IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LOS ARTÍCULOS 112 Y 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2022).
AMPARO EN REVISIÓN 442/2023. JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 25 DE MARZO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ. SECRETARIO: HUGO ALFONSO CARREÓN MUÑOZ.
Ciudad de México. Sentencia del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro.
Sentencia definitiva que modifica la resolución emitida el 12 de julio de 2023 en el amparo indirecto 66/2023 por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, debido a que el efecto del amparo concedido contra el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México debe ser para que sea desincorporada de la esfera jurídica de la quejosa únicamente la cuota fija declarada inconstitucional.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
PRIMERO. Hechos. El 30 de diciembre de 2021 fue publicado el "Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México", por el que fueron reformadas las cuotas de su artículo 113, en relación con el impuesto sobre adquisición de inmuebles.
Este Decreto entró en vigor el 1 de enero de 2022 y el 23 de diciembre siguiente, ********** ********** ********** ********** pagó el impuesto referido por la adquisición del inmueble ubicado en la calle ********** **********, número **********, departamento **********, colonia ********** ********** **********, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México; operación que fue formalizada en escritura pública número ********** otorgada por el notario público ********** en esta ciudad.
SEGUNDO. Trámite y resolución del juicio de amparo. El 13 de enero de 2023, la adquirente promovió amparo indirecto contra la aprobación, promulgación y aplicación del Decreto mencionado, en específico la reforma a las cuotas del artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México.
La demanda fue turnada al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuya titular la admitió bajo el expediente 66/2023.
Sustanciado el procedimiento, la juzgadora realizó la audiencia constitucional que concluyó con la emisión de la sentencia el 12 de julio de 2023, en la que sobreseyó en el juicio por inexistencia del acto de aplicación reclamado al Secretario de Administración y Finanzas, así como al Tesorero de la Ciudad de México, en atención a que la autoliquidación del impuesto no es un acto de aplicación imputable a las autoridades.
La jueza desestimó la causa de improcedencia alegada por la Jefa de Gobierno, ya que la quejosa acreditó su interés jurídico con la declaración de pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y el formato múltiple que contiene el pago formulado vía internet el 23 de diciembre de 2022 por $********** (********** ********** ********** ********** **********), respecto de la adquisición formalizada en la escritura pública exhibida por la quejosa.
En el fondo del asunto, la jueza estimó que es inconstitucional el artículo 113 impugnado, debido a que la tarifa para el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles es violatoria del principio de proporcionalidad tributaria, tal como fue resuelto en la jurisprudencia PC.I.A. J/18 A (11ª), del rubro "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2020 Y 2021, QUE CONTIENE LA TARIFA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".
En consecuencia, concedió el amparo para el efecto de que las autoridades responsables desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa la hipótesis del artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2022 y no sean aplicadas hasta en tanto no sean reformadas, así como para que devuelvan la cantidad erogada por concepto de aquel impuesto.
TERCERO. Trámite del recurso de revisión. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado a este Tribunal Colegiado, cuya magistrada presidenta lo admitió bajo el expediente 442/2023.
El 9 de octubre de 2023 fueron turnados los autos a la ponencia del magistrado Salvador Alvarado López, para la elaboración del proyecto correspondiente.
Cabe aclarar que no operó la obligación de hacer público el proyecto de esta sentencia conforme al artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que los agravios sobre la constitucionalidad de la disposición general impugnada son inoperantes, en virtud de que existe jurisprudencia aplicable al caso, como está justificado en el considerando sexto de esta sentencia.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 83 y 84 de la Ley de Amparo; 38, fracción II y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque fue recurrida una sentencia dictada por un juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, lugar en que este Tribunal ejerce jurisdicción.
Además, en el juicio fue impugnada la constitucionalidad de una disposición de carácter general y local, por lo que surte efectos la competencia delegada a este órgano colegiado, en términos del inciso B) de la fracción I del Punto Cuarto del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.(1)
SEGUNDO. Legitimación. El recurso de revisión de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue interpuesto por parte legítima, en atención a que lo presentó en su representación la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en términos del artículo 94, fracciones II y V, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.(2)
TERCERO. Oportunidad. El recurso fue interpuesto en tiempo el 3 de agosto de 2023, ya que la sentencia recurrida le fue notificada el 20 de julio anterior y surtió efectos ese día, por lo que el plazo de diez días hábiles para su promoción transcurrió del 21 de julio al 3 de agosto, sin contar los días 22, 23, 29 y 30 de julio de 2023, por ser inhábiles.
CUARTO. Considerandos y resolutivo que no son materia de la revisión. No es materia de la revisión el sobreseimiento reflejado en el resolutivo primero y regido por el considerando cuarto del fallo recurrido porque causa perjuicio a la parte quejosa y no a la autoridad impugnante. Es aplicable la jurisprudencia 3ª./J. 20/91 (registro 207016), intitulada: "REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR".
QUINTO. Estudio del interés jurídico. La recurrente expone en el preámbulo de su escrito de agravios que la parte quejosa no demostró su interés jurídico porque no exhibió la escritura pública número **********, ni la liquidación del impuesto impugnado, aunado a que la declaración de pago presentada es copia simple.
En opinión de este Tribunal, es infundado este argumento, debido a que la quejosa impugnó el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles ahí regulado y causado por la adquisición de la vivienda ubicada en la calle ********** **********, número **********, departamento **********, colonia ********** ********** **********, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.
Para acreditar este acto de aplicación, la quejosa exhibió el testimonio de la escritura pública número ********** en que fue formalizada la adquisición, la cual fue otorgada por el notario público ********** en la Ciudad de México, así como la declaración para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y el formato múltiple que refleja el pago formulado vía internet el 23 de diciembre de 2022 por $********** (********** ********** ********** ********** ********** **********), en los siguientes términos.
Ver formato múltiple de pago 1
Este comprobante de pago es suficiente para demostrar el interés jurídico de la quejosa, pues prueba el entero del impuesto reclamado y la aplicación de sus hipótesis normativas en la esfera jurídica del particular,(3) ya que sirvieron de base para el cálculo del impuesto, tal como está reflejado en la declaración de pago exhibida en los siguientes términos.
Ver declaración de pago
No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que estos documentos fueran presentados en copia simple, pues contienen signos de autenticidad como el número de certificado digital de Tesorería, la línea de captura correspondiente, la referencia y folio del pago, aunado a que los datos que ahí constan sobre el negocio jurídico causante coinciden con los de la operación contenida en el testimonio de la escritura pública referida.
SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del impuesto. La recurrente expone esencialmente en su agravio primero que es inaplicable la jurisprudencia 2ª/J. 224/2009,(4) ya que el impuesto predial es diferente del impuesto sobre adquisición de inmuebles, máxime que la Corte es la única que puede decidir si es un criterio temático aplicable a este impuesto.
Es infundado el agravio en virtud de que la juzgadora no declaró la inconstitucionalidad del artículo 113 reclamado con base en aquella jurisprudencia 2ª/J. 224/2009 de la Suprema Corte sobre el impuesto predial, sino que basó su análisis principalmente en el criterio sustentado por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito en la jurisprudencia PC.I.A. J/18 A (11ª) que sí está referida al impuesto sobre adquisición de inmuebles.
Por otra parte, la recurrente afirma en su agravio segundo que esta última jurisprudencia no es aplicable porque sólo analizó el artículo 113 vigente en 2020 y 2021, pero la quejosa reclamó el vigente en 2022, cuyos valores y cuotas son distintas a los ejercicios anteriores, por lo que es indispensable un nuevo análisis de progresividad de la tarifa.
En el agravio tercero manifiesta medularmente que la cuota establecida en dicho precepto es proporcional, dado que aumenta gradualmente y permite medir la capacidad económica del contribuyente, en tanto que la aplicación de la cuota fija otorga un trato idéntico a todos aquellos contribuyentes ubicados en la misma situación por adquirir inmuebles cuyo valor está ubicado en el mismo rango.
En el agravio cuarto insiste en que es proporcional el artículo impugnado, pues la tarifa aumenta en la medida en que se incrementa la base gravable y sólo aplica sobre la porción que excede cada rango previsto en esa disposición.
En el agravio quinto reitera que el artículo 113 respeta los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, dado que el aumento de la base gravable no conlleva un incremento en el monto de la contribución en una proporción mayor a la que acontece dentro del rango inmediato inferior, aunado a que otorga el mismo trato a los contribuyentes que se ubiquen en el mismo supuesto jurídico, en función del valor del inmueble adquirido.
En opinión de este Tribunal, son inoperantes los agravios porque el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió en la contradicción de tesis 37/2021 que el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2020 y 2021 transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, debido a que conforme a la mecánica del impuesto sobre adquisición de inmuebles allí previsto, los adquirentes de inmuebles con valor menor deben pagar un impuesto mayor que los adquirentes de inmuebles con mayor valor.
Esto se debe esencialmente a que la cuota fija aplicable para un rango, es inferior al impuesto correspondiente al rango anterior, lo que distorsiona la progresividad de la tarifa y la proporción que debe guardar con el incremento la base gravable, de tal suerte que los sujetos obligados no contribuyen al gasto público de manera proporcional a su capacidad contributiva.
Esta contradicción de criterios motivó la jurisprudencia PC.I.A. J/18 A (11ª),(5) que instruye lo siguiente.
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2020 Y 2021, QUE CONTIENE LA TARIFA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar la mecánica para el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles establecida en el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2020 y 2021, pues mientras uno concluyó que no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el otro sostuvo que sí transgrede tal principio.
Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determina que el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2020 y 2021, que contiene la tarifa para el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles, viola el principio de proporcionalidad tributaria, al no existir una progresividad en la tarifa que lleve a que los sujetos obligados contribuyan al gasto público de manera proporcional a su capacidad contributiva.
Justificación: La falta de progresividad de la tarifa prevista en el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2020 y 2021, obedece a un error en la determinación de la cuota fija, cuya incorporación en la mecánica tributaria produce una regresión en la alícuota distorsionando la proporción que debe guardar con el incremento de la base gravable, a pesar de que los restantes elementos que componen la tarifa se incrementan gradualmente en orden creciente conforme aumenta la base gravable; por tanto, dicho precepto viola el principio de proporcionalidad tributaria que exige el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este criterio obligatorio es aplicable por analogía al artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2022 que es impugnado en el caso particular, pues subsiste el vicio de inconstitucionalidad analizado en esa jurisprudencia, ya que también es posible advertir que la cuota fija establecida en este precepto para un rango, es inferior al impuesto marginal correspondiente al rango anterior (que se obtiene al aplicar el factor previsto sobre el excedente del límite inferior).
Así es apreciado en la siguiente tabla formulada con base la mecánica del impuesto y los valores vigentes en 2022.
Ver tabla 1
La primera columna identifica el rango; la segunda el valor del inmueble colocado en los niveles inferior o superior de cada rango previsto en el artículo impugnado; la tercera columna es el resultado de restar al límite superior la cantidad del límite inferior de cada uno de los rangos.
La cuarta columna es el resultado de multiplicar la cantidad de la segunda columna por el factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior de la tarifa; la quinta columna es la cuota fija que debe sumarse al impuesto marginal; la sexta es el impuesto a pagar y la séptima es el resultado de comparar el impuesto que pagaría el inmueble colocado en el límite superior de un rango y el que pagaría el inmueble colocado en el límite inferior del rango siguiente.
Bajo esa lógica, el impuesto sobre adquisición de inmuebles para 2022, al igual que como sucedió en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, no atiende al principio de la proporcionalidad, dado que una vez aplicada la mecánica tributaria, no se consigue mantener la progresión, lo que provoca que los adquirentes de inmuebles con valor menor paguen un impuesto mayor que los adquirentes de inmuebles con mayor valor.
De ahí que sean inoperantes los agravios referidos, pues el criterio justificado en la jurisprudencia PC.I.A. J/18 A (11ª) es también aplicable al precepto legal reclamado en el caso concreto y este criterio da respuesta a los planteamientos de la recurrente, que insiste en que no es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria.
Es aplicable la jurisprudencia 1ª/J. 14/97,(6) del tenor siguiente.
AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado.
SÉPTIMO. Efectos del amparo. La recurrente expone en su agravio sexto que es ilegal el efecto otorgado en la sentencia recurrida, debido a que no es viable eximir a la quejosa del pago de la totalidad del impuesto, pues únicamente la cuota fija es inconstitucional, de modo que el contribuyente debe contribuir de acuerdo al rango inmediato anterior al que le toca de acuerdo al valor de su inmueble.
A juicio de este Tribunal, es fundado este agravio porque no en todos los casos la concesión del amparo, respecto de una disposición tributaria, conlleva a la restitución de las cantidades enteradas con motivo de su primer acto de aplicación, sino que ello depende de si el motivo de inconstitucionalidad recae en un elemento esencial del tributo, o bien, en un elemento variable.
En ese sentido, la inconstitucionalidad de variables aplicables a los elementos esenciales del tributo no afecta su mecanismo esencial y, por ende, el efecto del amparo concedido en su contra debe estar limitado a remediar el vicio de la variable e incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales del tributo sin afectar todo el sistema del impuesto.(7)
En el caso particular, el amparo fue concedido porque la tarifa del impuesto sobre adquisición de inmuebles es violatoria del principio de proporcionalidad tributaria, lo que se debe a un error en la determinación de la cuota fija, la cual es un elemento variable de la tarifa del impuesto, pero esta inconstitucionalidad no afecta los demás elementos esenciales del tributo.
Por tanto, la concesión del amparo en estos casos debe ser para los siguientes efectos.
a) No sea aplicada a la parte quejosa la cuota fija prevista en el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente a partir del 1 de enero de 2022, hasta en tanto dicho elemento variable no sea modificado.
b) A fin de cumplir con su obligación tributaria, la quejosa debe determinar el impuesto sobre adquisición de inmuebles a su cargo únicamente mediante la aplicación del factor previsto sobre el excedente del límite inferior del rango en que está ubicado su inmueble en atención a su valor de adquisición, sin considerar la cuota fija declarada inconstitucional, y
c) La autoridad correspondiente debe devolver a la quejosa la cantidad que haya pagado en exceso.
En esos términos lo determinó este Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 449/2022 resuelto por unanimidad de votos en sesión de 15 de junio de 2023, que originó la tesis I.20o.A.12 A (11ª),(8) del tenor siguiente.
Hechos: Una persona física promovió juicio de amparo indirecto contra los artículos 112 y 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigentes a partir del uno de enero de dos mil veintidós, que regulan la mecánica de aplicación para el cálculo de la tarifa del impuesto sobre adquisición de inmuebles, a fin de cumplir con la obligación de pagar la contribución señalada. El Juez de Distrito consideró que dichos preceptos violan el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General; por tanto, concedió el amparo para el efecto de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación de pagar el tributo regulado en los citados preceptos legales, impidiendo su aplicación presente y futura, hasta que no se reformara la mecánica ahí prevista; asimismo, para que se le devolviera la cantidad pagada por tal concepto, atento a que la normatividad en comento se controvirtió como heteroaplicativa, esto es, con motivo de un acto concreto de aplicación que consistió en el pago del impuesto, derivado de la adquisición de un bien inmueble ubicado en la Ciudad de México. Inconforme con los efectos de la concesión del amparo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de autoridad responsable, interpuso recurso de revisión.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 112 y 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en dos mil veintidós, no libera al contribuyente quejoso de la obligación del pago total del impuesto sobre adquisición de inmuebles, sino que los efectos de la sentencia de amparo deben modularse, porque la razón de invalidez tiene su origen en la cuota fija de la tarifa, de modo que los demás elementos de la contribución carecen de vicios propios. Por tanto, para el cálculo del tributo deberá restarse de la cantidad relativa al valor total de adquisición del inmueble la diversa atinente al límite inferior del rango respectivo, y al excedente obtenido se le multiplicará el factor de aplicación correspondiente a dicho rango, lo que dará como resultado la cantidad del impuesto que debe pagarse; de ese modo queda desincorporada de la fórmula legal la suma de la cuota fija del rango donde se ubica el inmueble, debiéndose devolver la cantidad pagada en exceso.
Justificación: De conformidad con las tesis de jurisprudencia 2a./J. 188/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 470, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS."; 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Parte SCJN, Materia Constitucional, página 195, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN." y P./J. 62/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 11, cuyo rubro es: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", por regla general, la declaratoria de inconstitucionalidad de los elementos variables de los impuestos conlleva únicamente la desincorporación de la porción normativa viciada sin afectar sus elementos esenciales. Sin que sea óbice el hecho de que sea cuestionable la progresividad del tributo respecto de inmuebles de mayor valor al defendido por la parte quejosa, que pagarían un menor impuesto por encontrarse cerca del límite inferior del rango al que pertenecen. Ello es así, pues de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias, los juzgadores se encuentran obligados a considerar sólo el caso específico de cada quejoso al que se le conceda el amparo; consecuentemente, a fin de determinar el efecto de la protección constitucional, no puede ser jurídicamente válido tomar en consideración la situación en la que se encontrarían otros inmuebles distintos al que fue materia de la sentencia constitucional; máxime que el principio de generalidad de las leyes haría imposible atender en forma casuística la situación particular de todo el universo de contribuyentes.
VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 449/2022. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 15 de junio de 2023. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Silva García. Secretario: Javier Herrera Palomares.
A fin de ejemplificar los alcances del amparo, es preciso verificar la determinación del impuesto en el caso particular.
Según la escritura pública y la declaración de pago exhibida, la base gravable del impuesto es el valor catastral del inmueble adquirido por la quejosa, el cual asciende a la cantidad de $********** (********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********* ********** ********** **********).
Este valor está ubicado en el rango E del artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2022, cuyos valores son los siguientes: a) límite inferior 535,849.83, b) límite superior 1’339,624.52, c) factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior 0.04990 y d) cuota fija $16,904.14
Ver tabla 2
En ese sentido, el tributo a cargo de la parte quejosa fue de $34,297.34, como es advertido de la siguiente operación: valor catastral del inmueble ($**********) – el límite inferior del renglón E (535,849.83) = 348,561.31 (excedente del límite inferior) x 0.04990 (factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior) = 17,393.20 (impuesto marginal) + $16,904.14 (cuota fija del rango E) = $34,297.34 (impuesto a pagar).
No obstante, la quejosa aplicó una reducción del 30% sobre el impuesto a pagar (equivalente a $10,289.20 pesos), en términos de lo dispuesto en el artículo 275 Bis del Código Fiscal de la Ciudad de México,(9) de modo que sólo enteró la cantidad de $**********.00 (********** ********** ********** ********** **********), según es advertido del comprobante de pago exhibido.
Ver formato múltiple de pago 2
En ese contexto, si el efecto del amparo es para que sea desincorporada de la esfera jurídica de la quejosa únicamente la cuota fija inconstitucional, el impuesto a cargo de la quejosa es por la cantidad de $**********.********** (********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********), que equivale a la aplicación del factor sobre excedente del límite inferior del rango E (impuesto marginal), aunque si es aplicable a este monto la reducción del 30% prevista en el artículo 225 Bis citado, entonces resulta sólo un impuesto por pagar de $********** (********** ********** ********** ********** ********* ********** ********** ********** ********** **********).
Por tanto, la autoridad correspondiente deberá devolver la cantidad que la quejosa pagó en exceso, esto es, la diferencia entre el impuesto erróneamente pagado con la aplicación de la cuota fija declarada inconstitucional $**********.00 (********** ********** ********** **********) y el impuesto que debió enterar sin aplicar esa cuota ($********** ********** ********* ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********), lo que da como resultado el monto de $********** (********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********).
DECISIÓN
En esas circunstancias, procede en la materia de la revisión modificar la sentencia recurrida y confirmar el amparo.
Por lo expuesto y fundado, este Tribunal:
PRIMERO. En la materia de la revisión, modifica la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a la parte quejosa contra el acto impugnado y para los efectos precisados en esta sentencia.
NOTIFÍQUESE; con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos al órgano jurisdiccional de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido y determínese el criterio de valoración que le corresponda en términos de los dispuestos en el artículo 14 y demás relativos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés.
Así, por unanimidad de votos del Magistrado Presidente Fernando Silva García, la Magistrada Martha Llamile Ortiz Brena y el Magistrado Salvador Alvarado López, lo resolvió en sesión celebrada por videoconferencia, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Firman la Magistrada y los Magistrados, ante el Secretario de Tribunal que autoriza y certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy Fe.
En términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. CUARTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito:
Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Juzgados de Distrito o por los Tribunales Colegiados de Apelación, cuando:
[...]
B) En la demanda se hubiere impugnado una ley local, un reglamento federal o local, o cualquier disposición de observancia general, salvo aquéllos en los que el análisis de constitucionalidad respectivo implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, respecto del cual no exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, sin menoscabo de que la Sala en la que se radique el recurso respectivo determine que su resolución corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito;
2. Artículo 94.- Corresponde a la Subprocuraduría de lo Contencioso:
[...]
II. Representar en toda clase de juicios, incluyendo el de amparo, los intereses de la Hacienda Pública de la Ciudad de México en materia de c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33087-0c984a27/impuesto-sobre-adquisicion-de-inmuebles-efectos-del-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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