SANCIÓN DE PÉRDIDA DE EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN EN FAVOR DE LA NACIÓN. PARA SU IMPOSICIÓN NO SE REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
AMPARO EN REVISIÓN 574/2024. 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y AMADA CECILIA OROZCO IBARRA.
Presentación del asunto:
En este asunto se examina si un Juez de Distrito resolvió con exhaustividad un caso en el que una empresa reclamó que el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no respeta el principio de supremacía constitucional.
Asimismo, si ese precepto respeta la supremacía constitucional o se aparta del parámetro procedimental que establece el artículo 28, párrafo decimoséptimo, de la Constitución Política del país.
Hechos relevantes y/o contexto:
El artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé como sanción la pérdida de los equipos, en favor de la nación, que se utilicen para telecomunicaciones o radiodifusión sin una concesión vigente.
Una empresa que contaba con una concesión para explotar una banda de radiodifusión no logró prorrogar su concesión y continuó explotando el espacio radioeléctrico.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un procedimiento administrativo sancionatorio, le impuso a la empresa una multa y declaró la pérdida de los equipos de radiodifusión en favor de la nación.
En un juicio de amparo la empresa reclamó esas sanciones, así como el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al considerar que no se alinea con el artículo 28, párrafo decimoséptimo, de la Constitución Política del país que prevé, en algunos casos, la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El Juzgado de Distrito del Conocimiento negó el amparo y la empresa interpuso un recurso de revisión que un Tribunal Colegiado de Circuito remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Problema jurídico:
Determinar si el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respeta el principio de supremacía constitucional, al prever, sin la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones.
Decisión judicial:
Los agravios son infundados. El Juez de Distrito del conocimiento resolvió la controversia en su integridad sin omitir el estudio de aspectos de constitucionalidad.
Además, como señala la sentencia recurrida, el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que prevé una sanción administrativa de pérdida de equipos en favor de la nación, no debe alinearse con el procedimiento que prevé el artículo 28, párrafo decimoséptimo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgue o revoque concesiones. Claramente son procedimientos distintos por lo que el de sanción administrativa no requiere alinearse con esa norma constitucional.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al trece de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve el amparo en revisión 574/2024, interpuesto por empresa “A”, y el Director General de Sanciones de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en contra de la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veintitrés por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el juicio de amparo 256/2023.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respeta el principio de supremacía constitucional, al prever, sin la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones.(1)
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Actividad de empresa “A”. La empresa “A” (en lo sucesivo la empresa “A”) es una empresa dedicada a las telecomunicaciones que contó con una concesión para utilizar comercialmente una frecuencia de radiodifusión sonora. Debido a que la empresa “A” no realizó oportunamente los actos relacionados con la prórroga de su concesión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó declarar concluido el trámite y dejar sin efectos la prórroga de la concesión.
2. Juicio de amparo 317/2019 en contra de la culminación de la concesión. La empresa “A” promovió un juicio de amparo en contra de la culminación de la concesión.(2) El Juez de Distrito negó el amparo.(3)
3. Procedimiento de sanción y declaratoria de pérdida de bienes y equipos. Debido a que la empresa “A” continuó explotando el espacio radioeléctrico sin una concesión vigente, el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, el Titular de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones le impuso una multa y, con fundamento en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, declaró la perdida de los equipos empleados en la radiodifusión sin contar con una concesión vigente.
4. Juicio de amparo 256/2023 en contra de las sanciones. La empresa promovió un juicio de amparo en el que reclamó las sanciones impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.(4) En la demanda de amparo planteó cuatro conceptos de violación; en tres de ellos alegó aspectos de legalidad del procedimiento de sanción y la sanción misma; en el primero hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los argumentos hechos valer consisten en lo siguiente:
Primero. El artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión trastoca el principio de supremacía constitucional porque el decimoséptimo párrafo del artículo 28 de la Constitución Política del país prevé la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgue o revoque concesiones,(5) y el artículo 305 reclamado no prevé esa intervención previo a declarar la perdida de los equipos empleados en la radiodifusión sin contar con una concesión vigente.(6)
Segundo. El Titular de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones carece de facultades para declarar la perdida de los equipos empleados en la radiodifusión sin contar con una concesión vigente.
Tercero. La declaratoria de pérdida de equipos, en favor de la nación, carece de fundamentación y motivación adecuada. Además, caducó el procedimiento sancionatorio por no desahogarse dentro de los plazos legalmente previstos.
Cuarto. Las sanciones impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones son excesivas y carentes de fundamentación adecuada.
5. Sentencia del juzgado de distrito. El treinta de octubre de dos mil veintitrés, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, dictó la sentencia en la que negó el amparo respecto del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y otorgó el amparo respecto de las sanciones al considerar que caducó el procedimiento sancionatorio por no desahogarse dentro de los plazos legalmente previstos. Las razones del juez para negar el amparo respecto de la norma fueron las siguientes:
• El artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla una sanción administrativa, consistente en la pérdida en beneficio de la Nación de los bienes, instalaciones y equipos empleados en caso de que una persona presté el servicio de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con una concesión o una autorización.
• En cambio, el decimoséptimo párrafo del artículo 28 de la Constitución Política del país regula aquellas formalidades que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe observar a efecto de otorgar o revocar un título de concesión.
• Por ello, el artículo 28, párrafo decimoséptimo, constitucional no es un parámetro al que deba sujetarse el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por ende, el artículo 305 respeta los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa pese a que no prevea la intervención de la secretaría del ramo antes de declarar la pérdida de equipos en favor de la nación.
6. Recurso de revisión 588/2023.(7) Al encontrarse inconformes con la decisión, la empresa “A” y el Director General de Sanciones de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones interpusieron recursos de revisión en contra de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.
7. En su único agravio, la empresa “A” hizo valer, en esencia, lo siguiente:
• El Juez de Distrito omitió resolver lo alegado en torno a que el artículo 28, párrafo decimoséptimo, de la Constitución Política del país establece la forma de proceder ante cualquier terminación de concesiones y bienes relacionados con ellos, entre lo que se encuentra el prestar servicios sin contar con la concesión o autorización correspondiente. En tal precepto constitucional se prevé la participación de la secretaría del ramo, por lo que el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que no lo reconoce así, es contrario a la supremacía constitucional.
8. Por su parte, la autoridad responsable controvirtió que el procedimiento sancionatorio no caducó, por lo que debió negarse el amparo respecto de la sanción impuesta.
9. Trámite del recurso de revisión. El recurso de revisión se turnó al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, bajo el número de expediente 588/2023.
10. Determinación del tribunal colegiado. El trece de junio de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó la sentencia en la que se declaró legalmente incompetente para conocer del problema de constitucionalidad que subsiste respecto del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y remitió el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(8)
11. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el acuerdo de ocho de julio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta ordenó registrar los recursos de revisión con el número 574/2024, declaró procedente asumir la competencia originaria para resolver sobre la constitucionalidad del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
12. Avocamiento. El ocho de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala ordenó el avocamiento del conocimiento del presente asunto y enviarlo a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
II. COMPETENCIA
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del país; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal. Lo anterior, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
14. Además, el artículo 86 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone que los amparos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros y Ministras de ambas Salas, de manera que si el recurso que se examina es de materia administrativa, se turnó a una Ministra adscrita a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro o Ministra para que lo resuelva el Pleno, entonces, esta Sala debe avocarse a su conocimiento y resolución.
III. OPORTUNIDAD
15. Es inconducente mayor pronunciamiento en torno a la oportunidad de los recursos de revisión, porque es un aspecto examinado y resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.
IV. LEGITIMACIÓN
16. El Tribunal Colegiado del conocimiento se ocupó del análisis de la legitimación y representación de la parte quejosa recurrente y de la autoridad responsable recurrente, sin que se aprecien razones para variar su determinación al respecto.
V. CUESTIONES DE PROCEDENCIA
17. El Tribunal Colegiado del conocimiento se pronunció respecto de la causa de improcedencia hecha valer, sin que esta Sala advierta de oficio la actualización de causa de improcedencia distinta.
VI. ESTUDIO
18. En este apartado se expresan las razones por las que resultan infundados los agravios hechos valer por la empresa “A”. Para establecer tal conclusión se señala en primer término el planteamiento del caso y luego su resolución.
19. En la demanda de amparo, la empresa “A” alegó que el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión trastoca el principio de supremacía constitucional porque el decimoséptimo párrafo del artículo 28 de la Constitución Política del país prevé la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgue o revoque concesiones,(9) y el artículo 305 reclamado no prevé esa intervención previo a declarar la perdida de los equipos empleados en la radiodifusión sin contar con una concesión vigente.(10)
20. En la sentencia, el Juez de Distrito del conocimiento, negó el amparo respecto del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las razones del juez para negar el amparo respecto de la norma fueron las siguientes:
• El artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla una sanción administrativa, consistente en la pérdida en beneficio de la Nación de los bienes, instalaciones y equipos empleados en caso de que una persona presté el servicio de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con una concesión o una autorización.
• En cambio, el decimoséptimo párrafo del artículo 28 de la Constitución Política del país regula aquellas formalidades que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe observar a efecto de otorgar o revocar un título de concesión.
• Por ello, el artículo 28, párrafo decimoséptimo, constitucional no es un parámetro al que deba sujetarse el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por ende, el artículo 305 respeta los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa pese a que no prevea la intervención de la secretaría del ramo antes de declarar la pérdida de equipos en favor de la nación.
21. En el recurso de revisión, la empresa “A” alegó que el Juez de Distrito del conocimiento omitió resolver lo alegado en torno a que el artículo 28, párrafo decimoséptimo, de la Constitución Política del país establece la forma de proceder ante cualquier terminación de concesiones y bienes relacionados con ellos, entre lo que se encuentra el prestar servicios sin contar con la concesión o autorización correspondiente. En tal precepto constitucional se prevé la participación de la secretaría del ramo, por lo que el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que no lo reconoce así, es contrario a la supremacía constitucional.
22. Con base en la confronta entre lo hecho valer en la demanda de amparo y lo resuelto por el Juez de Distrito del conocimiento, queda en evidencia lo infundado de lo alegado por la empresa quejosa respecto a la congruencia y exhaustividad de la sentencia recurrida.
23. Contrario a lo señalado por la empresa “A”, en la sentencia recurrida no se omitió estudiar lo alegado. Por un lado, el Juez de Distrito del conocimiento esclareció que lo hecho valer contra la norma no podía verse como un tema de reserva de ley porque no se trata de un reglamento, sino una ley en sentido formal y material. Asimismo, el Juzgador federal explicó que esa decisión no afectaría a la empresa quejosa, ya que su argumento sería estudiado en relación con los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa.
24. Por otra parte, resulta también infundado lo alegado por la empresa quejosa en torno a que el artículo 28 constitucional sí es aplicable para realizar un parámetro de regularidad sobre el contenido normativo del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
25. Contrario a lo alegado por la empresa quejosa, y como lo explicó el Juez de Distrito del conocimiento, la sanción administrativa contenida en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es por prestar un servicio de radiodifusión sin contar con concesión para ello, mientras que el artículo 28 constitucional se refiere a la revocación de título de concesión, de ahí que como sostiene la sentencia recurrida se trata de hipótesis distintas.
26. Tal como explicó el juzgador en el caso concreto, la empresa quejosa combate la validez de la disposición únicamente por lo que respecta a la hipótesis infractora que se le aplicó, consistente en la prestación de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización.
27. El artículo 28, párrafo decimoséptimo, de la Constitución Política del país, invocado como parámetro de control normativo, es del contenido siguiente:
Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.
[decimoséptimo párrafo:]
Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.
28. En la parte que interesa el artículo establece, entre otros supuestos, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene facultades para otorgar y revocar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Tal porción normativa contempla como formalidad que previo al ejercicio de tales atribuciones, el órgano regulador deberá notificar al Secretario del ramo correspondiente, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante sobre el tema, dentro del plazo de treinta días.
29. Por su parte, el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, reclamado en esta instancia constitucional, dispone que:
Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones.
30. El artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece una sanción administrativa, consistente en la pérdida en beneficio de la Nación de los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de una de las dos infracciones ahí previstas, a saber, cuando las personas presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización, o bien, cuando por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación.
31. Como se advierte la sanción administrativa regulada en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, claramente es distinta de aquella previsión establecida en el artículo 28, párrafo decimoséptimo, de la Constitución Política del país.
32. El artículo reclamado contempla una sanción administrativa, consistente en la pérdida en beneficio de la Nación de los bienes, instalaciones y equipos empleados en caso de que una persona presté el servicio de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con una concesión o una autorización.
33. En cambio, en el artículo 28, párrafo decimoséptimo, de la Constitución Política del país se prevén aquellas formalidades que el Instituto debe observar a efecto de otorgar o revocar un título de concesión.
34. Por tal motivo, el artículo 28, párrafo decimoséptimo, constitucional no debe tomarse como parámetro de control del contenido normativo del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que regulan hipótesis distintas.
35. En consecuencia, como señaló el Juez de Distrito del Conocimiento, es claro que el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no transgrede los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, contemplados en el artículo 133 de la Constitución Política del país.
36. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma la sentencia recurrida respecto de la constitucionalidad del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
VII. RESERVA DE JURISDICCIÓN
37. Una vez que fue resuelta la cuestión de constitucionalidad relacionada con el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, procede reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado para que se ocupe de los temas de legalidad formulados en la revisión adhesiva relacionados con los demás actos reclamados.
VIII. DECISIÓN
38. De conformidad con las consideraciones precedentes, lo procedente es confirmar la sentencia que negó el amparo contra el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto para resolver los temas de legalidad restantes.
39. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
RESUELVE:
PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a empresa “A”, contra el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
TERCERO. Se reserva jurisdicción al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, para los efectos precisados en esta resolución.
Notifíquese; conforme a derecho corresponda, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros y las Ministras Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat (ponente), y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y la Ministra Ponente con el Secretario de Acuerdos quien autoriza y da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones.
2. El juicio de amparo se tramitó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República bajo el número de expediente 317/2019.
3. Tal sentencia fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República al conocer del recurso de revisión 476/2019.
4. El juicio de amparo indirecto 256/2023 se tramitó en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.
5. Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.
[decimoséptimo párrafo:]
Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.
6. Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones.
7. El amparo en revisión 588/2023 corresponde al índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.
8. En la parte final del considerando octavo de la sentencia, el Tribunal Colegiado refirió que, sobre el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, reservó su estudio una vez que este alto tribunal, de estimarlo pertinente, emita un pronunciamiento en cuanto al tema de constitucionalidad de la norma reclamada. Lo anterior, al tratar cuestiones de legalidad en cuanto al tema de caducidad del procedimiento.
9. Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.
[decimoséptimo párrafo:]
Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secreta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33253-72cfe780/sancion-de-perdida-de-equipos-de-radiodifusion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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