DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. ES UN ÁMBITO DE PROYECCIÓN DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. RESTRICCIONES INDIRECTAS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. SI LA MEDIDA LEGISLATIVA IMPUGNADA SE DIRIGE A LA REALIZACIÓN DE LOS FINES DEL ESTADO REGULADOR, RESULTA APLICABLE UN ESTÁNDAR DE ESCRUTINIO ORDINARIO, PERO SI SE TRATA DE UNA MEDIDA CUYA FUNCIÓN PRINCIPAL ES INHIBIR O DESINCENTIVAR EL EJERCICIO DE DICHOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, ES APLICABLE UN ESTÁNDAR DE ESCRUTINIO ESTRICTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 7o. CONSTITUCIONAL). RESTRICCIONES INDIRECTAS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 7o. CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE LA PROHIBICIÓN DE SECUESTRAR LOS BIENES UTILIZADOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, OPINIONES E IDEAS, COMO INSTRUMENTO DEL DELITO, ES APLICABLE AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA RADIODIFUSIÓN. SANCIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 305 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE ESTABLECE QUE QUIENES PRESTEN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O RADIODIFUSIÓN SIN CONTAR CON CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN, PERDERÁN EN BENEFICIO DE LA NACIÓN LOS BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EMPLEADOS EN LA COMISIÓN DE DICHA INFRACCIÓN, NO ESTABLECE UNA RESTRICCIÓN INDIRECTA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 7o. CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 136/2021. 5 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de octubre de dos mil veintidós emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 136/2021, interpuesto por ********** en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo registrado con el número ********** por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en evaluar la validez constitucional del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual establece que "[l]as personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."
I. ANTECEDENTES DEL CASO
1. Ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones se presentó denuncia de la supuesta prestación de servicios de telecomunicaciones sin el respectivo título de concesión, mediante infraestructura de telecomunicaciones que se encontraba instalada en ocho domicilios en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
2. Derivado de lo anterior, la Dirección General Adjunta de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico realizó trabajos de radiomonitoreo en los domicilios referidos, detectando emisiones radioeléctricas en siete de ellos, en los rangos de frecuencias correspondientes a los segmentos de 2500–2700 MHz y 2400-2483.5 MHz, entre otras, las cuales eran originadas en el domicilio ubicado en **********, **********, **********, ********** y **********.
3. La Dirección General de Verificación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante orden de visita de verificación de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, instruyó la practica de la visita de inspección-verificación ordinaria **********, dirigida al propietario y/o poseedor y/o responsable y/o encargado de las instalaciones y equipos de telecomunicaciones y/o el ocupante del inmueble ubicado en el domicilio referido.
4. En la visita de verificación, se hizo constar que en el inmueble se encontraron nueve dispositivos de energización (POE), los cuales se encontraban encendidos y en operación, conectados a nueve elementos de telecomunicaciones instalados y en operación en la azotea del inmueble, por lo que los verificadores realizaron diversas preguntas a la persona con la que se entendió la diligencia, a las que se respondió, en lo que aquí interesa, que los equipos eran utilizados desde hace aproximadamente ocho o nueve meses para la comercialización del servicio de Internet inalámbrico a usuarios finales, así como que la propietaria de dichos equipos era **********.
5. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil diecinueve, el director general de Verificación del referido Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo del conocimiento de la ahora parte quejosa que el procedimiento de inspección y verificación había concluido, así como que procedería a remitir a la autoridad correspondiente un dictamen por el posible incumplimiento a lo establecido en los artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que ahí se precisaron.
6. Mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el titular de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones dio inicio al procedimiento administrativo de imposición de sanción y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la nación, identificado con el número **********, en contra de la ahora quejosa y de **********, por la presunta prestación de servicios de telecomunicaciones en su modalidad de Internet, sin contar con concesión o autorización emitida por autoridad competente, en contravención con lo dispuesto en el artículo 66, en relación con el diverso 305, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
7. Seguido el trámite correspondiente, mediante resolución de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, el titular de la Unidad de Cumplimiento del IFT determinó que había quedado acreditado que ********** infringió lo establecido en el artículo 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en relación con el diverso 67, fracción I, del mismo ordenamiento, al haberse detectado que prestaba un servicio de telecomunicaciones en su modalidad de acceso a Internet a través de la operación y explotación de una red pública de telecomunicaciones sin contar con la concesión o autorización correspondiente otorgada por el órgano constitucional autónomo de referencia.
8. Derivado de la infracción aludida, se le impuso a la parte quejosa una multa equivalente a 3000 (tres mil) Unidades de Medida y Actualización en el ejercicio de dos mil diecinueve, la cual ascendía a la cantidad de $253, 470.00 (doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 298, inciso E), fracción I, 299 y 301 de la misma legislación.
9. Finalmente, en dicha resolución se declaró la pérdida en beneficio de la nación de los bienes y equipos ahí descritos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que instruyó al director general a efecto de que se pusieran a disposición del personal del instituto de mérito los bienes que pasaban a poder de la nación.
II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO
10. Demanda de amparo indirecto. **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. En la demanda respectiva fueron señaladas como autoridades responsables y actos reclamados los que a continuación se precisan:
A) Del titular de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones:
• La resolución de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve dictada en el expediente **********.
• La orden verbal o escrita dirigida al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para efectos del cobro coactivo por medio del procedimiento administrativo de ejecución de la multa impuesta por la cantidad de $253,470.00.
• La orden verbal o escrita a la Dirección General de Verificación del Instituto Federal de Telecomunicaciones para la ejecución de la determinación de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la nación por medio del procedimiento administrativo de ejecución de la orden verbal o escrita que emita el titular de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
B) Del titular de la Dirección General de Verificación de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones:
• La caducidad de la propuesta de inicio del procedimiento de sanción, emitida en el oficio **********, de fecha 10 de abril del 2019.
C) Del Servicio de Adminisración Tributaria (SAT) como ejecutora:
• La inminente ejecución del cobro coactivo por medio del procedimiento administrativo de ejecución de la orden verbal o escrita que emita el titular de la Unidad de Cumplimiento del IFT por la cantidad de $253,470.00 (doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.).
D) De la Cámara de Diputados y la H. Cámara de Senadores:
• La aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión específicamente el artículo 305.
• La omisión legislativa absoluta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el once de agosto de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación; particularmente el artículo 299 del citado ordenamiento.
E) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:
• La promulgación y publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente de los artículos 299 y 305.
11. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio los reconocidos en los artículos 1o., 5o., 7o., 14, 16, 22, 23 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
12. En su demanda, la quejosa formuló diversos conceptos de violación, de los cuales sólo se sintetizará el sexto, que es el dedicado a combatir el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por ser el único tópico que es materia del presente recurso de revisión:
a. Inicia haciendo referencia a la reforma constitucional de junio de dos mil trece en materia de telecomunicaciones, de cuyo recuento destaca que sus objetivos consistieron en garantizar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión bajo condiciones de libre competencia y concurrencia, los derechos de acceso a la información, libertad de expresión y el de los pueblos y comunidades indígenas para adquirir y administrar medios de comunicación.
b. A continuación, la quejosa destaca el contenido del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y alega que se opone al artículo 7o. constitucional, en la parte que establece la prohibición de que "[e]n ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito."
c. Afirma que el precepto constitucional prohíbe el secuestro de los bienes, lo cual es vulnerado por el precepto impugnado, ya que la destituye de la titularidad de los bienes que se relacionan con la conducta por la cual fue sancionada, cuestión cuya sustanciación no se encuentra reglamentada en algún apartado de la legislación; además señala que la pérdida de los bienes abona a la vulneración al derecho de acceso a la información.
d. En su argumentación, señala que el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece una serie de supuestos sancionados con multas, consistentes en la utilización del espectro radioeléctrico sin una autorización, permiso o concesión, lo que demuestra que la imposición de la sanción del artículo 305 es desproporcional, convirtiéndose "en una sanción que afecta el mínimo vital para subsistir."
e. En esta parte, invoca la reforma constitucional de junio de dos mil once en materia de derechos humanos y afirma que el precepto legal combatido es contrario a ésta, al haber dejado de tener el sentido que tuvo cuando fue introducida por el legislador en mil novecientos setenta y cuatro.
f. Afirma que la regulación del precepto impugnado tampoco establece bajo qué "figura jurídica pasarían a dominio de la nación los bienes, instalaciones y equipos de las estaciones de radio que operan sin concesión, dejando a los afectados en estado de indefensión", argumento que refuerza señalando que no se trata de la pérdida de los instrumentos de algún delito, al no contemplarse como supuesto alguno de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, por lo que resulta contrario al artículo 22 constitucional, del cual destaca la porción que establece que "[n]o se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito."
g. Así, concluye que el artículo 22 constitucional no permite decretar la pérdida de bienes de los particulares cuando se les ha impuesto previamente una multa.
h. Por otra parte, alega que el artículo impugnado viola el artículo 23 constitucional, al permitir una doble sanción y haciendo referencia al acto de aplicación y a sus distintos resolutivos, finaliza diciendo que "lo dejan en total estado de indefensión para hacer frente no sólo al pago de una posible multa, a la cual no podría solventar dado de que me privarían de los bienes con los cuales trabajo, en total contravención de los artículos 1o. y 5o. de la Constitución", además de alegar violación al mínimo vital.
13. Tramite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, quien lo registró con el número **********; en el acuerdo inicial, se previno a la parte quejosa para ciertos efectos.
14. Una vez desahogadas las prevenciones, el Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde y se señaló la fecha para la celebración de la audiencia constitucional.
15. Sentencia de amparo. Seguido el trámite legal correspondiente, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia el diecinueve de agosto de dos mil veinte, en la cual determinó, por un lado, sobreseer por determinados actos, negar el amparo en contra de los preceptos legales impugnados y finalmente conceder el amparo por vicios propios del acto de aplicación.
16. Por lo que respecta a la materia de la presente revisión, en el considerando octavo de la sentencia se contienen las consideraciones que sustentan la negativa de amparo en contra del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
17. En la sentencia se inicia precisando que la norma impugnada establece un acto privativo como consecuencia de prestar un servicio de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con una concesión o autorización, o bien de invadir u obstruir las vías generales de comunicación, en la medida en que impone una restricción definitiva sobre los bienes del particular.
18. Por otra parte, se destaca que el artículo 7o. constitucional garantiza que el derecho de la información será resguardado por el Estado, prohibiendo que la ley y la autoridad produzcan censuras, que exijan fianza a los autores o impresores o que coarten la libertad de imprenta, señalando que los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia se encuentra en la vida privada, la moral y la paz pública, disposición que agrega que no podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información como instrumento del delito.
19. El Juez de Distrito concluyó que no existe una contraposición entre ambas disposiciones, ya que el precepto legal combatido no prevé un acto de censura o restricción a la difusión de información, sino la existencia de una medida sancionatoria impuesta a través de un procedimiento seguido en forma de juicio, es decir, "no como una medida unilateral de restricción a la libertad de difusión de información". Adicionalmente la prohibición de secuestro de bienes utilizado para la difusión de información no es aplicable al caso concreto, pues "debe entenderse dentro del plano que regula el artículo en cita y, por tanto, dirigida al secuestro de los bienes materia de algún delito derivado de la expresión o propagación de información, opiniones o ideas."
20. Por tanto, la disposición combatida no sanciona la difusión o expresión de información o ideas, sino la prestación de un servicio sin los requisitos establecidos para ello.
21. Por otro lado, en la sentencia se concluye que el artículo 305 combatido tampoco vulnera el artículo 22 de la Constitución Federal. Para ello se retoma la definición construida en los precedentes de esta Suprema Corte sobre confiscación, la cual se ha definido como la apropiación violenta de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de ello por parte de la autoridad, sin título legítimo y sin contraprestación, la cual se diferencia del decomiso, que es una sanción impuesta por realizar actos prohibidos o por incumplir obligaciones y que únicamente comprende los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga, esto es, los que han sido utilizados como instrumento para la comisión de un delito o infracción administrativa, los que han resultado como fruto de tales ilícitos, o bien, los que por sus características representan un peligro para la sociedad.
22. Así, en la sentencia se concluye que el precepto combatido no establece una confiscación, sino un decomiso, ya que se limita a establecer que los sujetos que presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, sin contar con el permiso o autorización correspondiente, perderán en beneficio del Estado las instalaciones y los equipos empleados para tal efecto, comprendiendo únicamente los equipos que fueron utilizados para cometer la conducta castigada en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
23. En la sentencia se desestima el argumento de la quejosa, según el cual debería ser aplicable la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pues en el caso se trata de una infracción administrativa que se sanciona con un decomiso y no con una sanción penal.
24. Igualmente se niega que la norma legal sea contraria al artículo 23 constitucional, que prohíbe las dobles sanciones (non bis in idem), aun y cuando esta Primera Sala ha determinado que también resulta aplicable al derecho administrativo sancionador.
25. Para responder este punto, se destaca que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión implementó un sistema de sanciones ejemplares cuyo objetivo fue disuadir a las personas de realizar alguna infracción a las reglas de observancia general, puesto que el crecimiento económico que representaba el sector daba pauta para que se actuara al margen de la ley. En el caso concreto, los artículos 298 y 299 buscan desalentar a los gobernados de proveer servicios al margen de la ley, estableciéndose como una medida sancionatoria ejemplar.
26. El artículo 305 establece la pérdida de bienes en beneficio de la nación, con lo que se busca proteger los intereses del Estado y retirar del tráfico jurídico un determinado bien con el propósito de evitar la proliferación de entes irregulares. Así, no se actualiza una violación al artículo 23 constitucional, pues el precepto combatido no establece la imposición de dos sanciones. Ello, ya que la multa busca desalentar a los gobernados a proveer servicios al margen de la ley, mientras que la sanción de la pérdida de bienes, equipos e instalaciones, busca proteger los intereses del Estado, retirando del tráfico jurídico un determinado bien con el propósito de evitar la proliferación de entes irregulares.
27. En la sentencia se califica como infundado el argumento, pues pasa por alto que una conducta puede generar diversas consecuencias jurídicas, como sucede en la especie.
28. Finalmente, en este considerando se desestiman por inoperantes los argumentos dirigidos a demostrar una violación al artículo 5o. constitucional, pues se señala que esos argumentos se dirigen contra el acto de aplicación de la norma impugnada y, en todo caso, no podrían analizarse para evaluar la validez de la norma, al hacerse depender de la situación particular de la quejosa.
29. Recurso de revisión principal. Inconforme con la resolución anterior, por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veinte, la quejosa, a través de su autorizado, interpuso recurso de revisión.
30. En su escrito de revisión, la recurrente se opone al reconocimiento de validez del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
31. Así, en primer lugar, afirma que el precepto no se limita a establecer una sanción administrativa proporcional por la realización de una infracción, sino que contempla el decomiso de bienes que afecta directamente el acceso a la información y comunicación. Recuerda que la zona de operación de esos bienes decomisados pertenece a una región, donde la población en general necesita del acceso a Internet, a la cual se le produce una afectación con la remoción de los referidos instrumentos, pues se les priva de acceder a un derecho universalmente reconocido. 32. Por tanto, insiste en que el precepto legal viola el derecho humano de acceso a la información, así como la libertad de pensamiento y expresión, además del derecho de propiedad. Ello, ya que con la aplicación de la norma se le quitan bienes que ha adquirido con mucho trabajo a lo largo del tiempo.
33. En su escrito, señala que también se violan los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso; así como también el de acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, "toda vez que el confiscar y/o embargar los bienes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones constituye una medida muy agresiva que lejos de ayudar a la sociedad en general pone tropiezos en el acceso de las personas a los avances tecnológicos".
34. En su escrito insiste en que el artículo combatido establece una sanción que es excesiva y que deja a la quejosa sin medios de subsistencia, vulnerando con ello su derecho al mínimo vital; además de que la pone en un estado de indefensión y sin la posibilidad de pagar las multas.
35. Por otra parte, señala que la disposición legal combatida también viola el artículo 3o., fracción V, de la Constitución Federal, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, pues el decomiso es un obstáculo al referido derecho de acceso, "ya que de manera indirecta imposibilita que el usuario haga uso del Internet."
36. A continuación, la recurrente se opone a la interpretación del artículo 7o. constitucional que se hace en la sentencia, al estimar que el juzgado se constriñe a la literalidad de la norma constitucional, evitando desentrañar su ámbito de protección de derechos humanos de manera evolutiva. Así, afirma que el acceso a Internet es un derecho constitucional, que resulta indispensable porque permite a los mexicanos acceder a la información del día, así como el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. "No obstante, el legislador no tomó en consideración estos principios rectores de la reforma (de 2013), porque redactó un artículo totalmente inconstitucional, siendo que el Internet es un gran avance tecnológico, que propicia adelantos científicos, aumenta el aprendizaje de las nuevas generaciones, permite el acceso a la cultura y diversos conocimientos." ... "Con esta sanción evidentemente se impide el acceso a Internet, porque al decomisar los bienes no se presta el servicio a Internet."
37. En apoyo de su argumentación cita la resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 2 de octubre de 2009, sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como el acuerdo 66/184 de la Asamblea General del 22 de diciembre de 2011.
38. Igualmente cita el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y concluye que "el Estado Mexicano no permite de manera indirecta el acceso a servicios de Internet, imposibilitando el ejercicio del derecho humano de libertad de expresión, acceso a la información, entre otros."
39. En otro orden de ideas, la recurrente argumenta que el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es inconstitucional, por vulnerar el principio de exacta aplicación, por no atender a la naturaleza de la infracción, ni la gravedad del daño causado, en contravención del artículo 22 constitucional.
40. Alega que su planteamiento no se resuelve con la tesis citada en la sentencia, perteneciente a la Segunda Sala de esta Suprema Corte, de rubro: "RADIO Y TELEVISIÓN. EL ARTÍCULO 104 BIS, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN."
41. Ello, ya que esa tesis es del dos mil seis, es decir, de cuando menos siete años antes de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de dos mil trece, por lo que no incorpora los principios constitucionales vigentes en telecomunicaciones, ni los derechos humanos relevantes asociados con el control de convencionalidad.
42. Por último, la recurrente alega que el precepto legal combatido vulnera el principio de non bis in idem, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Federal, pues por una misma conducta se le sanciona con una multa y con la diversa sanción de arrebatarle violentamente los instrumentos y herramientas utilizadas en la realización de la conducta sancionada.
43. Recurso de revisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veinte, la delegada del Instituto Federal de Telecomunicaciones acudió a interponer recurso de revisión, en el que formuló un único concepto de agravio en contra de la concesión del amparo del acto de aplicación de las normas impugnadas, que es ajeno a la materia del presente recurso, por lo que no se sintetizarán los argumentos ahí desarrollados.
44. Trámite y resolución del Tribunal Colegiado. Los escritos de revisión fueron turnados al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, quien los registró con el número de expediente **********.
45. En sesión de once de marzo de dos mil veintiuno, el Colegiado del conocimiento emitió sentencia en la cual determinó la firmeza del sobreseimiento decretado, la negativa de amparo respecto del numeral 299 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y declinó su competencia al estimar que debía reservarse la competencia exclusiva de esta Suprema Corte para conocer sobre la validez del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
46. Trámite del recurso de revisión ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte ordenó registrar el asunto con el número 136/2021, asumir competencia originaria para conocer del recurso de revisión, turnar el asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así como enviar los autos a la Sala que se encuentra adscrito, a fin de que se dictara el acuerdo de radicación respectivo.
47. Revisión adhesiva. Por escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte, la delegada del Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso revisión adhesiva, en la cual se limita a alegar que los argumentos de la recurrente principal son inoperantes.
48. Avocamiento. Mediante acuerdo del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la presidenta de la Primera Sala dispuso que la misma se avocara al conocimiento del presente asunto, y ordenó devolver los autos a la ponencia respectiva, a fin de que se formulara el proyecto de resolución y se diera cuenta de él a esta Primera Sala.
III. COMPETENCIA
49. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, según lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos tercero y decimocuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de mayo de dos mil trece, ya que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en cuya materia subsiste el cuestionamiento sobre la validez constitucional del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
IV. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
50. No es necesario analizar la legitimación ni la oportunidad con la que fueron interpuestos los recursos de revisión, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto examinó dichas cuestiones.
V. ESTUDIO DE FONDO
51. La materia de la litis del presente asunto se limita a la evaluación de la constitucionalidad del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual establece lo siguiente:
"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."
52. Como se observa, el precepto legal establece una sanción administrativa, consistente en la pérdida en beneficio de la nación de los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de una de las dos infracciones a las cuales se liga, a saber, cuando las personas presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización, o bien, cuando por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación.
53. En el caso concreto, la quejosa combate la validez de la disposición únicamente por lo que respecta a la hipótesis infractora que se le aplicó, consistente en la prestación de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización.
54. Al tratarse de un asunto que no se ubica en alguno de los supuestos de aplicación de la suplencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, el estudio de constitucionalidad que se procede a realizar se debe constreñir al estudio de los conceptos de agravio bajo el estándar de estricto derecho.
55. Por tanto, esta Sala debe excluir de su estudio de fondo los argumentos de la recurrente, por medio de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31299-328a059c/derecho-administrativo-sancionador-en-materia-de-telecomunicaciones-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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