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Modo: Corpus Pro

COSA JUZGADA EN MATERIA FISCAL. SE ACTUALIZA CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD DE UNA MULTA POR EXISTIR VARIACIÓN ENTRE LA FUNDAMENTACIÓN CITADA EN EL REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES OMITIDAS Y LA INVOCADA EN LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA, POR LO QUE LA AUTORIDAD ESTÁ IMPEDIDA PARA SANCIONAR NUEVAMENTE POR LOS MISMOS HECHOS. MULTA FISCAL. DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA POR RAZONES DE FONDO, CUANDO EXISTA VARIACIÓN ENTRE LA FUNDAMENTACIÓN CITADA EN EL REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES OMITIDAS Y LA INVOCADA EN LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE ILEGALIDAD PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 466/2022. · Registro digital (IUS): 33301
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-06-20
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo III, Volumen 2, Pág.1496.

AMPARO DIRECTO 466/2022. 5 DE ENERO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARMANDO DÍAZ LÓPEZ. SECRETARIO: JUAN CARLOS NAVA GARNICA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Estudio. El único concepto de violación es fundado.

Para justificarlo, es necesario partir de las premisas que este órgano jurisdiccional ha instituido en diversos precedentes en relación con las nulidades contenidas en los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:

a) Las condiciones de anulación de un acto con motivo de una decisión dictada en el juicio contencioso administrativo dependen de la naturaleza de la resolución controvertida, así como del vicio que propició su ineficacia.

b) De acuerdo con los preceptos aludidos, para determinar cuándo la sentencia de nulidad obliga a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución y cuándo no debe tener tales efectos, necesariamente debe analizarse el origen de la resolución impugnada, para dilucidar si ésta se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, fuera de éste o, en su caso, con motivo del ejercicio de una facultad discrecional.

c) Si la resolución administrativa controvertida se expide en respuesta a una petición, instancia o recurso y no involucra el ejercicio de facultades discrecionales, al margen de la infracción formal, procedimental o material que se observe en la sentencia, la nulidad dictaminada siempre será para el efecto de que se emita una nueva decisión en la que se subsane la ilegalidad en que se haya incurrido, según la hipótesis prevista en el artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de no dejar incierta la situación jurídica del administrado, quien está interesado en obtener la respuesta a su gestión.

d) Tratándose de determinaciones dictadas con base en una facultad para cuyo ejercicio el orden jurídico reserva cierto arbitrio a la autoridad administrativa, la nulidad no puede constreñirla a hacer valer esa potestad nuevamente, precisamente por la discrecionalidad que la ley le concede para decidir si debe obrar en determinado sentido o abstenerse, o cuándo y cómo debe hacerlo, por lo que el fundamento para decretar la anulación será el artículo 52, fracción II, de la legislación referida; esa nulidad no impide a la administración pronunciar otra decisión, pues con ello se coartaría el poder de elección que le otorga el ordenamiento.

e) A fin de determinar el tipo de anulación —formal o material— que debe dictarse no sólo debe tenerse en cuenta la naturaleza de la resolución controvertida, sino también el vicio que propició la ineficacia.

f) Cuando el vicio observado sea de índole formal o incida en una actuación procedimental susceptible de reponerse (hipótesis que surgen de las fracciones II y III del artículo 51, respectivamente), por regla general ello impedirá al órgano jurisdiccional estudiar el fondo de la pretensión de la administración; así, ante el tipo de infracción constatada, sin más propósito que definir la anulación que debe decretarse, la Sala debe estimar el origen de la resolución debatida.

g) Si la determinación se pronunció en respuesta a una instancia, petición o recurso, la extinción en todo caso constreñirá a la autoridad a dictar otra resolución en sustitución de la anulada, en la cual debe corregir esa irregularidad o, en su caso, reponer el procedimiento hasta el momento en que se cometió la infracción, a fin de que la gestión iniciada por el particular no quede desatendida.

h) A diferencia del supuesto anterior, es decir, cuando la resolución controvertida se emite en ejercicio de una facultad discrecional o fuera de un procedimiento, instancia o recurso; la nulidad que se dictamine si bien no compele a la administración a pronunciar otra en sustitución de la anulada, tampoco impedirá que lo haga, siempre que purgue el vicio formal o procedimental determinado jurisdiccionalmente, por lo que, según se explicó, la nulidad debe apoyarse en términos de la fracción II del citado numeral 52.

i) En cualquiera de los supuestos analizados —ya sea que se trate de una resolución recaída a una petición, instancia o recurso o de una determinación derivada del ejercicio de facultades discrecionales— el órgano jurisdiccional no juzga el fondo de la actuación, sino que sólo observa un defecto en su aspecto estructural o formal; por consiguiente, el ente administrativo tiene facultades para resolver en la nueva determinación lo que en derecho proceda.

j) Cuando el vicio que contenga el acto administrativo sea material o de fondo, ya sea porque los hechos que motivaron su emisión no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejaron de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto (supuestos que surgen del artículo 51, fracción IV), los efectos de la anulación dependerán de si la resolución se originó a causa de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o bien, como resultado del ejercicio de una facultad discrecional.

k) Si el acto se dictó a fin de responder una petición o resolver el recurso, la nulidad dictaminada ante el vicio material o de fondo constatado, será para el efecto de que la autoridad administrativa emita una nueva decisión, siguiendo los lineamientos de la sentencia de nulidad, para que la gestión del particular no quede insatisfecha.

l) Por el contrario, si la resolución controvertida se dictó fuera de procedimiento, no se refiere a una solicitud, instancia o recurso, o bien, se emitió en ejercicio de facultades discrecionales, entonces la nulidad que corresponde dictar será con apoyo en la fracción II del artículo 52, esto es, lisa y llana.

m) Ese tipo de nulidad no vincula a la autoridad a proceder de cierto modo para perfeccionar su decisión; no obstante, la posibilidad de emitir un nuevo acto está relacionada con el carácter de cosa juzgada y ejecutoriedad de la sentencia pronunciada, dado que cuando el órgano jurisdiccional resuelve que no existen los hechos alegados por la autoridad administrativa, que se apreciaron de manera incorrecta, que no se actualizó la norma jurídica invocada para sustentar la voluntad de la administración o que no se observaron otros preceptos que, de tomarse en cuenta, desvirtúan la validez de esa decisión, entonces realmente se juzgan los méritos y los fundamentos del acto y, por consiguiente, se califica la actuación administrativa; de ahí que, dado el carácter de cosa juzgada de dicha resolución, esos hechos y fundamentos no pueden volver a sustentar la actuación de la autoridad.

n) Algunos aspectos sustanciales que dan lugar a la nulidad dictada con base en la fracción II del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no necesariamente vinculan o impiden que la autoridad emita una nueva resolución, apreciando los hechos y los fundamentos que se tuvieron en cuenta en el acto nulo.

o) Así acontecerá en los casos en que, tratándose de facultades discrecionales o de actos dictados fuera de un procedimiento, el acto administrativo sea emitido por una autoridad carente de competencia o que no funde sus atribuciones, según el vicio anotado en la fracción I del artículo 51, porque si bien esto propiciará la declaratoria de ineficacia incondicional de la resolución y que no se vincule a la autoridad a emitir otro acto a fin de purgar ese vicio —porque se desconoce si realmente es competente para hacerlo—; esto no impide que quien sí tenga facultades pueda ejercerlas en el momento que fijen las normas o lo estime pertinente, siempre que éstas no hayan caducado, si son de naturaleza discrecional.

p) Ello implica una extinción total del acto y sus consecuencias conforme a la fracción II del artículo 52 mencionado, así como la ausencia de una orden a la demandada de que purgue alguna deficiencia; pero no tiene el efecto de impedir una nueva actuación, pues esta particularidad se relaciona directamente con lo resuelto por la autoridad jurisdiccional que adquiere el carácter de cosa juzgada.

q) Concerniente a la relación entre el tipo de nulidad que debe decretarse en un juicio contencioso administrativo, con el vicio por el que se estimó la ineficacia del acto y la razón que imposibilita a la autoridad administrativa a emitir una nueva determinación, con base en los hechos y fundamentos juzgados, resulta ilustrativa la tesis P. XXXIV/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26 del tomo XXVI de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA ANULACIÓN.".

Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia XVI.1o.A. J/17 (10a.) de este Tribunal Colegiado, del siguiente contenido:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2008190

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: XVI.1o.A. J/17 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, página 1659

Tipo: Jurisprudencia

SENTENCIAS DE NULIDAD. FORMA EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN CUMPLIRLAS, EN ATENCIÓN AL ORIGEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS VICIOS DETECTADOS, CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevén los tipos de nulidad que pueden decretarse en el juicio contencioso administrativo, los cuales dependerán del origen de la resolución impugnada y de los vicios detectados; aspectos a los que debe acudirse para determinar la forma en que las autoridades deben cumplir las sentencias de nulidad. En cuanto a su origen, debe distinguirse si la resolución se emitió con motivo de una instancia, solicitud o recurso promovido por el gobernado o con motivo del ejercicio de una facultad de la autoridad. En el primer caso, donde el orden jurídico exige de la autoridad demandada un pronunciamiento, la reparación de la violación dictada no se colma con la simple declaración de nulidad de dicha resolución, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra para no dejar incierta la situación jurídica del administrado. En cambio, cuando la resolución administrativa impugnada nace del ejercicio de una facultad de la autoridad, no es factible, válidamente, obligarla a que dicte una nueva, ante la discrecionalidad que la ley le otorga para decidir si debe o no actuar y para determinar cuándo y cómo debe hacerlo. Por lo que corresponde al vicio en que se incurrió, éste puede ser material o formal; en aquél, su ineficacia es total y, por eso, la declaración de nulidad que se impone, impide a la autoridad demandada volver a emitir el acto impugnado, si éste no tuvo su origen en una solicitud, instancia o recurso del particular, pues de ser así, al emitirlo de nuevo deberá prescindir del vicio material detectado. Para el caso de que el vicio incida en la forma del acto, esto es, en su parte estructural o en un acto procedimental que puede ser susceptible de reponerse, la ineficacia debe ser para el efecto de que se emita otro en el que se subsane esa deficiencia, si deriva de una solicitud, instancia o procedimiento promovidos por el gobernador o, simplemente, declarar su nulidad si no tiene ese origen, lo que no impide que la autoridad vuelva a emitir otro en idéntico sentido, siempre que purgue el vicio formal detectado.

Entonces, recapitulando: la declaratoria de nulidad y su trascendencia son el resultado de las etapas del control judicial respectivo, a saber:

1. Determinación de alguna causa de ilegalidad prevista en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

2. Declaración de invalidez (nulidad) de la resolución, acorde con la trascendencia del vicio identificado, conforme al numeral 52 del ordenamiento citado.

3. Precisión de las ineficacias atribuibles a la resolución y sus consecuencias, en razón de las deficiencias que conlleven, tanto en el ámbito jurídico como en el fáctico, lo cual abarca a la propia decisión y a las secuelas que resulten afectadas; y,

4. Restauración plena de la legalidad y modalidades de cumplimiento, en términos del diverso 57 de esa ley.

Esa declaratoria puede implicar:

I. La emisión de un nuevo acto en el que se subsanen los vicios de ilegalidad detectados (sean formales, procedimentales o de fondo, que deriven del ejercicio de facultades regladas o en respuesta a una instancia del particular).

II. Libertad para ejercer facultades, ya sea que confiera cierto arbitrio (con plenitud para apreciar o adjudicar consecuencias) o de naturaleza netamente discrecional de la autoridad, actualizándose un supuesto de nulidad (lisa y llana), con la alternativa para dictar otro acto, purgando infracciones o consecuencias, aunque sujeto al plazo legalmente establecido (cuatro meses en la vía ordinaria o un mes para la vía sumaria).

III. La nulidad lisa y llana o absoluta, que imposibilita a la autoridad demandada para reiterar aspectos cuando efectiva y puntualmente, sean cosa juzgada o temas decididos definitivamente; o

IV. Precisar medidas de reparación, indemnización o restitución acordes con la lesión o agravio causado a derechos específicos.

De lo anterior se advierte que los efectos de la declaratoria de nulidad dependen del grado de ilegalidad detectado, el contexto en el que se originaron y las consecuencias o alternativas asignadas por la ley; no únicamente de la denominación adoptada por el órgano jurisdiccional que la declare.

• Análisis del caso.

Como se recordará, el magistrado responsable advirtió la causa de ilegalidad contenida en el artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada, con base en ese precepto.

El encuadramiento de la nulidad en la mencionada fracción, como lo afirma el quejoso, es desacertado, pues en el caso debió estimar actualizada la causa de ilegalidad prevista en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se está en presencia de un vicio de fondo que impide a la autoridad subsanar la ilegalidad detectada y emitir una nueva resolución.

En efecto, la determinación del Magistrado de la Sala responsable en cuanto a que la fundamentación y motivación del apercibimiento contenido en el requerimiento de obligaciones omitidas, no corresponde con la fundamentación y motivación que se citó en la resolución impugnada; implica que los hechos en que ésta se sustentó se apreciaron de manera incorrecta con respecto a los que inicialmente advirtió la propia autoridad hacendaria, lo que a su vez permite deducir que dejaron de aplicarse las disposiciones debidas, esto es, las precisadas en los propios requerimientos.

Esa inconsistencia es relevante teniendo en cuenta que, como lo destacó el resolutor, el requerimiento de obligaciones constituye el antecedente de la resolución impugnada, esto es, no se trata de actuaciones independientes, sino que forman parte de un mismo procedimiento.

De tal suerte que, en la emisión de la resolución, la autoridad fiscal rebasó los alcances del requerimiento, al haber sustentado aquélla en porciones normativas distintas a las que originalmente se dijo al promovente que se le impondrían.

Lo que sólo puede explicarse en un contexto de apreciación equivocada de los hechos que las motivaron que, a su vez, condujo a que se dejaran de aplicar las normas debidas en cuanto al fondo de las conductas sancionables.

En ese sentido, puede afirmarse que no se está en presencia de una mera indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada, supuesto en el cual sí sería factible que la autoridad administrativa subsanara la irregularidad, si así lo decidiera.

Sino que, a diferencia de lo que sucede en otros casos en los que la nulidad deriva de una indebida fundamentación y motivación, en la especie, la autoridad fiscal ya había señalado en el requerimiento: (i) el fundamento de las obligaciones omitidas [diversos preceptos de varias resoluciones misceláneas fiscales]; (ii) las sanciones que podrían imponerse [multas] y (iii) las porciones normativas en las cuales se sustentarían dichas sanciones [incisos a) y b) de la fracción I del numeral 82 del Código Fiscal de la Federación]; con lo cual ella misma delimitó los términos en que posteriormente podría actuar.

En ese sentido, se insiste, al haber sustentado la sanción económica en motivos y fundamentos distintos [inciso d) de la fracción I del artículo 82 del Código Fiscal de la Federación], a los que previamente se había circunscrito [incisos a) y b) de ese numeral], no queda duda que apreció los hechos de manera equivocada y dejó de aplicar las normas debidas.

Lo anterior significa que, en realidad, el Magistrado juzgó los méritos y los fundamentos de los actos administrativos y, por consiguiente, calificó la actuación de la autoridad; de ahí que, dado el carácter de cosa juzgada del fallo anulatorio, esos hechos y fundamentos no pueden volver a sustentar la actuación de la autoridad.

Luego, la nulidad decretada encuadra en la causa de ilegalidad prevista en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que alude precisamente a que los hechos que motivaron la resolución no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, si la resolución se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejaron de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto.

Hasta aquí, en similares términos se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 358/2022 en sesión de veintisiete de octubre de dos mil veintidós.

Aunado a lo anterior, y como se hace valer en el concepto de violación en estudio, si en la especie la autoridad administrativa dejó de aplicar en las multas el fundamento de derecho correspondiente a las circunstancias del caso; se concluye que, en efecto, la responsable debió resolver que el vicio advertido es de fondo, cuyo sustento se encuentra en la fracción IV del precitado artículo 51, y no de forma, cuyo fundamento lo constituye la fracción II de este último numeral, y que por tal razón corresponde anular las multas con base en el 52, fracción II, de la multicitada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que impediría a la entidad fiscal que reiterara su actuación, precisamente al haberse juzgado los méritos y fundamentos del acto.

Otra circunstancia que la responsable debió tomar en consideración al momento de decretar la nulidad de la resolución impugnada y no hizo, es que la decisión que asumió colocó a la autoridad en aptitud jurídica de sancionar a la particular dos veces por los mismos hechos, no obstante que quedaron juzgados los méritos del acto continente de las sanciones, lo que jurídicamente no es posible, como se explica a continuación:

El artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.

El precepto constitucional transcrito contiene diversos derechos fundamentales, entre ellos, la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 995/94, sostuvo que el citado derecho fundamental no se limita a la materia penal, tomando en cuenta que conforme al artículo 14 constitucional, la garantía de seguridad jurídica debe regir en todas las ramas del Derecho.

También aseveró que, en materia administrativa, el principio de non bis in idem se traduce en la prohibición de que una misma conducta y su consecuencia se castigue doblemente con la misma sanción, o bien, que la propia conducta sea sometida a dos procedimientos diferentes y que en cada uno de ellos se imponga idéntica sanción.

Es decir, reconoció la aplicación del artículo 23 constitucional no sólo a la materia penal respecto de actos juzgados en definitiva, sino también en otras materias, tal como lo es a la administrativa.

Las consideraciones que anteceden dieron lugar a la tesis aislada 2a. XVII/94:

Registro digital: 206324

Instancia: Segunda Sala

Octava Época

Materias(s): Administrativa, Constitucional

Tesis: 2a. XVII/94

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 45

Tipo: Aislada

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y CELEBRACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE. SU ARTICULO 141, NO ES VIOLATORIO DEL ARTICULO 23 CONSTITUCIONAL.

La circunstancia de que una misma conducta humana pueda ser generadora de diversas consecuencias de derecho, cada una de las cuales, a su vez, pueda estar afectada con diversa sanción, como pudiera ser la clausura, la multa y la cancelación de la licencia o el permiso, no supone que se viole el artículo 23 constitucional, que establece el principio de "non bis in idem", también aplicable a la materia administrativa. En efecto, lo que ese principio prohíbe es que una misma consecuencia de dicha conducta, se castigue doblemente con la misma sanción, o bien que la propia conducta sea sometida a dos procedimientos diferentes y que en cada uno de ellos se imponga idéntica sanción, lo que no acontece con lo establecido en el artículo 141 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, porque aun suponiendo que este precepto prevea para un mismo acto varias sanciones, ello se debe precisamente a las diversas consecuencias jurídicas que genera la conducta, razón por la cual tal dispositivo no infringe lo establecido en el artículo 23 constitucional.

Luego, el derecho fundamental que se reconoce en el artículo 23 constitucional rige en todas las materias, incluyendo la administrativa, y se traduce en la proscripción, de que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, y tampoco puede ser condenada o sancionada dos veces o más por un mismo hecho.

Por otro lado, al fallar el amparo directo en revisión 3423/2013, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostuvo que la prohibición de sancionar dos veces por la misma conducta se encuentra dirigida a proteger al sujeto sancionado, al cual no se le puede imponer varias sanciones administrativas cuyo sustento tenga identidad ontológica —de su misma naturaleza— y se pretenda aplicar simultáneamente.

Destacó que la doctrina ha señalado que concurre "lo mismo", cuando pretende castigarse dos veces o por segunda vez al mismo sujeto, por el mismo hecho y para proteger el mismo bien jurídico; es decir, "lo mismo" se identifica o equipara con la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, por ende, se debe entender que se trata del mismo ilícito o infracción, del mismo ataque o la misma vulneración del ordenamiento jurídico.

También sostuvo que en ocasiones varias figuras típicas contenidas en disposiciones fiscales surgen de una sola conducta del sujeto infractor, esto es, existe una pluralidad de ilícitos integrados por un solo acto u omisión del obligado, a los que debe imponerse, en conjunto, una sola sanción, según el principio de consunción o absorción de las penas en materia tributaria, que se establecen el artículo 75, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, como se sostuvo en la jurisprudencia 2a./J 152/2004, de rubro: "MULTA DERIVADA DE INFRACCIONES, POR UNA SOLA CONDUCTA, A DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES. CONFORME AL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN V, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, DEBE IMPONERSE SÓLO LA MAYOR, AUN CUANDO LAS INFRACCIONES DIMANEN DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS LEGALES".

Precisó que, no obstante lo señalado, cuando se pretenda castigar dos o más infracciones, en las que no existe la triple identidad del sujeto, hecho y fundamento del bien jurídico que se protege, en este supuesto, sí es posible aplicar las sanciones que correspondan por cada ilícito en que se incurrió, en atención a que no se reúnen los elementos necesarios para la aplicación del derecho fundamental non bis in idem y, por ende, esta situación no contraviene el artículo 23 de la Constitución Federal.

Las consideraciones sintetizadas dieron lugar a la tesis 2a. XXIX/2014 (10a.):

Registro digital: 2005940

Instancia: Segunda Sala

Décima Época

Materias(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: 2a. XXIX/2014 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 1082

Tipo: Aislada

SEGURIDAD JURÍDICA. EL DERECHO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ES APLICABLE A LA MATERIA ADMINISTRATIVA.

El precepto constitucional citado contiene diversos derechos de seguridad jurídica, dentro de los que se encuentra el relativo a que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma falta. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dotado de mayor contenido al derecho en comento, haciéndolo extensivo a materias diversas a la penal, como la administrativa. Así, en esta última materia, el derecho se encuentra dirigido a prohibir que a un particular se le sancione dos veces o por segunda vez por el mismo hecho y para proteger el mismo bien jurídico; en esta tesitura, "lo mismo" se identifica o equipara con la triple identidad de: sujeto, hecho y fundamento. Por el contrario, cuando un sujeto con uno o más hechos lesiona bienes jurídicos diferentes (diversos ordenamientos jurídicos) o algún bien jurídico varias veces, esa situación ocasiona la comisión de varias infracciones distintas y se sanciona por cada ilícito perpetrado, ya que en este supuesto no existe la triple identidad, toda vez que o no se trata del mismo hecho o falta coincidencia de fundamento, lo que es de suma importancia e indispensable para que surta plena vigencia esa exigencia constitucional. Ilustra los supuestos que anteceden, lo que establecen los artículos 75, fracción V y 76 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que en el primer numeral mencionado, al existir la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, se prevé que se aplique sólo una sanción; en tanto que en la segunda disposición legal, el supuesto que antecede no se actualiza, en atención a que en esa norma se señalan diversos hechos (infracciones), que implican la inobservancia de distintos ordenamientos jurídicos, situación que tiene como consecuencia la aplicación de las sanciones que correspondan por cada ilícito que se hubiere cometido.

Es así, que en respeto al derecho de seguridad jurídica, es aplicable a la materia administrativa, concretamente al derecho sancionatorio, el principio penal relativo a que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma falta.

Las consideraciones anteriores son pertinentes y, por ende, aplicables al caso, pues la decisión de la autoridad responsable de permitir que la autoridad administrativa reitere las multas dictadas, esto último no obstante que la autoridad administrativa dejó de aplicar en ellas el fundamento de derecho correspondiente a las circunstancias del caso, el cual no es otro que el citado en el requerimiento previo; significa, en términos prácticos, que se colocó a la autoridad en aptitud jurídica de sancionar a la particular dos veces por los mismos hechos, no obstante que quedaron juzgados los méritos del acto continente de las sanciones, lo que jurídicamente no es posible en materia de derecho administrativo sancionador; de ahí lo fundado del concepto de violación en estudio.

Similares consideraciones se sustentaron en el amparo directo 356/2022 en sesión de uno de diciembre de dos mil veintidós.

OCTAVO. Decisión y efectos de la protección constitucional. Así, ante lo fundado del concepto de violación y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I y segundo párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que el magistrado de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:

1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; y

2. Emita una nueva en la que:

a) Reitere las consideraciones con base en las cuales declaró la nulidad de la resolución impugnada; y,

b) Siguiendo los lineamientos instituidos en esta ejecutoria, precise que la causa de ilegalidad advertida en la resolución es de fondo, debiendo, por tanto, indicar que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con la precisión de que si bien se trata de facultades discrecionales, los hechos juzgados no pueden volver a sostener una nueva actuación de la autoridad al constituir cosa juzgada y no pueden sustentar una diversa sanción.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto reclamado a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la sentencia pronunciada el treinta de mayo de dos mil veintidós, en el juicio de nulidad **********. El amparo se concede para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese. Anótese lo conducente en el libro de registro correspondiente y con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos a su lugar de origen; en su oportunidad, archívese el toca formado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33301-1aa353c7/cosa-juzgada-en-materia-fiscal-se-actualiza-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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