IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2024).
AMPARO EN REVISIÓN 297/2025. 6 DE ABRIL DE 2026. PONENTE: MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. SECRETARIA: GABRIELA GUADALUPE FLORES DE QUEVEDO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El veintiséis de diciembre del dos mil veintitrés se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México. La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra el artículo 113 de dicho ordenamiento, que contiene la tarifa aplicable al impuesto sobre adquisición de inmuebles, con motivo del pago que efectuó el notario respectivo. La juez de distrito concedió el amparo al considerar que el precepto viola el principio de proporcionalidad tributaria. Inconforme, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión. La Ministra Loretta Ortiz Ahlf hizo suya la solicitud de reasunción de competencia y, en sesión pública de veintiocho de mayo del dos mil veinticinco la otrora Primera Sala de este Alto Tribunal reasumió competencia para conocer del asunto.
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Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al seis de abril de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 297/2025, interpuesto por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México contra la sentencia de veintinueve de octubre del dos mil veinticuatro dictada por la Juez Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 951/2024.
El problema jurídico a resolver por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente a partir del primero de enero del dos mil veinticuatro respeta o no el principio de proporcionalidad tributaria.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda de amparo. **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo contra el Congreso y la Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México, de quienes reclamó, en su respectivo ámbito de competencia, la discusión aprobación, expedición, promulgación y publicación del artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente a partir del primero de enero del dos mil veinticuatro.
2. Juicio de amparo. Del aludido medio de defensa correspondió conocer a la Juez Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el número de expediente 951/2024, la que dictó sentencia el veintinueve de octubre del dos mil veinticuatro, en la que concedió el amparo al considerar que la tarifa para el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles que contiene la norma reclamada viola el principio de proporcionalidad tributaria.
3. Recurso de revisión. Inconforme, la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la Jefa de Gobierno de esta entidad, interpuso recurso de revisión.
4. Resolución. De dicho asunto correspondió conocer al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por acuerdo de nueve de enero del dos mil veinticinco lo registró y admitió con el número de expediente RA-17/2025.
5. Reasunción de competencia. En sesión privada de veintiséis de marzo del dos mil veinticinco, ante la falta de legitimación de la solicitante, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf hizo suya la solicitud de reasunción de competencia 6/2025 formulada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a través de la cual solicitó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que conozca de diversos amparos en revisión, entre ellos el que nos ocupa.
6. Por resolución de veintiocho de mayo del dos mil veinticinco, la entonces Primera Sala de este Alto Tribunal reasumió competencia originaria(1) al considerar que la resolución de los citados amparos en revisión puede resultar de interés y trascendencia, ya que permitirá analizar la mecánica del tributo regulado, entre otros, en el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México y, eventualmente, orientar sobre los efectos de la concesión de amparo en este tipo de asuntos.
7. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante proveído de uno de julio del dos mil veinticinco, la entonces Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió la competencia originaria para conocer del asunto registrándolo con el número de expediente 297/2025 y ordenó su turno al entonces Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
8. Returno. Por acuerdo del dos de septiembre del dos mil veinticinco se returnó el asunto a la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra dada la nueva integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
I. COMPETENCIA
9. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo;(3) y 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) así como en los Puntos Segundo, fracción VIII, inciso a), y Cuarto, fracción I, inciso b), interpretado a contrario sensu, del Acuerdo General Plenario 2/2025 (12a.)(5) de tres de septiembre del dos mil veinticinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de septiembre siguiente, porque se interpuso contra una sentencia dictada en audiencia constitucional por la juez de distrito, en que subsiste el problema de constitucionalidad de normas.
II. OPORTUNIDAD
10. El recurso fue interpuesto dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que la sentencia fue notificada por oficio a la autoridad responsable el ocho de noviembre del dos mil veinticuatro, mientras que su oficio de expresión de agravios se interpuso vía electrónica el trece siguiente, esto es, al tercer día hábil, descontando en el cómputo los días sábado nueve y domingo diez del mes y año en cita, por haber sido inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
III. LEGITIMACIÓN
11. El recurso de revisión principal se interpuso por parte legítima, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, pues lo intenta la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la Jefa de Gobierno de esta entidad, ésta en su carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo de origen.
12. Asimismo, la referida Subprocuradora tiene legitimación en términos de los artículos 7, fracción II, inciso c), numeral 2; y 94, fracciones II, V, VIII y IX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO
13. El recurso es procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo porque se interpone contra una sentencia dictada en audiencia constitucional por la juez de distrito, en que subsiste el problema de constitucionalidad de normas.
V. ESTUDIO DE AGRAVIOS VINCULADOS CON LA PROCEDENCIA DEL JUICIO
14. En su primer agravio, la autoridad afirma que la sentencia recurrida es ilegal porque la juez perdió de vista que el quejoso consintió la norma reclamada, pues la escritura pública que contiene la compraventa que originó el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles data del treinta de abril del dos mil veinticuatro, siendo que el amparo lo promovió hasta el veinticuatro de mayo siguiente, esto es, fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo.
15. Dice que la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el fedatario e informa al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan, razón por la que el plazo de promoción debe computarse a partir de ese acto, esto es, la firma de la escritura pública respectiva, por ser el momento en que se le informó su obligación de pago y en el que aceptó su liquidación.
16. A partir de lo anterior, la autoridad sostiene que si el quejoso tuvo conocimiento de tales actos el treinta de abril del dos mil veinticuatro, y expresó su consentimiento a través de la firma de la escritura pública correspondiente, es claro que consintió la norma, pues promovió el juicio hasta el veinticuatro de mayo del dos mil veinticuatro, esto es, fuera del plazo de quince días aplicable.
17. Agrega que la juez también perdió de vista que las tarifas contenidas en el referido artículo 113 no se modificaron en cuanto a su estructura, sino que sólo se actualizaron las cantidades que contienen, razón por la que es incongruente que la a quo se haya pronunciado sobre su constitucionalidad, tal como si se hubiera modificado la mecánica impositiva o su estructura.
18. De ahí que sostenga que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa consintió el acto reclamado.
19. Como se ve, la autoridad recurrente propone la misma hipótesis de improcedencia a partir de dos argumentos diferentes. El primero consiste en que la mecánica del tributo no fue modificada en virtud del decreto de reformas reclamado, sino únicamente se actualizó la tarifa aplicable y, el segundo, relativo a que el quejoso conoció la liquidación del impuesto desde la fecha en que firmó la escritura pública que contiene la compraventa que generó dicha contribución, no hasta que se pagó efectivamente.
20. Para resolver el primero de sus argumentos, conviene informar que en su único concepto de violación de la demanda de amparo el quejoso afirmó que el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente a partir del primero de enero del dos mil veinticuatro, es inconstitucional porque prevé una tarifa regresiva, pues al aplicar las cuotas y factores que contiene permite que los adquirentes de inmuebles que se encuentran en los primeros rangos tributen en mayor medida que aquellos que se encuentran en los últimos rangos, originando saltos que tornan desproporcional el tributo.
21. Como se ve, la parte quejosa tilda de inconstitucional el referido articulo 113 porque considera que la aplicación de las cuotas y factores que contiene originan que respecto de inmuebles con menor valor se tribute en mayor medida que aquellos que tienen una base gravable más cuantiosa.
22. El artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente a partir del primero de enero del dos mil veintitrés, es decir, el texto anterior al precepto reclamado establecía:
Ver artículo 113
23. Por su parte, el artículo 113 en su texto reclamado, esto es, el vigente a partir del primero de enero del dos mil veinticuatro, dispone:
Ver precepto 113
24. La confronta entre ambas disposiciones revela que, efectivamente, las cantidades que contienen fueron modificadas por el legislador, de manera que hubo una modificación legislativa que permite al gobernado controvertirla, máxime que a partir de la aplicación de tales cantidades tilda de inconstitucional el precepto reclamado.
25. En efecto, si se considera que la parte quejosa controvierte precisamente esas cifras al afirmar que su aplicación torna inconstitucional por desproporcional el tributo, es claro que en virtud de dicha reforma está en condiciones de reclamar el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México.
26. Sin que deba confundirse, como lo hace la autoridad recurrente, el hecho de que se reclame la modificación de la tabla antes reproducida con el hecho de que el particular pueda controvertir diversos aspectos de la mecánica tributaria que no fueron modificados porque, como se dijo, la pretensión del solicitante del amparo es demostrar que la aplicación de las cuotas y factores que contiene generan un efecto económico que lo torna inconstitucional pues permite que contribuyentes que adquieran inmuebles con menor valor enteren un impuesto mayor que aquellos cuya base gravable sea mayor.
27. En consecuencia, es infundado el primer aspecto desde el cual la recurrente propone la causa de improcedencia de acto consentido prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo.
28. Respecto de la diversa perspectiva que propone la autoridad, esto es, que la parte quejosa consintió la norma reclamada porque promovió el amparo fuera del plazo de quince días contado a partir de la firma de la escritura pública que contiene el hecho imponible, esto es, la adquisición del inmueble se debe resolver que tampoco le asiste razón.
29. El artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, excepto, entre otras hipótesis, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, en que será de treinta.
30. Por su parte, el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, dispone que el juicio es improcedente, entre otros supuestos, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.
31. Dice el párrafo segundo del precepto consultado, que no se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido contra el primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa.
32. Las normas citadas contienen la regla de procedencia del amparo indirecto contra leyes, dependiendo si se reclaman normas autoaplicativas o heteroaplicativas y, en el primer caso, si se promueve con motivo de su vigencia, o bien, de su acto concreto de aplicación.
33. Conforme a lo anterior, tratándose de amparo contra normas que se reclaman con motivo de su acto concreto de aplicación el plazo de promoción es de quince días.
34. A través de diversos precedentes este Alto Tribunal ha establecido que el primer acto de aplicación del impuesto sobre adquisición de inmuebles lo constituye la liquidación efectuada por el notario público al contribuyente, siempre que en el documento respectivo, es decir, en la escritura pública, se precise la liquidación y su sustento legal, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley.
35. Asimismo, ha establecido que cuando se pretende reclamar en amparo la norma que regula dicho tributo junto con la afectación patrimonial que le ocasiona, el cómputo del plazo de promoción aplicable debe hacerse desde el momento en que tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva, o sea, desde el momento en que decide entregar al notario los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes.
36. En este último supuesto, se precisó que el inicio de dicho plazo es con independencia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, se citen o no las normas generales que rigen los tributos, pues ello no modifica el conocimiento cierto que tiene el quejoso de la afectación patrimonial que se le causa pues, en primer lugar, decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, la participación del fedatario en auxilio de la administración pública no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que no impone su voluntad al contribuyente.
37. Corroboran las anteriores afirmaciones, los criterios que informan las jurisprudencias 2a./J. 5/2006 y 2a./J. 83/2019 (10a.), ambas de la otrora Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubros: ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO,(6) y AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA.(7)
38. Conforme a tales criterios, la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo para promover el juicio de amparo contra normas que regulan impuestos sobre adquisición de inmuebles inicia dependiendo del acto que motive esa promoción.
39. Si se reclama la ley con motivo de su aplicación sin controvertir la afectación patrimonial, el plazo se computa a partir de la liquidación efectuada por el notario público al contribuyente, siempre que en el documento respectivo se precise dicha liquidación y el sustento legal; en cambio, cuando el amparo se promueve contra la ley con motivo de la afectación patrimonial, el cómputo debe hacerse desde que ésta tuvo verificativo, esto es, desde que el interesado entregó al notario público la cifra correspondiente al impuesto sobre adquisición de inmuebles.
40. Cabe precisar que el segundo de los supuestos comentados derivó de juicios de amparo en que los quejosos reclamaron las normas que regulan el impuesto sobre adquisición de inmuebles con motivo de su afectación patrimonial, pero respecto de compraventas que realizaron, incluso, años antes de la promoción del juicio de amparo.
41. En el caso, de las constancias que obran en autos se advierte la escritura pública número **********, pasada ante la fe del Notario Público 83 (ochenta y tres) de la Ciudad de México, de treinta de abril del dos mil veinticuatro, en que consta el contrato de compraventa que celebró el quejoso con otras personas respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral ********** (páginas 25 a 36 del documento digital obtenido del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes - SISE).
42. De la lectura íntegra de ese documento no se advierte que el fedatario público haya hecho constar la retención del aludido impuesto, ni el fundamento legal que la sustenta.
43. Asimismo, obra copia del comprobante de transferencia realizado el siete de mayo del dos mil veinticuatro por el quejoso al notario público titular de dicha notaría por la suma de ********** (página 37 del documento digital obtenido del SISE).
44. Finalmente, obra el original del formato múltiple de pago a la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, así como el recibo de pago respectivo con certificación digital, de nueve de mayo siguiente, por la cantidad de **********, por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles, respecto de una operación efectuada el treinta de abril del citado año, vinculada con la cuenta ********** (páginas 39 y 41 del documento digital obtenido del SISE).
45. A tales documentos se le concede valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, al tratarse, en el primer caso, de documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus facultades, que contiene firma y leyenda plasmadas en original, y que no fueron objetados por las partes y, tratándose de los restantes, de información generada o comunicada que consta en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.
46. La adminiculación de las pruebas antes relacionadas demuestra que el acto de aplicación de la norma reclamada en perjuicio del quejoso se verificó el nueve de mayo del dos mil veinticuatro, pues es la fecha en que se enteró a la Tesorería del Gobierno de esta ciudad la cantidad correspondiente al impuesto sobre adquisición de inmuebles que causó la parte quejosa con motivo de la compraventa que realizó.
47. No obsta a tal conclusión el hecho de que las cifras que contiene el comprobante de transferencia exhibido por el quejoso y el recibo de pago de la Tesorería de esta ciudad, sean distintas, lo cual pudo deberse a que el quejoso pagó a la notaría pública otros conceptos como honorarios, pues lo objetivamente cierto es que en autos existe prueba plena de que el nueve de mayo del dos mil veinticuatro el obligado enteró al Gobierno de la Ciudad la cifra correspondiente al impuesto sobre adquisición de inmuebles respecto de la misma cuenta predial que corresponde al bien cuya compraventa obra en aquella escritura pública.
48. Contrario a lo que alega la autoridad, no puede tomarse en cuenta la fecha en que se firmó la escritura pública que contiene dicho acto jurídico, simple y sencillamente porque dicho documento no contiene la liquidación del tributo ni su fundamento legal.
49. Como se indicó, el pago se efectuó el nueve de mayo del dos mil veinticuatro, de manera que el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez al treinta siguiente, descontando en el cómputo respectivo los días, sábado once, domingo doce, sábado dieciocho, domingo diecinueve, sábado veinticinco y domingo veintiséis, del mes y año en cita, por haber sido inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada aplicable en ese momento.
50. Si la demanda de amparo se recibió vía buzón judicial el veinticuatro de mayo siguiente, es claro que su promoción fue oportuna y, en consecuencia, es infundado el motivo de improcedencia que aduce la autoridad recurrente.
51. En estas condiciones, al no existir causa de improcedencia pendiente de estudio o que, de oficio, advierta este órgano colegiado, procede resolver el fondo del asunto.
VI. ESTUDIO DE FONDO
52. En su segundo agravio, la autoridad afirma que la sentencia es ilegal porque para determinar la inconstitucionalidad del artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, la juez aplicó la jurisprudencia 2a./J. 224/2009, de la entonces Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: PREDIAL. EL ANÁLISIS DE EQUIDAD TRIBUTARIA RESPECTO DE TARIFAS O TABLAS (PROGRESIVAS O DECRECIENTES) OBLIGA A TOMARLAS EN CUENTA EN SU INTEGRIDAD, SIN ENFOCARLO A UNO SOLO DE LOS RENGLONES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008),(8) que versa sobre un impuesto distinto al que nos ocupa y de mecánica totalmente diferente.
53. Dice que sólo a través de la jurisprudencia temática esta Suprema Corte de Justicia de la Nación puede declarar que el vicio contenido en dicho criterio alcanza a todas las leyes que prevean las mismas instituciones jurídicas, originando su inconstitucionalidad, circunstancia que no ha ocurrido, razón por la que, afirma, no es válido que la a quo haya declarado inconstitucional el artículo 113 reclamado con base en una jurisprudencia relativa a otro impuesto.
54. Por otra parte, en su tercer agravio, la autoridad afirma que la sentencia se basa en un criterio que no es aplicable en el ejercicio fiscal del dos mil veinticuatro, esto es, la tesis PC.I.A. J/18 A (11a.) del entonces Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2020 Y 2021, QUE CONTIENE LA TARIFA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.(9)
55. Explica que dicho criterio surgió a partir del análisis de los valores, la compensación del factor y la cuota fija para los ejercicios fiscales del dos mil veinte y dos mil veintiuno, no así para el dos mil veinticuatro, razón por la que es incorrecta la concesión de amparo.
56. Alega que la juez de distrito debió analizar la constitucionalidad del precepto reclamado a partir de su contenido y no resolver sólo con base en una tesis inaplicable.
57. Agrega que no debe perderse de vista que la parte quejosa no puede impugnar la totalidad de los rangos establecidos en la tabla controvertida, sino solamente aquellos en cuya situación se encuentra, pues todos los argumentos que expuso en relación con los distintos rangos inaplicables deben declararse inoperantes.
58. Sobre la aplicación de la tesis del Pleno de Circuito, insiste en que como se modificó la cuota fija y los demás elementos que contiene la tarifa del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, es claro que la juez debió hacer un nuevo análisis de progresividad, sin que pueda aplicarse, ni siquiera por analogía, el estudio relativo a ejercicios anteriores.
59. En sus agravios cuarto y quinto, la autoridad asegura que, contrario a lo resuelto por la a quo, el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México respeta los principios de justicia tributaria porque la diferencia monetaria de un centavo que aludió la juez entre un rango y otro se compensa con la cuota fija a la cual se le suma un impuesto marginal obtenido de aplicar la tasa porcentual al excedente del límite inferior, lo que revela que la cifra a pagar se incrementa en la misma proporción que aumenta la base gravable, lo que evita tratos distintos entre situaciones iguales.
60. Sostiene que la distinción que existe entre el universo de sujetos obligados al pago del impuesto atiende a una política fiscal y social que incentiva la compra de inmuebles a personas que no pueden acceder a un crédito bancario, lo que evidentemente es un fin constitucionalmente válido, pues coloca a sujetos del gravamen en un plano de igualdad en atención a su objeto, es decir, la adquisición de un inmueble para vivienda dentro del Estado de Nuevo León (sic), aunado a que al tratarse de un impuesto real que grava el valor del bien y no el ingreso de los contribuyentes no le es aplicable el principio de progresividad, aun ante la existencia de tarifas especiales.
61. Continúa aduciendo que para determinar si el sistema de rangos reclamado es o no progresivo es necesario analizar sistemáticamente la estructura tarifaria, sin que deban analizarse de forma aislada los datos contenidos en las tasas o cuotas aplicables a cada clase, salvo que la tarifa en sí misma no atienda a la capacidad contributiva por contener un error de salto como se produce en las tarifas continuas, esto es, se garantiza que el contribuyente que obtiene una base que supera levemente el límite mayor de uno de los tramos, no tribute en su totalidad de acuerdo con los valores del rango superior.
62. Afirma que la tarifa contenida en el artículo reclamado es progresiva ascendente porque está integrada por un sistema compuesto por filas que es un instrumento de medición de la capacidad contributiva, que conlleva diversos rangos ascendentes al inmediato anterior, los cuales si bien se diferencian unos de otros por unidad, lo cierto es que hay un porcentaje que es aplicable solamente al excedente del límite inferior y una cuota fija distinta para cada rango, razón por la que es claro que respeta el principio de proporcionalidad tributaria.
63. Asegura que a idéntica conclusión arribó el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 23/2021, de su índice, en que se analizó la constitucionalidad de los artículos 113 y 275 bis del código tributario local.
64. A partir de todo lo anterior, la autoridad recurrente afirma que se debe revocar la sentencia recurrida y, por ende, negar el amparo.
65. Para resolver sus argumentos conviene informar que en la sentencia recurrida la juez concedió el amparo contra el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente a partir del primero de enero del dos mil veinticuatro al considerar que viola el principio de proporcionalidad tributaria porque la tarifa que contiene es regresiva.
66. Para arribar a esa conclusión, la a quo explicó el contenido del artículo 31, fracción IV, constitucional, y los principios de justicia tributaria que reconoce. Posteriormente, indicó lo que establecen los artículos 112, 113, 115, 116 y 129 del código tributario local a fin de evidenciar los elementos del impuesto sobre adquisición de inmuebles y su mecánica de causación.
67. Enseguida, la juez transcribió el artículo 113 reclamado y parafraseó la forma en que se deben aplicar los elementos de la tabla que contiene.
68. A partir de esa información, la juez de distrito indicó que el legislador configuró la tarifa aplicable con valores consecutivos, pero que los valores de la tabla analizados en su integridad no permiten obtener cantidades progresivas en relación con todos los rangos correspondientes al valor del inmueble, pues el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable, es decir, en el valor del inmueble en pesos y centavos provoca que los rangos inferiores enteren un impuesto mayor cuando el valor catastral del inmueble es menor.
69. Concluyó que la tarifa reclamada es regresiva en la medida en que no permite que los contribuyentes efectivamente paguen conforme a su capacidad contributiva.
70. Agregó que atendiendo a la forma en que está estructurada la tarifa, no puede llevarse a cabo el análisis parcial renglón por renglón, sino que es necesario estudiarla en su conjunto a fin de determinar si su configuración es progresiva, proporcional o regresiva, como ocurrió en la especie.
71. Para sustentar el análisis de la progresividad de la tabla citó, en lo conducente, el criterio que informa la jurisprudencia 2a./J. 224/2009, de la entonces Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: PREDIAL. EL ANÁLISIS DE EQUIDAD TRIBUTARIA RESPECTO DE TARIFAS O TABLAS (PROGRESIVAS O DECRECIENTES) OBLIGA A TOMARLAS EN CUENTA EN SU INTEGRIDAD, SIN ENFOCARLO A UNO SOLO DE LOS RENGLONES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008), antes identificada.
72. En virtud de lo anterior, la juez de distrito declaró esencialmente fundado el concepto de violación del quejoso, p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34300-e241eb9a/impuesto-sobre-adquisicion-de-inmuebles-el-articulo-113 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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