CADUCIDAD EN MATERIA LABORAL. OPERA ANTE LA INACTIVIDAD PROCESAL DE LAS PARTES EN LA ETAPA DE ARBITRAJE, NO ASÍ CUANDO ÚNICAMENTE SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL DE DICTAR EL LAUDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
AMPARO DIRECTO 3/2016. 21 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALEJANDRO LÓPEZ BRAVO. SECRETARIO: JOSÉ LUIS ALVARADO GARCÍA.
CONSIDERANDO:
NOVENO.-Estudio del asunto. Es conveniente precisar que el juicio de amparo es promovido por la parte patronal y, por ende, opera el principio de estricto derecho; razón por la cual, la constitucionalidad del laudo reclamado se examinará a la luz, exclusivamente, de lo argumentado en los conceptos de violación, porque son éstos, en el caso, los que proporcionan la dimensión y materia del estudio en el presente juicio constitucional.
Ello, dado que la suplencia de la deficiencia de la queja en términos de la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, únicamente opera a favor de los sujetos de la clase trabajadora, como lo ha establecido el Alto Tribunal, al realizar la interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista de esta disposición.
En ese sentido es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 42/97,(9) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA."
Es oportuno precisar que el análisis de los motivos de disenso hechos valer por la quejosa **********, se realizará en algunos de ellos de manera conjunta, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, con la finalidad de resolver de una manera más eficaz las cuestiones planteadas por la impetrante en esta vía.
Sobre el particular se comparte, por analogía, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304,(10) de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.-El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."
Estudio de las violaciones procesales. En principio, corresponde analizar los aspectos de orden procesal, máxime que son de análisis preferente, ello con independencia de que se aleguen o no por la parte quejosa.
Respecto del estudio preferente de las violaciones al procedimiento, corresponde citar el criterio plasmado en la tesis,(11) emitido por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"PROCEDIMIENTO, PREFERENCIA DEL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES AL.-El estudio y decisión de las violaciones procesales, es preferente al estudio de las violaciones que se alegan a las leyes de fondo, porque el examen de las primeras tiene por objeto establecer si se han llenado u omitido los preceptos procesales señalados por la ley, porque toda la resolución debe ser fundada y motivada."
Argumento vinculado con la caducidad en el juicio de origen. En el "primer" concepto de disenso, la institución quejosa señala que al momento de dictar el laudo que se combate, se omitió realizar el estudio de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en razón de que afirma que en las actuaciones del juicio de origen, no se efectuó algún acto procesal ni promoción en un término mayor de seis meses entre la actuación levantada el dieciocho de agosto de dos mil catorce (proveído donde se pusieron los autos a la vista del pleno para el dictado del laudo) y la de veintiocho de octubre de dos mil quince (fecha en que se dictó el laudo).
Sostiene que por ello, era factible decretar la caducidad en el proceso, pues al no hacerlo de manera oficiosa, el tribunal responsable incurrió en violaciones al procedimiento; que no se encontraba dentro de los casos de excepción que la ley prevé, que por ello, debió aplicarse lo establecido en el referido artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Invoca en su apoyo las tesis de rubros: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS QUE LA PREVÉ, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA."; y, "CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL. SE ACTUALIZA AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN RESPONSABLE SE RESERVE LA FACULTAD DE RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y HAYA TRANSCURRIDO UN PLAZO MAYOR DE 6 MESES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."
Este órgano colegiado estima infundado el concepto de violación en estudio.
En efecto, el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios dispone:
"Artículo 138. La caducidad en el proceso se producirá, cuando cualquiera que sea su estado, no se haya efectuado algún acto procesal, ni promoción durante un término mayor de seis meses, así sea con el fin de pedir que se dicte el laudo. No operará la caducidad, aun cuando dicho término transcurra, por estar pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. A petición de parte interesada, o de oficio, el tribunal declarará la caducidad cuando se estime consumada."
Así, del numeral transcrito se desprende que la caducidad en el proceso se producirá en el juicio burocrático laboral en el Estado de Jalisco, cuando cualquiera que sea su estado, no se haya efectuado algún acto procesal ni promoción durante un término mayor de seis meses, así sea con el fin de pedir que se dicte laudo; asimismo, se advierte que el tribunal laboral declarará la caducidad cuando se estime consumada, ya sea a petición de parte o de oficio.
En la especie, contrariamente a lo que se aduce y, dada la figura jurídica en consulta, su naturaleza y principios que la sustentan, no se aprecia que durante la sustanciación del juicio laboral ********** se hubiese dejado de actuar por más de seis meses.
Cierto, por lo que se refiere a lo manifestado por la secretaría quejosa en relación con que entre las actuaciones levantadas del dieciocho de agosto de dos mil catorce al veintiocho de octubre de dos mil quince (fojas 54 y 58 ídem) del juicio laboral **********, se dejó de actuar por más de seis meses; que no obra actuación de las partes y se debe destacar que en la referida actuación de dieciocho de agosto de dos mil catorce, se declaró concluido el procedimiento y se ordenó poner los autos a la vista del pleno del tribunal responsable a fin de que se dictara el laudo correspondiente, lo que se hizo el veintiocho de octubre de dos mil quince; esto es, si bien entre dicha actuación y la emisión del laudo transcurrieron más de seis meses, lo cierto es que en aquella actuación se declaró concluido el procedimiento del juicio laboral de origen y se ordenó la emisión del laudo correspondiente; es decir, a la fecha de la referida actuación ya se encontraba totalmente integrado; razón por la cual, no es procedente la caducidad.
Lo anterior es así, pues en relación con el tópico, el Alto Tribunal ha interpretado que la caducidad, generalmente, no puede correr después de integrado el expediente, porque arribado a ese punto es cuando ya no deviene necesaria la actuación de las partes y tampoco puede caducar el proceso, porque sólo resta el deber elemental de dictar fallo definitivo a la controversia planteada, que es obligatorio por el imperativo contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se cita, como principio rector, por las razones que en ella se contienen, la jurisprudencia 2a./J. 127/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EN EL JUICIO LABORAL DEL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS. ES IMPROCEDENTE DECRETARLA CUANDO SÓLO ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE EL LAUDO.-De la interpretación sistemática de los artículos 84, 87, 89, 90, 95 y 97 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, se advierte la imposibilidad jurídica para el tribunal de decretar la caducidad de la acción y de la demanda por falta de promoción de las partes, cuando habiendo concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas y, en su caso, formulados los alegatos de las partes, sólo esté pendiente de dictar el laudo, porque el último de los preceptos condiciona este supuesto a que sea necesaria promoción de parte interesada, dado que el plazo de 180 días referido para dictar el laudo, conforme al artículo 95 de la citada ley, se contabiliza a partir de la celebración de la citada audiencia sin necesidad de solicitud de parte, por lo que no se actualiza el supuesto previsto en el mencionado artículo 97 para decretar la caducidad de la instancia por inactividad procesal."
Así que al analizar las normas que fijan un plazo legal de caducidad y que éste puede operar bajo expresiones como en "cualquiera que sea el estado del procedimiento" sin que exista promoción de las partes ni actividad procesal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha referido que debe entenderse al procedimiento antes de que se emita el auto de citación para oír sentencia, en los juicios en que ello rige, o bien, trasladado ello a la materia laboral, cuando sólo esté pendiente de dictarse el laudo.
Sobre el tema, se invoca como sustento la jurisprudencia número 2a./J. 118/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(12) de rubro y texto siguientes:
"CADUCIDAD EN MATERIA AGRARIA. NO PUEDE DECRETARSE SI EN EL JUICIO YA SE CITÓ A LAS PARTES PARA OÍR SENTENCIA.-El artículo 190 de la Ley Agraria, en cuanto establece que en los juicios agrarios opera la caducidad si transcurridos 4 meses no hubiese promoción del actor ni actividad procesal, debe entenderse referido al procedimiento antes de que se emita el auto de citación para oír sentencia, sin que resulte aplicable supletoriamente la fracción IV del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuanto a que esa figura opera ‘cualquiera que sea el estado del procedimiento’, pues la resolución del asunto se alejaría de la intención del legislador de que la justicia agraria se administre de manera ágil, pronta, expedita, honesta y eficaz, tomando en cuenta la realidad del medio rural para la solución de las controversias, supliendo la deficiencia de la queja, en virtud de la desventaja cultural y educativa en que se encuentra la mayoría de la población campesina en México -principios con los cuales pretenden solucionarse los conflictos en el campo mexicano dentro de un procedimiento jurisdiccional en el que se busque la igualdad de las partes-, pues la anulación de todos los actos procesales verificados se traduce en una sanción que se impone exclusivamente al actor, a pesar de que ya cumplió con su carga procesal de poner el asunto en estado de resolución y sólo resta que el Tribunal Agrario cumpla con la obligación constitucional y legal de impartir justicia. En consecuencia, éste no podrá decretar la caducidad prevista en el artículo 190 de la Ley Agraria si ya citó a las partes para oír sentencia, pues tendrá a su cargo la obligación de dictarla y si no lo hiciere y transcurre el plazo legal para la actualización de dicha figura, ello no lo exime de tal obligación, porque en ese caso, como la inactividad procesal no es atribuible al actor, sino exclusivamente al órgano jurisdiccional, éste deberá dictar la resolución dentro de los 20 días siguientes a la audiencia y notificarla a los contendientes, en estricto acatamiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 185 y 188 de la Ley Agraria, sin que lo anterior impida a las partes, si lo estiman conveniente, solicitar el dictado de la sentencia."
Por tanto, una vez que el asunto queda para emitir la respectiva resolución, ello implica que han quedado agotadas las etapas previas del proceso, que está debidamente integrado en lo que respecta a su participación, y que sólo falta que el Juez o tribunal ejerza su actividad decisoria, precisamente, con base en el material que arroje el sumario respectivo.
De ahí lo infundado del concepto de violación que se analiza, toda vez que, contrariamente a lo que se aduce y, dada la figura jurídica en consulta, naturaleza y principios que la sustentan, si bien entre la actuación en que se tuvo por concluido el procedimiento y aquella en la que se dictó el laudo transcurrieron más de seis meses, como ya se explicó, el término para que opere la caducidad no puede correr ante la falta de dictado del laudo.
Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada emitida por este órgano colegiado, localizable con el número III.3o.T.3 L (10a.),(13) que se transcribe:
"CADUCIDAD EN MATERIA LABORAL. OPERA ANTE LA INACTIVIDAD PROCESAL DE LAS PARTES EN LA ETAPA DE ARBITRAJE SI EL TRIBUNAL RESPECTIVO OMITE PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS, NO ASÍ CUANDO ÚNICAMENTE SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE ÉSTE DE DICTAR EL LAUDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El juicio laboral no debe permanecer detenido indefinidamente en lo que corresponde al arbitraje, ante la falta de acuerdo sobre la admisión de pruebas, por lo que corresponde a las partes instar al Tribunal de Arbitraje para que concluya la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas de la audiencia de ley, conforme al artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con los numerales 117 y 128 de la misma legislación, pues dicha conducta evidenciaría su interés en que sea resuelta la controversia; de lo contrario, regiría la presunción de su abandono que sanciona la caducidad, pues se acumularían juicios inactivos en su fase instructiva, con la correspondiente afectación al orden social, a la administración de justicia y la seguridad jurídica; en el entendido de que esa carga de impulso procesal cesa en ‘definitiva’ hasta que sólo esté pendiente de dictarse el laudo, pero no antes, ya que integrado el expediente, únicamente restaría dictar el fallo definitivo a la controversia planteada, que es obligatorio conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, dada la naturaleza y principios que apoyan la caducidad, sería inexacto equiparar la falta de dictado de laudo en que no puede correr la caducidad, con la inactividad de los tribunales laborales para desahogar la instrucción del proceso, como es el arbitraje, en donde corresponde agotar todas las etapas de la audiencia relativa. Dentro de ese contexto de instrucción subsiste la carga procesal de las partes de no abandonar o dejar de expresar su interés de que el procedimiento avance en miras de ponerlo en estado de resolución."
DÉCIMO.-Análisis de los conceptos de violación que conllevan el estudio de las consideraciones emitidas en el laudo impugnado. En el presente apartado se emprende el análisis de los motivos de disenso que se hacen valer, vinculados con el dictado del laudo, conforme a las consideraciones siguientes.
I. Conceptos de violación inoperantes, porque vierten razonamientos sin sustento jurídico. Debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha sustentado que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman;(14) en tal sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías de que se trata, se advierte que la secretaría quejosa en el apartado genérico de "conceptos de violación", expone los siguientes señalamientos:
• Que la responsable no motivó la causa legal del procedimiento para emitir un laudo absurdo e incongruente; que carece de los requisitos establecidos en los preceptos constitucionales, que no se encuentra fundado ni motivado.
• Afirma que la autoridad de origen dejó de analizar todas las actuaciones procesales con las cuales se acreditaron las excepciones y defensas, sin otorgarles valor probatorio alguno.
Tales manifestaciones resultan inoperantes.
Esto es así, dado que la secretaría quejosa únicamente vierte razonamientos generales sin sustento jurídico, sin exponer el porqué de sus afirmaciones.
En efecto, en dichos argumentos defensivos, la impetrante únicamente centra sus alegatos en el hecho de que el laudo combatido es incongruente, que no está debidamente fundado ni motivado, o que, en su caso, no se cumplieron las formalidades del procedimiento en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; sin embargo, no expresa por qué se actualizan dichas violaciones formales, sino que se limita a hacer expresiones generales sin sustento jurídico, lo que evidentemente actualiza la inoperancia de esos argumentos.
No pasa inadvertido, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que para que se aborde el estudio de los conceptos de violación basta con expresar claramente la causa de pedir, tal como lo sustenta la jurisprudencia P./J. 68/2000,(15) que al rubro y texto reza:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."
Asimismo, el propio Pleno del Alto Tribunal, en torno a la figura de la causa de pedir, también ha precisado que ésta consiste en señalar cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última.
Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 69/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(16) que informa:
"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.-Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’, esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última."
En otro aspecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado las diferencias entre causa de pedir y suplir la queja deficiente, para lo cual aclaró, que la primera (causa de pedir) no equivale a suplir su deficiencia en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo (actualmente artículo 79), ya que para abordar los agravios con base en la causa de pedir expresada en el libelo respectivo, resulta necesario:
1. Que el recurrente haya precisado con claridad cuál es el agravio que le provocan las respectivas consideraciones.
2. Así como los motivos que generan esa afectación.
A diferencia de lo que sucede cuando se suple la deficiencia de los agravios, pues esta prerrogativa procesal tiene aplicación cuando:
1. En el escrito relativo no se señala qué consideraciones del fallo recurrido se controvierten; o bien, realizado esto último.
2. No se mencionan los motivos que generan la respectiva afectación.
Además, la institución de la suplencia de la queja, según el grado en que ésta se autorice por la Ley de Amparo y su interpretación jurisprudencial, se traduce en examinar consideraciones no controvertidas por el recurrente, o bien, en abordar el estudio de aquellas respecto de las cuales éste se limitó a señalar en sus agravios que las estima incorrectas, sin precisar los motivos que sustentan su afirmación.
Lo anterior se puede advertir en la jurisprudencia 2a./J. 8/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(17) cuyo tenor literal es:
"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. EL QUE SE ABORDE SU ESTUDIO EN ATENCIÓN A LA CAUSA DE PEDIR, NO IMPLICA SUPLIR SU DEFICIENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO.-La circunstancia de que al conocer de un recurso dentro de un juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito atiendan a la causa de pedir expresada, conforme a la jurisprudencia P./J. 69/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 5, con el rubro: ‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.’, no equivale a suplir su deficiencia en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, ya que para abordar los agravios con base en la causa de pedir expresada en el libelo respectivo resulta necesario que el recurrente haya precisado con claridad cuál es el agravio que le provocan las respectivas consideraciones, así como los motivos que generan esa afectación, a diferencia de lo que sucede cuando se suple la deficiencia de los agravios, pues esta prerrogativa procesal tiene aplicación cuando en el escrito relativo no se señala qué consideraciones del fallo recurrido se controvierten, o bien, realizado esto último, no se mencionan los motivos que generan la respectiva afectación. Además, la institución de la suplencia de los agravios, según el grado en que ésta se autorice por la Ley de Amparo y su interpretación jurisprudencial, se traduce en examinar consideraciones no controvertidas por el recurrente, o bien, en abordar el estudio de aquellas respecto de las cuales éste se limitó a señalar en sus agravios que las estima incorrectas, sin precisar los motivos que sustentan su afirmación."
Bajo este tenor, el hecho de que la impetrante de amparo, se limite únicamente a enunciar la actualización de las violaciones anotadas, sin exponer los motivos que las originan o en qué sustenta su afirmación, torna inoperantes sus alegaciones; ello, porque como ya se vio, el hecho de que no se le obligue a cumplir con formalismos en la elaboración de sus conceptos de violación, no lo exime de exponer las razones fundamentales con que se controviertan los considerandos del fallo reclamado.
Así pues, el hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren.
En ese sentido, también lo ha precisado la Primera Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002,(18) de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.-El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
Aunado a lo expuesto, es insuficiente que la parte quejosa se limite a señalar que la autoridad de origen dejó de analizar "todas las actuaciones procesales" con las cuales se acreditaron las excepciones y defensas, sin otorgarles valor probatorio alguno.
Lo anterior es inoperante porque esos planteamientos no indican en sí cuál es la actuación en la que se omitió analizar y en relación con qué excepción o argumento de defensa se encontraba vinculada y de qué manera ello evidenciaba lo fundado de su alegación.
Ello, porque al referir que la autoridad de origen no analizó todas y cada una de las actuaciones procesales del juicio laboral, y afirmar que con éstas se acreditaban sus excepciones o defensas, finalmente no delimita cuál es aquella actuación, prueba o excepción en particular donde ocurrió la omisión aludida.
Por tanto, el concepto es inoperante cuando la parte quejosa no señala qué excepciones, pruebas o actuaciones en particular son las que alega omitidas en su estudio o valoración.
Si bien es verdad que para analizar tal cuestión no era obligatorio que se precisara el alcance de la excepción ni de los medios de convicción, como tampoco de qué modo tal omisión trascendió al resultado del fallo (hecha excepción cuando se trata de una violación procesal); sin embargo, sí era necesario que por lo menos mencionara cuáles fueron las excepciones, defensas, pruebas o actuaciones que alude no examinadas, para así estar en posibilidad de verificar si efectivamente la responsable incurrió en la omisión delatada.
De ahí lo inoperante del concepto de violación en estudio, pues en el que se analiza no hay tales planteamientos, sino lo único que hace la parte quejosa es efectuar afirmaciones, omitiendo exponer de manera específica y particularizada los motivos concretos en los cuales sustenta sus propias alegaciones, esto es, las razones por las cuales llega a sus conclusiones.
Al respecto, por las razones que la informan, es oportuno citar la jurisprudencia 2a./J. 172/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(19) que refiere:
"AGRAVIOS EN AMPARO EN REVISIÓN. CUANDO SE IMPUGNA LA OMISIÓN DE VALORAR ALGUNA PRUEBA, BASTA CON MENCIONAR CUÁL F
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26956-488db9ed/caducidad-en-materia-laboral-opera-ante-la-inactividad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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