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Modo: Corpus Pro

SIEFORES. SON SUJETOS DE SANCIÓN POR LOS ACTOS, OMISIONES Y OPERACIONES QUE REALICEN CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 322/2012. · Registro digital (IUS): 24207
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, OCTAVO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Pág. 1505.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 322/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, OCTAVO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 17 DE OCTUBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LAURA MONTES LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

6. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Segunda Sala.

7. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

8. De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

9. No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

10. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

11. El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

12. En el caso, la denuncia de contradicción la hizo el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, tercero perjudicado en los asuntos que originaron los posibles criterios en contraposición, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

13. TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de veinticinco de marzo de dos mil once, se basó en los siguientes antecedentes:

a) El diecisiete de diciembre de dos mil nueve el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dictó la resolución administrativa contenida en el oficio **********, mediante la que impuso a **********, con fundamento en el artículo 100, fracción XXVIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, una multa de ********** días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, equivalente a **********, por violar diversas disposiciones de carácter general que regulan los sistemas de ahorro para el retiro (omitió realizar la medición y monitoreo del riesgo ocasionado por retiros de recursos, considerando todos los activos de la sociedad de inversión y los flujos que ingresen en el futuro a dicha sociedad).

b) Inconforme con lo anterior, ********** promovió juicio de nulidad, del que correspondió conocer a la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde se admitió a trámite y se registró con el número de expediente **********. Seguidas las etapas procesales correspondientes, la Sala del conocimiento dictó sentencia el treinta y uno de agosto de dos mil diez, en el que reconoció la validez de las resoluciones impugnadas.

Lo anterior, al considerar que los artículos 99 y 100 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro disponen la facultad de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de sancionar el incumplimiento o contravención a la regulación aplicable cometida por los diversos participantes de ese sistema, entre los que se encuentran las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (Siefores). Por tanto, la Sala Fiscal determinó procedente que la comisión hubiera sancionado a la actora, con independencia de que ésta se encuentra administrada y operada por una administradora de fondos para el retiro (Afore).

c) Inconforme con lo anterior, la parte actora promovió demanda de amparo directo, de la que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que mediante resolución de veinticinco de marzo de dos mil once, dictada en el expediente **********, resolvió conceder el amparo solicitado, al considerar que las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (Siefores) NO son susceptibles de ser sancionadas por los actos u omisiones en que incurran, dado que se trata de actos realizados dentro de su participación en los sistemas de ahorro para el retiro, y el artículo 35 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro las exime expresamente de responsabilidad y la delega, sin excepción alguna, en la administradora de fondos para el retiro (Afore).

14. Lo anterior con base, en la parte que interesa, en las siguientes consideraciones:

"CUARTO. En el primer concepto de violación, la quejosa aduce que la sentencia reclamada viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que la Sala interpretó incorrectamente el artículo 35 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al considerar que no obstante que el citado precepto establece que las administradoras de fondos para el retiro responderán de todos los actos, omisiones y operaciones que realicen las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, ello no era aplicable en el supuesto en el que se ubica. Refiere que en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las administradoras de fondos para el retiro se encuentran obligadas a responder directamente por todos los actos, omisiones y operaciones que realicen las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, lo que se traduce en una responsabilidad directa e ilimitada, no subsidiaria y no solidaria. Asimismo, aduce que en ningún momento señaló que sus conductas no pudieran ser sancionadas con multa, sino que las multas derivadas de sus actos, omisiones y operaciones debieron ser impuestas a la administradora de fondos para el retiro que la opera y administra, precisamente por ser directamente responsable de los actos, omisiones y operaciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Manifiesta que aun cuando la conducta es ajena al sujeto obligado, en este caso, la administradora de fondos para el retiro, ésta debe responder por su falta de cuidado en las personas que de ella dependen y, por ello, es responsable directa de la conducta desplegada por sus dependientes, lo que, a su juicio, constituye un caso de responsabilidad derivada de los actos de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. La quejosa sigue manifestando que de la lectura de la iniciativa de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se desprende que es obligación de las administradoras de fondos para el retiro mantener una reserva especial para hacer frente a las responsabilidades que pudieran existir a cargo de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, buscando proteger los fondos de los trabajadores, los cuales conforman la mayor parte del capital de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, pues al ser aportadas a su cuenta individual de manera directa, se transmiten a la sociedad de inversión como aportaciones de capital en la parte variable, invirtiéndose posteriormente por dichas sociedades y devolviéndose a los trabajadores mediante reducciones de capital en la parte variable; lo cual se corrobora con el contenido del artículo 41, fracción V, del citado ordenamiento. Así, considera que guarda sentido que el legislador haya previsto que las administradoras de fondos operen a las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, y que respondan directamente respecto de todos los actos, omisiones u operaciones de estas últimas; máxime que son las administradoras quienes operan y administran los fondos y obtienen la totalidad de los ingresos por el ejercicio de las actividades realizadas por las sociedades de inversión, porque, de lo contrario, se obligaría a los trabajadores a que mantuvieran invertidos sus fondos en la sociedad de inversión especializada, cuando ellos le encomiendan a la administradora la tarea de invertir dichos fondos. Además, estima que lejos de sancionarse a la administradora por su mal desempeño en la administración y operación de la sociedad de inversión especializada, se está sancionando a los trabajadores que tienen sus fondos invertidos en dicha sociedad, ya que los fondos de ésta se integran como aportaciones de capital en la parte variable de la sociedad de inversión y, por ende, se responde con parte de los mismos a las sanciones económicas impuestas a la sociedad de manera ilegal y contraria a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. La quejosa argumenta también que en el dictamen que realizó la Cámara Revisora a la iniciativa de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se desprende que se recogió la propuesta para que las administradoras respondieran directamente de los actos que realizaran las sociedades de inversión especializadas, además de la obligación de responder de manera directa de los actos y omisiones de los consejeros y directivos de la sociedad de inversión que operen y administren, lo que corrobora la intención del legislador de responsabilizar a las administradoras de fondos para el retiro de todos los actos, omisiones y operaciones de las sociedades de inversión. En conclusión, la promovente del amparo estima que la resolución reclamada es contraria a derecho, al determinar que, como sociedad de inversión, es responsable de sus propios actos, no obstante que el artículo 35 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro expresamente señala que la administradora está obligada a responder directamente por todos los actos, omisiones u operaciones que realicen con motivo de su participación en los sistemas de ahorro para el retiro. Por otra parte, la quejosa refiere que la Sala interpretó y aplicó incorrectamente el artículo 99 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, porque, en su concepto, dicho precepto no señala que las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro serán sujetos de las sanciones impuestas por sus actos y omisiones, sino únicamente que dichos actos y omisiones serán objeto de sanción. Así, considera que lo dispuesto en dicho precepto no constituye un caso de excepción a lo que prevé el artículo 35 del ordenamiento legal antes citado; máxime que son los actos u omisiones contrarios a la ley los que generan la existencia de la responsabilidad directa. Los conceptos de violación son fundados, toda vez que la quejosa, como sociedad de inversión especializada en fondos para el retiro, no era susceptible de ser sancionada por los actos u omisiones que le fueron atribuidos por la autoridad administrativa, porque en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las administradoras deben responder directamente de todos los actos, omisiones u operaciones que realicen las sociedades de inversión especializadas con motivo de su participación en los sistemas de ahorro para el retiro. En el caso concreto, no es materia de controversia el carácter que ostenta la quejosa como sociedad de inversión especializada en fondos para el retiro, dado que tanto la autoridad administrativa, la Sala y la propia promovente reconocen que se trata de una sociedad que tiene esas características. Por otro lado, es importante destacar que la autoridad administrativa sancionó a la quejosa con motivo de su participación en los sistemas de ahorro para el retiro, en razón de que durante la visita de inspección que realizó, advirtió que la promovente del amparo omitió realizar la medición y el monitoreo del riesgo ocasionado por retiros de recursos, considerando, para tal efecto, todos los activos de la sociedad de inversión y los flujos que ingresen a las citadas sociedades en el futuro derivados de las aportaciones, así como por autorizar a un funcionario que no estaba adscrito a las áreas de tesorería, administración, asignación, liquidación de valores o finanzas para suscribir instrucciones de liquidación de traspaso de efectivo y de traspaso de valores. Lo anterior se desprende de los resolutivos primero y segundo de la resolución reclamada, que dicen: (se transcriben). Ahora bien, el artículo 35 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establece: (se transcribe). La disposición legal transcrita establece que las administradoras ‘responderán directamente’ de todos los actos, omisiones y operaciones que realicen las sociedades de inversión que operen con motivo de su participación en los sistemas de ahorro para el retiro. Para fijar el correcto alcance que debe darse al citado precepto, en principio, es necesario conocer quiénes son las administradoras y las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro; luego, establecer cuál es la naturaleza de dichas sociedades y, finalmente, fijar los efectos de las responsabilidad a que se refiere dicho artículo. El capítulo III de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro contempla a los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro. La sección 1 de dicho capítulo, se refiere a las administradoras de fondos para el retiro, comúnmente conocidas como Afores. Los artículos 18, párrafos primero, segundo y tercero, fracción V, 28 y 32 al 36 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establecen: (se transcriben). De acuerdo con los preceptos transcritos, las administradoras de fondos para el retiro (Afores) son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales de los trabajadores y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran, así como a administrar sociedades de inversión; que dentro de sus funciones deben efectuar las gestiones necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de las sociedades de inversión que administren; que su objeto, entre otro, es el de prestar servicios de administración a las sociedades de inversión; que deben tener invertida una reserva especial las sociedades de inversión que administren; que pueden prestar a las sociedades de inversión servicios de distribución y recompra de sus acciones; que con cargo a sus ingresos deben cubrir todos los gastos de establecimiento, organización y demás necesarios para la operación de las sociedades de inversión que administren y que deben responder directamente de todos los actos, omisiones y operaciones que realicen las sociedades de inversión que operen con motivo de su participación en los sistemas de ahorro para el retiro, así como de los actos realizados por sus consejeros, directivos y empleados, como de los realizados por los consejeros y directivos de las sociedades de inversión que administren en el cumplimiento de sus funciones relativas a los sistemas de ahorro para el retiro y la operación de la administradora y sociedades de inversión, así como de los actos realizados por sus agentes promotores, ya sea que éstos tengan una relac

ón laboral con la administradora o sean independientes. Por otra parte, la sección II del capítulo III de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro prevé lo relativo a las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, también conocidas como Siefores. Los artículos 39, 41 y 47 de Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establecen: (se transcriben). Las disposiciones transcritas establecen que las sociedades de inversión especializadas (Siefores) son administradas y operadas por las administradoras de fondos para el retiro (Afores); que tienen por objeto invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales que reciban en los términos de las leyes de seguridad social y de la propia ley, así como determinados recursos de las administradoras y las aportaciones destinadas a fondos de previsión social, las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro que reciban de los trabajadores y patrones, así como los demás recursos que en términos de la ley de la materia puedan ser depositados en las cuentas individuales; que para su funcionamiento deben cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentran: ser sociedades anónimas de capital variable y utilizar en su denominación, o a continuación de ésta, la expresión ‘sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro’ o su abreviatura ‘Siefore’; que el capital mínimo exigido debe estar íntegramente suscrito y pagado, y será el que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro mediante disposiciones de carácter general; que dicho capital estará representado por acciones de capital fijo que sólo podrán transmitirse previa autorización de la citada comisión, la cual no será necesaria en el caso de que se transmitan a la administradora que las opere; que su administración estará a cargo de los mismos integrantes del consejo de administración de la Afore que las opere en los términos que establece la ley; que únicamente podrán participar en el capital social fijo de las sociedades de inversión, la Afore que solicite su constitución y los socios de dicha administradora; que en ningún caso la participación accionaria de las administradoras en el capital fijo de las sociedades de inversión puede ser inferior al 99% de la parte representativa del capital social fijo y que únicamente pueden participar en su capital social variable los trabajadores que inviertan los recursos de las cuentas individuales previstas en las leyes de seguridad social, así como las administradoras cuando se requiera constituir y mantener una reserva especial. Precisada la naturaleza y características de las Afores y de las Siefores, lo siguiente es determinar si la responsabilidad directa a que alude el artículo 35 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro obliga a las primeras a responder por todos los actos u omisiones que realicen las segundas, y si por esa razón estas últimas no son susceptibles de ser sancionadas por actos u omisiones contrarios a la ley, esto es, si la responsabilidad en que incurran las Siefores es asumida de manera total por las Afores, al grado de responder por todas las consecuencias de los actos, omisiones u operaciones de aquéllas. De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el vocablo ‘responsabilidad’ proviene de respondere, que significa, inter alia, ‘prometer’, ‘merecer’ ‘pagar’. Así, refiere el diccionario, responsalis significa ‘el que responde’ y, en un sentido más restringido responsum significa ‘el obligado a responder de algo o de alguien’. Asimismo, en el diccionario se señala que respondere se encuentra estrechamente relacionada con spondere, la expresión solemne por la cual alguien asumía una obligación, así como sponsio, palabra que designa la forma más antigua de obligación. Por su parte, Álvaro Castro Estrada señala que el vocablo ‘responder’ deriva de la expresión latina sponsor, que significa ‘el que se obliga por otro’; de igual forma, refiere que responder deriva del verbo respondere, que quiere decir ‘hacer frente’. Lo que dice, supone que el binomio responsabilidad y responder se refiere a una situación de constreñimiento de una persona frente a la otra, en virtud del cual debe esperarse cierto comportamiento. Por otra parte, el Diccionario Jurídico Mexicano señala que es responsable de un hecho ilícito aquel individuo que debe sufrir las consecuencias de la sanción que al hecho ilícito se le imputan. Asimismo, señala que, por regla general, el autor del hecho ilícito y el responsable son el mismo individuo, aunque no siempre el responsable del hecho ilícito es su autor, ya que puede suceder que un individuo sea el autor del acto ilícito y que otro u otros sean los responsables del mismo, es decir, que sean otros los que deban sufrir las consecuencias de sanción que a ese ilícito le corresponde, de conformidad con una norma jurídica. Existen distintos tipos de responsabilidad jurídica que atienden a la materia de la que deriva la obligación de responder por actos ilícitos, por ejemplo, la doctrina reconoce la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, la responsabilidad patrimonial del Estado, entre otras. Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, por ejemplo, que frente a la conducta de un servidor público pueden derivar distintos tipos de responsabilidad, como política, penal, administrativa y civil, lo que supone, como se adelantó, la existencia de distintos tipos de responsabilidad frente a un acto ilícito, entendido éste en un sentido amplio, como un acto contrario a la norma jurídica. Es aplicable la tesis P. LX/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, página 128, de rubro y texto siguientes: ‘RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUS MODALIDADES DE ACUERDO CON EL TÍTULO CUARTO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). A su vez, la responsabilidad jurídica puede clasificarse de distintas formas, como puede ser la responsabilidad objetiva y la subjetiva, la indirecta y la directa. Dentro de esta última clasificación, destaca que la responsabilidad jurídica indirecta es aquella en la cual no hay identidad entre el agente del ilícito (sujeto de la obligación) y quien está sujeto a la sanción que como consecuencia del ilícito prevé la norma jurídica (por ejemplo, la responsabilidad patrimonial de una persona ante los ilícitos cometidos por un familiar). En el caso de la responsabilidad jurídica directa, sí existe tal identidad. En este caso se puede imputar la responsabilidad jurídica tanto como consecuencia de conductas propias como ajenas. El artículo 35 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro alude a una responsabilidad directa de las Afores respecto de todos los actos, omisiones y operaciones que realicen las Siefores que operen con motivo de su participación en los sistemas de ahorro para el retiro. Así, con base en la redacción del citado precepto, es posible arribar a la conclusión de qué Afores deben responder directamente de todos los actos, omisiones y operaciones que realicen las Siefores que operen con motivo de su participación en los sistemas de ahorro para el retiro, aun cuando no se trate de una conducta propia de la administradora, sino de la sociedad de inversión especializada pues, como se ha visto, la responsabilidad frente a un acto ilícito no necesariamente es asumida por el sujeto que lo cometió, aunado a que la responsabilidad puede imputar tanto como consecuencia de conductas propias como ajenas, como se precisó en líneas precedentes. Dicha conclusión tiene mayor sustento atendiendo a la naturaleza de las Afores y Siefores, en tanto que de las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro transcritas con antelación, se desprende que las Siefores son administradas y operadas por las Afores; aunado a que estas últimas, con cargo a sus ingresos, deben cubrir todos los gastos de establecimiento, organización y demás necesarios para la operación de las sociedades de inversión que administren, así como mantener una reserva en dichas sociedades, aportar los recursos para constituir el capital fijo de dichas sociedades, que incluso no puede ser inferior al 99%, además de la obligación de que la administración de las Siefores quede a cargo de los mismos integrantes del consejo de administración de la Afore que las opere; lo que revela una dependencia directa y amplia de las Siefores respecto de las Afores, desde su constitución, operación, administración hasta por los actos, omisiones u operaciones que realicen dentro de los sistemas de ahorro para el retiro, que justifica la responsabilidad directa que el legislador atribuyó a las Afores respecto de todos los actos, omisiones u operaciones que realizaran las Siefores que operen con motivo de su participación en los sistemas de ahorro para el retiro. Dicho en otras palabras, dadas las características de las Afores y las Siefores, es posible concluir que las últimas dependen en un sentido amplio de las primeras, pues para la existencia de las segundas, las primeras aportan el capital necesario para su constitución y en el capital fijo participan de casi la totalidad del numerario, aunado que deben ser operadas y administradas por las Afores, incluso por los mismos integrantes del consejo de administración; de ahí que el legislador estableciera la responsabilidad directa de unas frente a las otras por la totalidad de los actos, omisiones u operaciones que realizaran dentro de los sistemas de ahorro para el retiro atendiendo, precisamente, a la dependencia que tienen las Siefores con las Afores. Es importante precisar que en los antecedentes legislativos que dieron origen a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, no existe una razón que justifique el establecimiento de una responsabilidad directa y amplia de las Afores que abarque todos los actos, omisiones y operaciones que realicen las Siefores; sin embargo, se advierte que implícitamente el legislador sí tomó en cuenta esa responsabilidad directa y total, al establecer dentro de la iniciativa correspondiente, la obligación para las Afores de constituir una reserva especial con la finalidad de cubrir las ‘responsabilidades’ a cargo de las propias administradoras y las ‘sociedades de inversión’. El texto de la iniciativa, en lo conducente, dice: (se transcribe). Por otro lado, en el dictamen a la iniciativa tampoco existió una observación específica en relación con la responsabilidad directa y total de las Afores en relación con las Siefores, ya que el legislador únicamente se refirió a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24207-ca13310b/siefores-son-sujetos-de-sancion-por-los-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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