COMPETENCIA POR MATERIA. CORRESPONDE AL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMAN LA OMISIÓN LEGISLATIVA DE CUMPLIR EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, ASÍ COMO LA ORDEN DE CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 23/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL NOVENO, EL CUARTO Y EL PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE JULIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIA: MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ CARRILLO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión celebrada el día diez de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios 23/2024, referente a los sustentados por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en la propia materia y circuito, y el Primer Tribunal Colegiado —también— en Materia Civil del Primer Circuito.
RESULTANDOS
PRIMERO. Denuncia de la contradicción y radicación ante el extinto Pleno Regional. Mediante oficio proveniente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, presentado —vía correo electrónico— el veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, ante el entonces Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, se denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el órgano oficiante [recursos de queja 241/2023 y 313/2023], el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [recurso de queja 250/2023] y el Primer Tribunal Colegiado en la propia materia y circuito [recurso de queja 244/2023].
SEGUNDO. Trámite de la denuncia. El asunto se radicó en el referido Pleno Regional, con el número de contradicción 118/2023 y, mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite. Asimismo, se requirió a los tribunales contendientes que rindieran informe en relación con la subsistencia de los criterios denunciados; y, se solicitó de la Dirección General de la Coordinación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si ante ese Alto Tribunal se encontraba radicada alguna contradicción de criterios, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente:
“COMPETENCIA POR MATERIA. AMPARO INDIRECTO. EN EL CASO DE QUE SE RECLAMEN ENTRE OTROS ACTOS DE OMISIÓN, CUMPLIR CON LA LEY DE INDUSTRIA ELÉCTRICA CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE CONOCER DEL CASO, SI UN JUZGADO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL O ADMINISTRATIVA.”
TERCERO. Cambio de denominación y competencia del Pleno Regional. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, mediante el su cual se determinó, a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, el cambio de denominación del entonces Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, a Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, su semiespecialización y su competencia.
Asimismo, el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó también en el Diario Oficial de la Federación, el diverso Acuerdo General 39/2023 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que —entre otros aspectos— determinó la conclusión de funciones, a las veinticuatro horas del quince de enero de dos mil veinticuatro, del entonces Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco; y, que los asuntos pendientes de resolución fueran remitidos al Pleno Regional relativo, atendiendo a la Región y a la materia correspondiente.
CUARTO. Remisión. En cumplimiento a lo anterior, se remitieron a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, los asuntos del extinto Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, pendientes de resolución y, entre ellos, el expediente relativo a la denuncia de contradicción de criterios citada a supra líneas.
QUINTO. Radicación y trámite ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Una vez reflejada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la migración llevada a cabo por parte de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los asuntos pendientes de resolver, del índice del extinto Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, mediante acuerdo de Presidencia de veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento la nueva denominación, competencia e integración de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México; de igual forma, en el propio auto se ordenó formar y registrar el expediente de contradicción, al que correspondió el número 23/2024 y se admitió a trámite la respectiva denuncia.
En ese mismo proveído se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado; además, tomando en consideración el tiempo transcurrido entre la integración del expediente de origen y el relativo a la recepción del mismo, se solicitó a los tribunales contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Asimismo, en el proveído de mérito se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios, radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el antes precisado.
SEXTO. Vigencia de los criterios denunciados. Mediante acuerdos de treinta y uno de enero y ocho de abril, todos de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibidos los informes de los tribunales contendientes, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios materia de la denuncia de contradicción se encuentran vigentes.
SÉPTIMO. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio con el que el titular de la aludida Dirección General hizo del conocimiento el diverso informe del Secretario General de Acuerdos del Alto Tribunal, en el sentido de que durante los últimos seis meses, no se radicó en ese Máximo Tribunal contradicción de criterios vinculada con el tema consultado.
OCTAVO. Confirmación de turno. Integrado el expediente, en auto de ocho de abril de dos mil veinticuatro se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 1/2024, del propio Pleno, aprobado en sesión de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro]; en relación con el artículo 1, fracción II, punto 2, y el artículo 2, estos del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado a través de Acuerdo General 38/2023, del mismo Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés].
Ello en virtud de que la contradicción incide en un tema procedimental del juicio de amparo [competencia por materia del juez de Distrito] y se suscitó entre tribunales colegiados especializados en materia civil, pertenecientes —todos— al Primer Circuito, de ahí que se comprenden en las materias y territorio asignados a este Pleno.
Así se desprende del texto del invocado Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en lo conducente establece:
“Artículo 8. Circuitos que comprende la Región Centro-Sur. La Región Centro-Sur comprende los Circuitos Primero, respecto de las materias civil y de trabajo; Tercero; Sexto; Séptimo; Décimo; Décimo Primero; Décimo Tercero; Décimo Cuarto; Décimo Octavo; Vigésimo; Vigésimo Primero; Vigésimo Séptimo; Vigésimo Noveno; Trigésimo Primero; y Trigésimo Segundo.
REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 38/2023, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 27/12/2023.
Artículo 9. Número y especialización de los Plenos Regionales. En cada Región habrá dos Plenos Regionales semiespecializados: uno en materias penal y de trabajo, y uno en materias administrativa y civil.
...
Artículo 14. Competencia en contradicciones de criterios. Conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 42, fracciones I y II de la Ley Orgánica; 226 y 227 de la Ley de Amparo y demás normas aplicables, los Plenos Regionales tienen competencia para:
REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 1/2024, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 29/02/2024.
I. Resolver las contradicciones de criterios que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito que pertenezcan a la misma región.
Tratándose de contradicciones de criterios en materia común, sustentadas entre órganos jurisdiccionales de distinta especialización, corresponderá conocer de la contradicción al Pleno Regional que ejerza jurisdicción por territorio y por materia sobre el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió el primero de los criterios en contienda; y ...”
Por lo que, como se anticipó, este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, tiene competencia para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios.
SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitima, al haberse formulado por los Magistrados que integran el Tribunal Colegiado que resolvió los recursos de queja 241/2023 y 313/2023, en los que se plasman algunos de los criterios contendientes en el presente asunto.
TERCERO. Criterios denunciados. A continuación se precisan, en lo relevante, los asuntos denunciados como probables contendientes.
• Elementos que confluyen en todos los asuntos.
• A través de escritos presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, cuatro personas físicas promovieron —en lo individual— demandas de amparo indirecto en las que sustancialmente coincidieron al señalar como autoridades responsables y actos reclamados siguientes:
“III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES Y SUS DOMICILIOS:
1. Secretaría de Energía... En su calidad de autoridad ejecutora y ordenadora;
2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público... En su calidad de autoridad ejecutora y ordenadora;
3. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social... En su calidad de autoridad ejecutora y ordenadora;
4. Comisión Reguladora de Energía... En su calidad de autoridad ejecutora y ordenadora;
5. Secretaría de Bienestar de México... En su calidad de autoridad ejecutora y ordenadora;
6. Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos... En su calidad de autoridad ejecutora y ordenadora;
IV. ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA:
De la Secretaría de Energía; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Bienestar de México (antes Secretaría de Desarrollo Social); Comisión Reguladora de Energía; y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social RECLAMO:
• La omisión legislativa de dar cumplimiento al artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual consistente [sic] en la omisión de instrumentar programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad ...
De la Empresa Productiva Subsidiara CFE Suministrador de Servicios Básicos, RECLAMO:
• La orden de realizar el recorte del suministro de energía eléctrica en mi hogar, por el adeudo de $... que existe por el suministro de energía eléctrica, en el servicio..., mismo que pertenece a la que suscribe. El cual de llevarse a cabo violentaría mis derechos humanos;
• La omisión de garantizar un consumo mínimo y necesario de suministro de energía eléctrica en mi hogar.”
• Los antecedentes narrados en las demandas de amparo son coincidentes en cuanto señalan:
“MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POSTERIORMENTE EXPUESTOS:
1. Desde el año de ..., la que suscribe la presente demanda de amparo, se encuentra viviendo en ...;
2. En el mismo año de ..., la que suscribe la presente demanda, realizó los trámites correspondientes para la tramitación e instalación de un servicio de energía eléctrica ... en el domicilio ubicado en ... con Luz y Fuerza;
3. ... Por lo cual soy en [sic] estado de vulnerabilidad por ser una persona de la tercera edad...
4. Desde el ... me percaté que los costos de mi recibo de luz aumentaron, por lo cual se me complicó realizar el pago total del suministro de energía, por lo cual actualmente existe un adeudo de $... con la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, además de manifestar que mi única fuente de ingresos es la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores;
5. El pasado cuatro de mayo de dos mil veintitrés, acudí a las instalaciones de Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, para poder resolver mi situación, buscando la posibilidad de que se me aplicara una tarifa especial por mi situación de vulnerabilidad, sin embargo, me comentaron que Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos no tenía la obligación de dar tarifas especiales a personas en mi situación (estado de vulnerabilidad) y tenía que pagar el adeudo que tenía o sino iban a cortar el suministro de energía en mi hogar;
6. La razón de solicitar una tarifa especial es que, debido a mi edad y situación médica, se me dificulta pagar la tarifa 2, la cual es la tarifa que pagan todas las personas y la cual se me hace una tarifa de alto costo. Además, que necesito tener el suministro de energía eléctrica en mi hogar para enfriar los alimentos; mantener mi iluminación; calefacción necesaria; acceso a la información, es decir, poder contar con los estándares básicos de una vivienda digna;
7. Al recibir la negativa de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos respecto de la tarifa especial, realicé un estudio profundo de la Ley de la Industria Eléctrica, en donde el cinco de mayo de dos mil veintitrés, encontré que en su artículo 116, se señala lo siguiente:
Artículo 116.- La Secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país, en congruencia con la política energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las Energías Limpias.
Para los efectos anteriores, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad.
La CRE y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberán prestar el apoyo técnico que se requiera para los fines del presente artículo.
8. Al enterarme de quiénes eran responsables de ver el tema de una tarifa especial para personas en estado de vulnerabilidad, acudí el ocho de mayo de dos mil veintitrés a las oficinas de la Secretaría de Energía; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Comisión Reguladora de Energía; y Secretaría de Bienestar de México (antes Secretaría de Desarrollo Social), el pasado nueve de mayo de dos mil veintitrés; sin embargo, todas las autoridades me manifestaron que no existía el artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica y por consecuencia no tenían la obligación que les señalé;
9. El diez de mayo de dos mil veintitrés, me encontraba en mi hogar, cuando me percaté que dos personas se encontraban revisando el medidor y cuando les preguntamos si se les ofrecía algo, manifestaron que sabían del adeudo que teníamos con la Comisión Federal de Electricidad. Por lo cual preguntamos si ellos trabajaban para la Comisión Federal de Electricidad, y estos manifestaron ser trabajadores de Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos y que tenían la orden de realizar el corte de suministro de energía, por el adeudo que tenía, por lo cual expliqué mi situación y que andaba buscando la forma de poder pagar el adeudo con la solicitud de la creación de una tarifa especial, por lo cual me manifestaron que tenía dos semanas para pagar, de lo contraria [sic] mi suministro de energía;
10. Al tener esta respuesta me di a la tarea de buscar asesoría legal al respecto, la cual me están proporcionando de manera gratuita y altruista, por mi situación de vulnerabilidad y porque no tengo para pagar a un despacho jurídico;
11. En atención de lo anterior, es que vengo a promover el presente juicio de amparo indirecto en donde el objetivo principal de éste es debido a la omisión legislativa de dar cumplimiento al artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica y lo cual tiene como consecuencia no contar con un programa de apoyo que tenga como objeto coadyuvar con el suministro de energía adecuado y oportuno, a precios asequibles para usuarios del suministro de energía eléctrica en condiciones de vulnerabilidad por parte de las autoridades responsables que se señalaron en el presente escrito y con ello poder realizar el pago de mi suministro de energía eléctrica y que no se lleve el recorte de energía eléctrica, el cual de llevarse a cabo, violenta diversos derechos humanos; 12. Una vez que sea aplicado el artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, esta tarifa especial pueda [sic] ser aplicada de manera consecuente en mi servicio de energía eléctrica ... y de manera retroactiva en mi deuda con la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos y poder pagar. ....”
• Las demandas de amparo se turnaron a distintos Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyos titulares declararon carecer de competencia —por materia— para conocer del respectivo asunto y por ende, ordenaron remitir la demanda correspondiente, al Juez de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, en turno, a quien estimaron competente para resolver la controversia planteada.
• Así, las demandas se turnaron a la Jueza Décimo Tercera de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien aceptó la competencia declinada y admitió a trámite las demandas, radicándolas de forma individual, con el número de expediente relativo.
• Disconformes con lo anterior, los respectivos quejosos interpusieron sendos recursos de queja, los cuales dieron lugar a los tocas en los que se emitieron los criterios aquí contendientes y que se precisan enseguida.
A. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Quejas 241/2023 y 313/2023, resueltas —ambas, por unanimidad de votos— el treinta y uno de agosto y diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, respectivamente, en el sentido de:
• Declarar fundados los recursos interpuestos;
• Dejar sin efectos el auto impugnado; y,
• Ordenar a la Jueza de Distrito en Materia Civil declararse incompetente para conocer del asunto y remitirlo al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa para que proveyera al respecto.
Entre los motivos que sustentaron esa decisión, se encuentran los siguientes.
• Queja 241/2023
“...CUARTO...
De los antecedentes que informan la presente ejecutoria se desprende que la quejosa señaló como actos reclamados: 1) la omisión legislativa de dar cumplimiento al artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual consiste en la omisión de instrumentar programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de usuarios del suministro básico en condiciones económicas de vulnerabilidad y que sea aplicada en mi adeudo con la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, y 2) la orden de realizar el recorte del suministro de energía eléctrica en su hogar.
Por otra parte, es menester destacar que tanto en el capítulo de antecedentes, narrados bajo protesta de decir verdad, como en el relativo a los conceptos de violación, la quejosa hace valer argumentos que ponen de manifiesto que su inconformidad toral estriba en que las autoridades responsables no han emitido las normas, reglamentos, políticas públicas y/o programas de apoyo focalizados para proporcionar el suministro de energía eléctrica a precios asequibles en comunidades rurales y zonas conurbadas marginadas, para grupos en condiciones económicas de vulnerabilidad, previsto en el artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica.
La quejosa hace valer que tales omisiones, ocasionaron que, ante el aumento en el costo del suministro de energía eléctrica reflejado en sus recibos de pago, se viera imposibilitada para efectuar el pago completo del servicio, de lo que derivó la generación de su adeudo y, como consecuencia, la orden de corte de dicho suministro.
También alega que las citadas omisiones legislativas se traducen en una violación al derecho de igualdad, al principio de proporcionalidad y equidad, consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al derecho a la vivienda digna y al mínimo vital.
Todo lo anterior bajo la premisa de que la quejosa pertenece a un grupo vulnerable, por ser una persona de la tercera edad, de escasos recursos y con problemas de salud.
La edificación de la demanda de amparo sobre esas premisas y la inexistencia de conceptos de violación específicos referidos a la orden de corte de suministro de energía eléctrica, revelan, sin lugar a dudas, que este acto, atribuido a la Empresa Productiva Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, no se reclamó por vicios propios, sino como una consecuencia de la falta de instrumentación de los programas de apoyo a que ya se ha hecho referencia.
Esta causa de pedir se reitera en los agravios que se analizan, donde la recurrente insiste en que la orden de corte de suministro del servicio de energía eléctrica no lo reclama en función de lo pactado en el contrato relativo celebrado con la empresa productiva del Estado, sino por la violación a los derechos sustantivos que traería aparejada la ejecución de ese acto.
Luego, aun cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló en la jurisprudencia 61/2021 (11a.), de rubro: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA, QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO POR ESTIMAR QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS AFINES AL CONTRATO DE SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL.’, en el sentido de que la competencia para resolver sobre los actos reclamados afines al contrato de suministro básico de energía eléctrica, cuando a la Comisión Federal de Electricidad se le atribuye el carácter de autoridad responsable, recae en un tribunal con competencia en materia civil; lo cierto es que este tribunal colegiado determina que en el caso concreto no cobra aplicación dicha tesis jurisprudencial, pues el acto consistente en la orden de corte de suministro del servicio de energía eléctrica no se está sometiendo a la potestad del Juez de Distrito como un aspecto inherente a la relación comercial surgida entre las partes por la celebración del contrato de suministro, sino, se insiste, como una consecuencia derivada de la omisión de implementar los programas de apoyo a que se refiere el artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica.
En ese orden de ideas, no era dable jurídicamente que la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Civil aceptara la competencia legal para conocer de la demanda de amparo, pues con tal proceder dividió la continencia de la causa de la demanda de amparo, con lo cual se desnaturaliza la causa de pedir de la quejosa, que, se reitera, sujeta la legalidad de esa orden de corte de suministro al acto negativo preponderante, consistente en la omisión legislativa a que se ha hecho referencia.
Dicho de otra manera, en el caso particular, la orden de corte de suministro de energía eléctrica no puede válidamente estudiarse sin atender primeramente al aspecto de la omisión impugnada.
De ahí que corresponde al Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México conocer de la demanda de amparo, por no poder ser separada la continencia de la causa.
Consecuentemente, procede declarar fundado el recurso de queja...”
• Queja 313/2023
"...CUARTO...
Esos agravios son sustancialmente fundados.
...como lo afirma la recurrente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció respecto a la competencia por especialización, para conocer de los actos derivados del servicio de suministro de energía eléctrica atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad.
Así lo sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 35/2018 (10a.) consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, tomo I, página 497, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo:
‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS JUECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SON COMPETENTES PARA CONOCER Y DECIDIR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA SUS ACTOS. [la transcribe]’.
De la ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia, se destaca: [lo transcribe]
En términos de la citada jurisprudencia y la ejecutoria que le dio origen, se obtiene de manera concreta:
1. Es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclamen actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica, por lo que aquél es improcedente, sin desconocer la posibilidad de que se le atribuyan violaciones a derechos humanos.
2. Del artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada [que en la ley actual corresponde al artículo 57, fracción IV], se advierte una competencia residual de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa para conocer de los asuntos de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta a la judicial, excepto los que provengan de procedimientos de extradición y cuando se reclamen normas generales en materia penal, por lo que se surte la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos en que se atribuya a la Comisión Federal de Electricidad el título de autoridad o equiparable a ello por no tener carácter de judicial, ni ubicarse en las citadas excepciones.
3. Deben ser los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, en casos de especialización, los que conozcan del amparo indirecto interpuesto contra actos de la Comisión Federal de Electricidad relativos al suministro de energía eléctrica, debido a que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación los faculta al efecto, al concentrar en su ámbito competencial las impugnaciones que se estimen como actos de autoridad distinta a la judicial, con algunas salvedades, en las que no se ubica la empresa prod
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33040-f834ce9d/competencia-por-materia-corresponde-al-juzgado-de-distrito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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