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Modo: Corpus Pro

COSTAS. SI LOS INTERESES SE REDUCEN JUDICIALMENTE POR USURARIOS, SE CONFIGURA UNA CONDENA PARCIAL, AUN CUANDO ÉSTOS SE HAYAN PEDIDO EN LA DEMANDA AL "PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL" Y NO A LA TASA ESTIPULADA EN EL PAGARÉ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 158/2024. · Registro digital (IUS): 33271
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-06-13
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.519.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 158/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 2 DE ABRIL DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIA: TANIA PAMELA CAMPOS MEDINA.

Ciudad de México, dos de abril de dos mil veinticinco.

EL PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO resuelve la contradicción de criterios señalada al rubro.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Denuncia. El apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral quejosa en los amparos directos 597/2022 del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO y 64/2024 del índice del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, denunció la posible contradicción de criterios entre los sostenidos por los referidos órganos en dichos amparos directos.

SEGUNDO. Trámite. La Presidencia de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 158/2024, requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto; y lo turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes y el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente.

La presente contradicción fue listada el once de febrero de dos mil veinticinco para sesión de diecinueve de febrero siguiente, en la cual se acordó retirar el asunto, por lo que se listó nuevamente el cuatro de marzo de dos mil veinticinco para sesión de doce de marzo del mismo año, en la cual nuevamente se acordó retirar el asunto, y se listó nuevamente el veinticinco de marzo de dos mil veinticinco para sesión de dos de abril del mismo año.

TERCERO. Amicus Curiae. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.

La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Competencia.

En términos del artículo séptimo transitorio de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN abrogada, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, éste reformado por el ACUERDO GENERAL 1/2024, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 67/2022, QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES en su artículo 14, fracción I, párrafo segundo; y artículo 2 del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3.

Lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por dos tribunales colegiados integrantes de la Región Centro-Sur y deriva de juicios de naturaleza civil.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por parte legítima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, puesto que se formuló por el apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral quejosa en los amparos directos contendientes del presente asunto, como se advierte de la denuncia de esta contradicción.

TERCERO. Existencia de la contradicción de criterios.

Conforme al razonamiento fundamental extraído de los supuestos previstos en la jurisprudencia P./J. 72/2010(1) sustentada por el PLENO DEL ALTO TRIBUNAL, una contradicción de criterios se actualiza cuando los órganos contendientes sostengan discernimientos jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, siempre que hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegado a conclusiones encontradas respecto de la solución de la controversia planteada.

Luego, existen criterios divergentes cuando al menos un tramo del razonamiento efectuado o la interpretación ejercida en las respectivas decisiones adoptadas por cada órgano gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, de modo que confluyan en un mismo punto de derecho y ello pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina sobre cuál sería la forma legalmente posible y preferente de resolver tal cuestión jurídica.

Lo anterior también se sustenta en las jurisprudencias 1a./J.22/2010(2) de la PRIMERA SALA y 2a./J. 163/2011(3) de la SEGUNDA SALA DEL ALTO TRIBUNAL de rubros: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA” y “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO.”

En el caso, los dos tribunales colegiados de circuito emitieron respuestas antagónicas respecto de las mismas cuestiones jurídicas, pues aunque ambos conocieron de asuntos con antecedentes comunes, dieron soluciones contrarias entre sí, conforme se refiere a continuación:

1. Juicios ejecutivos mercantiles. Una misma persona moral, regulada por la LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES y cuyo objeto social incluye el otorgamiento habitual de créditos y financiamientos, promovió sendos juicios ejecutivos mercantiles contra distintos deudores (personas físicas), ejerciendo, en cada caso, acción cambiaria directa sobre la base de más de treinta pagarés. Como prestaciones, reclamó:

A) Pago del principal adeudado, derivado del incumplimiento de los pagarés.

B) Intereses moratorios que, aunque fueron pactados en los pagarés en razón de, en un caso 5% y en el otro 5.8% mensual, en las respectivas demandas los solicitó bajo la fórmula:

“pago de los intereses moratorios que este Juzgado según su prudente arbitrio determine condenar para su pago a partir de la fecha en que incurrieron en mora más los que se sigan causando y venciendo hasta la total liquidación del adeudo derivados de los documentos base de la presente acción.” (énfasis añadido)

C) Gastos y costas judiciales.

2. Resoluciones en primera instancia. En ambos casos, el respectivo juzgado de primer grado:

A) Declaró procedente la vía y la acción principal, condenando a los respectivos demandados al pago de la suerte principal.

B) Reconoció la procedencia del cobro de intereses moratorios al advertir su estipulación expresa en los pagarés, sin embargo, en cuanto al porcentaje fijado para tal concepto se analizó la posible usura de los intereses pactados (en uno de los juicios esto atendió a que los demandados alegaron ese carácter usurario).

Así, uno de los juzgados consideró, sustancialmente, que:

- Aplicando el control de convencionalidad de oficio, conforme a las jurisprudencias 1a./J 46/2014 (10a.) y 47/2014 (10a.) de la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE, determinó que los jueces deben garantizar el derecho humano a la propiedad en su vertiente de prohibición de la usura.

- La tasa del 5% mensual resultaba usuraria al ser notoriamente excesiva, pues generaba en un año una carga superior a la mitad del monto del adeudo original, sin que constara en autos la capacidad económica de los deudores para afrontar dicho interés ni el destino del crédito.

- Interpretó el artículo 174 de la LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, concluyendo que la autonomía de la voluntad en materia de intereses no es absoluta y que debe evitarse el enriquecimiento abusivo.

- Redujo de oficio la tasa de interés moratorio al 3% mensual.

C) Ese juzgado no condenó al pago de costas al no haberse satisfecho los supuestos del artículo 1084 del CÓDIGO DE COMERCIO, dado que la actora no obtuvo la totalidad de las prestaciones reclamadas dada la reducción de la tasa de interés moratoria reclamada.

Aplicó la jurisprudencia PC.XXVII. J/3 C (10a.) del entonces PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO de rubro “COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SEGUIDO EN REBELDÍA. NO PROCEDE CONDENAR AL DEMANDADO A SU PAGO, CONFORME AL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO CUANDO EL JUEZ, EN EJERCICIO OFICIOSO DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, REDUCE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO POR CONSIDERARLA USURARIA.”

Y en el otro caso, de la ejecutoria de amparo remitida a este PLENO se lee que el juzgado de primer grado resolvió en términos similares al considerar, sustancialmente, que:

B) La empresa demandante había solicitado el pago de intereses a razón de la tasa 5.8% mensual, pero resultaba usurario y lo redujo prudencialmente a 1.5% mensual.

C) Luego, tampoco condenó al pago de costas, bajo la misma lógica: la actora no obtuvo íntegramente las prestaciones solicitadas al haberse reducido la tasa de interés moratoria reclamada.

3. Juicios de amparo directo. La sociedad acreedora promovió sendos juicios de amparo, alegando sustancialmente que también debió condenarse al pago de costas, pues se configuraba el supuesto del artículo 1084, fracción III, del CÓDIGO DE COMERCIO en tanto su contraparte fue condenada a todas las prestaciones reclamadas, ya que ella solicitó intereses conforme al prudente arbitrio del juzgador, además del pago de costas.

Al resolver los amparos, los tribunales interpretaron de manera diferente el alcance de la solicitud de intereses moratorios formulada bajo la expresión “según el prudente arbitrio de la autoridad judicial”. Esta diferencia en la manera de entender la petición resultó determinante para definir si la condena debía considerarse total o parcial y, en consecuencia, para decidir sobre la procedencia o improcedencia del pago de costas.

En efecto, un tribunal consideró que, al haber solicitado la parte acreedora la fijación de los intereses moratorios al prudente arbitrio del juzgador, y no conforme a la tasa pactada en los pagarés, y haberse resuelto en esos términos, la condena debía entenderse como total, lo que hacía procedente la condena en costas. Por el contrario, el otro tribunal estimó, sustancialmente, que la solicitud de intereses moratorios carecía de precisión suficiente para desvincularse de la tasa pactada en los pagarés, por lo que debía estarse a esta. Al calificarla como usuraria, se redujo prudencialmente, lo que llevó a considerar la condena como parcial y, en consecuencia, a declarar improcedente la condena en costas.

Cada una de estas determinaciones se sustentó en las consideraciones que, en lo que interesa, se resumen enseguida.

El SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO al resolver el amparo directo 597/2022 sostuvo, esencialmente, que:

- La autoridad responsable incurrió en incongruencia al resolver sobre el pago de intereses moratorios, pues no analizó de manera exhaustiva la demanda, sino que asumió que la actora reclamó los intereses a una tasa del 5% mensual conforme a lo pactado en los pagarés, sin advertir que en realidad solicitó que su determinación quedara al prudente arbitrio del juzgado, lo que alteró el sentido de lo pedido.

Tal incongruencia derivó en la negativa a condenar en costas bajo el argumento de que la actora no obtuvo la totalidad de las prestaciones reclamadas debido a la reducción oficiosa de la tasa de interés moratoria pactada y reclamada. Sin embargo, esta conclusión es errónea, pues la demandante no exigió el pago de intereses moratorios en la tasa específica pactada, sino conforme al criterio del juzgador.

Por ello, la negativa a condenar en costas carece de sustento porque la actora obtuvo tanto la suerte principal como los intereses moratorios en los términos planteados en su demanda.

- Enseguida expuso que carecía de competencia para realizar un análisis de fondo del asunto, pues ello implicaría sustituir a la autoridad responsable en la valoración de argumentos y pruebas, lo que excedía los alcances del juicio de amparo.

- Concedió el amparo a efecto de que la autoridad responsable: 1) Dejara jurídicamente insubsistente la sentencia reclamada; 2) En su lugar emitiera otra, en la que reiterara las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo, como la acreditación de la acción ejercida, así como, el análisis de la prestación y condena de pago de la suerte principal. 3) Y enseguida, siguiendo los lineamientos expuestos en esa ejecutoria, realizara un análisis congruente, exhaustivo, fundado y motivado de la prestación reclamada de pago de intereses moratorios, acorde a como fue solicitada tal prestación; 4) Luego, debería pronunciarse respecto de la diversa prestación de pago de costas. 5) Y hecho lo anterior, resolviera lo que conforme a derecho correspondiera.

El PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO al resolver el amparo directo 64/2024 resolvió en forma contraria, al sostener, esencialmente, que:

- Existen tres principales sistemas de regulación de las costas:

1. Teoría de la pena: Considera que la condena en costas es una sanción para el litigante que actúa dolosamente o de mala fe, castigando el abuso del proceso o la temeridad procesal.

2. Teoría del resarcimiento: Fundamenta la condena en la culpa o negligencia de una de las partes, quien debe compensar los perjuicios ocasionados a la contraria. Se considera opuesta a la de la pena, y proclama la necesidad de aplicar la condena de acuerdo con el principio normal en materia de resarcimiento, o sea mediante la concurrencia de culpa en general.

3. Teoría del vencimiento: No atiende elementos subjetivos como el dolo y la culpa, sino al hecho objetivo y de fácil determinación como es el resultado del litigio -vencimiento-, siendo, por tanto, una responsabilidad de índole enteramente particular. Esta teoría concibe la condena en costas como una reparación intrínsecamente vinculada al procedimiento judicial.

- En relación con dicho tópico, al resolver la contradicción de tesis 39/2008, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE sustentó la existencia de tres sistemas a saber:

a. El sistema del vencimiento puro (teoría del vencimiento) que establece que el triunfo en una controversia judicial es por sí causa generadora y suficiente de una pena adicional para la parte vencida;

b. El sistema de la compensación o indemnización (teoría del resarcimiento) que responde al propósito de restituir a quien indebidamente ha sido llevado a un tribunal de las erogaciones, gastos y pagos en que hubiera incurrido por razones del procedimiento; y,

c. El sistema sancionador de la temeridad o mala fe del litigante (teoría de la pena), que consiste en aplicar una pena a quien sabiendo que carece de derecho acude al tribunal provocando la actividad jurisdiccional, desplegando una postura maliciosa tendente a retardar el procedimiento.

- En el derecho mexicano, la condena al pago de gastos y costas generalmente se rige sólo por dos sistemas o criterios doctrinales: 1) Criterio subjetivo (teoría de la pena) que requiere la existencia de temeridad, culpa, mala fe o dolo del litigante para imponer la condena; y, 2) Criterio objetivo (teoría del vencimiento) que prescinde de elementos subjetivos y establece que la parte vencida en juicio debe asumir las costas, siendo la sentencia la prueba y el criterio determinante.

- El artículo 1084 del CÓDIGO DE COMERCIO adopta este sistema mixto, al combinar criterios objetivos y subjetivos para la condena en costas. El criterio objetivo obliga al juez a imponerla cuando se actualicen los supuestos taxativamente previstos en la ley, evidenciado por la expresión "siempre serán condenados". En contraste, el criterio subjetivo faculta al juzgador para imponerla discrecionalmente cuando estime que una de las partes actuó con temeridad o mala fe.

- En el caso no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 1084 del CÓDIGO DE COMERCIO, pues, aunque la demandante solicitó el pago de intereses moratorios conforme al prudente arbitrio del juzgador, no precisó una tasa específica a razón de la cual la demandada debiera liquidar esos intereses. En consecuencia, fue adecuado que la autoridad responsable tomara como referencia la tasa pactada en los pagarés y la redujera a 1.5%, al considerarla usuraria.

El juzgador determinó que la tasa original de 5.80% mensual resultaba excesiva y la ajustó con base en referencias financieras objetivas (costo porcentual promedio y la tasa de interés anual por préstamos personales). Sin embargo, ello no implica que la actora haya obtenido íntegramente lo solicitado, pues en principio la condena debía calcularse conforme a la tasa pactada en los pagarés, y la reducción fue una decisión judicial basada en su facultad discrecional, no en un pedido expreso de la demandante quien no precisó la tasa correspondiente.

Estimar lo contrario, es decir, que procede condenar en costas por el sólo hecho de haber solicitado los intereses moratorios sin precisar una tasa y apelar al prudente arbitrio del juzgador, generaría indefensión para los demandados ante la imprecisión de la prestación de que se trata, ya que no podrían argumentar nada al respecto, aunado a que, en todos los casos que se plantee el reclamo de intereses en forma general, sin precisar tasa alguna, procedería la condena en costas, generándose un grave perjuicio económico al demandado, lo cual no resulta justo ni razonable.

Por tanto, fue ajustado a derecho que el juzgador absolviera a los terceros interesados del pago de costas, dado que la actora no obtuvo exactamente lo reclamado, al no haber especificado la tasa de interés moratorio en su demanda.

Como se adelantó, de la narrativa anterior se desprende la actualización de la contradicción de criterios entre ambos tribunales porque, en sus respectivas ejecutorias, abordaron y resolvieron de modo contrario un problema común consistente en determinar si, en un juicio ejecutivo mercantil en el que se ejerce acción cambiaria directa basada en pagarés, la solicitud de intereses moratorios formulada bajo la expresión “conforme a la tasa moratoria que se fije al prudente arbitrio de la autoridad judicial” constituye una manifestación que, de ajustarse por el juez la tasa (en control de usura), habilita a la autoridad judicial para considerar que hubo una condena total o si, por el contrario, debe interpretarse que ante tal expresión es necesario atender a la tasa pactada en los pagarés, en consecuencia, el ajuste judicial a la tasa lleva a considerar que la condena es parcial; y, en función de uno u otro caso, si procede o no la condena en costas, efectuadas a favor del actor. En efecto, si bien el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO no realizó un análisis expreso sobre este punto, implícitamente sostuvo -con base en sus consideraciones y los efectos que confirió a la concesión del amparo- que dicha petición debía entenderse en los términos planteados. Esto, en tanto estimó que no se pidió el pago de intereses conforme a la tasa establecida en los pagarés. Y ello lo llevó a considerar que la actora obtuvo tanto la suerte principal como los intereses moratorios en los términos planteados en su demanda, por lo que resultaba procedente la condena en costas a su favor.

En contraste, el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL MISMO CIRCUITO estimó que la falta de precisión en la solicitud de intereses moratorios impedía desvincularla de la tasa pactada en los pagarés. En consecuencia, al no haberse establecido un parámetro claro en la demanda, consideró legal que la autoridad jurisdiccional tomara como referencia dicha tasa y, luego de calificarla como usuraria, la redujera discrecionalmente. Bajo esta lógica, concluyó que esa reducción judicial no equivalía a conceder íntegramente lo reclamado por la acreedora, pues la condena debía calcularse, en principio, conforme a la tasa originalmente pactada; además estimó que permitir la condena en costas en estos casos generaría indefensión para las personas demandadas, al privarles de la posibilidad de objetar una tasa específica y exponerlos a un riesgo procesal injustificado.

Por tanto, las cuestiones a resolver en esta contradicción de criterios son: cuando la parte actora en un juicio ejecutivo mercantil ejerce acción cambiaria directa con base en un pagaré y solicita el pago de intereses moratorios bajo la fórmula “conforme a la tasa moratoria que se fije al prudente arbitrio de la autoridad judicial” (no los estipulados en el pagaré) y, efectivamente la autoridad judicial condena a su pago de una tasa judicialmente ajustada (por usura), si ¿debe considerarse que tal condena constituye una condena total o parcial para efectos de determinar la procedencia de la condena en costas conforme al artículo 1084, fracción III, del CÓDIGO DE COMERCIO?

CUARTO. Estudio de fondo.

Para resolver la contradicción anotada debe partirse de esclarecer en primer término la discrepancia que presentan las resoluciones en contradicción en su aproximación inicial que, en el fondo, lleva a abordar la problemática de qué alcances tiene, para efectos de la condena en costas, que en la demanda con que se inició el juicio ejecutivo mercantil, se pida el pago de intereses moratorios bajo la fórmula “conforme a la tasa moratoria que se fije al prudente arbitrio de la autoridad judicial” (y no a la tasa estipulada en el pagaré).

El análisis de una solicitud de intereses moratorios así formulada, sin precisar una tasa específica y que pretende pedir lo que autoridad judicial considere, requiere examinar su alcance en el juicio.

Ahora bien, en un juicio, la formulación de las pretensiones es una facultad exclusiva de la parte actora, ya que es quien impulsa el proceso y delimita el objeto inicial del litigio a través de su demanda. Esto responde a la naturaleza adversarial del procedimiento y encuentra sustento en los artículos 14 y 17 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que garantizan el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso.

En el ámbito mercantil, el artículo 1378 del CÓDIGO DE COMERCIO regula la demanda y las pretensiones en el juicio mercantil, exigiendo que se precise, entre otros requisitos, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios (fracción IV) y el valor de lo demandado (fracción VII). Estas exigencias también se encuentran reguladas en otros ordenamientos que prevén principios procesales aplicables en la materia, como el CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES, cuyo artículo 235, fracciones V y VIII, impone la obligación de concretar lo que se reclama y su cuantificación, y el CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, cuyo artículo 322, fracción V, exige que la demanda exprese lo que se pida, designándolo con toda exactitud, en términos claros y precisos.

Tales disposiciones confirman que la parte actora debe formular sus pretensiones de manera determinada, evitando ambigüedades que puedan generar incertidumbre en el litigio y garantizando a la parte demandada la posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa. La autoridad judicial no puede modificar ni suplir las pretensiones de la actora, pues su función se limita a resolver la controversia conforme a lo solicitado y en apego a los principios de congruencia procesal y dispositivo.

En un juicio ejecutivo mercantil la pretensión de la parte acreedora se funda precisamente en un título ejecutivo que incorpora en sí mismo una obligación cierta, líquida y exigible, cuya existencia no está sujeta a prueba. Este procedimiento especial, sustentado en los principios de incorporación y literalidad, garantiza la ejecución inmediata del crédito, sin que la autoridad judicial deba analizar la validez del derecho reclamado, salvo que la parte demandada oponga limitadas excepciones legalmente permitidas.

En este marco, la acción ejecutiva tiene por objeto, precisamente, la ejecución estricta del título conforme a sus términos sin que puedan admitirse alteraciones unilaterales de la parte acreedora sobre el contenido del título, que, de origen, en el caso del pagaré, es una promesa unilateral de otro de realizar un pago.

Lo anterior no deja de lado que la PRIMERA SALA DEL ALTO TRIBUNAL, al resolver la contradicción de tesis 429/2009,(4) reconoció que en el juicio ejecutivo mercantil fundado en un pagaré la parte acreedora puede reclamar un monto inferior al estipulado en éste sin que ello afecte la certeza y liquidez de la deuda. La SALA precisó que, conforme a los principios de incorporación y literalidad, el pagaré presume el derecho de la acreedora hasta el monto que señala, amén de que a la parte demandada puede probar cualquier pago parcial que justifique una reducción del adeudo.

Así las cosas, si bien el tenedor del título puede reclamar un monto distinto, pero siempre inferior al consignado en el pagaré, ya sea por haber recibido pagos a cuenta o por una liberalidad de su parte (remisión parcial o quita), lo que significa que no necesariamente debe seguirse el juicio por el monto de origen estipulado en el título, no debe perderse de vista que ello no implica una alteración del contenido del título, sino que constituye un acto de disposición personalísimo de la parte acreedora.

En este sentido, una pretensión que se aparte de la tasa estipulada es, de fondo, una la remisión parcial del adeudo, a la postre, una delimitación voluntaria de la pretensión dentro del proceso.

Sin embargo, esta decisión no puede realizarla sino el acreedor y tampoco puede formularse de manera vaga o indeterminada, pues involucra una disposición sobre el crédito. Si bien no precisa ser realizada con alguna formalidad específica, sí debe plantearse con claridad para preservar la seguridad jurídica del procedimiento, y por quién está facultado para decidir sobre esa disposición patrimonial.

Es fundamental destacar que la remisión parcial de la deuda constituye un acto jurídico personalísimo de la parte acreedora, derivado del principio de autonomía de la voluntad y del derecho de disposición sobre su patrimonio. En este sentido, en principio, la pretensión procesal por la suma menor que se formule en la demanda sólo puede ser realizada por la propia acreedora y, si no fuere por ésta, por quién tenga facultades de disposición o de dominio sobre el crédito puede válidamente otorgar una quita, mas no por cualquier apoderado o, piénsese, un endosatario en procuración.

Siguiendo ese razonamiento, una pretensión semejante debe ser clara y determinada sin que pueda trasladarse a un tercero la facultad de definir su alcance.

Desde esta perspectiva, cuando la parte acreedora reclama intereses moratorios, si bien estipulados en el pagaré, pero no los pide a la tasa ahí fijada, y, en su lugar, solicita que sean condenados “conforme al prudente arbitrio de la autoridad judicial”, si bien parece una pretensión de desvincularse de la tasa fijada en el pagaré, lo cierto es que, en términos jurídicos, una petición así no puede configurar ni tratarse como una remisión parcial de la deuda (en lo relativo a los intereses), ni en consecuencia variar de materia del juicio ejecutivo mercantil, que deberá seguirse, por eso, conforme a la literalidad del título y la naturaleza del juicio, en términos de lo originalmente estipulado en el título de crédito.

Para que tal acto de disposición tenga el alcance de ser una pretensión acotada de intereses moratorios en el juicio, la acreedora tendría que manifestar de manera clara y precisa qué remite, a cuánto asciende su petición o su quita de la tasa moratoria, especificando el monto o la tasa a la que renuncia, para que haya claridad sobre el alcance del derecho ejercido; derecho de disposición que no puede trasladarle a la autoridad judicial, quien funge como tercero imparcial en el juicio, y a quién no corresponde definir, sino juzgar, las pretensiones del actor.

Además, esta indeterminación al pretender la intervención de la autoridad judicial para suplir y fijar un elemento esencial de la pretensión del actor -lo que contradice la naturaleza del procedimiento-, también compromete la eficacia que por diseño tiene el juicio ejecutivo mercantil y afecta el equilibrio procesal, al privar a la parte demandada de un parámetro concreto para ejercer su derecho de defensa y oponer excepciones.

Esta petición de intereses bajo la fórmula “según el prudente arbitrio de la autoridad judicial” y con ello aspirar a una condena de costa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33271-46f04ed0/costas-si-los-intereses-se-reducen-judicialmente-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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