CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA AUTORIDAD LABORAL QUE RECIBA UNA DEMANDA EN LA QUE SE RECLAME EL PAGO DE LA PRESUNTA MINUSVALÍA EN LOS RENDIMIENTOS DE UNA CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DEBE DECLARAR SU INCOMPETENCIA LEGAL Y DEJAR A SALVO LOS DERECHOS DE LA ACTORA PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE CONSIDERE PERTINENTE.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 107/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE AGOSTO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y DE LOS MAGISTRADOS JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ Y CASIMIRO BARRÓN TORRES. PONENTE: MAGISTRADO CASIMIRO BARRÓN TORRES. SECRETARIO: EDUARDO ALFONSO GUERRERO SERRANO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al día seis de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 107/2024, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, y el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
I. TRÁMITE
1. Denuncia de contradicción. Por oficio 38/2024-ST, de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito denunciaron la posible contradicción entre los criterios sustentados por ese órgano jurisdiccional, al resolver los juicios de amparo directo 41/2024, 86/2024, 88/2024, 105/2024 y 175/2024, frente a lo sustentado por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 720/2023 y 851/2023.
2. Trámite. Mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, el entonces magistrado presidente de este Pleno Regional tuvo por recibidas las constancias, radicó la contradicción de criterios con el expediente 107/2024, la admitió a trámite y delimitó como tema preliminar el siguiente:
"Escrito inicial de demanda. Determinar el acuerdo que le debe recaer, cuando los Tribunales Laborales resuelven que no es de naturaleza laboral el acto reclamado, consistente en el pago de la disminución en el valor que sufrieron los ahorros de las personas trabajadoras durante su administración, por parte de las administradoras de fondos para el retiro (Afores)."
3. En el mismo proveído solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes la habilitación para la consulta de sus correspondientes expedientes electrónicos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; les requirió que informaran si los criterios sustentados en los casos de su conocimiento se encontraban vigentes o, en su defecto, las sentencias en las que sustentaran uno diverso; así como si habían causado ejecutoria.
4. También solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si se encontraba radicada ante ese Alto Tribunal alguna contradicción de criterios, amparo en revisión o cualquier otro asunto susceptible de constituir precedente obligatorio, en la que el tema a dilucidar guardara relación con la presente denuncia.
5. Finalmente, turnó la presente contradicción de criterios a la Magistrada Rosa María Galván Zárate, para la elaboración del proyecto respectivo, en el entendido de que el turno electrónico sería confirmado una vez integrado en su totalidad el expediente.
6. En acuerdo de cuatro de junio de dos mil veinticuatro se tuvo por recibido el oficio 44/2024, del Presidente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, mediante el cual remitió las ejecutorias relativas a los amparos directos 41/2024, 86/2024, 88/2024, 105/2024 y 175/2024; asimismo, informó que habían causado ejecutoria, que los criterios ahí contenidos continuaban vigentes y que giró instrucciones para permitir a este Pleno Regional el acceso a sus expedientes electrónicos. Por otro lado, informó sobre la posible relación entre el presente asunto y la contradicción de criterios 102/2024(1) del índice de este Pleno Regional.
7. En el mismo proveído se tuvo por recibido el diverso acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, dictado por la Magistrada Presidenta del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, a través del cual hizo saber que el criterio sustentado en los juicios de amparo directo 720/2023 y 851/2023 se encontraba vigente, que dichas resoluciones habían causado ejecutoria y que giró instrucciones para permitir el acceso a los expedientes electrónicos respectivos.
8. En acuerdo de diez de junio de dos mil veinticuatro se tuvo por recibido oficio DGCCST/X/532/06/2024, del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto del cual informó a este Pleno Regional que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios cuyo tema a dilucidar guardara relación con el presente asunto; consecuentemente, en dicho proveído se confirmó el turno electrónico.
9. Posteriormente, mediante acuerdo de presidencia de uno de julio de dos mil veinticuatro, se determinó reservar la resolución de la presente contradicción de criterios hasta en tanto la Segunda Sala del Máximo Tribunal resolviera la diversa 133/2024, que involucraba el análisis de algunas ejecutorias coincidentes y un tema semejante,(2) lo cual se advirtió del informe rendido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de criterios 102/2024, del índice de este Pleno Regional; por lo tanto, quedó sin efectos la confirmación del turno electrónico, acordada en proveído de diez de junio de la misma anualidad.
10. En auto de once de julio de dos mil veinticuatro se tuvo por recibido el escrito de la apoderada legal de la parte quejosa en el juicio de amparo 720/2023, del índice del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, a través del cual formuló manifestaciones en relación con la posible contradicción de criterios que ocupa el presente expediente.
11. En proveído de dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, también se tuvo por recibido el oficio SEADS/2903/2024, de diez de julio de la misma anualidad, firmado por el Secretario Ejecutivo de adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó la adscripción a este Pleno Regional de la Magistrada Guadalupe Madrigal Bueno, en sustitución de la Magistrada Rosa María Galván Zárate, con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro; por lo que el presente asunto se returnó para su estudio a la primera de las nombradas, conforme a los artículos 37, 38, 41 y 44 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
12. Mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil veinticinco se dio vista a la presidencia de este Pleno Regional con el estado procesal de los autos, así como con la sentencia recaída a la contradicción de criterios 133/2024, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintitrés de abril de dos mil veinticinco, engrosada el tres de junio siguiente; consecuentemente, se ordenó levantar la reserva decretada en acuerdo de uno de julio del dos mil veinticuatro y confirmó el turno electrónico a la Magistrada Guadalupe Madrigal Bueno.
13. Finalmente, en proveído de veintitrés de junio de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el diverso oficio SEADS/2350/2025, de dieciocho de junio de dos mil veinticinco, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se informó la comisión temporal a este Pleno Regional del Magistrado Casimiro Barrón Torres, en sustitución de la Magistrada Guadalupe Madrigal Bueno, con efectos del veintitrés de junio al treinta y uno de agosto de dos mil veinticinco; por lo que el presente asunto se returnó para su estudio al primero de los nombrados, conforme a los artículos 37, 38, 41 y 44, del Acuerdo General 67/2022, Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
II. COMPETENCIA
14. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
15. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios en materia de trabajo suscitada entre Tribunales Colegiados del Primer y el Séptimo circuitos, sobre los cuales ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
16. La denuncia proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con fundamento en lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
17. A continuación, se sintetizarán los antecedentes más relevantes de los casos que dieron pauta a la presente contradicción de criterios.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito
Amparos directos 41/2024, 86/2024, 88/2024, 105/2024 y 175/2024
18. Estos juicios de amparo poseen antecedentes similares que, en obvio de repeticiones, se resumen a continuación:
19. Demandas laborales. Diversas personas pensionadas instaron conflictos individuales de seguridad social contra múltiples Administradoras de Fondos para el Retiro y el Instituto Mexicano del Seguro Social, demandando, entre otras prestaciones, el incumplimiento a las obligaciones relativas a generar las mejores condiciones de rentabilidad de las inversiones de los ahorros contenidos en sus cuentas individuales y, consecuentemente, el pago de las pérdidas o minusvalías que resultaron de su manejo.
20. Los accionantes sustentaron su reclamo, entre otras disposiciones, en los artículos 18, 35, 36, 37, 42, 43 y 44 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
21. Desechamiento de las demandas. Si bien cada Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales desechó las demandas y ordenó su archivo bajo razonamientos que guardan algunas diferencias, todos coincidieron en que la acción intentada no era ni de naturaleza laboral ni de seguridad social.
22. Del mismo modo, concordaron en que era improcedente la vía intentada, porque los conflictos individuales de seguridad social, regulados por el artículo 899-A Ley Federal del Trabajo(3) tenían por objeto "reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social"; mientras que los accionantes reclamaban los "rendimientos reales" de los que se les privó en virtud de que las Administradoras de Fondos para el Retiro demandadas no generaron las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad durante la inversión de sus recursos, lo que no actualizaba aquélla hipótesis.
23. Asimismo, sostuvieron que era inviable remitir la demanda a otro órgano jurisdiccional, dado que no era su atribución determinar la vía y forma en que debía plantearse la pretensión de las personas accionantes; por lo que desecharon las demandas, ordenaron el archivo del asunto y dejaron a salvo sus derechos para que los ejercitaran en la vía, forma y ante la autoridad que consideraran competente.
24. Por otro lado, en los acuerdos reclamados en los juicios de amparo directo 41/2024, 86/2024, 88/2024 y 105/2024, los Tribunales Laborales coincidieron en que, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, competía a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro conocer, vigilar y regular que los recursos de los trabajadores se invirtieran conforme los límites y parámetros establecidos en dicha legislación, y que era esa autoridad la que podía analizar si las administradoras demandadas realizaron correctamente sus funciones.
25. En los acuerdos reclamados en los juicios de amparo directo 86/2024, 88/2024, 105/2024, los Tribunales Laborales también afirmaron que no eran competentes, por razón de materia, para conocer del reclamo planteado por los accionantes.
26. Finalmente, en el acuerdo reclamado en el amparo directo 175/2024, el Tribunal Laboral aseveró que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros era la competente para conocer del reclamo de los accionantes, mas no era factible la remisión de la demanda a dicha autoridad, puesto que era necesario agotar el procedimiento conciliatorio entre el usuario y la institución financiera en los términos previstos en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, máxime que dicha Comisión no poseía carácter laboral, ni de autoridad jurisdiccional.
27. Amparo directo. Inconformes, las personas accionantes promovieron demandas de amparo directo, de las que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, el cual, en suplencia de la deficiencia de la queja, concedió el amparo a los quejosos en los mismos términos.
28. Por un lado, sostuvo que los acuerdos reclamados eran contrarios a derecho, porque las autoridades responsables no debieron desechar la demanda, ordenar su archivo y dejar a salvo los derechos de las personas accionantes, sino encauzar la pretensión de la parte promovente remitiéndola al órgano jurisdiccional que estimaran competente.
29. Determinó que el desechamiento de la demanda, bajo el razonamiento de que la acción intentada no era de naturaleza laboral, se traducía en un argumento de incompetencia por materia, por lo que, de conformidad con los artículos 701, 704 y 705 bis de la Ley Federal del Trabajo, el Tribunal Laboral estaba obligado a remitir el expediente al órgano jurisdiccional que considerara competente; hecho lo cual, si la autoridad requerida se declaraba a su vez incompetente, habría de remitirlo a la autoridad que debiera dilucidar la competencia, garantizando con ello una tutela judicial efectiva.
30. Subrayó que, si bien los Tribunales Laborales "sugirieron" que la autoridad competente para conocer del caso podría serlo una de carácter administrativo, como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y/o Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; los procedimientos de defensa que sustanciaban eran de interposición optativa, lo que no impedía a los quejosos acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para dilucidar sus pretensiones.
31. Luego, determinó que, si las autoridades responsables insistían en que la acción no era de naturaleza laboral, debían remitir el asunto a una autoridad con funciones materialmente jurisdiccionales, no así a las autoridades administrativas de referencia, porque respecto de éstas no se podría trabar, en su caso, un conflicto competencial.
32. El Tribunal Colegiado fue enfático en señalar que la decisión adoptada no prejuzgaba sobre la naturaleza de la acción ejercida por la parte actora, sino que sería, en su caso, a través de un posible conflicto competencial, que se resolviera lo conducente, de conformidad con el procedimiento que prevén los citados artículos 701, 704, 705 bis y 706 de la Ley Federal del Trabajo.
33. Precisó que, si el Tribunal Laboral estimaba competente a un órgano jurisdiccional que se rigiera por un régimen jurídico distinto al de la Ley Federal del Trabajo, no se encontraría obligado a citar a las partes previo a declarar su legal incompetencia, de conformidad con el criterio sustentado por este Pleno Regional en la contradicción de criterios 34/2024.(4)
34. Así, concedió el amparo a los quejosos para efecto de que las autoridades responsables dejaran insubsistentes los acuerdos de desechamiento y, en el supuesto de insistir en que la acción ejercida no era de naturaleza laboral, remitieran la demanda a la autoridad jurisdiccional competente, por razón de materia, para conocer de las prestaciones reclamadas.
35. Las anteriores ejecutorias dieron lugar, por reiteración, a la tesis jurisprudencial VII.2o.T. J/20 L (11a.),(5) de rubro y texto:
"DEMANDA LABORAL. EL TRIBUNAL DE TRABAJO CARECE DE FACULTADES PARA DESECHARLA Y ORDENAR SU ARCHIVO CUANDO CONSIDERE QUE LA PRESTACIÓN RECLAMADA NO ES LABORAL.
Hechos: Un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales desechó una demanda bajo el argumento de que la prestación reclamada no era laboral, pues se reclamó a una Administradora de Fondos para el Retiro el incumplimiento de las obligaciones relativas a generar las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad durante la inversión de los ahorros de la parte trabajadora, esto es, se cuestionó el procedimiento de inversión llevado a cabo por todo el tiempo de administración de los recursos que provocó pérdidas o minusvalía en los rendimientos a que tenía derecho.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el tribunal de trabajo carece de facultades para desechar la demanda y ordenar su archivo cuando considere que la prestación reclamada no es laboral.
Justificación: Los artículos 701, 704, 705 Bis y 706 de la Ley Federal del Trabajo establecen la facultad del Tribunal Laboral de declarar, de oficio, carecer de competencia para conocer de un determinado asunto, ante lo cual deberá remitir el expediente al órgano jurisdiccional que estime competente; incluso, a uno adscrito a diverso Poder o a uno autónomo, pudiéndose configurar, en caso de no aceptarla, un conflicto competencial. Por tanto, cuando la autoridad de trabajo considera que la prestación reclamada no es laboral, no debe desechar de plano la demanda y ordenar el archivo del expediente, sino que ante un escenario de posible incompetencia por razón de la materia, debe remitir el asunto a la autoridad jurisdiccional que estime competente, al estar constreñida a ello, en aras de garantizar el respeto a los derechos de audiencia, legalidad, defensa y acceso a la administración de justicia, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido de que si el Tribunal Laboral estima competente para conocer del asunto a un órgano jurisdiccional que se rija por un régimen jurídico distinto al de la Ley Federal del Trabajo, no se encontrará obligado a citar a las partes, previo a declarar su legal incompetencia; no obstante, si estima necesario allegarse de mayores elementos para tomar una determinación al respecto, puede citar a las partes previamente a tomar la determinación correspondiente, en tanto no existe prohibición normativa ni jurisprudencial a tal posibilidad." Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Amparo directo 720/2023
36. Demanda laboral. Múltiples personas pensionadas reclamaron de dos Administradoras de Fondos para el Retiro y del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras prestaciones, el pago por concepto de pérdida de valor o minusvalías sobre los ahorros contenidos en las subcuentas administradas por las administradoras demandadas por todo el tiempo que las tuvieron a su cargo, al incumplir el régimen de inversión que les fue autorizado.
37. En apoyo a su reclamo, la parte actora citó los artículos 18, 35, 36, 37, 42, 43 y 44 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
38. Laudo. La demanda fue radicada y admitida por la Junta Especial Número Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje la cual, seguida la secuela procesal, mediante laudo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, absolvió a los demandados del pago reclamado.
39. En lo que aquí interesa, indicó que resultaba improcedente condenar a las demandadas, porque los conflictos relativos a los rendimientos derivados de los fondos de ahorro para el retiro no eran materia de trabajo, ni de seguridad social, sino que correspondían a la esfera civil, mercantil y/o administrativa, al manejar carácter bursátil y financiero, relacionado con la volatilidad de los mercados.
40. Amparo directo. Inconformes, los quejosos promovieron amparo directo, del que correspondió conocer al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual negó el amparo por un lado y, por otro, en suplencia de la queja, lo concedió.
41. En primer orden, sostuvo que eran inatendibles los conceptos de violación planteados por la parte quejosa encaminados a controvertir las consideraciones que sustentaban el laudo, porque éste fue dictado en la vía incorrecta.
42. Señaló que la procedencia de la vía era una cuestión de orden público que debía analizarse de oficio, aun cuando existiera un auto de admisión de la demanda o que la parte demandada no la hubiere impugnado, en aras de garantizar la seguridad jurídica de los participantes en el proceso, de forma que podía analizarse en cualquier momento de la contienda, incluso al dictar la sentencia definitiva; lo que sustentó en la tesis jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 25/2005, de rubro: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA."(6)
43. Establecido lo anterior, destacó que los quejosos no reclamaban la devolución de los recursos acumulados en sus cuentas individuales, sino el incumplimiento de las administradoras demandadas a la obligación de generar las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad durante la inversión de sus ahorros, en términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como la presencia de minusvalías o disminuciones de valor que afectaron el patrimonio de las y los actores, al haber incumplido el régimen de inversión que fue previamente autorizado.
44. En este sentido, sostuvo que, conforme a la ley en comento, las referidas inversiones se encontraban protegidas a través de diversos mecanismos, tales como órganos de vigilancia y una serie de medidas legales y reglamentarias creadas para cuidar los recursos de las y los trabajadores.
45. Destacadamente, señaló que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro era el órgano competente para analizar si se cumplió o no con el régimen de inversión y, por tanto, si procedía la recomposición de la cartera a fin de garantizar las mejores condiciones para los ahorros de las y los trabajadores.
46. Consecuentemente, concluyó que el planteamiento de la parte actora era improcedente en la vía laboral, puesto que se trataba de una cuestión que escapaba del control jurisdiccional en materia de trabajo, dado que no se relacionaba con el derecho de las personas trabajadoras para disponer de los fondos de las cuentas individuales, sino con aspectos financieros relativos a regímenes de inversión, cuya vigilancia no se encontraba regulada a favor de autoridad jurisdiccional laboral alguna, sino de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
47. Finalmente, en suplencia de la queja deficiente, concedió la protección constitucional para efecto de que la Junta responsable dejara a salvo los derechos de las y los quejosos para que los hicieran valer en la vía y forma que consideraran procedente.
Amparo directo 851/2023
48. Demanda laboral. Previa separación de juicios, la parte actora instó un procedimiento individual de seguridad social contra una Administradora de Fondos para el Retiro y el Instituto Mexicano del Seguro Social, reclamándoles, entre otras prestaciones, el pago de la "verdadera utilidad" que la administradora demandada obtuvo a través de las inversiones que efectuó con los ahorros de la actora; aunado a las pérdidas por concepto de minusvalías o disminuciones de valor, que fueron resultado del presunto incumplimiento del régimen de inversión previamente autorizado.
49. La actora fundó su pretensión en los artículos 18, 35, 36, 37, 42, 43 y 44 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, entre otras disposiciones.
50. Radicación y prevención. El Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en Ciudad de México, radicó la demanda y previno a la accionante, entre otros extremos, para que exhibiera el último estado de cuenta individual, o en su caso, el acuse de recibo en el que constara que formuló dicha petición, bajo apercibimiento que, de no cumplir con lo solicitado, no admitiría la demanda, al tratarse de un requisito de procedibilidad en términos del artículo 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo.(7)
51. Apoyó su determinación en la tesis jurisprudencial 2a./J. 149/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. CONFORME A LAS FRACCIONES VI Y VII DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL ‘ÚLTIMO ESTADO DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PARA EL RETIRO’ ES AQUEL QUE RECIBIÓ EL ASEGURADO EN EL CUATRIMESTRE PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO."(8)
52. Desahogo. La parte actora manifestó que la prevención formulada por la autoridad laboral era ilegal porque, desde su punto de vista, el último estado de cuenta no era un requisito de procedibilidad de la demanda.
53. Desechamiento. Ante la omisión de la parte actora de exhibir el estado de cuenta requerido, el Tribunal Laboral no admitió a trámite la demanda y, por tanto, ordenó el archivo del asunto, dejando a salvo los derechos de la parte actora para que pudiera promover nuevamente su acción, una vez que contara con todos los documentos base de la misma.
54. Amparo directo. Inconforme con lo determinado por el Tribunal Laboral, la parte actora promovió demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual negó el amparo solicitado.
55. Empleó las mismas consideraciones desarrolladas en el amparo directo 720/2023, relatado anteriormente, a saber: que eran inatendibles los argumentos de la parte quejosa tendentes a controvertir el acto reclamado porque, en primer orden, era necesario analizar de oficio la procedencia de la vía por ser una cuestión de orden público.
56. Al respecto, reiteró que las autoridades laborales no tenían facultades para pronunciarse sobre esa pretensión, porque la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro era la autoridad competente para analizar la existencia de minusvalías en los ahorros de las personas trabajadoras por responsabilidad de las Administradoras de Fondo para el Retiro.
57. Consecuentemente, dejó firme la decisión del Tribunal Laboral de tener por no admitida la demanda, archivar el asunto y dejar a salvo los derechos de la parte actora para que pudiera promover nuevamente su acción.
58. La postura sustentada en las anteriores ejecutorias se condensó en la tesis aislada I.14o.T. 38 L (11a.),(9) de rubro y texto:
"ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). LA VÍA LABORAL ES IMPROCEDENTE PARA DEMANDAR LA RESPONSABILIDAD EN LA QUE PUEDEN INCURRIR POR LAS MINUSVALÍAS DE LOS AHORROS DE LOS TRABAJADORES.
Hechos: Pensionados demandaron en la vía laboral de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), el pago de la disminución en el valor que sufrieron sus ahorros durante su administración, al afirmar que incumplieron con las obligaciones que les imponen los artículos 18, 35, 36, 37, 42, 43 y 44 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la vía laboral es improcedente para demandar la responsabilidad en la que pueden incurrir las Afores por las minusvalías de los ahorros de los trabajadores.
Justificación: La responsabilidad de una Afore por el indebido manejo que pudiera ocurrir al administrar los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores, es una cuestión que escapa del control jurisdiccional en materia de trabajo, en tanto que no se relaciona con el derecho del operario a disponer de los fondos de su cuenta individual, sino que tiene que ver con los aspectos financieros relativos a que se cumpla con el deber de cuidado para invertir responsablemente los recursos a su cargo, ya que su vigilancia, así como la imposición de las medidas relacionadas con ello, están reguladas por los artículos 44 y 44 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las Disposiciones de Carácter General que establecen el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, y las Disposiciones de Carácter General en Materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Ret
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33596-edf5613a/conflictos-individuales-de-seguridad-social-la-autoridad-laboral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONFLICTO COMPETENCIAL EN ASUNTOS DE SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXISTENTE ENTRE UN TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES Y EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CU (I.14o.T.37 L (11a.))
- CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL. NO TIENE FACULTADES PARA OPONERSE A LA DETERMINACIÓN POR LA QUE EL TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES LE ORDENA SUS (XXX.3o.1 L (11a.))
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