio intentado, porque la cuenta individual de la parte accionante deriva de la relación laboral EN ACTIVO que tuvo con la parte patronal; por tanto, su reclamo debe dilucidarse conforme a las reglas de la legislación laboral, sin que sea óbice a lo anterior que las aportaciones de su cuenta individual y su administración se rijan por leyes diversas, como lo son la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley del Seguro Social.

Tampoco es óbice para dilucidar el presente conflicto competencial, que los reclamos de la actora sean de la incumbencia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), ni la posible apreciación acerca de que el juicio de origen sea competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque, por una parte, para promover un conflicto individual de seguridad social, la Ley Federal del Trabajo no establece como condición que previamente la actora agote algún trámite o medio de defensa; y, por la otra, conforme al artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ese tribunal tiene competencia para conocer de resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, esto es, una resolución definitiva, cuya característica no tiene el reclamo de la parte actora.

Por tanto, este tribunal federal arriba a la conclusión de que la naturaleza d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32998-462c9fe6/competencia-por-razon-de-materia-corresponde-a-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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