COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y SU EJECUCIÓN, POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO, EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA DEL ÓRGANO SANCIONADOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL QUINTO CIRCUITO, CON SEDE EN HERMOSILLO, SONORA. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARMIDA ELENA RODRÍGUEZ CELAYA, JUAN MANUEL GARCÍA FIGUEROA, JUAN CARLOS MORENO LÓPEZ, ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ Y DAVID SOLÍS PÉREZ, EN CUANTO A QUE EXISTE CONTRADICCIÓN DE TESIS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARMIDA ELENA RODRÍGUEZ CELAYA, JUAN CARLOS MORENO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS Y DAVID SOLÍS PÉREZ, EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTES: JUAN MANUEL GARCÍA FIGUEROA Y ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ. PONENTE: DAVID SOLÍS PÉREZ. SECRETARIO: MAX GUTIÉRREZ LEÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.
TERCERO.-Objeto concreto de la denuncia. Los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis, entre los criterios sustentados por la mayoría de aquéllos y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, pues ambos Tribunales Colegiados de Circuito determinaron ser competentes para conocer de recursos de queja que se encontraban en supuestos similares.
CUARTO.-Criterios contendientes. A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente traer a colación las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a través de las ejecutorias respectivas:
I. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Quinto Circuito.
En el considerando primero del recurso de queja laboral ********** se sustentó lo siguiente:
"PRIMERO.-Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito es competente para conocer del presente recurso de queja, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, primer párrafo, 99 y 100 de la Ley de Amparo, 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de un recurso de queja laboral en el que se reclama una resolución que desechó la demanda de amparo, dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, esto es, dentro del circuito en el que este órgano judicial ejerce jurisdicción."
II. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
En el considerando primero del recurso de queja administrativa **********, dicho órgano colegiado estableció:
"PRIMERO.-Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito es legalmente competente para conocer del presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, primer párrafo y 100 de la Ley de Amparo y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo, entre otros aspectos, a la jurisdicción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de haberse interpuesto en contra de una resolución dictada por un Juez de Distrito, con sede en la jurisdicción de este órgano colegiado, en el que se desechó de plano una demanda de garantías por notoriamente improcedente, en un juicio de amparo que corresponde a la materia administrativa.
"Al respecto, conviene precisar que si bien, atendiendo a que el acto que aquí se impugna deriva de un juicio de amparo indirecto, cuyo acto reclamado se emitió en un juicio de amparo directo, dictado por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Quinto Circuito, pudiera sostenerse que el competente para resolverlo sería un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, lo cierto es que dicho acto lo hizo consistir la quejosa (ahora recurrente), en una multa que se le impuso en su carácter de presidenta de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con fundamento en los artículos 169 y 3o. Bis, ambos de la Ley de Amparo, por no haber dado cumplimiento a los diversos requerimientos que se le formularon en autos.
"En ese sentido, para determinar la competencia por razón de materia, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, lo cual encuentra sustento en la parte relativa de la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28 del Tomo VIII, diciembre de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.-En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.’
"Ahora bien, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, en cumplimiento a su función preliminar de poner los asuntos que se reciben en estado de resolución, emitió el acto que se le reclama, con base en las atribuciones que la Ley de Amparo le confiere, para hacer cumplir sus determinaciones e, incluso, encomendó el cobro de dicha multa, a la administración local de recaudación, de esta ciudad de Hermosillo, autoridad administrativa que también fue señalada como responsable en el juicio de amparo indirecto, de lo que se sigue que ese acto no se encuentra vinculado en modo alguno a la litis laboral, porque como ya se precisó, se trata de una sanción administrativa por desacato a una orden judicial, cuya ejecución se encomendó a una autoridad de naturaleza igualmente administrativa, por lo que a criterio de este Tribunal Colegiado, se surte el presupuesto procesal atinente a su competencia para conceder y resolver el recurso.
"Resulta de aplicación, por identidad jurídica, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 527 del Tomo XXXIV, agosto de 2011 (número 2a. LXXIII/2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época), cuyos rubro y texto dicen:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE UNA ESCRITURA PÚBLICA TRASLATIVA DE DOMINIO SOBRE BIENES EMBARGADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SE SURTE A FAVOR DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.-De los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora bien, cuando se promueve un amparo contra la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de una escritura traslativa de dominio en bienes embargados en un juicio ejecutivo mercantil, sin reclamar alguna actuación derivada de éste ni señalar como responsable a una autoridad jurisdiccional de carácter civil, es evidente que se cuestiona un acto administrativo emanado de una autoridad de la misma naturaleza, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa a los órganos jurisdiccionales especializados en la materia administrativa.’
"En el mismo sentido, resulta aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 223 del Tomo XXXII, noviembre de 2010 (número 2a. CII/2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época), del tenor literal siguiente:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UN ESTUDIANTE O PROFESIONISTA TRABAJADOR DE LA FEDERACIÓN O DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CONTRA LA NEGATIVA DE ÉSTOS A EXIMIRLO DE PRESTAR EL SERVICIO SOCIAL. SE SURTE A FAVOR DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.-La competencia por materia de los Juzgados de Distrito proviene de lo dispuesto en los artículos 50 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se les otorga mediante el establecimiento de determinada especialización, en atención a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Así, cuando un estudiante o profesionista trabajador de la Federación o del Gobierno del Distrito Federal promueve juicio de amparo reclamando de éstos la negativa a eximirlo de prestar el servicio social conforme al artículo 91 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, que dispone que dichos empleados no están obligados a prestar un servicio social distinto del desempeño de sus funciones, cuestiona actos omisivos de naturaleza administrativa imputables a autoridades de la misma índole, por lo que la competencia para conocer del juicio relativo se surte a favor de los órganos jurisdiccionales especializados en esa materia, y no en la de trabajo, pues en ese supuesto no se controvierte el derecho a obtener una prestación de carácter laboral derivada del vínculo existente entre el quejoso y los referidos entes administrativos, sino sólo se pretende que se considere que el desempeño de las labores satisface la obligación de prestar el servicio social que se erige como un requisito de titulación.’
"También sustenta lo anterior, la parte relativa de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (número 2a./J. 24/2009), publicada en la página 412 del Tomo XXIX, marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Novena Época), que dice:
"‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.-De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.’."
QUINTO.-Existencia de la contradicción de tesis.
Sí existe la contradicción de tesis denunciada.
En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, estableció que la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos previstos en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el propio Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(3) criterio que fue interrumpido.
En la ejecutoria que dio lugar a tal interrupción, dicho Tribunal Pleno estableció, en lo fundamental, que:
a) Si conforme a ese criterio uno de los requisitos que condicionan la existencia de las contradicciones de tesis consiste en que: "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" y, además, "los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos" -quedando esto sujeto a su interpretación, lo que en muchos casos se refiere a diferencias fácticas-, resulta que el número de contradicciones que se resolverían podría disminuir significativamente, en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. Aunado a que la práctica judicial revela que son muy escasos los asuntos en que se reúnen los tres requisitos precisados en la citada jurisprudencia.
b) La jurisprudencia tiene como propósito, entre otros, eliminar la incertidumbre generada cuando en el mundo fáctico se dan conflictos derivados de situaciones jurídicas confusas. Casos en los cuales es muy importante fijar una jurisprudencia, con el objeto de eliminar esa confusión y dotar así de seguridad jurídica al sistema. Generalmente, las cuestiones fácticas en dos o más asuntos no son exactamente iguales; sin embargo, después de analizarlas los juzgadores ordinariamente extraen criterios jurídicos abstractos que resultan aplicables a otros casos similares; lo que demuestra que las distintas cuestiones fácticas permiten extraer un mismo criterio jurídico, siendo así como puede válidamente generarse una contradicción de tesis -es decir, criterios jurídicos que se oponen- a partir de cuestiones fácticas disímiles.
c) Los elementos condicionantes de la existencia de las contradicciones de tesis no son los que se establecen en la jurisprudencia interrumpida, sino que tal existencia deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, esto es, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas. Criterio congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que éstas cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
d) Pese a la diversidad de los hechos sentenciados o a la variedad de las normas aplicadas, si en lo esencial las ejecutorias contienen decisiones opuestas, debe preferirse realizar su estudio, y no declarar simplemente la inexistencia formal de la contradicción de tesis, pues la inseguridad jurídica que provocaría la permanencia de las ejecutorias disímiles debe ser disuelta mediante la jurisprudencia respectiva, la que, en todo caso, podrá explicar la sistemática con la que, en un futuro, deberán ser resueltos los problemas particulares analizados en los respectivos fallos. De otra manera, si tales contradicciones se llegaran a declarar inexistentes, porque las ejecutorias que las integraron partieron de elementos secundarios o accesorios diversos, el formalismo excesivo de esta manera de proceder, aunado a la falta de publicidad de este tipo de resoluciones, dejaría en pie el problema inicialmente planteado, porque si bien para ese Alto Tribunal habría quedado en claro que, analizado el asunto en forma exhaustiva, la contraposición de criterios era sólo aparente, la mayoría de las personas ignorarían los pormenores de esta determinación y prevalecería la incertidumbre de saber cuál de las conclusiones torales de las sentencias era la correcta.
Consecuentemente, sustentó la tesis que interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, del tenor siguiente:
"Novena Época. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7.
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
En función de estas nuevas reflexiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interrumpir la jurisprudencia P./J. 26/2001, sintetizó el alcance de tal medida de la siguiente forma:
"Novena Época. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, materia común, tesis P. XLVII/2009, página 67.
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
El anterior marco de referencia sirve de base para establecer la existencia de la contradicción de tesis que se denuncia, dado que los órganos jurisdiccionales contendientes adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un problema jurídico central perfectamente identificable, que amerita ser resuelto, en favor de la certidumbre en las decisiones judiciales, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodearon dicho problema no sean exactamente iguales, así como de las diferencias en los elementos accesorios o secundarios que precedan a las ejecutorias respectivas.
Es así, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en la ejecutoria emitida en el recurso de queja laboral **********, razonó, esencialmente, en los términos siguientes:
a) Era competente para conocer y resolver sobre ese medio de impugnación, toda vez que se trataba de un recurso de queja laboral en el que se reclamó una resolución que desechó una demanda de amparo, dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad.
El acto reclamado en el juicio de amparo indirecto del que derivó el recurso de queja, se atribuyó al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y a la administradora local de Recaudación de Cananea, Sonora, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y consistió en la imposición de una multa y su ejecución, a consecuencia de "un supuesto incumplimiento" de la parte quejosa, cuando fungía como presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cananea, Sonora.
La multa en cuestión había sido impuesta a la quejosa, en su carácter de autoridad responsable, en el auto de **********, emitido en el juicio de amparo directo laboral **********, del índice del indicado Tribunal Colegiado de Circuito, con fundamento en los artículos 193, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
Aunque las consideraciones expresadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito son concisas, al señalar solamente que la competencia se surtía por tratarse de un "recurso de queja laboral" sobre la base implícita de la autoridad designada como responsable (Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo) en el juicio de amparo indirecto y del procedimiento en el que se emitió el acto reclamado (juicio de amparo directo laboral), es posible establecer con vista en esos elementos, que el sentido de la decisión implica que la competencia para conocer de esa clase de recurso, corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito de idéntica materia de especialización (administrativa, penal, civil o laboral) al que emitió el acto reclamado.
Es decir, los indicados elementos conducen a considerar que el citado Tribunal Colegiado de Circuito contendiente estableció, de manera implícita, tal premisa genérica, al asumir la competencia del recurso de queja; máxime que, como es posible constatar en la ejecutoria relativa, según el voto particular que la integra, el proyecto original se había presentado declinando la competencia en favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en turno.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este circuito, en el recurso de queja administrativa **********, razonó, esencialmente, como sigue:
a) Era competente para resolver el recurso de queja, en virtud de que se interpuso contra una resolución emitida por un Juez de Distrito, con residencia en la jurisdicción de ese órgano colegiado, que desechó de plano una demanda de amparo y que correspondía a la materia administrativa.
b) Si bien el auto recurrido derivaba de un amparo indirecto en el que se reclamó un acto emitido en un juicio de amparo directo por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, por lo que podría sostenerse que el competente para resolver la queja sería un Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo, lo cierto era que tal acto se hizo consistir en una multa que se le impuso a la quejosa, en su carácter de presidenta de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con fundamento en los artículos 169 y 3o. Bis de la Ley de Amparo (abrogada), por no dar cumplimiento a diversos requerimientos que se le formularon.
c) Para determinar la competencia por razón de la materia, se debía atender a la naturaleza del acto reclamado, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES."
d) El presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en ejercicio de su función de poner los asuntos en estado de resolución, emitió el acto reclamado, conforme a las facultades que le otorga la Ley de Amparo para hacer cumplir sus determinaciones e, incluso, encomendó el cobro de la multa impuesta a la admin
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26054-569a505b/competencia-para-conocer-del-recurso-de-queja-interpuesto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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