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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA EN EL QUE SE RECLAMA UNA SENTENCIA QUE NO REQUIERE DE EJECUCIÓN MATERIAL. CUANDO SE PROMUEVE DESPUÉS DE LA SUSTITUCIÓN DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA RESPONSABLE SUSTITUTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 122/2024. · Registro digital (IUS): 33111
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-04-04
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Abril de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.347.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 122/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día doce de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN.

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer cuál es el Tribunal Colegiado de Circuito competente, por razón de territorio, para conocer del amparo directo en materia agraria en el que se reclama una sentencia que no requiere de ejecución material, cuando se promueve con posterioridad a la entrada en vigor de un acuerdo general que motivó la sustitución de la autoridad que emitió dicho acto.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción de criterios. A través del escrito presentado electrónicamente el veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, informó que en la ejecutoria correspondiente al amparo directo 353/2023, se denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano colegiado, y el diverso que sostuvieron el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en el amparo directo 348/2023, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en los amparos directos 349/2023 y 350/2023.

4. Radicación de la contradicción. En el acuerdo de dos de abril de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, admitió a trámite la contradicción de criterios con el número de expediente 122/2024; turnó los autos para su estudio a la ponencia respectiva; requirió a los tribunales colegiados para que informaran si seguían vigentes los criterios que motivaron la contradicción o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; y solicitó informe al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada en este asunto.

5. Se reciben informes. Mediante acuerdo de presidencia de quince de abril del año en curso, se tuvieron por recibidos el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto; así como el ocurso proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en el que comunicó que el criterio sustentado en el amparo directo 353/2023, continuaba vigente.

6. Informe de vigencia. En auto de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio remitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en el que informó que el criterio sustentado en los amparos directos 349/2023 y 350/2023, continuaba vigente.

7. Informe de vigencia. Mediante acuerdo de presidencia de veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en el que informó que el criterio sustentado en el amparo directo 348/2023, continuaba vigente.

8. Confirmación de turno. En auto de presidencia de diecinueve de junio del año en curso, se confirmó el turno del presente asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

9. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto del año en curso y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre pasado, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de la anualidad que transcurre, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.

10. Nueva integración del Pleno. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformada por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.

11. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

II. COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del propio Consejo, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en su texto vigente a partir de la reforma ordenada en el artículo 3 del Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados pertenecientes al Vigésimo Segundo Circuito, el cual corresponde a esta región; además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema referente a la materia administrativa, tal como se advierte de los criterios denunciados.

III. LEGITIMACIÓN

13. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, quienes emitieron uno de los criterios que formaron parte de la denuncia que motivó este asunto.

IV. CRITERIOS CONTENDIENTES

14. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A) Criterio sustentado por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo 353/2023, en sesión de dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro.

15. Se demanda cumplimiento de contrato. Una persona física demandó en la vía agraria, el cumplimiento de un contrato de compraventa de una parcela, el reconocimiento de dicho acto traslativo y la declaratoria judicial de que ostentaba el mejor derecho para poseer esa tierra.

16. Trámite del juicio agrario. De la demanda correspondió conocer al Tribunal Unitario Agrario 53, con residencia en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, el que después de realizar el trámite correspondiente, dictó sentencia el doce de diciembre de dos mil veintidós, en la que declaró improcedentes las pretensiones planteadas por la parte actora y absolvió a los demandados.

17. Publicación del Acuerdo General 26/2022. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 26/2022 del Pleno del Tribunal Superior Agrario, en el que se determinó que a partir del nueve de enero de dos mil veintitrés, los municipios de Corregidora y El Marqués, ambos del Estado de Querétaro, dejaban de ser competencia territorial del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con residencia en Celaya, Guanajuato, y se ordenó que los expedientes relacionados con esos municipios fueran remitidos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42, con residencia en Querétaro, Querétaro.

18. Se radica expediente. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42, con residencia en la ciudad de Querétaro, se avocó al conocimiento del juicio agrario de origen y, luego de verificar el estado de autos, ordenó la notificación de la sentencia dictada por su homólogo.

19. Se promueve demanda de amparo directo y se emite criterio contendiente. Inconforme con la sentencia dictada en el juicio agrario, la parte actora promovió demanda de amparo directo de la que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, el que la admitió a trámite con el número de expediente 353/2023 y, en sesión de dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, negaron la protección constitucional solicitada.

20. En lo que interesa a la materia de la presente contradicción de criterios, el órgano colegiado estableció lo siguiente:

“(...)

PRIMERO. Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción II, 34 , 170, fracción I, 179 y 181 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día quince de febrero de dos mil trece, modificado por los diversos 29/2014, 12/2016, 13/2016 y 28/2017.

(...)

Conforme a lo anterior, es inconcuso que la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo que se hace valer en contra de sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio en materia agraria, se determina atendiendo al domicilio de la autoridad que haya ejecutado, ejecute o vaya a ejecutar la sentencia o resolución impugnada.

Sin embargo, cuando se reclama una sentencia definitiva en materia agraria que no tenga ejecución material, aplicará la regla de competencia general establecida en el artículo 34 de la Ley de Amparo, por lo que el conocimiento de dicho juicio corresponderá al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que reside la autoridad responsable que haya emitido el fallo reclamado.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 141/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 1681, registro digital 2010273, que a continuación se transcribe:

‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO REQUIERA DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. (Transcribe texto)’

Establecido lo anterior, resulta oportuno abordar el tema relativo a la sustitución de una autoridad responsable, supuesto que acontece cuando la autoridad inicialmente responsable, por ser la que de manera inicial ordenó, ejecutó o trató de ejecutar el acto reclamado, cesa de tener jurisdicción en el asunto, ya sea por impedimento, excusa o cualquier otra causa, entonces, adquiere el carácter de responsable la que se avoca al conocimiento del asunto, por ser la única que está en condiciones de cumplir con todas las determinaciones dictadas en el juicio de amparo, y en su caso, de ejecutar la sentencia que se dicte en el propio sumario constitucional.

Sobre dicho tema es orientadora la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXII, página 38, registro digital 308491, que a continuación se transcribe:

‘AUTORIDAD RESPONSABLE, SUSTITUCIÓN DE LA. (Transcribe texto)’

Así como, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 25/98, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 212, registro digital 196423, que dice:

‘INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CUMPLIMIENTO LE CORRESPONDE A LA AUTORIDAD SUSTITUTA CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE QUEDA IMPEDIDA PARA ELLO, O DESAPARECE POR REFORMA CONSTITUCIONAL O LEGAL, POR LO QUE, EN RELACIÓN CON ELLA, DEBE REALIZARSE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO. (Transcribe texto)

La figura de la sustitución de las autoridades responsables está contemplada en el artículo 9, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece:

‘Artículo 9o. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos...’

En el caso, de los antecedentes que dieron origen al presente juicio constitucional se advierte que mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con residencia en Celaya, Guanajuato; ********** demandó de **********, el cumplimiento del contrato de compraventa celebrado el **********, respecto la fracción ********** de la parcela **********, por la cantidad de **********; el reconocimiento de dicho acto traslativo; y la declaratoria judicial de que ostenta el mejor derecho para poseer.

Finalmente, el doce de diciembre de dos mil veintidós, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con residencia en Celaya, Guanajuato, dictó sentencia en la que resolvió:

(...)

Sin embargo, por acuerdo 26/2022 aprobado el siete de diciembre de dos mil veintidós, por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, se modificó la competencia territorial de los Distritos 11 y 53, con sede en las ciudades de Guanajuato y Celaya, ambos del Estado de Guanajuato y 42, con sede en Querétaro, Estado de Querétaro, para establecer que, a partir del nueve de enero de dos mil veintitrés, el Distrito 42 tendría en su jurisdicción los municipios que actualmente comprende, más los municipios de Corregidora y El Marqués, ambos del Estado de Querétaro, entes municipales que, a partir de dicha data, dejaban de ser competencia territorial del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53.

Asimismo, se estableció que los Tribunales Unitarios de los Distritos 11 y 53 contaban con un plazo de seis días a partir del nueve de enero de dos mil veintitrés, para la remisión de los expedientes sobre los cuales dejaran de tener jurisdicción, mientras que los tribunales de los distritos 42 y 53, a partir del dieciséis de enero de ese año, contaban con el plazo de diez días para radicar los juicios agrarios remitidos por los demás tribunales, y proveer lo conducente para dar el impulso procesal que en derecho correspondiera.

Por virtud a dicho acuerdo, mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42, radicó y registró el expediente agrario ********** (donde se emitió el acto reclamado), bajo el número *********** y, dado que la sentencia definitiva emitida por su homólogo del Distrito 53 no fue notificada, ordenó su notificación de conformidad con el artículo 173 de la Ley Agraria.

Derivado de lo anterior, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se notificó a la aquí quejosa la sentencia pronunciada el doce de diciembre de dos mil veintidós, por el Tribunal Agrario Distrito 53, con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Finalmente, mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintitrés, ante la oficialía de partes del Tribunal Unitario Agrario Distrito 42, se promovió la demanda de amparo directo; en consecuencia, la Magistrada de dicho órgano jurisdiccional, acorde con el primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Amparo, dio trámite al ocurso acorde con el numeral 178 de la misma normatividad.

Resulta evidente que en el caso operó la sustitución de la autoridad que emitió el acto reclamado, a saber, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en Celaya, Guanajuato, pues por virtud al Acuerdo General 26/2022 del Pleno del Tribunal Superior Agrario, a partir del nueve de enero de dos mil veintitrés, cesó su jurisdicción territorial sobre cualquier asunto agrario que tuviera relación con los municipios de Corregidora y El Marqués, ambos del Estado de Querétaro.

Ello originó que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 42, con sede en esta demarcación territorial, fuera el único que estuviera en condiciones de cumplir con todas las determinaciones relativas a la promoción de la demanda de amparo directo que ahora se resuelve, como lo fue realizar la certificación correspondiente, correr traslado a los terceros interesados y rendir el informe con justificación.

En ese orden de ideas, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando en el juicio de amparo directo se reclama una sentencia definitiva en materia agraria que no tenga ejecución material, aplicará la regla de competencia general establecida en el artículo 34 de la Ley de Amparo, por lo que el conocimiento de dicho juicio corresponderá al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que reside la autoridad responsable que haya emitido el fallo reclamado; y en el caso, el acto reclamado fue emitido por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en Celaya, Estado de Guanajuato, y carece de ejecución, al haberse declarado improcedente la acción y absolverse a los demandados de las pretensiones que se reclamaron. Este Tribunal Colegiado estima ser competente para resolver el presente juicio, al ejercer jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad responsable sustituta, es decir, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 42, con sede en la ciudad de Querétaro, Querétaro.

Ello, pues por virtud al acuerdo emitido por el Tribunal Superior Agrario, a partir del nueve de enero de dos mil veintitrés, la jurisdicción del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en Celaya, Estado de Guanajuato, cesó de manera definitiva para conocer sobre cualquier aspecto relacionado con juicios agrarios relativos a los municipios de Corregidora y El Marqués, en el Estado de Querétaro.

Lo que originó que el carácter de autoridad responsable (como sustituta) lo adquiriera el Tribunal Unitario Agrario Distrito 42, con sede en la ciudad de Querétaro, Querétaro, por ser el único que estaba en condiciones de cumplir con todas las determinaciones relativas al juicio de amparo directo que se promovió (posterior a que cesó la jurisdicción de su homólogo del Distrito 53), y en su caso, quien deberá ejecutar la sentencia que se dicte en el juicio constitucional.

Sin que esto último implique desconocer la jurisprudencia antes citada de rubro: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO REQUIERA DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.’; pues el criterio aquí adoptado se acoge a la regla establecida por el Máximo Tribunal del País en cuanto a que resulta competente para resolver un juicio de amparo directo en materia agraria que carezca de ejecución, el tribunal colegiado que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable.

Por lo tanto, si al momento en que se presentó la demanda de amparo directo, la autoridad responsable, como sustituta, lo es el Tribunal Unitario Agrario Distrito 42, con sede en la ciudad de Querétaro, Querétaro, y el acto reclamado carece de ejecución; entonces, acorde con la regla general establecida en el artículo 34 de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo directo.

(...)”

21. Firmeza del criterio contendiente. La sentencia dictada en el juicio de amparo directo de referencia, quedó firme por ministerio de ley, en virtud de que en su contra no procede algún recurso o medio de defensa que pueda dar lugar a su revocación o insubsistencia.

22. Archivo del expediente. En razón de lo anterior, en el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veinticuatro, la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, ordenó el archivo del juicio de amparo directo de origen.

B) Criterio sustentado por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver por mayoría de votos el amparo directo 348/2023, en sesión de trece de julio de dos mil veintitrés.

23. Se demanda cumplimiento de contrato. Una persona física demandó en la vía agraria, el cumplimiento de un contrato de compraventa de una parcela, el reconocimiento de dicho acto traslativo y la declaratoria judicial de que ostentaba el mejor derecho para poseer esa tierra.

24. Trámite del juicio de origen. De la demanda correspondió conocer al Tribunal Unitario Agrario 53, con residencia en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, el que después de realizar el trámite correspondiente, dictó sentencia el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que declaró improcedentes las pretensiones planteadas por la parte actora y absolvió a los demandados.

25. Publicación del Acuerdo General 26/2022. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 26/2022 del Pleno del Tribunal Superior Agrario, en el que se determinó que a partir del nueve de enero de dos mil veintitrés, los municipios de Corregidora y El Marqués, ambos del Estado de Querétaro, dejaban de ser competencia territorial del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con residencia en Celaya, Guanajuato, y se ordenó que los expedientes relacionados con esos municipios fueran remitidos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42, con residencia en Querétaro, Querétaro.

26. Se radica expediente agrario. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42, con residencia en la ciudad de Querétaro, se avocó al conocimiento del juicio agrario de origen y, luego de verificar el estado de autos, ordenó la notificación de la sentencia dictada por su homólogo.

27. Se promueve demanda de amparo directo y se emite criterio contendiente. En contra de la sentencia dictada en el juicio agrario, la parte actora promovió demanda de amparo directo, de la cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, el que la admitió a trámite con el número de expediente 348/2023 y, en sesión de trece de julio de dos mil veintitrés, sus Magistrados integrantes, por mayoría de votos, declararon su incompetencia, por razón de territorio, para conocer y resolver el asunto, bajo las siguientes consideraciones:

“(...)

PRIMERA. Incompetencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito es incompetente por territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo directo, ya que la sentencia definitiva reclamada la emitió el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, ubicado en la ciudad de Celaya, Guanajuato, por lo que el conocimiento del presente juicio constitucional debe corresponder al Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en el Estado de Guanajuato que ejerza jurisdicción sobre dicha (sic) tribunal agrario.

(...)

La competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que hayan puesto fin al juicio, está comprendida en dos reglas, una general y una especial. La regla general prevé que la competencia de los tribunales colegiados de circuito se fija e razón de la residencia de la autoridad responsable que haya dictado el fallo reclamado. La regla especial dispone que en materia agraria será competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba ejecutarse.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre esta regla de competencia y, en lo que interesa, sostuvo:

(...)

Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia que dice:

(...)

‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO REQUIERA DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. (Transcribe texto)’

De todo lo cual se sigue con claridad que cuando en el juicio de amparo directo se reclama una sentencia definitiva en materia agraria que no tenga ejecución material, aplicará la regla de competencia general establecida en el artículo 34 de la Ley de Amparo, por lo que el conocimiento del juicio de amparo directo corresponderá al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que reside la autoridad responsable que haya emitido el fallo reclamado.

(...)

Como se ve, la sentencia definitiva que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo directo fue dictada por un tribunal unitario que reside en Celaya, Guanajuato, esto es, fuera de la competencia de este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito y en ella se emitió un criterio meramente declarativo que no implica ejecución material alguna, pues se declararon improcedente las prestaciones reclamadas y se absolvió al demandado.

Lo anterior porque de conformidad con de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; 38, fracción I, inciso b), 39 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el punto primero, fracción XXII y punto tercero, fracción XXII, del Acuerdo General 3/2013 modificado por los diversos 29/2014 y 13/2016, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como a la semiespecialización y cambio de denominación de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito; este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito es competente para conocer de los juicios de amparo directos contra sentencia definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, emitidos por autoridades judiciales, administrativa o del trabajo, que residan dentro del territorio del Estado de Querétaro.

De modo que la competencia para conocer del presente asunto corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en turno, con residencia en Guanajuato, Guanajuato.

Sin que pase desapercibido que conforme al acuerdo 26/2022, emitido por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42, en el Estado de Querétaro, haya reasumido competencia territorial para conocer de los asuntos donde se traten temas de los municipios

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33111-5b5d237a/competencia-por-territorio-para-conocer-del-amparo-directo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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