CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 406, PÁRRAFO QUINTO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO VIOLA EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1836/2024. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1836/2024, interpuesto por **********, en contra de la sentencia dictada en sesión del treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en el juicio de amparo directo **********.
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Juicio de amparo directo. **********, por conducto de su defensor particular **********, promovió demanda de amparo en contra de la sentencia dictada por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua en el toca de apelación **********. Seguida la etapa procesal respectiva, en sesión celebraba de treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, se determinó no amparar a la parte quejosa.
2. SEGUNDO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual se envió a este Alto Tribunal para su resolución.
3. TERCERO. Trámite del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de cinco de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión interpuesto, registrándolo bajo el número 1836/2024, ordenó su turno para la elaboración del proyecto respectivo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, así como el envío de los autos a esta Primera Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que se dictara el acuerdo de radicación correspondiente.
4. CUARTO. Avocamiento. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala dispuso el avocamiento del asunto, y ordenó el envío de los autos a su ponencia, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido por dicho órgano el veintiséis de enero de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de ese año y modificado mediante Instrumento Normativo aprobado por el Pleno el diez de abril de dos mil veintitrés y publicado en el referido medio de difusión oficial el catorce de abril de esa anualidad. Lo anterior, ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia penal, dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, la cual corresponde a la especialidad de esta Sala y no se hace necesaria la atención del Tribunal Pleno.
6. SEGUNDO. Oportunidad. De las constancias de autos se advierte que la sentencia de amparo se notificó por medio de lista a la parte quejosa el lunes doce de febrero de dos mil veinticuatro. Surtiendo efectos el día hábil siguiente, es decir, el trece siguiente.
7. Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del miércoles catorce al martes veintisiete de febrero del dos mil veinticuatro, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de febrero de la referida anualidad, al ser días inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
8. En tales condiciones, dado que el recurso de revisión fue interpuesto el diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, resulta evidente que el medio de impugnación se interpuso de forma oportuna.
9. TERCERO. Legitimación. Esta Primera Sala considera que ********** cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, al tener el carácter de quejoso en el juicio de amparo **********.
10. CUARTO. Procedencia del recurso. Para poder determinar si el recurso de revisión es o no procedente, se debe tener presente que el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, establece lo siguiente:
“Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
[...]
IX.- En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En contra del auto que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno.”
11. Como se advierte del texto constitucional antes reproducido, la procedencia del recurso de revisión está condicionada al cumplimiento de dos requisitos:
A. Que la sentencia recurrida resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales, o establezca la interpretación directa de un precepto constitucional u omita decidir sobre tales cuestiones, a pesar de haber sido planteadas; y
B. Que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
12. Estas exigencias, de acuerdo con el transitorio primero del Decreto correspondiente, entraron en vigor a partir del día siguiente de su publicación, es decir, el veinte de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, son aplicables al presente caso.
13. Partiendo de esa base, para la procedencia de estos recursos deben reunirse ambas características. Dicho de otro modo, basta que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente.
14. Ahora bien, sobre el primero de los requisitos, relativo a la cuestión de constitucionalidad, se advierte que en la demanda de amparo adujó el siguiente concepto de violación:
• Causa agravio lo relativo a la condena genérica que se realizó a la reparación del daño, pues en la sentencia se indicó al ser insuficientes las pruebas se debía remitir al Tribunal de Ejecución para el trámite en la vía incidental.
• El artículo 406, párrafo quinto, del Código Nacional de Procedimientos Penales abre una diversa instancia a efecto que se resuelva lo conducente a la condena a la reparación del daño, circunstancia que está prohibida por el artículo 23 de la Constitución, que prohíbe tajantemente que cualquier procedimiento tenga más de dos instancias.
• Conforme al artículo 335 fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público y la víctima están obligados a ofertar todos los medios de prueba a efecto de acreditar la reparación del daño y que si dicho monto no es comprobado no es dable que dicha cuantía monetaria de la reparación se pueda ejecutar en la vía incidental porque se insiste que se tendría una instancia extra y, por lo tanto, se estima inconstitucional.
15. El Tribunal Colegiado calificó de infundado el concepto de violación sobre constitucionalidad aduciendo lo siguiente:
“40. En primer término, resulta oportuno precisar que el artículo 23 Constitucional establece lo siguiente:
“Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.”
41. Ahora, la palabra “instancia”, deriva del latín instantia, lo que significa “acción o efecto de instar”, pero jurídicamente tiene esta acepción: “Cada uno de los grados jurisdiccionales que la ley tiene establecidos para ventilar y sentenciar, en jurisdicción expedita, lo mismo sobre el hecho que sobre del derecho, en los juicos y demás negocios de justicia.”
42. Es decir, explica que sólo puede haber dos instancias; a manera ejemplificativa, el amparo no es una instancia, es una revisión de la sentencia o de algún procedimiento.
43. Ahora, en el amparo en revisión **********, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el artículo 23 constitucional, establece en su primera parte el derecho humano a una doble instancia o apelación.
44. Refirió, que este derecho se encuentra en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: “Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias (...)”, por lo que se desprende que todo proceso penal podrá tener un máximo de tres instancias, y por lo menos dos.
45. Señaló que, en el mismo sentido, el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo tercero, de la Constitución Federal, señala que “para la procedencia del juicio [de amparo] deberán agotarse previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones pueden ser modificados o revocados (...)”.
46. Es decir, el artículo constitucional presupone la existencia de medios ordinarios de impugnación que sirven para cumplir con la garantía de que una instancia superior revise la decisión tomada por un tribunal inferior y con el derecho a una justicia completa e imparcial. Además, el derecho a recurrir las decisiones jurisdiccionales está previsto específicamente en los artículos 8.2, inciso h), y 25, punto 1 y 2, incisos a) y b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
47. Además, que la revisión integral del fallo condenatorio puede confirmar, revocar, o modificar la fundamentación y motivación del acto jurisdiccional. Esta revisión incrementa el convencimiento de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado respecto a que la resolución adoptada está apegada al derecho, lo que fortalece la seguridad jurídica.
48. Aunado a que en el derecho comparado como en el caso del Español, señalan que la decisión sobre la impugnación de las resoluciones judiciales que se dictan en un proceso se deposita en un órgano superior y, por lo general, con mayor experiencia del tribunal de donde procede, esa impugnación puede alcanzar tanto la revisión del procedimiento seguido como del juicio expresado, permitiendo la confirmación de la decisión o modificación, anulación o sustitución por otra.
49. Señala que el sistema de recursos permite un control interno de las resoluciones dentro del propio aparato judicial, pues la instancia superior podrá revisar la motivación de la resolución recurrida que es un elemento capital de la legitimación de la potestad jurisdiccional en el Estado de Derecho, además de formar parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva; derecho fundamental que comprende el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, prohibiendo las actividades de deducción y de decisión internas o secretas, de modo que lo resuelto debe aparecer expresado y fundado en toda su extensión, dado a conocer que la actuación del juzgador no ha sido arbitraria, irracional o absurda.
50. Luego, en la segunda parte del artículo 23 constitucional previene que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, con independencia que en el juicio se le absuelva o se le condene.
51. Dicho numeral establece el principio de non bis in ídem, ya sea que en el juico se le absuelva o se le condene, sin que implique necesariamente que se llevan a cabo dos procesos que culminen con sentencias, sean absolutorias o condenatorias, pues lo que trata de proteger dicha norma jurídica a los gobernados, es que éstos no sean sometidos a dos juicios o procesos por los mismos hechos delictivos, sin que se deba entender el término procesar como sinónimo de sentenciar, esto es, someter a un procedimiento a alguien y la frase “ya sea que lo absuelva o lo condene” contemplada en el indicado artículo constitucional, el que hace referencia al primer juico en el que se juzgó al acusado.
52. El principio de prohibición de doble juzgamiento non bis in ídem constituye un principio trascendental para el derecho penal que se encuentra consagrada a nivel convencional, constitucional y legal, respectivamente en los artículos 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Carta Magna, este último ya transcrito, que establecen:
Artículo 8. Garantías Judiciales.
(...).
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
(...).
Artículo 14.
(...).
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.
(...).
53. La esencia del principio non bis in ídem radica en que nadie pueda ser sometido a un proceso más de una vez, y, en consecuencia, tampoco pueda ser doblemente sancionado por los mismos hechos.
54. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la prohibición de doble juzgamiento recae en los hechos atribuidos que configuran una conducta delictuosa concreta y no a la denominación general del delito.
55. Apoya lo anterior la tesis con número de registro digital 245608 de la entonces Sala Auxiliar del Alto Tribunal, localizable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, materia penal, volumen ciento sesenta y nueve ciento setenta y cuatro, séptima parte, página doscientos diecisiete, de literalidad siguiente:
“NON BIS IN IDEM, GARANTÍA DE. SE LIMITA A LA CONDUCTA DELICTUOSA CONCRETA Y NO SE EXTIENDE AL DELITO GENÉRICO. El principio non bis in ídem, que recoge el artículo 23 constitucional, consistente en que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma conducta delictuosa, por los mismos hechos constitutivos de un delito previsto por la ley, en modo alguno opera sobre el nombre genérico o designación legal de un hecho delictuoso; y tal principio se refiere, en estricta interpretación, a proscribir la iniciación de un nuevo juicio sobre una cuestión que ya ha sido fallada en forma definitiva en un procedimiento judicial anterior; de manera que esta hipótesis no se adecua a conductas similares que el amparista realiza en diferente tiempo y en diverso lugar.”
56. Ahora, el artículo 406 de Código Nacional de Procedimientos Penales, establece:
“Artículo 406. Sentencia condenatoria
La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley.
La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento.
La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.
El Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño.
Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos.
El Tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate.
Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico.
La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica.
En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad; igualmente, se hará referencia a las agravantes de condena no podrá sobrepasar los hechos probados en juicio.”
57. Luego, de la transcripción del numeral se advierte en los párrafos cuarto y quinto, que el tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño, además que cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos.
58. Lo anterior, pues el derecho fundamental a favor de las víctimas u ofendidos a la reparación del daño derivado de la comisión de un delito, prevista en el artículo 20, aparatado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cuya interpretación integral se desprende que prevalece su naturaleza de reparación del daño para asegurar de manera puntal y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de los efectos del proceso penal; lo que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión.
59. Lo que concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, se deberá acreditar al imponerse ésta, y no en diverso estadio procesal; sin embargo, su quantum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta y lo que se acredita en el procedimiento penal, es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra, de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional. 60. Por ello, contrario a lo expuesto en su concepto de violación, este órgano colegiado considera que el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no resulta contrario al artículo 23 de la Carta Magna, pues el que se establezca que el monto o quantum se determine por vía incidental en ejecución de sentencia, no implica que se sujete a la parte quejosa a la apertura de una tercera instancia, pues como se señaló, únicamente tiene como objeto determinar el quantum de los daños ocasionados en la comisión del ilícito; ya que como se precisó, el artículo constitucional presupone la existencia de medios ordinarios de impugnación que sirven para cumplir con la garantía de que una instancia superior revise la decisión tomada por un tribunal inferior y con el derecho a una justicia completa e imparcial, lo cual no acontece en el incidente de ejecución de sentencia, ya que no se trata de un diverso proceso que deba ser revisado por un superior, sino que tiene como finalidad la determinación del quantum de los daños ocasionados al pasivo en la comisión del hecho delictivo.
61. Lo anterior, obedece a que las instancias fueron agotadas y en el caso se trata de un tema meramente de ejecución sobre lo resuelto en las instancias respectivas y como consecuencia de la sentencia condenatoria previamente declarada; de ahí que, dicha disposición normativa, no resulta contraria al artículo 23 de la Constitución Federal, pues como se indicó, no se trata de una tercera instancia, sino que tiene como finalidad determinar exclusivamente el quantum de la reparación del daño, determinado en la sentencia.”
16. De lo anterior, esta Primera Sala considera que, en el presente caso, existe una cuestión de constitucionalidad para acreditar el primer requisito, toda vez que en la demanda de amparo el quejoso alegó que el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales es contrario a lo establecido en el artículo 23 constitucional, al establecer una sentencia genérica y permitir que por vía incidental se calculara el quantum de la reparación del daño, se equiparaba a la instauración de una tercera instancia.
17. Al respecto, el Tribunal Colegiado lo estimó infundado pues el hecho de que en vía incidental se calcule la cuantía de la reparación, no constituye una tercera instancia y, por tanto, no existía una vulneración al artículo 23 constitucional. En contra de lo anterior, el recurrente cuestiona dicho análisis.
18. Ahora bien, el segundo requisito también se advierte cumplido.
19. De acuerdo con el precepto constitucional referido, la determinación del interés excepcional queda a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y al respecto se ha considerado que un asunto reviste dicha característica cuando existe la posibilidad de que a través de su resolución se emita un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o bien, que lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sustentado por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, ya sea por haberse resuelto en contra de dicho criterio o porque se hubiere omitido su aplicación.
20. En su único agravio el recurrente estableció los siguientes razonamientos:
• Causa agravio la incorrecta interpretación del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a la porción normativa del artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues contrario a lo concluido por el Colegiado, la etapa de ejecución constituye una tercera instancia vedada por el artículo 23 de la Constitución pues se pretende que ante un Juez diverso se desahoguen, aporten y se aleguen las pruebas a efecto de acreditar el quantum de la reparación del daño.
• Señala que el artículo 335 fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que en el escrito de acusación del Ministerio Público debe contener de forma clara y precisa el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo.
• Establece que el artículo 338, fracción IV del Código multicitado establece que la víctima mediante escrito podrá solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto, teniendo como objetivo que se desahoguen las pruebas en audiencia de enjuiciamiento, para que el tribunal resuelva en consecuencia.
• Añade el contenido del artículo 409 del referido Código, el cual establece el procedimiento en las audiencias de individualización de sanciones y reparación del daño, en la que se establece que en esta audiencia se desahogaran los medios de prueba y posteriormente se pronunciará respecto a la sanción y reparación del daño.
21. Así, el tema a dilucidar consiste en la interpretación que realizó el Tribunal Colegiado para considerar que la norma impugnada no constituía una tercera instancia que estuviera en pugna con el artículo 23 constitucional.
22. Esta apreciación deriva de un criterio jurisprudencial establecido por este Alto Tribunal, donde expresamente señaló que: “la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra.”
23. Tal precedente se encuentra en la jurisprudencia de rubro y texto:
“REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional.”(1)
24. Sin embargo, dicho criterio se emitió con base en normas del sistema anterior, y se considera pertinente analizar si prevalece bajo los principios y particularidades del sistema penal acusatorio; de ahí que se advierta cumplido el segundo elemento.
25. QUINTO. Estudio de fondo. Precisada la procedencia del recurso de revisión que aquí se resuelve, es necesario recordar que, desde sus conceptos de violación, el quejoso argumenta que el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite la consecución de una instancia adicional a las originalmente previstas para el proceso penal de origen, contrario a lo preceptuado en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
26. El tribunal colegiado que conoció del asunto, sostuvo la constitucionalidad del referido artículo; para ello señaló que el hecho de que dicho artículo permita que se reserve la cuantificación de la reparación del daño para la etapa de ejecución de sentencia en una vía incidental, no se traduce en la apertura de una tercera instancia pues su único objetivo es la determinación de la cantidad que habrá de cubrirse por concepto de reparación del daño y no si ésta –como pena pública– es procedente o no, pues la condena a la misma deriva de la sentencia condenatoria que se dictó en su oportunidad.
27. No obstante, en vía de agravios el recurrente insiste en que el artículo es contrario al citado mandato constitucional y señala que tanto la interpretación que dicho órgano realizó del artículo 23 constitucional, así como del numeral impugnado son incorrectas puesto que sí vulneran la prohibición de una tercera instancia, lo que incluso se corrobora con los artículos 335 y 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en estos últimos se prevé que tanto la solicitud como las pruebas se presenten desde la acusación por el Ministerio Público y por la víctima, respectivamente. Asimismo, robustece su afirmación con lo establecido en el numeral 409 del mismo ordenamiento, que establece que en esta audiencia se desahogaran los medios de prueba y posteriormente se pronunciará respecto a la sanción y reparación del daño.
28. En ese orden, para dar respuesta a lo efectivamente planteado, el estudio de fondo de la presente ejecutoria se dividirá en los siguientes apartados: A. Interpretación del artículo 23 constitucional en to
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33172-421b715a/cuantificacion-de-la-reparacion-del-dano-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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