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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR TERRITORIO EN AMPARO INDIRECTO CONTRA MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL, CUANDO NO HAY CERTEZA DE UN ACTO MATERIAL DE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUZGADO DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE DEBA REQUERIRSE DE PAGO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 194/2024. · Registro digital (IUS): 33082
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-03-28
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, Y SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Marzo de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.610.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 194/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, Y SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 29 DE ENERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIA: TANIA PAMELA CAMPOS MEDINA.

Ciudad de México, veintinueve de enero de dos mil veinticinco.

El PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO resuelve la contradicción de criterios señalada al rubro, conforme a lo que en lo sucesivo se expone.

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Denuncia. El pleno del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el referido órgano en el conflicto competencial 32/2023 y el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO al resolver el conflicto competencial 1/2020.

SEGUNDO. Trámite. El entonces PLENO REGIONAL EN MATERIA DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO recibió la denuncia, la admitió y registró con el número 158/2024, asimismo, ordenó el trámite conducente.

Posteriormente, mediante ACUERDO GENERAL 38/2023 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, el referido PLENO REGIONAL EN MATERIA DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR pasó a ser el PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, y dada su nueva integración returnó el asunto, así el veintidós de marzo de dos mil veinticuatro emitió sentencia en la que se declaró legalmente incompetente y la envió a este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

La Presidencia de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 194/2024, aceptó la competencia declinada y lo admitió a trámite sin requerir informes a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron, ni a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN toda vez que de la resolución emitida por el PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR se advertía que ya obraba esa información, y únicamente se solicitó la vinculación electrónica de sus expedientes; asimismo, lo turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de trece de agosto de dos mil veinticuatro.

TERCERO. Amicus Curiae. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.

La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Competencia.

En términos del artículo séptimo transitorio de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN abrogada, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, éste reformado por el ACUERDO GENERAL 1/2024, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 67/2022, QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES en su artículo 14, fracción I, párrafo segundo; y artículo 2 del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3. Lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por dos tribunales colegiados integrantes de la Región Centro-Sur y deriva de juicios de naturaleza común.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por parte legítima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, puesto que se formuló por los magistrados integrantes del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, como se advierte de la denuncia de esta contradicción.

TERCERO. Existencia de la contradicción de criterios.

Conforme al razonamiento fundamental extraído de los supuestos previstos en la jurisprudencia P./J. 72/2010(1) sustentada por el PLENO DEL ALTO TRIBUNAL, una contradicción de criterios se actualiza cuando los órganos contendientes sostengan discernimientos jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, siempre que hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegado a conclusiones encontradas respecto de la solución de la controversia planteada.

Luego, existen criterios divergentes cuando al menos un tramo del razonamiento efectuado o la interpretación ejercida en las respectivas decisiones adoptadas por cada órgano gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, de modo que confluyan en un mismo punto de derecho y ello pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina sobre cuál sería la forma legalmente posible y preferente de resolver tal cuestión jurídica.

Lo anterior también se sustenta en las jurisprudencias 1a./J.22/2010(2) de la PRIMERA SALA y 2a./J. 163/2011(3) de la SEGUNDA SALA DEL ALTO TRIBUNAL de rubros: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA” y “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO.”

En el caso, los dos tribunales colegiados de circuito emitieron respuestas antagónicas respecto de las mismas cuestiones jurídicas.

En efecto, ambos tribunales se enfrentaron a la cuestión de determinar la competencia por territorio en términos del artículo 37 de la LEY DE AMPARO, del juzgado de distrito ante el cual se reclama la imposición de una multa por parte de autoridad jurisdiccional y su eventual ejecución por parte de la autoridad exactora. Uno de los tribunales determinó que al tener ejecución en diversos lugares se actualizaba el supuesto del segundo párrafo de dicho precepto, mientras el otro tribunal sostuvo que la ejecución sólo ocurría en donde se habría de efectuar el cobro de la multa y entonces se trataba de la hipótesis del primer párrafo de ese artículo. A continuación, se expone lo sustancial de ambos criterios.

El PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO al resolver el conflicto competencial 1/2020 sostuvo, esencialmente, que:

- El artículo 107, fracción VII, de la CONSTITUCIÓN y el artículo 37 de la LEY DE AMPARO priorizan la ejecución del acto reclamado como criterio de competencia, destacando su relevancia para facilitar el acceso al amparo y la defensa efectiva de derechos fundamentales. Esto facilita la defensa de quien promueve al permitirle presentar el amparo ante la autoridad judicial de la jurisdicción donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, optimizando la obtención y valoración de pruebas tanto para las partes como para la autoridad judicial de amparo.

- Ha sido criterio de la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE que, en actos que requieren ejecución material, como multas, la competencia territorial para el amparo indirecto depende de la jurisdicción de la autoridad ejecutora y no puede determinarse sólo en función del domicilio de quien promueve, y pueden tener domicilios en diversos lugares.

- De lo dispuesto en al artículo 37 de la LEY DE AMPARO, se advierte que existen dos tipos de resoluciones: 1) las que no requieren ejecución material para quedar cumplimentadas y 2) las que sí la necesitan.

Tal artículo prioriza criterios funcionales para determinar la competencia territorial destacando la ejecución del acto y la residencia de la autoridad responsable, con el objetivo de garantizar eficacia, prontitud y cercanía en el cumplimiento de las sentencias.

La ejecución del acto no se agota con el propio acto reclamado (orden, mandato o prohibición), sino que también abarca los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico.

- En el caso los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables ordenadora y ejecutoras son: de la primera, la imposición de una multa; y a las restantes, la pretendida ejecución de dicha sanción pecuniaria.

El acto reclamado a la autoridad judicial ordenadora tiene ejecución material que corresponde desplegar a una de las ejecutoras en cuya residencia inicia o existen principios de ejecución de ese acto, pues ante la orden dada por el tribunal ordenador, esa autoridad ejecutora, para efectuar el cobro de la multa respectiva, realizará lo procedente para cumplir el mandamiento en términos de su competencia y jurisdicción.

Y si bien tal ejecución tendrá lugar en el domicilio de esa autoridad ejecutora, continuará su materialización en donde se entiende que las promoventes se desempeñan como funcionarios públicos municipales, que en el caso es una jurisdicción distinta al lugar donde se encuentra la autoridad responsable que ejecutará el acto.

Luego, el acto de ejecución de la multa inició en la jurisdicción correspondiente al domicilio de la autoridad ejecutora, independientemente de que sus efectos materiales se extiendan a la localidad del domicilio de los promoventes. Por lo que se trata de un acto cuya ejecución inicia en un distrito judicial y se sigue ejecutando hasta finalizar en otro, pues la ejecutora realizará los trámites para colmar la orden, cuyo procedimiento coactivo repercute materialmente en el municipio donde los promoventes son servidores públicos.

- En consecuencia, se trata de la regla que dispone el segundo párrafo del artículo 37 de la LEY DE AMPARO en cuanto establece que la competencia del juez de distrito se establece en razón de que el acto reclamado haya empezado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, por lo que tendrá competencia legal el juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo en tanto tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades donde se pretenda ejecutar o ejecute la multa, puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo. De lo contrario se obligaría al particular a controvertir el acto ante cada juez de distrito donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. Y por ello en este caso, no se actualiza el supuesto del primer párrafo del artículo 37.

- Estimó aplicable la jurisprudencia 2a./J. 2/95 de la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, de rubro: “COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO.” Así como la tesis aislada XXVII.3o.13 K de rubro “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).”

- Precisó que la información derivada de la demanda era suficientemente clara en torno a dónde y quien pretendía ejecutar la materia del amparo. Así concluyó que correspondía conocer del asunto al juzgado que previno (la demanda fue recibida, en un inicio, en el juzgado de distrito con jurisdicción en el lugar de domicilio de la autoridad ejecutora) y ordenó remitirle los autos del juicio.

- Aclaró que todo lo anterior sin perjuicio de que, una vez recibidos los informes justificados, y conocedor el juez federal de la certeza o negativa en los actos que se les atribuyen a las autoridades responsables, pueda pronunciarse sobre la competencia para resolver el juicio de amparo.

El SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO al resolver el conflicto competencial 32/2023 resolvió en forma contraria el criterio narrado con anterioridad, al sostener, esencialmente, que:

- El artículo 107, fracción VII, CONSTITUCIONAL y el artículo 37 de la LEY DE AMPARO vinculan la competencia territorial del juez de distrito con la ejecución material del acto reclamado, estableciendo un procedimiento ágil que facilita el acceso a la justicia y define las hipótesis para determinar dicha competencia.

- La “ejecución material” a que se refiere el artículo 37 de la LEY DE AMPARO define la competencia territorial y se refiere a que, el acto reclamado -más allá de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo- requiera efectuar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí o porque sus efectos conlleven a esa situación.

Lo esencial es determinar si el acto reclamado requiere ejecución material y, en ese caso, en qué lugar ocurre, ocurrirá u ocurrió, ya sea en una o varias jurisdicciones, distinguiendo entre actos ejecutados dentro de un distrito o en dos distritos diferentes según las reglas del artículo 37 de la LEY DE AMPARO. Invocó la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.) de rubro: “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO.”

Así, el factor de competencia que vincula a conocer del juicio es el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado y no el lugar donde se emitió ni los trámites previos.

- Lo anterior permite a la parte promovente contar con mejores medios y posibilidades de defensa, pues le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que considere pertinentes, y al juez de distrito para recabarlas con la eficacia debida.

- En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los promoventes (servidores públicos municipales) señalaron como acto reclamado el acuerdo judicial mediante el cual se les hizo efectiva una multa y se ordenó girar oficio a la ejecutora para que realizara el cobro. (A las autoridades ejecutoras, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y SUBSECRETARIO DE INGRESOS, AMBOS DEL ESTADO DE GUERRERO, se reclamaron todas las gestiones tendientes a la ejecución del cobro a los promoventes para el pago de la multa)

Entonces, el acto reclamado tiene efectos positivos con ejecución material, con independencia del lugar en que se dictó, dado el consecuente cobro que la autoridad ejecutora haría de la multa con el requerimiento de pago y embargo que se tendría que realizar en la ciudad donde los promoventes prestaban su servicio, y ese era el factor para generar la competencia.

- Aclaró que aunque la autoridad ordenadora tuviera residencia en una ciudad distinta a la de la referida ejecución, ello no implicaba que el acto hubiera comenzado a ejecutarse en esa ciudad -de residencia de la ordenadora-, pues la orden en sí misma, más que ser el inicio de la ejecución, era la causa que daría inicio al procedimiento coactivo para su cobro y que habría de materializarse en la diligencia correspondiente en la ciudad donde los promoventes prestaban su servicio público perteneciente a distinta jurisdicción distrital, por lo que esta última diligencia era la que materializaría la ejecución de la multa.

Y no es el caso que pudiera tener ejecución en más de un Distrito porque hubiera comenzado a ejecutarse en la ciudad de residencia de la ordenadora aunque haya sido ahí donde se dictó el acuerdo reclamado, sino que lo relevante es que la materialización de la ejecución ocurriría en la ciudad en que laboraban los promoventes.

Por tanto, resultó competente el juez de distrito que ejercía jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado tendría ejecución material.

De la narrativa anterior se desprende la actualización de la contradicción de criterios entre ambos tribunales porque en sus respectivas ejecutorias abordaron y resolvieron de modo contrario un problema común relacionado con la determinación de competencia territorial de la autoridad judicial de distrito en casos en los que en amparo indirecto se reclama una multa impuesta por autoridad jurisdiccional que será ejecutada por una autoridad exactora.

Aunque ambos tribunales coincidieron en que la competencia territorial debe basarse en la ejecución material del acto reclamado, uno de ellos determinó que se actualizaba el segundo párrafo del artículo 37 de la LEY DE AMPARO, al considerar que la ejecución material iniciaría en el distrito del domicilio de la ejecutora y continuaría en el domicilio donde laboran los promoventes, siendo competente el juez que previno. El otro tribunal, en cambio, aplicó el primer párrafo del artículo en tanto la ejecución sólo se materializaría con la diligencia de cobro en el domicilio de los promoventes, declarando competente al juzgado de distrito de ese lugar.

De ahí que se estime la existencia de la contradicción porque ambos tribunales analizaron hipótesis jurídicas esencialmente iguales, relativas a la determinación de la competencia territorial conforme al artículo 37 de la LEY DE AMPARO en casos de multas impuestas por autoridades jurisdiccionales y su ejecución material. Sin embargo, llegaron a conclusiones opuestas sobre si aplica el primer o segundo párrafo del referido artículo, dependiendo de si la ejecución ocurre exclusivamente en un distrito o en varios.

En este contexto, surge la interrogante sobre cuál interpretación debe prevalecer para garantizar la uniformidad jurisprudencial y definir si ¿La competencia territorial en amparos en los que se reclamen multas y su ejecución debe determinarse bajo el primer párrafo del artículo 37 de la LEY DE AMPARO, considerando únicamente el lugar donde se materializará el cobro, o bajo el segundo párrafo, tomando en cuenta una ejecución que se extiende entre la jurisdicción de la autoridad ejecutora y la del domicilio de la parte deudora promovente?

No pasa inadvertido que previamente este PLENO REGIONAL resolvió la diversa contradicción de criterios 97/2024 determinando que, en casos en los que el amparo promovido contra una multa impuesta como medida de apremio por un tribunal administrativo no incluye el señalamiento de autoridades ejecutoras, la competencia territorial corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde la parte promovente deba ser requerida de pago. Y si bien se trata de un tema sumamente relacionado con el que aquí se plantea, la distinción radica en que en los asuntos de origen de la presente contradicción sí se señalaron autoridades ejecutoras, aspecto que fue objeto de precisión en aquella contradicción de criterios previa, lo que permite concluir que, aunque se trata de una cuestión similar, existe un matiz diferente que justifica el análisis de fondo que ahora se plantea.

Y si bien en el criterio anterior se abordaron multas impuestas como medida de apremio por un Tribunal de Justicia Administrativa, y en este caso se analizan situaciones derivadas de una multa impuesta por un tribunal administrativo y otra por un tribunal contencioso laboral, ello no constituye un obstáculo para configurar la existencia de esta contradicción de criterios. El aspecto jurídico en análisis trasciende la naturaleza específica del tribunal emisor al centrarse en la competencia territorial para conocer del juicio de amparo, aspecto de materia común regido por el artículo 37 de la LEY DE AMPARO y el artículo 107, fracción VII, de la CONSTITUCIÓN. Por tanto, la contradicción se verifica en la interpretación de las reglas de competencia territorial aplicables, independientemente del ámbito jurisdiccional del tribunal que impuso la multa.

CUARTO. Estudio de fondo.

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se expone y razona a continuación.

El marco normativo establecido por el artículo 107, fracción VII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y el artículo 37 de la LEY DE AMPARO regula de manera integral la competencia territorial de los jueces de distrito en materia de amparo, bajo principios que buscan garantizar el acceso efectivo a la justicia constitucional. Tales preceptos disponen:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS

Co

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

(...)

VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;

(...)

Ley de Amparo

Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.

Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

Como se ve, la CONSTITUCIÓN dispone que el juicio de amparo contra actos u omisiones de autoridad administrativa, normas generales o actos procesales, se interpondrá ante la autoridad judicial con jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, atendiendo al vínculo entre la ejecución del acto y la esfera jurídica de quien promueve el amparo.

Por su parte, el artículo 37 de la LEY DE AMPARO detalla esta regla general, desdoblándola en tres hipótesis que determinan la competencia territorial según la naturaleza y ejecución del acto reclamado: i) si el acto requiere ejecución material, es competente el juez del lugar donde deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; ii) si la ejecución abarca más de un distrito judicial, la competencia se surte a prevención, favoreciendo al juez ante el que se presente la demanda; y iii) si el acto no requiere ejecución material, será competente el juez de la jurisdicción en que se presente la demanda.

Esta regulación busca asegurar que el juicio de amparo se desarrolle de manera ágil y eficaz, vinculando la competencia territorial al lugar donde el acto reclamado impacta directamente a la parte promovente, ya sea por su ejecución material o por sus efectos jurídicos.

Al resolver la contradicción de criterios 97/2024 (sesión de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro), este PLENO REGIONAL analizó el referido precepto legal y sostuvo que:

- Alude a la “ejecución material” como criterio único para asignar competencia por territorio respecto de actos no declarativos.

- La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE estableció (al resolver contradicción de tesis 343/2019) que "... la citada expresión (ejecución material) debe entenderse que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico ...".

- Citó como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.) de rubro: “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO.”.

- Lo que distingue las dos primeras hipótesis a) y b) de la tercera c), del artículo 37 de la LEY DE AMPARO, es que en la última el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; y la diferencia entre las primeras no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Se invocó la tesis 3a. XLIX/93 [que interpretó el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, pero que continúa vigente en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo vigente] de rubro “COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA”

Así este PLENO sostuvo, esencialmente, que en el caso de multas impuestas como medida de apremio por un tribunal administrativo, cuando no se señale autoridad ejecutora, la competencia se define conforme al párrafo primero del referido artículo 37, correspondiendo a la autoridad judicial con jurisdicción en el lugar donde la parte deudora habrá de ser requerida de pago, ya que es ahí donde se materializa la ejecución del acto reclamado. Esto, al considerar sustancialmente que:

- Del marco jurídico aplicable en aquel caso (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 763; LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 467; LEY NUMERO 61, DEL FONDO AUXILIAR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO; CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO; REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN) deriva que la multa impuesta por el TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO es un acto que conlleva la realización de diversas acciones que producen un cambio material.

Esto, dado que la propia legislación aplicable determina que tales multas se mandarán hacer efectivas a través de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, que también involucra la participación de diversas autoridades y consta de una serie coherente y concordante de actos tendentes a la obtención ejecutiva del importe de la multa impuesta.

Luego, aunque en el auto que impone la multa se ordene al SECRETARIO Y/O SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO realizar el cobro, esto no establece la competencia territorial del Juez de Distrito, pues conforme a la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.) la mera instrucción no constituye por sí sola un acto de ejecución de la multa, ni permite concluir objetivamente que será específicamente el titular de esa SECRETARÍA quien de forma directa proveerá el inicio del procedimiento administrativo de ejecución.

Se invocó la jurisprudencia1a./J. 64/2019 (10a.), “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO.”

- Dado que el auto que impone la multa no especifica el lugar donde la autoridad iniciará el procedimiento administrativo de ejecución, pero sí indica el punto geográfico donde se llevarán a cabo las acciones materiales contra la parte destinataria, y en concordancia con los artículos 152 y 173 del CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO, que establecen que el ejecutor se constituirá en el domicilio del deudor para requerir pago y embargo, la competencia para conocer la demanda sobre la multa impuesta corresponde al Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde deba realizarse el requerimiento de pago, según lo dispuesto en el artículo 37 de la LEY DE AMPARO.

- La regla del párrafo segundo del artículo 37 de la LEY DE AMPARO aplica únicamente cuando se tiene certeza de que los actos de ejecución de la multa se llevarán a cabo en distintos distritos judiciales, lo que permitiría considerar la concurrencia de varios jueces competentes y aplicar la prevención como criterio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33082-a02434be/competencia-por-territorio-en-amparo-indirecto-contra-multas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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