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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2886/2012. **********. 10 DE JUNIO DE 2013. MAYORÍA DE SEIS VOTOS. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: JAIME SANTANA TURRAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2886/2012. · Registro digital (IUS): 80085
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Versión electrónica, Pág. 1.

Visto Bueno

Sr. Ministro:

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de junio de dos mil trece.

V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:

Cotejó:

PRIMERO. Por escrito presentado el tres de abril de dos mil doce, ante la Segunda Sala Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, **********, por conducto de su abogado defensor, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y de los actos que a continuación se indican:

AUTORIDADES RESPONSABLES:

Ordenadora:

Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Ejecutora:

Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México.

ACTO RECLAMADO:

La sentencia de nueve de marzo de dos mil doce, dictada dentro del toca de apelación ********** por la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, así como su ejecución.

Derechos fundamentales violados. En la demanda de amparo el quejoso estimó violados en su perjuicio los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación respectivos.

SEGUNDO. Por auto de treinta de mayo de dos mil doce, la Magistrada Presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, órgano al que correspondió conocer del asunto, admitió a trámite la demanda que registró con el número de amparo directo **********.

Posteriormente, el referido órgano colegiado dictó sentencia el veinticuatro de agosto de dos mil doce, en la que concedió el amparo únicamente para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos la sentencia reclamada y dictara otra en la que fundara y motivara correctamente el grado de culpabilidad del sentenciado y, en base a ello, determinara nuevamente el quantum de las penas.

TERCERO. Inconforme con la sentencia anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, y en auto de diecinueve de septiembre de dos mil doce, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, ordenó remitir los autos y el escrito de expresión de agravios a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CUARTO. Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su Presidente, en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil doce, admitió dicho recurso, que registró con el número 2886/2012; dio vista al Procurador General de la República para los efectos legales correspondientes y ordenó enviar el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal a fin de que su Presidente dictara el trámite correspondiente.

Por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil doce, el Presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal tuvo por recibidos los autos que integran el presente recurso, acordó que esta Primera Sala se avocara al conocimiento del asunto y que se turnaran los autos a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

Previa elaboración del dictamen suscrito por el Ministro Ponente, por auto de veintidós de noviembre de dos mil doce, el Presidente de la Primera Sala determinó enviar el presente asunto al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en el punto Tercero, del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve de junio siguiente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en un amparo directo en materia penal, por un Tribunal Colegiado de Circuito, subsistiendo en el presente recurso el problema de interpretación del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal, antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha dieciocho junio de dos mil ocho y la determinación que sobre el particular se adopte, entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.

Cabe precisar que la aplicación de la Ley de Amparo en la presente ejecutoria, se justifica en relación con la vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en términos del transitorio Tercero del Decreto de la nueva Ley de Amparo publicada ese día en el Diario Oficial de la Federación, con entrada en vigor al siguiente; por lo que la tramitación del presente recurso de revisión, al derivar de un juicio de amparo directo iniciado, antes de la fijada fecha, debe ser a la luz de la que regía entonces.

SEGUNDO. Legitimación y oportunidad. El presente recurso de revisión fue interpuesto por **********, quien es quejoso en el juicio de amparo directo **********, en el cual, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito pronunció la sentencia impugnada.

Asimismo, el recurso de revisión se interpuso oportunamente, al advertirse de las constancias de autos que la sentencia impugnada se notificó por lista al quejoso el lunes tres de septiembre de dos mil doce (foja 292 del cuaderno de amparo), surtiendo efectos dicha notificación el día hábil siguiente, esto es, el martes cuatro del propio mes y año, conforme al artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo.

En consecuencia, el plazo de diez días previsto en el artículo 86 del citado ordenamiento para interponer este medio de impugnación transcurrió del miércoles cinco al miércoles diecinueve de septiembre de dos mil doce, descontándose por inhábiles los días ocho, nueve, quince y dieciséis, por ser sábados y domingos, de conformidad con el artículo 23 la Ley de Amparo, así como el día catorce, con fundamento en la circular 22/2011 dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

En esas condiciones, si el recurso de revisión se presentó el martes dieciocho de septiembre de dos mil doce, es evidente que se interpuso con oportunidad.

TERCERO. Procedencia. Como cuestión previa, se impone destacar que el amparo directo del cual ha devenido el presente recurso de revisión, fue promovido el tres de abril de dos mil doce; por ello, la tramitación del presente asunto se regula bajo los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 5/1999, punto Primero, fracción I, inciso a), y fracción II, inciso b), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en concreto, conforme a la regulación de la ley reglamentaria vigente hasta la nueva publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con entrada en vigor al día siguiente, siendo aquella la que se mantiene aplicable en términos del artículo tercero transitorio del Decreto de la última. Conforme a lo cual, se debe analizar si en el caso se reúnen los requisitos de procedencia del recurso, y en su caso, delimitar la materia de estudio constitucional de la revisión.

En ese orden, el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sigue delimitando la procedencia del recurso de revisión para el juicio de amparo directo, únicamente cuando se resuelva sobre constitucionalidad de normas generales, o bien, se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o se omita decidir sobre tales planteamientos, además, si lo estima trascendente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(1)

Así, del análisis del artículo 107, fracción IX, Constitucional, se advierte, que las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno. Mas también se advierte, como única excepción, que procederá la revisión de dichas sentencias si se decide sobre la inconstitucionalidad de una ley o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional.

Asimismo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe dedicarse fundamentalmente a la interpretación definitiva de la Constitución, con base en las razones siguientes:

1) Impedir que con afectación de los derechos de los individuos, las autoridades federales o locales rebasen el marco constitucional de sus respectivas atribuciones, todo ello mediante la interpretación definitiva de la propia Constitución.

2) La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano superior del Poder Judicial de la Federación, debe ocupar su atención en la salvaguarda de la Ley Fundamental, por ser su función constitucional más destacada, en respeto al principio de división de poderes.

3) Es la trascendencia política que deriva de la atribución de fijar en definitiva el alcance de los textos constitucionales, lo que debe orientar el criterio para determinar la esfera de competencia de la Corte, pues la observancia y respeto a la Constitución atañen al interés superior de la Nación.

4) La custodia de la supremacía de la Norma Fundamental y de su estricto cumplimiento es función que sirve para limitar la actuación de los poderes activos y mantener la estabilidad del régimen político del país, por lo que fundamentalmente debe corresponder a la Suprema Corte de Justicia.

Bajo esa consideración fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe constreñirse a la interpretación definitiva de la Constitución, pues su observancia y respeto atañe al interés superior de la Nación, se propuso que este Alto Tribunal pueda conocer de la revisión de las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si deciden sobre la inconstitucionalidad de una ley o establecen la interpretación directa de un precepto constitucional. En principio, porque si bien a dichos tribunales les corresponde resolver temas de legalidad de manera terminal, amén que estas cuestiones son inatacables; también lo es que pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas, o bien, sobre el alcance de un artículo de la Ley Fundamental.

En concordancia con lo anterior, se establece en el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que la "materia del recurso de revisión se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras".

Luego, procede la revisión de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, si la resolución, a juicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a acuerdos generales, entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia respecto de la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional.

Sobre el particular, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el Acuerdo 5/1999 de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, relativo a las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, en su punto primero:

"PRIMERO. Procedencia.

I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes:

a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.

b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva. Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y, será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.

II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado;

b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir;

c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente.".

Conforme a lo relacionado, se concluye que, para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los siguientes supuestos:

a) Que en la sentencia recurrida se decida sobre la constitucionalidad de una norma general o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o bien, que habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio.

b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales.

Conforme a lo anterior, en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, pues el quejoso introdujo un relevante planteamiento de constitucionalidad en la demanda de amparo, en lo referente a su derecho fundamental de defensa adecuada desde la etapa averiguación previa, bajo su vertiente de asistencia técnica por un defensor (licenciado en derecho), lo que fue también materia de pronunciamiento por el tribunal de amparo y es combatido en la presente instancia; lo que revela claramente su ubicación en el tema constitucional conforme al artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente hasta la implementación del sistema penal acusatorio bajo los lineamientos de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho.

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el recurso.

I. Antecedentes.

1. El veinticuatro de noviembre de dos mil diez, aproximadamente a las quince horas, en el interior del domicilio ubicado en la avenida del **********, **********, **********, Municipio de **********, **********, ********** se apoderó sin derecho y sin consentimiento de un monedero que contenía numerario propiedad de la ofendida **********, que se encontraba en el interior de un cajón en la cocina, para lo cual privó de la vida a **********.

2. El Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, dictó sentencia condenatoria en la causa penal ********** en la que determinó que ********** era penalmente responsable por el delito de robo con modificativa (agravante de haber ocasionado la muerte).

3. Inconforme con la anterior resolución, ********** interpuso recurso de apelación, el cual, por razón de turno correspondió conocer la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, Estado de México, que registró dicho recurso con el número de toca ********** y mediante sentencia de nueve de marzo de dos mil doce, confirmó la sentencia reclamada.

4. En contra de la anterior determinación, ********** por su propio derecho, promovió demanda de amparo directo, que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mismo que resolvió conceder el amparo para el efecto de que fundara y motivara adecuadamente el grado de culpabilidad en el que se ubicaba el sentenciado.

II. Conceptos de violación. El quejoso, en lo que aquí es de interés, hizo valer los siguientes conceptos de violación:

En el caso, se vulneró el derecho fundamental de defensa adecuada, porque no obra certificación o constancia alguna de que a éste se le haya mostrado una lista de defensores de oficio, que por consiguiente no la aceptó y precisamente por ello designó a una persona de su confianza.

En este sentido, el quejoso literalmente añadió: "...el texto constitucional no es muy afortunado al permitir que el inculpado pueda ser defendido por persona de confianza y no por un abogado. Sin embargo, los jueces constitucionales podrían resolver los problemas que se derivan de ello a través de la interpretación sustantiva del concepto de defensa adecuada a que se refiere la fracción IX del artículo 20 constitucional".

III. Consideraciones del Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado del conocimiento, en lo que ahora es de interés, sostuvo lo siguiente:

Por lo que hace al diverso artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), el Tribunal Colegiado no advirtió que se hubiera transgredido, porque consideró que las diversas prerrogativas de carácter procesal que dicho numeral contempla se cumplieron cabalmente, toda vez que el proceso que se instauró en contra de ********** se llevó acatando cada una de las formalidades establecidas para el trámite legal del procedimiento, en específico, se le recibieron los testigos y demás pruebas que oportunamente ofreció para su defensa y se le auxilió para obtener su desahogo.

En este sentido, el defensor del sentenciado señaló en sus conceptos de violación, que a su defendido se le viola una de las garantías constitucionales más importantes: la de defensa adecuada, porque no obra certificación o constancia alguna de que a éste se le haya mostrado una lista de defensores de oficio, que no la aceptó y que por ello designó a una persona de su confianza.

Lo que a juicio del Tribunal Colegiado, no le asiste la razón al defensor del hoy quejoso, en razón de que, del original de la causa penal **********, tomo I, se advierte la constancia levantada el veinticinco de noviembre de dos mil diez, por el agente del Ministerio Público en Cuautitlán, Estado de México, de cuya lectura se obtiene que fue el propio quejoso quien ante la Representación Social, manifestó su deseo de nombrar como persona de su confianza a **********. Diligencia respecto de la que no se soslaya que reúne los requisitos legales que exigen los artículos 12 y 13 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, abrogado, revistiéndola de legalidad, ya que se hizo constar por escrito, se expresó en ella el lugar, la hora, día, mes y año en que se realizó, se asentaron también los nombres y apellidos de los servidores públicos que intervinieron, además que el agente del Ministerio Público estuvo asistido de dos testigos de asistencia.

En esas condiciones, al constituir la defensa adecuada, por persona de confianza un derecho constitucional consagrado a favor del hoy quejoso, y que ejercitó ante la designación de defensor que directamente realizó en la persona de **********, es innecesario que se le enseñara la lista de los defensores de oficio, resultando en consecuencia infundado su argumento.

IV. Agravios. La parte quejosa expresó como agravios lo que enseguida se sintetiza:

a) La interpretación que hace el Tribunal Colegiado es inexacta, toda vez que desde la averiguación previa se vulneraron los derechos del quejoso al no contar con una defensa adecuada como lo establece el artículo 20 constitucional.

La confesión realizada por el quejoso ante el Ministerio Público no tiene valor jurídico al no llevarse a cabo con las formalidades establecidas en ley, pues la persona que supuestamente lo asistió (**********), nunca acreditó tener al menos conocimientos de derecho, además de que no se identificó.

Es por lo anterior, que la autoridad responsable incorrectamente le otorgó valor probatorio a las pruebas que el Ministerio Público recabó en la etapa de averiguación previa.

b) No se comprobaron fehacientemente los elementos del tipo penal de robo. Argumento que se sustenta en lo siguiente:

En la sentencia se expuso que el quejoso recibió el monedero de manos del menor, circunstancia que en todo caso sería constitutivo del ilícito de abuso de confianza y no así del diverso delito de robo.

Además, la propia denunciante del delito de robo aceptó que una vez que leyó la declaración del ahora recurrente, se enteró que el activo sólo tuvo intención robarse el monedero, no así la cantidad de ochocientos pesos como se expuso en la sentencia condenatoria.

La autoridad responsable soslayó el hecho de que una vez que el quejoso tuvo en sus manos el monedero inmediatamente lo dejó sobre la repisa.

Asimismo, tampoco se tomó en consideración que el quejoso fue detenido en el interior de una casa habitación sin que se le hubiese encontrado algún objeto relacionado con el ilícito que se le imputó.

c) La autoridad responsable también violó, en perjuicio del quejoso, las garantías constitucionales de legalidad, seguridad y libertad toda vez que no actuó en forma autónoma e independiente y no hizo una verdadera y adecuada valoración de los medios de prueba aportados por la autoridad ministerial, además de que no realizó un estudio acucioso de los medios de convicción que obran en autos, pues únicamente se limitó a hacer suyos los razonamientos realizados por la Sala Colegiada.

d) No es exacta la interpretación que realiza en Tribunal Colegiado del conocimiento al artículo 16 constitucional, porque los elementos del tipo penal consistentes en el apoderamiento y el bien o cosa objeto del delito, nunca quedaron plenamente comprobados, pues no obra actuación alguna en la que la autoridad ministerial haya dado fe de la existencia de la cosa materia y objeto del delito, esto es, de la cantidad de ochocientos pesos, ni del monedero.

QUINTO. Estudio del fondo. Son fundados los agravios del quejoso recurrente, amén que procede la suplencia de la queja a su favor, en torno a la vulneración de su derecho fundamental de defensa adecuada en la averiguación previa, en su vertiente de asistencia técnica por un defensor (licenciado en derecho) en su declaración ministerial, conforme al artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente antes de la implementación del sistema penal acusatorio bajo los lineamientos de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho.

Es importante destacar que los hechos acontecieron el veinticuatro de noviembre de dos mil diez y que el quejoso rindió su declaración ministerial el día siguiente, esto es el veinticinco de noviembre de ese propio año, por tanto, resulta indudable que el proceso penal se inició al tenor del citado marco constitucional.

Por ello, el estudio de constitucionalidad en este caso, implica revisar la interpretación hecha por el Tribunal Colegiado de Circuito del artículo 20 constitucional, vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos, pero a la luz de las disposiciones constitucionales y convencionales pertinentes, de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, este Tribunal Pleno observa que en el momento de los hechos, se encontraba vigente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pues sendos instrumentos internacionales fueron ratificados por el Estado Mexicano el dos de marzo de mil novecientos ochenta y uno, y el veintitrés de ese mismo mes y año, respectivamente.

El primero de estos instrumentos, prevé en el artículo 8.2, incisos d) y e), lo siguiente:

"Artículo 8. Garantías Judiciales

[...]

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

[...]

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;...".

Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos precisa en su artículo 14.3, inciso d), lo siguiente:

"Artículo 14.

[...]

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

[...]

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;...".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido ya oportunidad de pronunciarse en relación con los alcances y el contenido de una defensa efectiva en el marco del artículo 8.2.d) y e) de la Convención Americana. Así, en el caso Barreto Leyva Vs. Venezuela, ante el hecho de que el Estado no permitió al señor Barreto Leyva la posibilidad de contar con un abogado defensor, señaló:

"61. La acusación puede ser enfrentada y refutada por el inculpado a través de sus propios actos, entre ellos la declaración que rinda sobre los hechos que se le atribuyen, y por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del Derecho, quien asesora al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta, inter alia, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas.

62. Si el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona [...], el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se recibe su declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo...".

De lo anterior se desprende que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la defensa efectiva prevista en el artículo 8.2.e) implica el hecho de que la misma debe ser técnica, esto es, inter alia, proporcionada por un "profesional del derecho".

De igual modo, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, el citado Tribunal Interamericano interpretó que la defensa adecuada que debe garantizar el Estado, en términos del artículo 8.2. de la Convención, debe ser una defensa efectiva, lo que no se traduce en una mera formalidad procesal ?lo cual equivaldría a no contar con una defensa técnica? sino que el defensor debe actuar de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados:

"155. En especial, la Corte resalta que la defensa suministrada por el Estado debe ser efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas [...]. Si el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se recibe su declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo [...]. Sin embargo, el nombrar un defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal, equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados."

Criterio este último que conforme al criterio del Pleno de este Alto Tribunal en el expediente Varios **********, resulta obligatorio para todos los jueces mexicanos.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, organismo internacional encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional, en su Comentario General Número 13, sobre la Administración de Justicia (Artículo 14), en relación con el derecho de defensa expuso:

"9. El apartado b) del párrafo 3 dispone que el acusado debe disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y poder comunicarse con un defensor de su elección. Lo que constituye un "tiempo adecuado" depende de las circunstancias de cada caso, pero los medios deben incluir el acceso a los documentos y demás testimonios que el acusado necesite para preparar su defensa, así como la oportunidad de contratar a un abogado y de comunicarse con éste. Cuando el acusado no desee defenderse personalmente ni solicite una persona o una asociación de su elección, debe poder recurrir a un abogado. Además, este apartado exige que el defensor se comunique con el acusado en condiciones que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones. Los abogados deben poder asesorar y representar a sus clientes de conformidad con su criterio y normas profesionales establecidas, sin ninguna restricción, influencia, presión o injerencia indebida de ninguna parte.

[...]

11. No en todos los inf

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80085-228f4294/amparo-directo-en-revision-2886-2012-10-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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