I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES EXPEDIDAS POR LA LEGISLATURA DE DICHA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA. III. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LA CREACIÓN DE UN MARCO ESPECIAL DE ACTUACIÓN FRENTE A PERSONAS MIGRANTES NO GENERA INCIDENCIA EN LA POLÍTICA MIGRATORIA NI CONFIERE DERECHOS DE RESIDENCIA PARA EXTRANJEROS. IV. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR, DETALLAR, ABUNDAR O ESPECIFICAR CUESTIONES MIGRATORIAS, EN RELACIÓN CON EL INGRESO Y LA SALIDA DE EXTRANJEROS AL TERRITORIO NACIONAL, ASÍ COMO EL TRÁNSITO Y LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN ÉSTE, AL TRATARSE DE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y APOYO A LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). V. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES ESTÁN IMPEDIDAS PARA REPLICAR LAS NORMAS DE LA LEY DE MIGRACIÓN QUE INCIDAN EN LA CONDICIÓN O ESTATUS JURÍDICO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS, LAS POLÍTICAS EN ESE RUBRO O EL SISTEMA MIGRATORIO, AL TRATARSE DE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y APOYO A LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VI. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y APOYO A LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL PLANTEAMIENTO CONSISTENTE EN QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR LA OBLIGACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES DE RESPETAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES LOCALES). VII. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA RESTRINGIR, LIMITAR O CONDICIONAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS A LA PRESERVACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR, EN VIRTUD DE SU ESTATUS O CONDICIÓN MIGRATORIA, AL TRATARSE DE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y APOYO A LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VIII. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA RESTRINGIR, LIMITAR O CONDICIONAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS A SOLICITAR AUTORIZACIONES DE SU ESTADO CIVIL, EN VIRTUD DE SU ESTATUS O CONDICIÓN MIGRATORIA, AL TRATARSE DE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "RESIDENTES TEMPORALES O PERMANENTES", DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y APOYO A LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). IX. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES EN QUE PUEDE EJERCERSE EL DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS MIGRANTES, AL TRATARSE DE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 27, ACÁPITE, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "QUE CUENTEN CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA", DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y APOYO A LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). X. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA ESTABLECER LA CREACIÓN DE REGISTROS LOCALES DE PERSONAS MIGRANTES, AL TRATARSE DE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y APOYO A LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XI. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES CUENTAN CON FACULTADES PARA RECONOCER LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y ESTABLECER DEBERES REFORZADOS PARA LAS AUTORIDADES LOCALES TENDIENTES A PROTEGERLOS (ARTÍCULO 8, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y APOYO A LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XII. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES CUENTAN CON FACULTADES PARA LA CREACIÓN DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES QUE HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN DELITO DEL FUERO LOCAL (ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y APOYO A LAS PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XIII. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES CUENTAN CON FACULTADES PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES IDENTIFICADAS COMO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 68/2021. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA. 7 DE AGOSTO DE 2023. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO MUÑOZ ACEVEDO.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 68/2021, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California contra el Decreto No. 183, por el cual se aprueba la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda. Por escrito presentado el veinte de marzo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correos de México y recibida el trece de abril siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Ángel Mora Marrufo, en su carácter de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez:
1) En forma genérica y por una cuestión de competencia, del Decreto No. 183 mediante el cual se aprueba la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de esta entidad federativa el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.
2) De forma concreta, los artículos 8, fracciones II y III, 11, 21, 23, 24, 27, en su porción normativa "que cuenten con el permiso correspondiente de la autoridad migratoria", 36, 37, fracciones I, III, V y VII, y 39 de la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California, publicada mediante Decreto No. 183 en el Periódico Oficial del Gobierno de esta entidad federativa el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.
2. Conceptos de invalidez. La parte promovente considera transgredidos los artículos 1o., 4o., 6o., apartado A, fracción II, 11, 14, 16, 73, fracciones XVI y XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, 19, 22 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, 7, 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 3, 20 y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño; a partir de considerar, en esencia, que:
• Invasión de competencia. La Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California, transgrede lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Federal, conforme a la cual, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión dictar leyes sobre emigración e inmigración, de manera que, de acuerdo con el sistema federal de competencias previsto en el artículo 124 de la Norma Fundamental, las entidades federativas quedan impedidas para legislar en esta materia; sin embargo, los Estados quedan obligados a proteger a todas las personas, sean nacionales o extranjeras, en todos y cada uno de los aspectos que son inherentes e indispensables a su dignidad como seres humanos.
En el caso, con independencia del nombre adoptado, la ley cuestionada legisla en materia de migración al definir a la autoridad migratoria, prever un registro estatal de migrantes, presentar planes de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes ante el Instituto Nacional de Migración para el otorgamiento de asilo político, reconocimiento de condición de refugiado, protección y representación consular, aspectos correspondientes a la situación jurídica de las personas migrantes.
• Derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes. El artículo 8, fracción II, en su porción normativa "no acompañados" contraviene el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en atención al principio de igualdad y no discriminación, en tanto prevé brindar atención adecuada a las personas migrantes que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes migrantes "no acompañados", entre otros, excluyendo esos posibles beneficios cuando se encuentren acompañados, sin que existan razones objetivas que justifiquen el trato diferenciado.
• Invasión de competencia en tipos penales. El artículo 11 permite a la Fiscalía General del Estado crear agencias del Ministerio Público especializadas en delitos cometidos en contra de personas migrantes, transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Carta Magna, que establece que es facultad del Congreso de la Unión expedir leyes generales que establezcan los tipos penales en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Lo anterior porque si bien todas las personas, con independencia de su lugar de origen, son susceptibles de ser víctimas de delitos, las personas migrantes por su propia condición de vulnerabilidad están expuestas en mayor medida a sufrir la comisión de esos tipos penales.
• De ahí que si bien la disposición combatida no refiere de manera expresa los delitos, tampoco delimita si son los correspondientes al fuero común o federal; por el contrario, establece como elemento determinante para el tipo penal, la condición de persona migrante, lo cual infiere que las autoridades locales conozcan de delitos del orden federal; y en ese sentido, la Fiscalía General de la República cuenta con la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, la cual investiga los actos cometidos contra personas migrantes.
• Invasión de competencia del Ministerio Público. Aunado a ello, el cuestionado numeral 11, vulnera el artículo 21 constitucional, dado que el Congreso Local legisla aspectos de la estructura organizacional del Ministerio Público en una ley materia de migración, lo cual incide en la competencia de la autoridad ministerial en la investigación de los delitos.
• Obligaciones de las personas migrantes y registro. Los artículos 21 y 36 de la ley cuestionada, se erigen como obligaciones extraordinarias por el hecho de ser personas migrantes, diferenciándolas de los demás que no coinciden con su estatus migratorio y que transitan en el territorio de la entidad; vulnerando el principio de seguridad jurídica, además de los derechos a la intimidad, protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales, así como detenciones arbitrarias y la protección de datos personales.
• Seguridad Jurídica. El artículo 21 impone a las personas migrantes y a sus familiares, la obligación de respetar derechos humanos reconocidos en la Constitución y leyes vigentes en el Estado, así como proporcionar la información que les sea requerida por parte de las autoridades según la normativa correspondiente, sin dar certidumbre sobre cuáles son esas autoridades competentes para requerir información, y a qué normatividad se refieren los actos de verificación; lo cual origina una falta de certeza jurídica en los particulares dado que la porción normativa no delimitó el margen de actuación del Estado, precisando a los operadores jurídicos.
Al efecto, señala el accionante, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la recomendación general 13/2006 sobre la práctica de verificaciones migratorias ilegales, ha descrito que en la integración de sus expedientes de queja, ha observado que en reiteradas ocasiones, los extranjeros que ingresan al territorio nacional o que se encuentran en tránsito dentro del mismo, son sujetos a actos de verificación de su situación jurídica migratoria por autoridades federales, estatales o municipales sin contar con facultades para ello y sin cumplir con las formalidades y procedimientos establecidos en la legislación aplicable.
• Entonces, la autoridad del Estado de Baja California, al verificar el cumplimiento de las obligaciones precisadas en el invocado artículo 21, queda imposibilitada para fundar su competencia, pues el nombre exacto se omite en el artículo que se impugna.
• Afectación al derecho humano a la intimidad. A su vez, el referido artículo 21 implica proporcionar datos personales, siendo que éstos se encuentran comprendidos en el ámbito de carácter personal e íntimo de las personas, sin señalar el uso y destino específicos que se le dará a esta información y tampoco prevé la protección de los datos proporcionados.
• Violación al derecho de protección contra injerencias arbitrarias o ilegales y detenciones arbitrarias. Por otra parte, el propio ordinal 21 autoriza y facilita las injerencias arbitrarias o ilegales detenciones en tanto no observa los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional.
• Derecho a la protección de datos personales. En oposición a los artículos 6o., apartado A, fracción II y 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal, los artículos 21, fracción II y 36 combatidos, establecen que las personas migrantes deben proporcionar datos personales que les sean solicitados por las autoridades en el ámbito de sus atribuciones.
Manifiesta que los artículos 23 y 24 de la citada ley, coartan el derecho humano a la igualdad y no discriminación, dado que disponen que sólo las personas mexicanas y extranjeras que acrediten tener un estatus migratorio regular podrán preservar la unidad familiar, así como adopciones para el mejoramiento de la calidad de vida en el Estado, lo cual condiciona y limita el goce de derechos a los extranjeros irregulares.
• Aunado a lo anterior, aduce la inconstitucionalidad del artículo 27, párrafo primero, de la ley analizada, en su porción normativa "que cuente con el permiso correspondiente de la autoridad migratoria". Dicho precepto impide de forma injustificada que las personas migrantes, independientemente de su calidad migratoria, accedan a una actividad productiva, lícita y remunerada que les permita tener una vida digna y satisfacer sus necesidades básicas, transgrediendo el principio de igualdad y no discriminación; además, invade el ámbito competencial del Congreso de la Unión para legislar sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general, dispuesto en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Federal.
El señalado artículo establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California promoverá el derecho al trabajo y empleo de los migrantes que cuenten con el permiso correspondiente de la autoridad migratoria, lo que genera incertidumbre jurídica con respecto a la población que no cuenta con dicha regularización y que por su estatus migratorio se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, lo que transgrede el derecho al trabajo.
• Finalmente arguye que los artículos 37 y 39 de la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California, transgreden los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, toda vez que pretenden normar un procedimiento ya previsto en el Capítulo Décimo Noveno de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, aunado a que lo regulan de forma deficiente, tal es el caso de que no plasman con claridad la intervención y potestades que a su favor ostenta la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y en su defecto, se privilegia la actuación del Instituto Nacional de Migración.
3. Admisión y trámite. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el Ministro presidente tuvo por presentada la demanda y la registró con el número de expediente 68/2021; asimismo, en el acto designó al Ministro Alberto Pérez Dayán como Ministro instructor del procedimiento.
4. Por acuerdo de veintinueve de abril de la misma anualidad, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad de mérito y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California a fin de que rindieran sus respectivos informes y les requirió a fin de que remitieran copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas y del Periódico Oficial donde se publicaron aquéllas, respectivamente; asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde y, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con la finalidad de que, en su caso, manifestara lo que a su esfera competencial convenga.
5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Baja California: Por escrito enviado electrónicamente, el tres de junio de dos mil veintiuno, en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eva Gricelda Rodríguez y María Luisa Villalobos Ávila, en su carácter de presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, contestaron la demanda de acción de inconstitucionalidad, en los siguientes términos:
• La demanda se presentó extemporáneamente, dado que el Decreto No. 183 se aprobó en sesión ordinaria de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, y no se promovió el medio de control constitucional en el plazo de treinta días.
• No existe invasión de competencias, dado que el Congreso de la Unión tiene la facultad de legislar en materia de migración respecto a la condición jurídica de las personas migrantes o inmigrantes; sin embargo, no limita a las entidades federativas a reconocer derechos humanos a las personas que circulan en la entidad, por lo cual la ley impugnada no vulnera el artículo 73, fracción XVI, de la Carta Magna.
• El Congreso Estatal es un órgano constitucionalmente facultado para emitir normas o decretos sin ser indispensable expresar la fundamentación y motivación de sus actos legislativos, dado que la Constitución Federal establece el procedimiento para elaborar leyes, y no impone la exigencia de explicar y fundamentar los motivos que cada uno de los órganos que intervinieron en ese proceso tuvieron para la creación, aprobación y expedición de la norma o decreto; por lo cual, la ley combatida no atenta contra los principios de legalidad y seguridad jurídica.
• Por otra parte, son varias las entidades federativas que han legislado en materia de migración, cuya finalidad es proteger los derechos humanos de las personas migrantes e inmigrantes.
• Las fracciones II y III del artículo 8 de la ley cuestionada no transgreden el principio de igualdad, dado que en la propia ley existe un respeto y reconocimiento de derechos humanos, estableciendo que tratándose de niños, niñas y adolescentes migrantes, la protección y respeto de los derechos humanos deberá ser preponderante para todas las autoridades del Estado y Municipios, ya sea cuando se encuentren acompañados o no, además de disponer que cuando requieran servicios para su protección, las autoridades estatales y municipales tendrán la obligación de ponerlos de manera inmediata, bajo la protección y custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. La finalidad de este ordenamiento es robustecer y ampliar la protección de los derechos de las personas migrantes, por lo que no se está excluyendo a las niñas, niños y adolescentes acompañados, toda vez que tratándose de personas migrantes en cualquier grupo vulnerable, la ley combatida las protegerá sin distinción alguna.
• Por ello se puede inferir de manera tácita que la intención del legislador fue proteger a todos los migrantes en situación de vulnerabilidad, como también podrían ser los niños, niñas y adolescentes acompañados.
• Además, en determinadas circunstancias pueden existir tratos diferenciados en razón de situaciones objetivas, concretas y particulares, por lo que la demandante debió establecer y precisar cuáles son las desigualdades que implican el trato diferenciado y discriminatorio.
• La creación del Ministerio Público en materia de migración no transgrede el Texto Constitucional, dado que no incide en la investigación de delitos del orden federal; se busca una coadyuvancia con la autoridad migratoria en la protección y defensa de los derechos de los migrantes. Además, la legislación vigente contempla que en los Presupuestos de Egresos del Estado y los Municipios, se deben incluir partidas presupuestarias encaminadas a implementar programas de atención a las personas migrantes.
• Por otra parte, los artículos 21 y 36 impugnados, no vulneran la Norma Fundamental, dado que los migrantes tendrán la obligación de proporcionar información cuando les sea requerida por la autoridad, siendo que ésta, contrario a lo que expone la demandante, sí se encuentra establecida en la ley, dado que se implementa el Registro Estatal de Migrantes, el cual estará a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, misma que tiene por objeto la inscripción de información por parte de migrantes con respecto a su nombre, procedencia, domicilio en su lugar de origen y en general, de todos aquellos datos que pudieran facilitar su ubicación o la de su familia. A su vez, la información es registrada en la base de datos de estadística y referencia que la autoridad migratoria recolecta; sólo sirve de fuente de consulta en la implementación de políticas públicas por lo que no menoscaba el derecho a la intimidad de protección de datos personales.
• El artículo 21, fracción II, de la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California, no vulnera el derecho a la protección contra injerencias y detenciones arbitrarias o ilegales, toda vez que el requerir información no implica una detención, aunado a que en la ley impugnada existe un capítulo de los Derechos y las Obligaciones de las Personas Migrantes, en el que se garantiza el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los Tratados y Convenios Internacionales, entre estos derechos se encuentra el recibir protección en caso de detención arbitraria, persecución y hostigamiento.
• El artículo 23 impugnado señala que tienen derecho a la preservación de la unidad familiar las y los mexicanos y extranjeros residentes temporales o permanentes, sin hacer distinción, contrario a lo aducido por la demandante al referir que sólo las personas mexicanas y extranjeras que acrediten tener un estatus migratorio regular podrán preservar la unidad familiar, por lo que se basa en una premisa falsa.
• La interpretación que realiza la promovente de los artículos 23 y 24 de la ley impugnada, es errónea, dado que no se menciona a los extranjeros irregulares; siendo extranjeros que residan en el Estado, sin importar su estatus, podrán ser afectos a derechos, pues se establece que todos tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna.
• A su vez, el artículo 27 cuestionado, es constitucional, dado que en todo empleo se busca contar con cierta documentación que sirva como antecedente, recomendación o asentamiento, para ser contratado, por lo que fue necesario por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado implementar un permiso que instituya el derecho a la seguridad social, sin embargo, el no contar con el permiso de trabajo, no impide al migrante tener derecho a un trabajo digno y remunerado.
• Los artículos 37 y 39, segundo párrafo, de la ley impugnada, no transgreden los derechos de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que el Congreso Estatal puede velar por la regulación legislativa para los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes que transitan por el Estado de Baja California; aunque corresponde al Congreso de la Unión legislar respecto a ese sector, éste asentará las bases para que las demás entidades federativas legislen en la materia, en los términos señalados por la norma general respectiva. Además, dentro de la ley cuestionada, se observa en todo momento el principio de interés superior de la niñez y los estándares internacionales en la materia. 6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. Mediante escrito depositado el uno de junio de dos mil veintiuno, en el Servicio Postal Mexicano, Amador Rodríguez Lozano, en su calidad de secretario general de Gobierno del Estado de Baja California, y en representación del Poder Ejecutivo Local, dio contestación a la demanda de acción de inconstitucionalidad, refiriendo, en esencia, que el Congreso Estatal respetó el ámbito de competencias del Congreso de la Unión, dado que solamente reguló la manera en que las autoridades estatales coadyuvarán con la autoridad migratoria, ejerciendo así su libertad configurativa y apegándose a lo establecido, sobre el tema, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
7. Es decir, si bien existe la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de migración, esto debe entenderse en cuanto a la situación jurídica de los migrantes e inmigrantes, pero no impide que una entidad federativa amplíe o reconozca derechos humanos a las personas que transitan por su respectivo territorio; en esa tesitura, el Congreso Local puede válidamente emitir normas generales relativas al fortalecimiento de los derechos humanos, tal como se hizo con la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California.
8. Cierre de la instrucción. En acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, una vez concluido el plazo de cinco días otorgado a las partes para formular sus alegatos, sin que se hubiesen presentado, ni pedimento presentado por la Fiscalía General de la República, el Ministro instructor ordenó el cierre de instrucción en la acción de inconstitucionalidad en la que se actúa, quedando en condiciones para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 1/2023,(3) toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
10. Del análisis integral de la demanda de invalidez, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California cuestiona la constitucionalidad de lo siguiente:
I. En forma genérica y, atento a una cuestión competencial, el Decreto No. 183 mediante el cual se aprobó la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, y
II. De manera concreta impugna el contenido de los artículos 8, fracciones II, en su porción normativa "no acompañados", y III,11, 21, 23, 24, 27 en su porción normativa "que cuenten con el permiso correspondiente de la autoridad migratoria", 36, 37, fracciones I, III, V y VII, y 39 de la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California, publicada mediante Decreto No. 183 en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.
III. OPORTUNIDAD
11. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
12. En este caso la acción es oportuna, toda vez que el decreto impugnado fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. En ese sentido, el término para la promoción de la demanda transcurrió del veinte de febrero de dos mil veintiuno al veintiuno de marzo de dos mil veintiuno. Por tanto, si el escrito respectivo fue presentado ante la Oficina de Correos de México de Tijuana, Baja California, el veinte de marzo de dos mil veintiuno, y toda vez que se advierte que su principal dirección de contacto se encuentra en esa ciudad, donde fue depositada la demanda. Por ello, a pesar de no haber sido depositada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino en una oficina de Correos de México en el lugar de residencia de la accionante, como admite la ley, su presentación es oportuna.
13. Lo anterior, dado que el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia,(4) el cual establece la posibilidad de que las partes puedan presentar sus escritos dentro de los plazos legales a través de las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo, y de la página oficial de la Comisión accionante se advierte que su principal dirección de contacto se encuentra en la ciudad de Tijuana, donde fue depositada la demanda.(5)
14. En esa lógica, debe desestimarse la causal de improcedencia que hizo valer el Congreso del Estado de Baja California al rendir su informe, relativa a que la demanda fue presentada de manera extemporánea y, por tanto, se está ante actos consentidos.
15. Pues como quedó evidenciado, la demanda sí se presentó en tiempo, debiéndose tomar para el cómputo del inicio del plazo previsto en el artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República, la fecha en la que fue publicado el Decreto impugnado y no –como lo pretende el Congreso del Estado de Baja California– la de la sesión en la cual fue aprobada la normativa impugnada por parte del órgano legislativo respectivo.
IV. LEGITIMACIÓN
16. La demanda fue promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, órgano facultado para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes expedidas por la Legislatura de dicha entidad federativa, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México sea Parte, en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución.(6)
17. Asimismo, el escrito respectivo fue signado por Miguel Ángel Mora Marrufo, en su carácter de presidente de la citada Comisión, lo cual acreditó con la copia certificada del nombramiento expedido por el Poder Legislativo del Estado de Baja California para el periodo comprendido del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve al diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés; y de conformidad con lo previsto en el artículo 16, fracción I, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, que otorga al presidente la representación legal del organismo garante en la entidad.
18. En consecuencia, al ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación en este medio de control constitucional.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
19. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento diverso al desestimado en el considerando III de la presente sentencia. Asimismo, este Pleno no advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que procede a realizar el estudio de fondo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
20. De los antecedentes narrados, se advierte que los problemas constitucionales que debe resolver esta Suprema Corte consisten en determinar si:
I. El decreto impugnado es violatorio del artículo 73, fracción XVI, de la Constitución General de la República, ya que viola la facultad exclusiva del Congreso para dictar leyes en materia de emigración e inmigración.
II. Los artículos 37, fracciones I, III, V y VII, y 39 de la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California, transgreden los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, toda vez que pretenden normar un procedimiento ya previsto en el capítulo décimo noveno de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
III. El artículo 11 de la ley impugnada es contrario al precepto 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución General de la República, relativo a la facultad del Congreso de la Unión, para expedir leyes que delimiten los delitos federales; así como el diverso 21 del mismo ordenamiento en relación con la estructura de organización del Ministerio Público.
IV. Los artículos 8, fracción II, 23, 24 y 27 de la ley combatida son contrarios al principio de igualdad y no discriminación.
V. Los artículos 21 y 36 de la ley impugnada transgreden los principios de seguridad jurídica, derecho a la protección contra las injerencias y detenciones arbitrarias, así como la protección de los datos personales.
21. VI.1. Facultad exclusiva del Congreso de la Unión para dictar leyes sobre emigración e inmigración. La Comisión accionante sostiene en su primer concepto de invalidez que la Ley para la Atención, Protección de los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32020-6d5402ce/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-estatal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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