Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR CUESTIONES MIGRATORIAS, EN RELACIÓN CON EL INGRESO Y LA SALIDA DE MEXICANOS Y EXTRANJEROS AL TERRITORIO NACIONAL, ASÍ COMO EL TRÁNSITO Y LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN ÉSTE, AL TRATARSE DE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. V. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES ESTÁN IMPEDIDAS PARA REPLICAR LAS NORMAS DE LA LEY DE MIGRACIÓN QUE INCIDAN EN LA CONDICIÓN O ESTATUS JURÍDICO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS, LAS POLÍTICAS EN ESE RUBRO O EL SISTEMA MIGRATORIO, AL TRATARSE DE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. VI. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. PARA ESTABLECER SI UNA NORMA LOCAL INVADE LA COMPETENCIA FEDERAL EN ESTA MATERIA, DEBEN DISTINGUIRSE DOS ASPECTOS: 1) SI REGULAN O INCIDEN EN EL ESTATUS MIGRATORIO O CONDICIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA EXTRANJERA, Y 2) SI REGULAN ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES LOCALES DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES. VII. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CARECE DE FACULTADES PARA ESTABLECER CUESTIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES, ASÍ COMO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN Y REQUERIR DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU IDENTIDAD O SITUACIÓN MIGRATORIA, AL TRATARSE DE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN V, Y 25, FRACCIONES II, III, IV Y V, DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VIII. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CARECE DE FACULTADES PARA RESTRINGIR Y LIMITAR EL DERECHO A LA ATENCIÓN MÉDICA DE LAS PERSONAS MIGRANTES, EXCLUSIVAMENTE AL SECTOR PÚBLICO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PREVISTA POR EL SECTOR PÚBLICO" DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IX. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA RESTRINGIR, LIMITAR O CONDICIONAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS DERIVADO DEL TIPO DE ESTATUS O CONDICIÓN MIGRATORIA, AL TRATARSE DE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. X. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CARECE DE FACULTADES PARA ESTABLECER LA CREACIÓN DE REGISTROS LOCALES DE PERSONAS MIGRANTES, AL TRATARSE DE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XI, 24, FRACCIÓN VII, 29 Y 30 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XI. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA LIMITANTE A LA PROTECCIÓN QUE DEBE BRINDAR EL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TODO PROCEDIMIENTO APLICABLE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES HASTA "EN TANTO EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DETERMINA SU CONDICIÓN MIGRATORIA", VULNERA EL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN TANTO EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DETERMINA SU CONDICIÓN MIGRATORIA", DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XII. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LA AUTORIZACIÓN DE LOS ACTOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS MIGRANTES, ASÍ COMO A LA EXPEDICIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL NACIMIENTO, RECONOCIMIENTO DE HIJOS O HIJAS, MATRIMONIO, DIVORCIO Y MUERTE POR PARTE DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO INVADE LA COMPETENCIA DE LA FEDERACIÓN, PUES SE TRATA SÓLO DE UNA SERIE DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN (ARTÍCULO 21 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIII. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. EL ESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA LAS PERSONAS MIGRANTES POR PARTE DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO INVADE LA COMPETENCIA DE LA FEDERACIÓN, PUES SE TRATA SÓLO DE UN MECANISMO DE PROTECCIÓN (ARTÍCULO 22 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIV. EMIGRACIÓN E I

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 222/2023. · Registro digital (IUS): 33012
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-02-21
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.231.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 222/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE AGOSTO DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 222/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra los artículos 4, fracción XI; 6, fracción V; 20; 21; 22; 23; 24, fracciones VII y XV; 25, excepto la fracción I; 26; así como el Capítulo Quinto "Del Registro Estatal de Personas Migrantes", que contiene los artículos 29 y 30; todos de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes del Estado de Aguascalientes, expedida mediante Decreto Número 451, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el seis de noviembre de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. Mediante escrito depositado el seis de diciembre de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial y registrado el siete siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 4, fracción XI; 6, fracción V; 20; 21; 22; 23; 24, fracciones VII y XV; 25, excepto la fracción I; 26; así como del Capítulo Quinto "Del Registro Estatal de Personas Migrantes", que contiene los artículos 29 y 30; todos de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes del Estado de Aguascalientes, expedida mediante Decreto Número 451, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el seis de noviembre de dos mil veintitrés.

2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violentados los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, la Comisión accionante expuso, esencialmente, lo siguiente:

• Los artículos impugnados de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes del Estado de Aguascalientes vulneran el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, toda vez que el Poder Legislativo local no se encuentra constitucionalmente habilitado para legislar cuestiones relacionadas al estatus migratorio de las personas extranjeras, al ser facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

• Específicamente, señala que el Congreso de Aguascalientes no puede legislar sobre la implementación de un Registro Estatal de Personas Migrantes y replicar distintas normas de la Ley de Migración, en virtud que en términos del artículo 73, fracción XVI de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión tiene facultad exclusiva para legislar sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración.

• Menciona que este Alto Tribunal ha determinado que la prohibición regulatoria debe extenderse incluso a aquellos casos en que las legislaturas de las entidades federativas únicamente pretendan reiterar las obligaciones previstas en la Ley de Migración, toda vez que dicha réplica genera una distorsión en el sistema pues la referida norma está dirigida a controlar el acceso y residencia de las personas migrantes.

• Asimismo, menciona que este Tribunal Pleno sostuvo que la incidencia de las autoridades locales para garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas migrantes en un contexto de violencia y discriminación no puede considerarse como una intromisión o afectación a la política migratoria ni conferir derechos de residencia para los extranjeros.

• Por tanto, emitir a nivel local normas jurídicas que estén relacionadas con las personas migrantes no es por sí mismo una invasión a la facultad para dictar esa política migratoria, sino que ello dependerá del contenido específico de las disposiciones impugnadas.

• En ese sentido, desglosa argumentos para demostrar la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, clasificándolos en tres temas (estatus migratorio, registro estatal de personas migrantes y réplica del texto de la Ley de Migración).

4. Registro. Mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad con el número 222/2023. En este mismo acuerdo turnó el expediente a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para su trámite y elaboración del proyecto correspondiente.

5. Admisión. Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo del Decreto que contiene la norma impugnada y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Por escrito recibido el doce de febrero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de este Alto Tribunal; Juan Carlos Regalado Ugarte, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes, rindió el informe solicitado, en los siguientes términos:

• El objeto de regular la situación migratoria es garantizar el debido respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, a través de políticas públicas en la materia, en armonía con lo establecido en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales.

• Las personas migrantes, en virtud de su dignidad humana, deben estar protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad, independientemente de su situación administrativa o de su condición.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. Por escrito recibido el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su calidad de titular de la Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes, rindió el correspondiente informe, en el que expuso lo siguiente:

• Hace mención de una norma distinta a la impugnada en esta acción de inconstitucionalidad, pues señala que es cierto el acto reclamado consistente en la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el seis de noviembre de dos mil veintitrés, del artículo 50, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad federativa.

• La Gobernadora Constitucional del Estado promulgó y ordenó la publicación de la ley impugnada en acatamiento a los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

• El Poder Legislativo local es el órgano deliberativo donde se discute y se aprueba el contenido de las normas, a quien le corresponde defender su validez.

8. Pedimento. Los titulares de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon manifestación alguna o pedimento.

9. Alegatos. Por escritos presentados por la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Diputada representante del Congreso del Estado de Aguascalientes el nueve y veintidós de abril de dos mil veinticuatro, respectivamente, formularon sus respectivos alegatos.

10. Cierre de la instrucción. Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora decretó el cierre de instrucción en la acción de inconstitucionalidad, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes del Estado de Aguascalientes y la Constitución Federal.

II. OPORTUNIDAD

12. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada.

13. En el caso, los artículos que se impugnan fueron expedidos mediante el Decreto Número 451, publicado en el Periódico Oficial local el seis de noviembre de dos mil veintitrés; por tanto, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el plazo legal para promover la presente acción de inconstitucionalidad transcurrió del martes siete de noviembre al miércoles seis de diciembre de dos mil veintitrés.

14. En consecuencia, si el escrito de demanda del presente medio de control constitucional fue depositado en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de diciembre de dos mil veintitrés, debe concluirse que su presentación resulta oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

15. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.

16. Legitimación en la causa. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal y local, así como tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

17. La demanda de esta acción de inconstitucionalidad es promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes del Estado de Aguascalientes, por considerarlos violatorios del derecho de seguridad jurídica, por tanto, en términos del artículo señalado en el párrafo que precede, se encuentra facultada para tal efecto.

18. Legitimación en el proceso. Los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(4) y 18 de su Reglamento Interno,(5) otorgan a la persona en que recaiga la Presidencia la representación legal de dicho órgano, así como la facultad para promover el presente medio de control constitucional.

19. En ese sentido, obra en autos copia certificada del Acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve emitido por la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante el cual se hace constar que, en sesión de siete de noviembre del mismo año, se designó como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a María del Rosario Piedra Ibarra, por un periodo de cinco años, comprendido del dos mil diecinueve al dos mil veinticuatro.

20. En consecuencia, toda vez que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se colige que dicha servidora pública tiene legitimación en el proceso.

IV. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

21. Las normas impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son los artículos 4, fracción XI; 6, fracción V; 20; 21; 22; 23; 24, fracciones VII y XV; 25, excepto la fracción I; 26; así como el Capítulo Quinto "Del Registro Estatal de Personas Migrantes", que contiene los artículos 29 y 30; todos de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes del Estado de Aguascalientes, expedida mediante Decreto Número 451, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el seis de noviembre de dos mil veintitrés.

22. Por cuestión de metodología y a fin de evitar repeticiones excesivas, el contenido de los mencionados preceptos se transcribirá en el apartado relativo al estudio de fondo.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

23. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.

24. En el caso, el Poder Ejecutivo de Aguascalientes señala que el acto que se le atribuye se ejecutó en total apego a los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en virtud de que la promulgación del Decreto impugnado se efectuó para su debida publicación y observancia.

25. Dicho argumento se desestima toda vez que en el proceso legislativo de las normas impugnadas se encuentra involucrado el Poder Ejecutivo, pues, al promulgarlas y publicarlas, le da plena validez y eficacia. Como se observa de la jurisprudencia P.J. 38/2010, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES".(6)

26. Al no existir otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni advertirse alguno de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

27. Recordemos que la Comisión accionante sostiene en su concepto de invalidez que diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes del Estado de Aguascalientes transgreden la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia migratoria, toda vez que las entidades federativas no tienen facultad para legislar cuestiones relacionadas al estatus migratorio de las personas extranjeras, prever un registro estatal de migrantes y replicar normas de la Ley de Migración.

28. Al respecto, se retoma la línea jurisprudencial que este Alto Tribunal ha sentado respecto a la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de emigración e inmigración.

VI.1. Facultad exclusiva del Congreso de la Unión para dictar leyes sobre emigración e inmigración

29. Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 110/2016(7) y 68/2021,(8) el Pleno de este Alto Tribunal sostuvo que, de una interpretación de los preceptos 73, fracción XVI,(9) y 124(10) de la Constitución Federal, las autoridades locales no cuentan con competencia para regular cuestiones migratorias, con relación al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos, el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, pues ello corresponde de manera expresa a las autoridades federales.

30. Es decir, los Congresos locales carecen de competencia para regular cuestiones relativas a la situación legal de los extranjeros, de ahí que no pueden obligar a los migrantes y facultar a las autoridades locales, a exhibir y solicitar documentación e información personal de dichos migrantes.

31. Asimismo, se determinó que esta prohibición regulatoria debe extenderse incluso en aquellos casos cuando las legislaturas de las entidades federativas únicamente pretendan reiterar las obligaciones previstas en la Ley de Migración, pues dicha réplica genera una distorsión en el sistema, en virtud que la normativa federal está dirigida a controlar el acceso y residencia de las personas migrantes, por lo que instrumenta facultades de verificación en cumplimiento de este fin, en estricto apego a lo dispuesto en los artículos 11 y 16 constitucionales.

32. A su vez, al fallar la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017,(11) este Tribunal Pleno examinó el alcance de la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de emigración e inmigración, destacando los siguientes puntos:

• Que el Congreso de la Unión tenga facultades exclusivas para legislar sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, emigración e inmigración, no significa en modo alguno que la legislación que se expida para tal efecto –Ley de Migración– sea el único ordenamiento del país con normas jurídicas que apliquen a las personas migrantes.

• Por el simple hecho de encontrarse en nuestro país las personas migrantes quedan sujetas también a una gran variedad de normas jurídicas (civiles, mercantiles, penales, administrativas e incluso laborales) que poco o nada tienen que ver con su estatus migratorio y; por tanto, expedir la ley reglamentaria de la fracción XVI del artículo 73 constitucional no agota todas las consecuencias jurídicas que pueden existir para estas personas en nuestro país.

• Es decir, la facultad del Congreso de la Unión es únicamente para aquellos aspectos relacionados con su situación jurídica, por lo que no implica un monopolio para regular todos los ámbitos de la vida de una persona migrante en territorio nacional.

• El artículo 73 constitucional fija una competencia exclusiva en favor de la Federación esencialmente para dictar la política sobre los flujos internacionales de personas desde y hacia nuestro país; entonces emitir a nivel local normas jurídicas que estén relacionadas con las personas migrantes no es por sí mismo una invasión a la facultad para dictar esa política migratoria, sino que ello depende más bien del contenido específico de las normas que se emitan a nivel local.

• Es válido que las entidades federativas reconozcan que se debe generar un marco especial de actuación frente a las personas migrantes, sin que ello implique incidir en su estatus migratorio o interferir con las actividades de las autoridades federales que establece la Ley de Migración.

• Una interpretación en sentido contrario llevaría a afirmar que sólo la Federación puede generar mecanismos de protección para las personas migrantes. Por ende, la circunstancia de que la Constitución Federal regule en específico algunos aspectos de ciertos sujetos no puede llevarnos a concluir que ninguna otra autoridad puede incidir en la promoción, protección, garantía y respecto de sus derechos humanos, siempre que esté dentro del ámbito de sus competencias.

• La incidencia de las autoridades locales para garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas migrantes en un contexto de violencia y discriminación no puede considerarse como una intromisión o afectación a la política migratoria ni conferir derechos de residencia para los extranjeros.

• No se advierte alguna interferencia con las atribuciones federales en materia de emigración e inmigración, por el hecho de que las entidades federativas impongan una exigencia a las autoridades locales para comportarse con especial decencia frente a las personas migrantes; un grupo social que en el contexto mexicano ha sufrido reiteradamente exclusión y trato indigno.

33. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 68/2021,(12) esta Corte sostuvo que la facultad del Congreso de la Unión para dictar leyes en materia de emigración e inmigración no puede entenderse como una prohibición absoluta para que las entidades federativas puedan legislar en cuestiones que incidan en las personas migrantes.

34. En ese sentido, para establecer si las normas locales invaden tal competencia federal este Tribunal ha considerado la necesidad de distinguir dos tipos de categorías normativas:

I. Las normas que regulan o inciden en el estatus migratorio o condición jurídica de la persona extranjera, o bien, en las atribuciones de la Federación para establecer políticas en ese rubro -como son los flujos internacionales de personas desde y hacia nuestro país-.

II. Las normas que regulan atribuciones de las autoridades locales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes -lo que esta Corte ha denominado como mecanismos de protección para las personas migrantes-.

35. En virtud de ello, cuando la disposición normativa analizada encuadre en el primera de las categorías mencionadas, es decir, las atinentes a la condición, estatus migratorio de la persona extranjera, o bien, a la política migratoria, resultará inconstitucional por vulnerar la competencia exclusiva de la Federación para dictar leyes en materia de emigración e inmigración.

36. En cambio, si la norma local únicamente se ubica en la segunda categoría, correspondiente a los llamados mecanismos de protección de las personas migrantes, se considerará constitucional por ser acorde al ámbito competencial de las entidades federativas, respecto al deber de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

37. De tal suerte que el criterio de competencia en esta materia no es meramente nominal o relacional, esto es, que la legislación aluda o se relacione con las obligaciones y derechos de las personas migrantes; sino verdaderamente funcional, es decir, siempre se deberá examinar la norma concreta para determinar cuál es la función que tiene encomendada.

38. En consecuencia, atento a la línea jurisprudencial de este Alto Tribunal, lo procedente es examinar las normas impugnadas por la comisión accionante, a efecto de determinar si éstas prevén mecanismos de protección de las personas migrantes o, en realidad, pretenden regular el estatus migratorio, condición jurídica de los extranjeros o, en general, aspectos relativos a la política migratoria.

VI.1.1. Preceptos que invaden la competencia del Congreso de la Unión en materia migratoria

39. En principio, a juicio de este Tribunal Pleno es fundado el concepto de invalidez respecto de los artículos 6, fracción V; 25, fracciones II, III, IV y V; de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes del Estado de Aguascalientes toda vez que inciden en el estatus migratorio o condición jurídica de las personas migrantes, o bien, con las atribuciones de la Federación para establecer políticas en ese rubro y, por ende, deben declararse inconstitucionales, al invadir la facultad exclusiva del Congreso de la Unión, prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Federal.

40. Para exponer las razones de esta determinación, es necesario conocer el contenido de las normas referidas:

Artículo 6.- Son sujetos de esta Ley, las personas migrantes, y tendrán los (sic) siguientes obligaciones y derechos por parte del Estado, mismos que se mencionan de manera enunciativa, más no limitativa y los cuales son los siguientes:

[...]

V. Proporcionar la información que les sea requerida por las autoridades;

[...]

Artículo 25.- Las personas migrantes y sus familias tendrán las siguientes obligaciones, los (sic) cuales son enunciativos (sic) mas no limitativos (sic), siendo los (sic) siguientes:

[...]

II. Cuando se trate de extranjeros con situación migratoria regular, resguardar y custodiar la documentación que acredite su identidad y su situación;

III. Mostrar la documentación que acredite su identidad o su situación migratoria regular, cuando les sea requerida por las autoridades migratorias;

IV. Proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones aplicables en la materia; y

V. Los (sic) demás que establezcan esta Ley, la Ley de Migración y otros ordenamientos y disposiciones aplicables.

41. Como se advierte, la legislatura local no regula algún mecanismo de protección de las personas migrantes, sino que dispone obligaciones que deben cumplir éstas y sus familias, concretamente, regula cuestiones relativas a su situación legal y con ello obliga a las personas migrantes a proporcionar información requerida y mostrar la documentación que acredite su identidad o situación migratoria regular. Asimismo, faculta a las autoridades migratorias locales para solicitar dicha información.

42. El contenido de estas normas guarda similitud con el diverso artículo 4 de la Ley de Protección y Atención de los Migrantes en el Estado de Jalisco, que fue declarado inconstitucional por este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 110/2016, el cual preveía que los migrantes tenían la obligación de "proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por las autoridades competentes".

43. Al respecto, en el citado precedente se determinó que este tipo de normas se refieren a la facultad que tienen las autoridades para verificar la situación migratoria de las personas en territorio nacional, lo cual es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. De ahí que resulta evidente la incompetencia del Congreso de Aguascalientes para obligar a los migrantes y facultar a las autoridades locales, a exhibir y solicitar documentación e información personal de dichos migrantes, respectivamente.

44. Máxime que la Ley de Migración (norma de observancia general en toda la República) tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.

45. Además, en dicha ley se establecen las pautas y directrices para atender el fenómeno migratorio de México, al grado que instituye un apartado de obligaciones de las personas migrantes en el artículo 16, fracciones II y III, con el texto siguiente:

Artículo 16. Los migrantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

I. Cuando se trate de extranjeros con, situación migratoria regular, resguardar y custodiar la documentación que acredite su identidad y su situación.

II. Mostrar la documentación que acredite su identidad o su situación migratoria regular, cuando les sea requerida por las autoridades migratorias;

III. Proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, y

IV. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución, en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

46. Luego, si el Congreso de la Unión delimitó cuáles son las obligaciones que tienen las personas extranjeras, precisamente por su condición de migrantes, es evidente que las entidades federativas carecen de competencia para regular, detallar, abundar o especificar tales cuestiones, aun y cuando aparentemente la norma impugnada replica el contenido de la Ley de Migración.

47. Ello, porque es criterio de este Tribunal Constitucional que las autoridades locales están impedidas para replicar las normas de la Ley de Migración que, precisamente, incidan en la condición o estatus jurídico de las personas extranjeras, las políticas en ese rubro o el sistema migratorio, ya que tales cuestiones resultan de competencia exclusiva de la Federación.(13)

48. Atento a lo expuesto, deben invalidarse los artículos 6, fracción V; 25, fracciones II, III, IV y V; de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes del Estado de Aguascalientes, al vulnerar la esfera de competencia del Congreso de la Unión para dictar leyes en materia de emigración e inmigración.

49. Por otra parte, este Alto Tribunal procede a analizar el diverso artículo 20 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes del Estado de Aguascalientes, cuyo contenido se transcribe:

Artículo 20.- Las personas migrantes podrán acceder a los servicios educativos, tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, prevista por el sector público, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para las personas mexicanas.

50. Al respecto, se debe declarar la invalidez de la porción normativa "prevista por el sector público" del referido artículo 20, pues si bien podría entenderse como una norma que tiende a la protección, respeto o garantía del derecho de las personas migrantes a recibir atención médica, lo cual daría lugar a su constitucionalidad: lo cierto es que restringe y limita ese derecho al condicionarlo únicamente a la atención médica prevista por el sector público. Lo cual se traduce en una invasión a la competencia de la Federación para dictar leyes en materia de emigración e inmigración.

51. Al respecto, encontramos que la Ley de Migración, en su artículo 8, se ocupa de prever el derecho de las personas migrantes de recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado:

Artículo 8. Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Los migrantes tendrán

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33012-5acddcdd/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.