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VÍA LABORAL. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL PAGO DE LA PRESUNTA MINUSVALÍA EN LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA INVERSIÓN DE LOS AHORROS DEPOSITADOS EN UNA CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 133/2024. · Registro digital (IUS): 33285
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-13
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.247.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 133/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. 23 DE ABRIL DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: FABIÁN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

El punto de contradicción consiste en determinar si es procedente la vía laboral cuando una persona trabajadora pensionada demanda a una administradora de fondos para el retiro el pago de la supuesta minusvalía en los rendimientos generados por la inversión de sus ahorros depositados en su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintitrés de abril de dos mil veinticinco emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (Región Centro-Sur), al resolver los amparos directos 720/2023, 851/2023 y 912/2023, y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito (Región Centro-Norte), al resolver los conflictos competenciales 4/2024, 6/2024, 8/2024 y 9/2024.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si es procedente la vía laboral cuando una persona trabajadora pensionada demanda a una administradora de fondos para el retiro el pago de la supuesta minusvalía en los rendimientos generados por la inversión de sus ahorros depositados en su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Por escrito registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de mayo de dos mil veinticuatro, los Jueces de Distrito Adscritos al Quinto, Sexto y Séptimo Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila denunciaron la posible contradicción de criterios suscitada entre el emitido por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (Región Centro-Sur), al resolver los amparos directos 720/2023,(1) 851/2023 y 912/2023, en contra del sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito (Región Centro-Norte), al resolver los conflictos competenciales 4/2024, 6/2024, 8/2024 y 9/2024.

2. Trámite de la denuncia. La Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veinticuatro, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de criterios 133/2024 y dar trámite a la denuncia respectiva; asimismo, turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales y por consiguiente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal.

3. Además, solicitó al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito la versión digitalizada de la demanda que originó los asuntos denunciados. Asimismo, requirió a ambos tribunales contendientes que informaran si el criterio objeto de la denuncia seguía vigente. En caso de que se hubiera superado, les pidió remitir electrónicamente la ejecutoria que sustentara su nuevo criterio.

4. Avocamiento. Por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del presente asunto y requirió al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito para que informara si existía alguna condición que afectara la firmeza de su criterio.

5. Informes. En el auto de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo conocimiento de que los tribunales colegiados informaron que las sentencias involucradas en la presente contradicción ya habían causado ejecutoria y que los criterios se mantenían vigentes. En consecuencia, se ordenó remitir el expediente a la Ponencia correspondiente para la elaboración del proyecto de resolución.

6. Cabe señalar que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito informó que, en relación con el amparo directo 912/2023, la ejecutoria aún no había causado estado, debido a que la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue registrado con el número 2089/2024 en el índice de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se encontraba pendiente de resolución.(2)

7. Reserva de turno por parte del Pleno Regional. Posteriormente, mediante proveído de seis de junio de dos mil veinticuatro, se recibió la comunicación del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, informando que había ordenado reservar el turno electrónico de la contradicción de criterios 102/2024 de su índice, hasta que este Alto Tribunal resolviera el presente expediente, dado que la materia de ambos asuntos se encuentra estrechamente relacionada.

8. De igual manera, mediante auto de tres de julio de dos mil veinticuatro, se recibió la comunicación del mismo Pleno Regional, informando que dejó sin efectos el turno de la contradicción de criterios 107/2024 de su índice, al considerar que la litis de ese asunto también guarda relación con la presente contradicción.

9. Returno. Finalmente, en acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, y con fundamento en los artículos 17, párrafo segundo, y 24, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 95 del Reglamento Interior de este Alto Tribunal, se ordenó returnar el presente asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán, debido a que el Ministro Luis María Aguilar Morales concluyó el período para el cual fue designado.

II. COMPETENCIA

10. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la contradicción de criterios con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente; toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados pertenecientes a distintas Regiones en materia laboral, cuya resolución no amerita la intervención del Tribunal Pleno.

III. LEGITIMACIÓN

11. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por los jueces de distrito adscritos al Quinto, Sexto y Séptimo Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

12. De conformidad con la doctrina jurisprudencial sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que exista una auténtica oposición de posturas jurídicas entre tribunales colegiados de circuito se deben verificar los aspectos siguientes:(3)

a. Que dichos órganos jurisdiccionales hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que apoyados de arbitrio judicial efectúen un ejercicio interpretativo del cual derive algún canon o método;

b. Que entre los diversos ejercicios interpretativos haya al menos un razonamiento sobre un mismo problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una o varias preguntas genuinas acerca de la manera de acometer esa cuestión jurídica, con preferencia de cualquier otra.

13. Al respecto se debe precisar que la disparidad de criterios está condicionada simplemente a que los citados tribunales sostengan tesis jurídicas discrepantes, es decir, decisiones interpretativas encontradas sobre un mismo punto de derecho, sin necesidad de que las cuestiones fácticas sean exactamente idénticas. Tampoco es indispensable que tales criterios hayan alcanzado el rango de jurisprudencia, esto es, que hayan adquirido la condición de tesis cuya observancia sea obligatoria, en términos de lo dispuesto por la propia ley de la materia.(4)

14. Ahora, para estar en aptitud de determinar si se reúnen los requisitos necesarios para considerar que la contradicción de criterios es o no existente, resulta importante conocer los criterios contendientes. Por lo que se procede a señalar los criterios en contienda.

IV.1. Primer criterio contendiente. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostuvo en los amparos directos 720/2023, 851/2023 y 912/2023, el criterio siguiente:

IV.1.1 Amparo directo 912/2023

15. Laudo reclamado. Varios trabajadores jubilados impugnaron el laudo de fecha quince de abril y su aclaración de tres de agosto, ambos de dos mil veintitrés, dictados en el expediente laboral 988/2021, del índice de la Junta Especial Número Siete Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En dicho laudo, se absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. y otros de la obligación de pagar las prestaciones reclamadas.

16. En el laudo, se precisó que la litis consistía en determinar si los actores tenían derecho a que las administradoras de fondos para el retiro (Afores) demandadas realizaran el pago de las cantidades especificadas en su escrito de demanda, junto con los respectivos intereses y rendimientos, por concepto de los fondos acumulados en sus cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro.

17. El sentido del laudo se sostuvo, entre otros argumentos, en que la competencia para resolver los conflictos derivados de las pérdidas generadas por las disminuciones en el valor de las inversiones realizadas por las Afores con los ahorros de los trabajadores no es materia de trabajo ni de seguridad social, dado que dichas inversiones tienen características bursátiles y financieras que fluctúan en el mercado, por lo que pueden ser de la competencia civil, mercantil o administrativa.

18. Demanda de amparo directo. En contra de la determinación mencionada, los trabajadores jubilados presentaron demanda de amparo, en la que argumentaron principalmente que era incorrecto considerar que sus pretensiones eran de naturaleza civil, mercantil o administrativa, dado que: sus ahorros, que se encuentran en el sistema de ahorro para el retiro (SAR), surgieron como resultado de sus relaciones laborales y como una medida de protección en materia de seguridad social; el trabajo no constituye un artículo de comercio; y, las relaciones jurídicas entre los trabajadores y las administradoras de fondos para el retiro no se enmarcan en un vínculo de subordinación dentro del ámbito de la administración pública. Precisando que, atendiendo a su origen, objeto, fin y naturaleza, sus pretensiones corresponden al derecho del trabajo y de seguridad social.

19. Sentencia de amparo. El asunto fue radicado bajo el número 912/2023, en el índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual, mediante sentencia de fecha uno de febrero de dos mil veinticuatro, concedió el amparo con el fin de que la autoridad responsable dejara sin efecto el laudo impugnado y dictara uno nuevo en el que determinara que la vía laboral no era la idónea para demandar el pago de las disminuciones de valor durante todo el tiempo que las Afores tuvieron a su cargo la administración de los ahorros de los trabajadores, dejando a salvo sus derechos para que los hicieran valer por la vía que estimaran correspondiente.

20. Tal determinación se sostuvo en las consideraciones siguientes:

a. Los quejosos precisaron que, en su demanda laboral, reclamaron la responsabilidad económica que tienen las Afores por las pérdidas generadas por conceptos de disminuciones de valor en las inversiones que realizaron con los ahorros de los trabajadores.

b. Dada la naturaleza de las prestaciones reclamadas, la Junta no debió dar trámite a la demanda laboral, pues no tiene ese carácter.

c. El SAR es la base angular sobre la que se encuentra construido económicamente el sistema de pensiones vigente en el país, regulado conforme a su legislación relativa, la cual, en su artículo 1°, constituye una norma de orden público e interés social.

d. Dicho sistema tiene como fin principal, el que todos los trabajadores contribuyan a la construcción de un patrimonio que les sirva para financiar su retiro, a través de las aportaciones que hagan éstos en conjunto con el patrón y el gobierno, a las cuentas individuales administradas por las Afores.

e. Para lograr ese objetivo, y sobreponerse a los efectos negativos de la inflación, el sistema prevé que los recursos contenidos en las cuentas individuales sean invertidos en diversos instrumentos y valores del sistema financiero, con el fin de generar una adecuada rentabilidad que acreciente dicho patrimonio pensionario, debiendo atenderse en todo momento al interés de los trabajadores y la seguridad de las inversiones, como se desprende del párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

f. Dado que el sistema es de orden público e interés social, las inversiones se realizan utilizando los recursos de todos los trabajadores, sin necesidad de consenso por parte de ellos, más que los supuestos específicos previstos por la ley, en tanto que el mencionado régimen se encuentra protegido por diversos mecanismos financieros que garantizan con cierto grado técnico, la seguridad y crecimiento del ahorro pensionario en beneficio de la base trabajadora y la economía nacional.

g. Esa función de inversión es realizada por las Afores mediante los fondos especiales denominados sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (Siefores), quienes son las encargadas de invertir los recursos de los trabajadores en los activos financieros que señala el propio sistema. Las inversiones referidas se encuentran protegidas a través de diversos mecanismos tales como órganos de vigilancia, y una serie de medidas legales y reglamentarias creadas para cuidar los recursos de los trabajadores, a efecto de lograr que las metas señaladas se cumplan.

h. Para otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores, el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establece una diversidad de reglas financieras y límites de inversión a las que deben sujetarse las Siefores en la operación de compra y venta de valores.

i. En términos generales, puede advertirse como eje transversal de dicho régimen, lo dispuesto en la cláusula Décima Tercera de las Disposiciones de Carácter General que establecen el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, en el sentido de que se deben invertir los recursos de los trabajadores en las sociedades de inversión básicas que les correspondan por fecha de nacimiento.

j. Otro aspecto relevante que garantiza la protección y seguridad de los recursos invertidos, es lo dispuesto por la disposición Vigésima Cuarta de las disposiciones mencionadas, que establece una serie de criterios de lo que la teoría de carteras en finanzas denomina como “diversificación”, lo cual consiste en invertir los recursos de manera combinada en distintos instrumentos o valores, a efecto de reducir el riesgo general de pérdida en una cartera de inversión.

k. Las cuestiones anteriormente descritas, si bien no contemplan en su totalidad las reglas financieras contenidas en el régimen de inversión, sí dan cuenta de la situación general normativa que deben cumplir las sociedades de inversión para proteger los recursos de los trabajadores en las operaciones de mercado que realizan.

l. Es dable considerar que existe responsabilidad para las Afores y Siefores, cuando las minusvalías se dan con motivo del incumplimiento al régimen financiero, por efectos diversos a los de la devaluación, como se obtiene del último párrafo del artículo 44 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, del que se desprende la obligación que tienen los organismos inversores y sus administradoras, de resarcir las minusvalías sufridas por los trabajadores en los casos en que éstas se den con motivo del incumplimiento del régimen de inversión, para lo cual, la norma establece que deben cubrirse con cargo a la reserva especial constituida legalmente, y de resultar insuficiente, con cargo al capital social de la responsable.

m. La cláusula Décima Primera de las disposiciones generales antes señaladas, establece, en lo que interesa, que no se considerará como incumplimiento al régimen de inversión autorizado imputable a las sociedades de inversión o en su caso a los mandatarios que hubieren contratado, aquellas causas previstas en las disposiciones de carácter general en materia financiera de los sistemas de ahorro para el retiro en lo relativo a la recomposición de cartera, emitidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en que así se señale. Además, prevé que la Comisión establecerá a través de las disposiciones de carácter general en materia financiera los criterios aplicables a las sociedades de inversión para verificar el cumplimiento de las presentes disposiciones ya sea por éstas o por los mandatarios que contraten.

n. El artículo 255 de las Disposiciones de Carácter General en materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, prevé una forma particular de incumplimiento del régimen de inversión a partir de lo que se denomina como transferencias indebidas, las cuales se dan cuando no se colocan los recursos de los trabajadores en las sociedades de inversión básicas que correspondan según el régimen aludido, o en los casos donde no se respeta la elección de los trabajadores respecto a las sociedades en las que desean invertir. Para tal efecto, el artículo 256 de dicha norma general establece que cuando los recursos de las cuentas individuales fueran objeto de transferencias indebidas, determinado así por la autoridad competente a la que acudan los trabajadores, las Afores deberán subsanar las afectaciones provocadas por esa circunstancia, incluyendo las minusvalías, con cargo a la reserva especial o el capital social, según corresponda.

o. Existe una subespecie de responsabilidad para las Afores tratándose de minusvalías por incumplimiento de régimen de inversión, que se actualiza cuando, habiéndose desajustado los límites porcentuales de inversión con motivo de la variación de los precios de los valores, las sociedades de inversión no cumplen con su obligación de solicitar a la CONSAR la autorización para mantener temporalmente ese defecto.

p. En ese orden, el sistema de normas analizado evidencia que, el derecho de los trabajadores para reclamar el resarcimiento de las minusvalías sufridas en sus recursos, sólo se actualiza cuando éstas se dan con motivo del incumplimiento de las reglas financieras contenidas en el régimen de inversión, por causas imputables a los organismos inversores especializados, a través de las disposiciones de carácter general en materia financiera, dadas las reglas financieras del régimen de inversión.

Por tanto, es dable considerar que no es posible exigir o demandar en la vía laboral, la responsabilidad en que puede incurrir la Afore por las afectaciones a la rentabilidad que correspondía a las cuentas individuales de los actores, que se llevaron a cabo a través de las sociedades de inversión, al haberse afectado, según su reclamo, con las disminuciones de valor y minusvalías que sufrieron los ahorros de los trabajadores, pues ello sólo puede realizarse a través de un procedimiento que lleva precisamente la propia Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro con la Afore. q. En ese sentido, si lo que pretenden los demandantes es la entrega de rendimientos que, se dice no se percibieron, es evidente que su reclamo está relacionado con la actividad financiera de la sociedad de inversión; y por tanto, en términos de las normas citadas, la junta no tiene facultad para resolver si las Afores deben responder por minusvalías en los ahorros de la cuenta de origen, en todo caso, es atribución de la administradora de esos recursos o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a través de sus órganos internos, en tanto que la Afore que opere la sociedad de inversión en caso de minusvalías lo notificará a la CONSAR, que es quien puede analizar si se cumplió o no con el régimen de inversión y, por tanto, si procede recomponer la cartera, lo cual es ajeno a la contienda laboral.

21. Dicho criterio fue reiterado por el mismo Tribunal Colegiado en los amparos directos 720/2023 y 851/2023, resueltos el ocho de febrero de dos mil veinticuatro, en los que se presentaron antecedentes similares a los mencionados. De estos asuntos derivó la tesis con el rubro y texto siguientes:

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). LA VÍA LABORAL ES IMPROCEDENTE PARA DEMANDAR LA RESPONSABILIDAD EN LA QUE PUEDEN INCURRIR POR LAS MINUSVALÍAS DE LOS AHORROS DE LOS TRABAJADORES.

Hechos: Pensionados demandaron en la vía laboral de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), el pago de la disminución en el valor que sufrieron sus ahorros durante su administración, al afirmar que incumplieron con las obligaciones que les imponen los artículos 18, 35, 36, 37, 42, 43 y 44 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la vía laboral es improcedente para demandar la responsabilidad en la que pueden incurrir las Afores por las minusvalías de los ahorros de los trabajadores.

Justificación: La responsabilidad de una Afore por el indebido manejo que pudiera ocurrir al administrar los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores, es una cuestión que escapa del control jurisdiccional en materia de trabajo, en tanto que no se relaciona con el derecho del operario a disponer de los fondos de su cuenta individual, sino que tiene que ver con los aspectos financieros relativos a que se cumpla con el deber de cuidado para invertir responsablemente los recursos a su cargo, ya que su vigilancia, así como la imposición de las medidas relacionadas con ello, están reguladas por los artículos 44 y 44 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las Disposiciones de Carácter General que establecen el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, y las Disposiciones de Carácter General en Materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las cuales prevén que corresponde a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro realizar tales actos; de ahí que la vía laboral sea improcedente.

IV.2. Segundo criterio contendiente. Por otro lado, en los conflictos competenciales 4/2024, 6/2024, 8/2024 y 9/2024, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito sostuvo lo siguiente:

IV.2.1. Conflicto competencial 4/2024

22. Juicio laboral. Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, el Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Durango declaró que carecía de competencia legal, por razón de territorio, para conocer el juicio laboral 23/2024, promovido en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. y del Instituto Mexicano del Seguro Social, al estimar que su conocimiento correspondía al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila, en turno, por lo que ordenó su remisión a la oficina de correspondencia común de dichos tribunales.

23. Por razón de turno, el asunto le correspondió al Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila. Quien, por auto de trece de marzo de dos mil veinticuatro, estimó no ser competente para conocer del asunto, al considerar que el juicio era de naturaleza administrativa y no laboral, dado que la parte actora combate el pago de la disminución de los rendimientos generados por la inversión de su dinero que obra de las cuentas individuales de ahorro para su retiro.

24. Conflicto competencial 4/2024. Derivado de lo anterior, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Circuito, el Titular del Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila planteó la existencia de un conflicto competencial

25. El asunto fue radicado con el número 4/2024, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y, mediante sentencia dictada el cinco de abril de dos mil veinticuatro, declaró competente al Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila. Su determinación se sostuvo en las consideraciones siguientes:

a. Del artículo 899-A, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que los Tribunales son competentes para conocer de los conflictos individuales de seguridad social, y que éstos tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que deba cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social.

b. De acuerdo con el artículo 159, fracción I, de la Ley del Seguro Social, se entiende por cuenta individual la que se abre para cada asegurado en las Afores, para que se depositen las cuotas obrero-patronales y, en su caso, la estatal por concepto de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos; y que esa cuenta individual se integrará por las subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias.

Conforme a ese concepto es posible definir que los recursos depositados en las cuentas individuales se distribuyen en las subcuentas que la integran, pues no existe precepto alguno que establezca la administración de los rendimientos en un rubro aislado o en una cuenta independiente a la individual, de manera que deban considerarse de forma autónoma de la cuenta individual del asegurado.

c. Es preciso tomar en cuenta que la actora demanda la entrega y devolución de la cantidad que realmente le correspondió por rentabilidad o rendimientos, durante el tiempo que duró su relación laboral, y que debió depositarse en su cuenta individual; no únicamente el reconocimiento de la propiedad de los recursos destinados a su cuenta individual del SAR, por todo el tiempo que duró su relación de trabajo, así como la rentabilidad a que realmente tiene derecho.

Desde esa perspectiva es posible determinar que el reclamo en el juicio laboral de origen encuadra en uno de los conflictos individuales de seguridad social previsto en el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, porque la actora demanda el otorgamiento de prestaciones en dinero, derivadas de aquellas que debe cubrir una administradora de fondos para el retiro, como son los rendimientos de su cuenta individual, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Laboral Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 100/2006, de rubro: “SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN QUE SE DEMANDE A UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE) LA ENTREGA DEL SALDO DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE UN TRABAJADOR”.

d. Ese criterio es aplicable, por analogía, a pesar de que hable del supuesto en el cual el trabajador demanda de una administradora de fondos para el retiro el saldo de su cuenta individual, y en el caso, la actora ya está pensionada por jubilación; porque la calidad del accionante no desvirtúa la aplicación de esa jurisprudencia, si se toma en cuenta que el artículo 899-B, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo establece que podrán plantear los conflictos individuales de seguridad social, entre otros, los pensionados, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del Seguro Social.

e. De manera que con base en esa jurisprudencia se actualiza la competencia legal de un tribunal laboral federal para conocer de los conflictos individuales de seguridad social, en tanto que la naturaleza de las prestaciones ahí demandadas involucra órganos administrados en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, de ahí que se surte la competencia conforme al artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativo 527, fracción II, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo.

f. El hecho de que el incumplimiento de los rendimientos generados por la inversión de los ahorros de las cuentas individuales de ahorro para el retiro esté previsto por los artículos 18, 35, 36, 37, 42, 43 y 44 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al no generar las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad en la inversión de los ahorros de la actora, no varía la naturaleza laboral del juicio intentado, porque la cuenta individual de la accionante deriva de la relación laboral que tuvo con la parte patronal; por tanto, su reclamo debe dilucidarse conforme a las reglas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33285-d1d67095/via-laboral-es-improcedente-para-reclamar-el-pago · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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