NOMBRAMIENTO DE BASE DEFINITIVO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE COLIMA. CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR LA IMPROCEDENCIA DE SU OTORGAMIENTO SI AFIRMA QUE EL PUESTO RECLAMADO NO ES UNA PLAZA VACANTE (INTERINA O PROVISIONAL) O DE NUEVA CREACIÓN.
AMPARO DIRECTO 57/2024. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA. 23 DE ENERO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOEL FERNANDO TINAJERO JIMÉNEZ. SECRETARIO: RUBÉN TOMÁS ALCARAZ VALDEZ.
Colima, Colima, acuerdo del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil veinticinco.
VISTO para resolver el juicio de amparo directo 57/2024, relacionado con el amparo directo 791/2023 y,
CONSIDERANDO:
SEXTO. ESTUDIO DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN.
De inicio debe establecerse que los diversos argumentos de disenso aducidos por el quejoso en su único concepto de violación serán analizados en un orden distinto al propuesto y, algunos, en su conjunto, dada su estrecha vinculación, por así permitirlo el artículo 76,(4) de la Ley de Amparo.
Lo anterior encuentra soporte adicional en el criterio plasmado en la jurisprudencia (IV Región)2o. J/5 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que se comparte, cuyo texto literal establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."(5)
En una parte de su único concepto de violación, el Cabildo quejoso asevera que el razonamiento empleado en el considerando "VII" por la autoridad responsable es erróneo e ilegal pues, contrario a lo señalado en dicho considerando, del material probatorio ofrecido y desahogado en autos, se advierte con claridad que la parte aquí tercera interesada, actora en el juicio laboral de origen, carecía y carece de estabilidad en el empleo.
Dicha alegación es inoperante por insuficiente.
Se afirma lo anterior, toda vez que el ayuntamiento quejoso fue omiso en exponer de manera pormenorizada qué pruebas fueron ofrecidas y desahogadas en el juicio de origen, mediante las cuales se acreditó que la parte aquí tercera interesada carece de estabilidad en el empleo, así como los argumentos jurídicos que permitieran establecer de manera razonada dicho extremo, lo cual era necesario que lo evidenciara, pues como se dijo, en el caso no es factible suplir la deficiencia de la queja.
Cierto, sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que basta la causa de pedir para la procedencia del estudio de los conceptos de violación, lo cual significa que los motivos de inconformidad no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental; empero, ello no quiere decir, de manera alguna, que se deba exentar al quejoso de la obligación de exponer las razones y argumentos tendientes a demostrar que los actos que combate son inconstitucionales, salvo en los casos de suplencia de la queja contemplada en la Ley de Amparo, la que no se actualiza en el caso en particular.
Así, para que este Tribunal Colegiado estuviera en posibilidades de estudiar el concepto de violación planteado, era menester que el inconforme expusiera los argumentos lógicos jurídicos que permitieran demostrar la aseveración ahí destacada; sin embargo, como se vio, se tratan afirmaciones ambiguas y genéricas y, por ende, merece la calificativa de inoperante.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."(6)
En otro orden de ideas, debe decirse que el Cuerpo Edilicio quejoso aduce, en la parte final de su único concepto de violación, esencialmente, lo siguiente:
• Correspondía a la actora la carga probatoria de la existencia de una plaza de base de nueva creación o una vacante definitiva, que se encontrara presupuestada por la hacienda municipal, sin que lo hubiera hecho; por consiguiente, arguye, la acción intentada resulta del todo improcedente.
La alegación antes resumida es infundada, por las razones que se explican a continuación.
De inicio, es necesario destacar que la legislación burocrática local aplicable a este asunto, destina el capítulo segundo a fijar las reglas del procedimiento, como se deduce de sus disposiciones legales que se trasuntan a continuación:
"Artículo 142. El procedimiento ante el Tribunal será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Los Magistrados y el auxiliar de instrucción, deberán tomar las medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez en el procedimiento."
"Artículo 143. Todas las demandas e instancias que se formulen o sometan al conocimiento del Tribunal, deberán ser por escrito, sin sujetarse a forma determinada, pero las partes deberán precisar concretamente los puntos petitorios. Al escrito inicial deberán acompañarse las copias simples necesarias para la distribución entre las autoridades o partes demandadas, así como una más para el promovente, que firmará el Secretario General de Acuerdos, haciendo constar día y hora en que se reciba."
"Artículo 144. Son partes en el proceso los Titulares de las Entidades o dependencias públicas en donde hubiera desempeñado las labores el trabajador demandante; las personas físicas que ejerciten acciones por sí o como beneficiarios de los trabajadores; así como las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, comprobando su interés jurídico o que sean llamadas por el Tribunal."
"Artículo 148. El procedimiento ante el Tribunal se iniciará con la presentación del escrito de demanda, la cual se notificará a la parte demandada, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción, mediante la entrega de una copia simple, a efecto de que produzca su contestación en el improrrogable término de cinco días hábiles siguientes al del traslado, con el apercibimiento de tener a la demandada aceptando los hechos expresados en la reclamación, en el caso de no hacerlo."
"Artículo 149. Concluido el término mencionado en el artículo anterior, el Tribunal a petición de parte, señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, mandando notificar personalmente el acuerdo a las partes."
"Artículo 150. La audiencia se iniciará con la intervención del Magistrado comisionado que hará una exhortación a las partes para que solucionen la controversia en forma conciliatoria. De lograrse un convenio entre ambas, será aprobado por el Tribunal, surtirá todos los efectos legales de un laudo y se dará por concluido el procedimiento, sin perjuicio de la ejecución de los acuerdos consignados por las partes."
"Artículo 151. En caso de no lograrse el arreglo conciliatorio, el Magistrado comisionado tendrá a las partes como inconformes y concederá el uso de la palabra al actor o a su representante legal, para la ratificación o ampliación de la demanda. En el caso de que se ejerciten nuevas acciones o se adicionen hechos substanciales a los narrados en la demanda, se suspenderá la audiencia para dar conocimiento a los demandados de los nuevos conceptos, fijándose el término previsto en el Artículo 148 de esta Ley, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y se fije la fecha para la reanudación de la audiencia, a partir del momento en que ocurrió la suspensión decretada."
"Artículo 152. Concluida la intervención de la parte actora o transcurrido el plazo mencionado en el artículo anterior, se concederá el uso de la palabra a la parte demandada para que por sí o por conducto del representante legal, ratifique o amplíe lo aseverado en la contestación producida, procediendo de inmediato a abrir la etapa del ofrecimiento de pruebas, en donde las partes podrán aportar todos los elementos de convicción que deseen, sin más limitaciones que las derivadas de la existencia, factibilidad o posibilidad de su desahogo en forma física por los servidores del Tribunal.
Los Titulares de la Entidad o dependencia, a juicio del Tribunal, en el ofrecimiento de la prueba testimonial, podrán rendir su declaración por medio de oficio.
En cuanto a la confesional, deberán absolverse las posiciones personalmente."
"Artículo 153. El Tribunal calificará las pruebas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente inconducentes o contrarias a la moral o al derecho, o que no tengan relación con la controversia planteada. Acto continuo se señalará el orden de su desahogo: primero las del actor y después las de la parte demandada, en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las pruebas y procurando la celeridad en el procedimiento."
"Artículo 154. En la audiencia de desahogo sólo se recibirán las pruebas admitidas previamente, a no ser que se refieran a hechos supervenientes, en cuyo caso se dará vista a la contraria antes de resolver lo procedente. Se exceptúan las relativas a las tachas de testigos o la confesional, siempre que se ofrezcan antes de la declaratoria de haberse concluido el procedimiento y se cite a las partes a oír el laudo correspondiente."
"Artículo 155. El Tribunal tendrá las más amplias facultades para la práctica de las diligencias de desahogo de las pruebas. Las autoridades pondrán a disposición del Tribunal los documentos, archivos y constancias que se refieren o se relacionen con los hechos investigados en el procedimiento, sin perjuicio de que envíen las copias que les solicite el Tribunal. Concluida la recepción de pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el Tribunal, se declarará concluido el procedimiento y se citará a las partes a oír el laudo."
"Artículo 156. Antes de pronunciarse el laudo, los Magistrados podrán solicitar mayor información para mejor proveer, en cuyo caso, el Tribunal acordará la práctica de las diligencias necesarias, siempre que no se trate de suplir la omisión o deficiencia en que pudiera haber incurrido alguna de las partes."
"Artículo 157. El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas en su estimación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en el laudo las consideraciones en que se funde la decisión."
De lo anterior se sigue que las disposiciones legales transcritas, no contienen reglas vinculadas con la forma en que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima debe fijar las cargas procesales en los juicios laborales de su conocimiento, pues el artículo 157 de la ley burocrática estatal, se concreta a señalar que ... El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas en su estimación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en el laudo las consideraciones en que se funde la decisión ...
En ese sentido, ante ese vacío legislativo debe atenderse lo dispuesto en el artículo 15 de la propia Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Colima,(7) que dispone que, en lo no previsto en ella, se aplicarán, en su orden: "I. Los principios generales de justicia social, que derivan del artículo 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; III. La Ley Federal del Trabajo; IV. La jurisprudencia; V. La costumbre; y VI. La equidad."
Ahora bien, en los principios generales de justicia social que derivan del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, no se advierte una determinación en torno a cómo desahogar las pruebas en el juicio laboral burocrático; respecto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es el primer ordenamiento al que remite la legislación burocrática local, tampoco expresa una reglamentación en especial sobre la distribución de las cargas probatorias; por tanto, para conocer cuáles son los aspectos que deben observarse para la distribución de las obligaciones procesales que corresponden a las partes en el juicio laboral burocrático estatal, deben tenerse presentes los que resulten acordes con éste, previstos por la Ley Federal del Trabajo, la cual sí contempla todo un sistema sobre la institución materia de estudio.
Cierto, en su artículo 784 la Ley Federal del Trabajo establece un catálogo de supuestos en los que, cuando haya controversia en el procedimiento respecto a ciertos hechos, se eximirá a la parte trabajadora de la carga de la prueba, precepto que al ser completado con lo que disponen los diversos 804 y 805 de la propia ley de la materia, donde se establece una serie de supuestos y de documentos que el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio, se contempla un sistema de cargas procesales de tipo social que tiende a proteger a la clase trabajadora, como deriva de tales preceptos que señalan:
"Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:
I. Fecha de ingreso del trabajador;
II. Antigüedad del trabajador;
III. Faltas de asistencia del trabajador;
IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;
V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos de los artículos 37, fracción I, y 53, fracción III, de esta Ley;
VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha y la causa de su despido;
VII. El contrato de trabajo;
VIII. Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas semanales;
IX. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo;
X. Disfrute y pago de las vacaciones;
XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;
XII. Monto y pago del salario;
XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y
..."
"Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:
I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato Ley aplicable;
II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios;
III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;
IV. Comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta Ley, y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad social; y
V. Los demás que señalen las leyes.
Los documentos señalados en la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados en las fracciones II, III y IV, durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral; y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las Leyes que los rijan."
"Artículo 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario."
De las reglas procesales anteriores, en concreto de lo previsto en el artículo 784, fracción VII, deriva que el trabajador quedará eximido de la carga procesal cuando exista controversia sobre el contrato de trabajo, en este caso aplicado a la materia burocrática debe entenderse referido al nombramiento.
Ahora bien, si acorde con lo previsto en el artículo 20, fracción III, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Colima,(8) en el documento donde se contenga el nombramiento deberá asentarse el carácter del nombramiento –definitivo, interino provisional, por tiempo o por obra determinada–.
Entonces, si por otra parte, dicho documento es de los que acorde con el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio, so pena de aplicarse la presunción contenida en el numeral 805 de la propia legislación federal en consulta, de tener por ciertos presuntivamente los hechos que con dichos documentos se pretenda acreditar, es obvio que en un supuesto donde exista controversia sobre el tipo de nombramiento expedido a una o un servidor público, esto es, si ostenta y se desempeña en un puesto considerado de confianza, supernumerario o de base, debe ser al patrón al que corresponda satisfacer en su integridad la carga procesal, si no quiere soportar la consecuencia derivada de su incumplimiento.
Dicha interpretación es acorde con el principio pro operario previsto en el último párrafo del artículo 15 de la Ley Burocrática del Estado de Colima, pues la patronal dispone de mejores elementos para la comprobación de los hechos litigiosos, estimándose por disposición de la ley en materia del trabajo, que se trata de aquél que de acuerdo con las leyes tiene la obligación de conservar determinados documentos vinculados con la relación del trabajo, como la antigüedad del empleado, duración de la jornada de trabajo, monto y pago del salario, entre otros, o bien aquellos relativos a la creación de plazas, así como en torno a si el puesto desempeñado se encuentra presupuestado por la hacienda municipal.
En efecto, es ajustado a derecho concluir que los acuerdos, decretos o instrumentos que les dan origen a esas plazas, deben estar en poder del patrón, siendo éstos los instrumentos en que, por regla general, se determina si una plaza es definitiva o, por el contrario, su existencia se encuentra limitada a cierta temporalidad, por haber sido creada de manera provisional para cumplir determinado propósito. Además, en el supuesto de no contar la patronal con tales probanzas, al tratarse de una persona moral pública, es evidente que existe una interrelación con otras dependencias gubernamentales, en cuyos archivos o registros necesariamente deben obrar esas constancias o datos, por lo que no es difícil que las obtenga y favorezca como prueba en juicio en aras de demostrar el impedimento jurídico para otorgar un nombramiento de base, cuando no existe una vacante definitiva.
También es importante agregar que el Estado está obligado a acreditar que la contratación temporal está justificada en el desarrollo de una obra específica, la naturaleza de las funciones a desempeñar, o bien, cubrir alguna vacante temporal, de lo contrario se entenderá que el nombramiento fue definitivo, pues debe privilegiar la situación real en que se ubiquen las y los trabajadores burocráticos respecto a las funciones que desempeñan, al periodo por el que hayan prestado sus servicios, así como la existencia o no de una persona titular en la plaza para la que fueron nombrados, con independencia de la denominación que se atribuya al nombramiento respectivo, a efecto de determinar cuáles son sus derechos y la correlativa obligación del Estado en su carácter de patrón equiparado; cuya carga le corresponde a la parte patronal.
Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la parte patronal sui generis quejosa, no existe justificación legal alguna para estimar que, en este supuesto, la carga procesal le correspondía al actor **********, quien en la relatoría de sus prestaciones mencionó que solicitaba la basificación en la plaza de **********, con la precisión de que en el laudo reclamado, una vez justipreciado el material probatorio ofrecido sobre este tópico, se tuvo por acreditado que las funciones del demandante corresponden a las de un auxiliar administrativo (fojas 228 a 230).
En tanto que el Cabildo quejoso controvirtió ese hecho aduciendo que el actor era trabajador de confianza por tiempo determinado, afirmando la improcedencia de sus prestaciones.
Por ende, es evidente que, al existir controversia, a la patronal sui generis le concierne la carga de la prueba sobre el estatuto en que se encontraba la operaria y justificar la temporalidad de la contratación cuando se trate de nombramientos por tiempo determinado y, ello comprende, incluso, el hecho relativo a la plaza que tenía en la dependencia pública.
Bajo ese orden de ideas, resultan infundados los argumentos esgrimidos por el quejoso en su único motivo de disenso que hace valer, pues este Tribunal Federal concuerda con la autoridad responsable respecto a que le correspondía a la patronal acreditar que la plaza que venía ocupando el trabajador no era vacante, es decir, que no se trataba de un puesto de base.
Acerca del tema de la supletoriedad de leyes, se cita la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se trasunta:
"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate."(9)
También tiene aplicación a lo sostenido, por identidad jurídica, el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 9/2009, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del tenor siguiente:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. CUANDO EJERZAN LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE, CORRESPONDE A LA PARTE PATRONAL LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO CONTROVIERTA LA CALIDAD DEL PUESTO. La Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas no contempla reglas específicas sobre la carga de la prueba, por lo que con fundamento en su artículo noveno transitorio debe acudirse a la supletoriedad, primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y luego de la Federal del Trabajo, de la cual derivan reglas tutelares a favor de la clase trabajadora, específicamente en sus artículos 784, 804 y 805, que prevén que en todo caso el trabajador quedará eximido de la carga de la prueba cuando por otros medios se esté en posibilidad de descubrir la verdad sobre los hechos materia de la litis, entre otros supuestos, cuando haya controversia respecto del contrato individual de trabajo, que aplicado a la materia burocrática se refiere al nombramiento, el cual por disposición del artículo 11, fracción III, de la Ley burocrática local, debe contener el tipo de nombramiento -base, confianza o interino-. Por tanto, si dicho documento, conforme al indicado artículo 804, debe ser conservado y exhibido en juicio por el patrón, so pena de actualizarse la presunción contenida en el mencionado artículo 805, de tener por presuntivamente ciertos los hechos que con el mismo se pretendan acreditar, cuando el patrón controvierte la calidad del puesto desempeñado, le corresponda la carga probatoria, pues no existe justificación legal alguna para dividirla, dado que el hecho controvertido es la calidad de base o confianza del nombramiento."(10)
Asimismo, cobra exacta aplicación, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, de epígrafe y texto siguientes:
"
Hechos: Una trabajadora al servicio del Gobierno del Estado de Colima, en un juicio laboral burocrático reclamó, entre otras prestaciones, el nombramiento de base definitivo; prestación que la patronal sostuvo era improcedente, toda vez que la plaza solicitada por la actora era temporal, regida por partidas establecidas en el Presupuesto de Egresos, por lo que se encuentra supeditada a la subsistencia de la partida presupuestal creada para cubrir los salarios correspondientes, o bien por terminar las necesidades del servicio que motivaron el nombramiento. El tribunal laboral burocrático determinó que la actora no demostró su acción y absolvió a la demandada. Contra esa determinación aquélla promovió juicio de amparo directo.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando la patronal alega que el puesto reclamado por el trabajador burocrático no es una plaza vacante (interina o provisional) o de nueva creación, le corresponde satisfacer en su integridad la carga procesal para acreditar la improcedencia del otorgamiento del nombramiento de base definitivo.
Justificación: Conforme al artículo 784, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria por mandato del artículo 15 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Colima, deriva que, entre otros supuestos, la persona trabajadora queda eximida de la carga procesal cuando exista controversia sobre el contrato de trabajo. De ahí que ante la disputa sobre el tipo de nombramiento expedido a una persona servidora pública, esto es, si ostenta y se desempeña en un puesto considerado de confianza, supernumerario o de base, debe ser al patrón al que corresponda satisfacer en su integridad la carga procesal, si no quiere soportar la consecuencia derivada de su incumplimiento y la condena respectiva."(11)
Así como, en lo conducente, el criterio que se comparte, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Sexto Circuito, de título y contenido siguientes:
"TRABAJADORES DE BASE AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL DESPIDO BASADO EN LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE SU SALARIO ES INJUSTIFICADO, AL NO ESTAR PREVISTA ESA CAUSA DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL EN LA LEY RELATIVA. De conformidad con el artículo 43 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, el nombramiento de un trabajador de base sólo podrá dejar de surtir efectos sin responsabilidad para el Estado cuando se actualice alguna de las causales previstas en dicho numeral. Por tanto, la falta de presupuesto para pagar el salario del trabajador, no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en dicho numeral, ni en el diverso 47 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, el despido que se apoya en esa causa es injustificado."(12)
Similares consideraciones se sostuvieron por este Órgano Colegiado al resolver los amparos directos 182/2021, 281/2021, 128/2021, 1054/2022, 825/2022, 1103/2022, 26/2024, 421/2023 y 833/2023, resueltos en sesiones de 19 y 26 de agosto y 2 de septiembre de 2021, 23 de junio, 6 de julio y 5 de octubre de 2023, y 18 de abril, 23 de mayo de 2024 y 9 de enero de 2025, respectivamente.
Finalmente, procede se analice lo que aduce la entidad pública disconforme, en la primera parte de su único concepto de violación, en torno a la aplicación retroactiva por parte de la autoridad responsable de la jurisprudencia de rubro siguiente:
• TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO POR TIEMPO DETERMINADO. CORRESPONDE AL ESTADO, EN SU CARÁCTER DE EMPLEADOR EQUIPARADO, JUSTIFICAR LA TEMPORALIDAD DE SU NOMBRAMIENTO (LEGISLACIONES BUROCRÁTICA FEDERAL Y DEL ESTADO DE COLIMA).(13)
En apoy
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33092-b395002a/nombramiento-de-base-definitivo-de-los-trabajadores-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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