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Modo: Corpus Pro

DELITO DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. ES INCONSTITUCIONAL LA FORMA DE ACREDITAR EL CONOCIMIENTO DE LA PROCEDENCIA ILÍCITA DE LOS BIENES ASEGURADOS, PREVISTA EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2455/2024. · Registro digital (IUS): 33302
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-20
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.467.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2455/2024. 23 DE OCTUBRE DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE. EL MINISTRO PRESIDENTE JORGE MARIO PARDO QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y EDWIN ANTONY PAZOL RODRÍGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: A una persona le fue instruido un proceso acusatorio por la comisión del delito de encubrimiento por receptación cometido en agravio de una empresa, en donde fue declarado culpable en primera y segunda instancia. Inconforme promovió un juicio de amparo directo en el que reclamó la inconstitucionalidad de la norma que regula una porción del delito.

El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento concedió el amparo para que la responsable repusiera totalmente la audiencia de juicio oral ante un tribunal distinto, al advertir en suplencia de la queja una vulneración al debido proceso, sin analizar el planteamiento de constitucionalidad. En desacuerdo, el quejoso interpuso el presente recurso de revisión.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2455/2024, interpuesto por el señor Persona "A" en contra de la sentencia dictada el quince de febrero de dos mil veinticuatro por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo número de amparo directo de su índice.

El problema jurídico que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar si el artículo 243, tercer párrafo, del Código Penal para el Distrito Federal vulnera la presunción de inocencia y la igualdad de las partes ante la ley.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. Aproximadamente a las doce horas del primero de julio de dos mil diecinueve, el señor Nombre de apoderado legal, apoderado legal de la empresa Nombre de empresa, solicitó el apoyo a dos policías que se encontraban a bordo de una patrulla sobre la calle primer nombre de calle, esquina con la calle segundo nombre de calle, colonia nombre de colonia, alcaldía nombre de alcaldía, Ciudad de México.

2. Lo anterior para detener a los señores Persona "A" y Persona "B", quienes se encontraban a bordo de un vehículo marca Nissan, tipo tipo de vehículo, con placas de circulación número de placas del Estado de México, con veinte cajas de cartón selladas con cinta con razón social de la referida persona moral, que contenían nombre de sustancia química, las cuales habían sido robadas a dicha empresa en el municipio de nombre de municipio, Estado de México.(1)

3. Carpeta judicial número de carpeta judicial. Por estos hechos, se instruyó un procedimiento penal acusatorio en contra del señor Persona "A".

4. Audiencia de juicio oral. La audiencia de juicio se segmentó en diferentes fechas esto es, el primero y veintiséis de septiembre, diez y veinticuatro de octubre, ocho y veintitrés de noviembre, siete y veintitrés de diciembre de dos mil veintidós.

5. Sentencia de Primera Instancia. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, el Juez Cuarto del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, integrado de manera unitaria, emitió sentencia condenatoria en contra del señor Persona "A", por la comisión del delito de encubrimiento por receptación, previsto y sancionado en el artículo 243, párrafos primero y segundo del Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).(2)

6. Individualización de sanciones y explicación de la sentencia. Por lo anterior, el veinticuatro de febrero del mismo año, en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México le impuso al señor Persona "A" cinco años, tres meses, veintidós días de prisión, entre otras sanciones. El tres de marzo siguiente se efectuó la lectura y explicación de la sentencia.

7. Recurso de apelación. Inconforme, el señor Persona "A" interpuso recurso de apelación del que conoció la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, en funciones del Tribunal de Alzada en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, en donde se registró como toca número de toca penal. El veinte de junio de dos mil veintitrés, el referido tribunal de alzada confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia.

8. Demanda de amparo directo. El cinco de julio de dos mil veintitrés, el señor Persona "A" presentó una demanda de amparo directo que amplió el seis de septiembre de ese año, en donde expresó lo siguiente:

a) No se debió valorar la testimonial del señor nombre de testigo, porque no le constan los hechos.

b) Durante el juicio oral no se presentó prueba del elemento objetivo del tipo penal de encubrimiento por receptación, pues no se comprobó químicamente que lo asegurado se tratara de un complemento alimenticio propiedad de la referida empresa.

c) Los medios probatorios aportados por el ministerio público son insuficientes para acreditar el hecho delictuoso, ni el dolo.

d) El alcance probatorio desahogado en juicio no puede tener la trascendencia de acreditar una proposición fáctica cuya naturaleza depende de una prueba directa.

e) El artículo 243, párrafo tercero, del Código Penal de la Ciudad de México es inconstitucional al vulnerar la garantía de presunción de inocencia y el principio de igualdad ante la ley porque contempla una presunción de intencionalidad.(3)

f) La pena impuesta contraviene el principio de legalidad y proporcionalidad, pues no se aclaró la naturaleza y alcance por lo que hace a la clasificación jurídica del evento delictivo.

9. Sentencia de amparo directo. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito conoció de la demanda de amparo, la cual registró con el número de expediente número de amparo directo, y en sesión de quince de febrero de dos mil veinticuatro advirtió una violación a las reglas fundamentales del procedimiento.

10. Lo anterior, pues consideró que el tribunal de enjuiciamiento incumplió con los principios de concentración y continuidad, ya que los aplazamientos de la audiencia de juicio, no se sustentaron en los supuestos previstos en los numerales 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(4) Además de que transcurrieron más de diez días naturales para la continuación de las audiencias suspendidas.

11. Por lo anterior, concedió la protección constitucional al señor Persona "A" para efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y ordenara lo siguiente:

a) La reposición del procedimiento para efecto de que se lleve a cabo nuevamente la audiencia de juicio oral en su integridad, a través de un tribunal de enjuiciamiento distinto al que materializó la violación a las reglas de procedimiento precisadas.

b) Que el nuevo tribunal que conozca del juicio cumpla con los principios de continuidad, concentración e inmediación que rigen el sistema penal acusatorio y en su momento, resuelva lo que en derecho proceda.

12. Dicho tratamiento lo sustentó en la ejecutoria emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte en la contradicción de criterios 60/2023, relativa a la interpretación de los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que la audiencia de juicio oral debe desarrollarse de manera concentrada, por lo que su suspensión: i) es estrictamente excepcional; ii) condicionada a las hipótesis establecidas en la ley; y iii) por un plazo máximo de diez días naturales, incluyendo sábados, domingos o días festivos.(5)

13. Por esos motivos, no examinó el reclamo de constitucionalidad del artículo 243, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal que regula el delito, ni los restantes conceptos de violación hechos valer.

14. Recurso de revisión. Inconforme, el señor Persona "A" interpuso el presente recurso de revisión mediante el cual expuso que, si bien se le otorgó el amparo por lo que hace al artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no fue atendido el planteamiento de inconstitucionalidad del tercer párrafo del artículo 243 del Código Penal para el Distrito Federal que se alegó en la demanda de amparo directo.(6)

15. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de primero de abril de dos mil veinticuatro, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el presente amparo directo en revisión y lo registró con el número de expediente 2455/2024.

16. Por acuerdo de cinco de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto respectivo.

I. COMPETENCIA

17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal.

18. Lo anterior, porque el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo penal, lo cual es competencia de la Primera Sala y no es necesaria la intervención del Pleno de esta Suprema Corte.

II. OPORTUNIDAD

19. La sentencia recurrida se notificó por lista al señor Persona "A" el veintidós de febrero de dos mil veinticuatro. Dicha notificación surtió efectos el veintitrés del mismo mes y año, de manera que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del veintiséis de febrero al ocho de marzo de dos mil veinticuatro,(7) para lo cual deben descontarse los días dos y tres de marzo, por ser sábados y domingos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.(8)

20. Por lo tanto, si el señor Persona "A" presentó su escrito de revisión en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito el siete de marzo de dos mil veinticuatro, se concluye que es oportuno.

III. LEGITIMACIÓN

21. El señor Persona "A" cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues el Tribunal Colegiado le reconoció el carácter de parte quejosa en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo.(9)

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

22. Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política del país, así como del diverso 81, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que la procedencia del recurso de revisión está supeditada a que se cumplan dos requisitos:

a) En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien se omita el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y

b) El problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entrañe la fijación de un criterio de interés excepcional.(10)

23. Al respecto, habiéndose surtido el requisito de constitucionalidad, se actualiza el diverso de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.

24. También se acredita el requisito de interés excepcional cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este alto tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

25. Esto es, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características. Dicho con otras palabras, basta que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente.

26. Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de esos elementos es razón suficiente para desechar el recurso por improcedente.

27. En el caso, atendiendo a los requisitos de procedencia que han sido precisados, se concluye que la revisión del amparo directo planteado resulta procedente.

28. Para sustentar esta afirmación, este alto tribunal advierte que, en la demanda de amparo y su ampliación, el señor Persona "A" reclamó la inconstitucionalidad del artículo 243, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal que se relaciona con un elemento del delito de encubrimiento por receptación, al considerar que su contenido vulnera la garantía de presunción de inocencia y el principio de igualdad ante la ley.(11)

29. Argumento que reiteró en sus agravios al momento de interponer este recurso de revisión, precisando que, si bien se le otorgó el amparo al ordenarse la reposición del procedimiento, porque se advirtió una violación procesal contenida en el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se examinó el reclamo de inconstitucionalidad que planteó en su demanda de amparo.

30. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 24/2012,(12) que los Tribunales Colegiados de Circuito deben estudiar de manera preferente los conceptos de violación que plantean la inconstitucionalidad del artículo que contiene el delito utilizado para condenar al quejoso, por constituir el aspecto que mayor beneficio podría otorgarle, salvo que los planteamientos de legalidad que se hicieran valer tuvieran como consecuencia la concesión de un amparo en forma lisa y llana.

31. A la luz de lo anterior y del análisis de las constancias se advierte que subsiste un problema de constitucionalidad, puesto que el Tribunal Colegiado fue omiso en pronunciarse sobre el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 243, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal, el cual contiene el delito por el que se condenó al quejoso, cuyo análisis es de estudio preferente dado que el amparo otorgado únicamente dio lugar a reponer el procedimiento por violaciones formales.

32. Derivado de ello, esta Primera Sala considera necesario pronunciarse sobre el planteamiento de inconstitucionalidad aludido por ser el aspecto que mayor beneficio pudiera otorgarle al quejoso. El cual entraña la fijación de un criterio de interés excepcional en virtud de que este alto tribunal no cuenta con un criterio que dilucide sobre la constitucionalidad o no del referido precepto del Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

33. Por otra parte, no se soslaya el hecho de que el quejoso en el resto de los conceptos de violación señaló que las pruebas fueron insuficientes para acreditar la comisión del delito, que la valoración probatoria fue indebida y que las penas impuestas no son proporcionales.

34. Sin embargo, esta Primera Sala advierte que estos últimos planteamientos no hacen procedente el recurso de revisión en virtud de que no constituyen temas de constitucionalidad, sino de estricta legalidad sobre un ejercicio de exclusión y valoración de los elementos de prueba desahogados en la audiencia de juicio oral, lo cual escapa de la competencia de este alto tribunal.

35. Lo anterior, con apoyo en la tesis CXIV/2016 de esta Primera Sala, de título: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ENTRE LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD QUE LO HACEN IMPROCEDENTE, SE ENCUENTRAN LAS REFERIDAS A LA INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS, LA ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LO RELATIVO A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA."(13)

36. En consecuencia, este alto tribunal precisa que el recurso de revisión es procedente únicamente para analizar la constitucionalidad del artículo 243, párrafo tercero, del Código Penal del Distrito Federal, el cual fue aplicado en el acto reclamado y que omitió examinar el Tribunal Colegiado de Circuito.

V. ESTUDIO DE FONDO

37. En virtud de la problemática planteada, corresponde a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar si el artículo 243, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), vulnera los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de igualdad ante la ley.

38. Para resolver esta problemática, el estudio se realizará en los apartados siguientes: i) breve referencia a los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de igualdad ante la ley de conformidad con la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) solución del caso en concreto.

V.1 Breve referencia de los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de igualdad ante la ley, de conformidad con la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación

El principio de presunción de inocencia

39. En principio, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que vale la pena apuntar que el principio de presunción de inocencia se encuentra protegido expresamente en la Constitución Política del país a partir de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho.(14)

40. Al respecto, este alto tribunal ha establecido un estándar para determinar si una norma respeta o no el principio de presunción de inocencia. específicamente al resolver los amparos en revisión 466/2011(15) y 349/2012(16) identificó tres vertientes: (1) como regla de trato procesal; (2) como regla probatoria; y (3) como estándar probatorio o regla de juicio.

41. A partir de dichos pronunciamientos, esta Suprema Corte ha utilizado este esquema conceptual en el desarrollo jurisprudencial de este derecho, de tal manera que el contenido de la presunción de inocencia se ha ido precisando en función de la vertiente relevante en cada caso.

42. Además, se ha tenido la oportunidad de verificar que dicho principio sea respetado por el legislador, evaluando si las condiciones normativas que integran los distintos tipos penales no generan una idea preconcebida de responsabilidad que infrinja la presunción de inocencia y que implique revertir la carga de la prueba a la parte inculpada.(17)

a) La presunción de inocencia como regla de trato procesal

43. Esta Primera Sala ha determinado que la presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado, consiste en establecer la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal.(18)

44. Vista desde esta óptica, se ha señalado que la finalidad de la presunción de inocencia es impedir la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y, por tanto, cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En esta lógica, la presunción de inocencia conlleva el derecho a ser tratado como inocente en tanto no haya sido declarada la culpabilidad de un individuo por virtud de una sentencia judicial y se haya seguido un proceso con todas las garantías.

45. Así se observa de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el diverso 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que toda persona es inocente hasta que no se compruebe legalmente su culpabilidad. 46. En tal circunstancia, para observar el respeto a este derecho fundamental como regla de tratamiento, se ha puntualizado la necesidad de analizar si la norma impugnada permite o no la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y, por tanto, si permite o no la aplicación de una regla que suponga la anticipación del castigo reservado a quien ha sido declarado culpable del delito que nos ocupa.

b) La presunción de inocencia como regla probatoria

47. En lo relativo a esta vertiente, se ha precisado que la presunción de inocencia como regla probatoria establece los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que debe reunir cada uno de los medios de prueba aportados por el ministerio público para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado.

48. Criterio reiterado en varias ocasiones por esta Primera Sala y recogido en la jurisprudencia de rubro "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA."(19) De acuerdo con esta doctrina, el primer requisito que deben cumplir los medios probatorios para poder vencer la presunción de inocencia entendida como estándar de prueba es que puedan calificarse como pruebas de cargo.

49. Al respecto, en el amparo directo en revisión 4380/2013,(20) esta Primera Sala explicó que sólo puede considerarse prueba de cargo aquella encaminada a acreditar directa o indirectamente los hechos relevantes en un proceso penal: la existencia del delito y/o la responsabilidad penal del procesado, lo que implica que para determinar si una prueba de cargo es directa o indirecta hay que atender a la relación entre el objeto del medio probatorio y los hechos a probar en el proceso penal.

50. Por otro lado, en el ya citado amparo en revisión 349/2012 también se sostuvo que la presunción de inocencia como regla probatoria contiene implícita una regla que impone la carga de la prueba, entendida en este contexto como la norma que determina a qué parte le corresponde aportar las pruebas de cargo.

51. En este sentido, el hecho de que las pruebas de cargo sean suministradas al proceso por la parte que tiene esa carga procesal también constituye un requisito de su validez, la cual, de conformidad a la fracción V, del apartado A, del artículo 20 constitucional,(21) corresponde a la parte acusadora, aunado a que el segundo párrafo, primera parte, del artículo 21 de la propia Constitución asigna ese papel al Ministerio Público.(22)

52. Además, en dicho precedente se sostuvo que la actual redacción del artículo 20 de la Constitución contempla los principios de publicidad, contradicción e inmediación, principios constitucionales que regirán la práctica de las pruebas (ofrecimiento y desahogo), de tal forma que toda prueba aportada por el Ministerio Público en el juicio deberá respetarlos para poder considerarse prueba de cargo válida al momento de la valoración probatoria.

c) La presunción de inocencia como estándar de prueba

53. En cuanto a la tercera vertiente, en el multicitado amparo en revisión 349/2012, se sostuvo que la presunción de inocencia como estándar probatorio o regla de juicio es entendida como una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona, de tal manera que se distinguieron dos aspectos implícitos en ella:

a) Las condiciones que la prueba de cargo tiene que satisfacer para considerar que es suficiente para condenar y;

b) La regla de carga de la prueba, entendida bajo este contexto como la norma que establece a cuál de las partes debe perjudicar procesalmente el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba.

54. Criterio que ha sido reiterado en varias ocasiones por esta Primera Sala y recogido en la jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA."(23)

55. Así, en relación con el primer aspecto, esta Primera Sala ha sostenido que para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

56. Sirve de sustento la tesis de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA."(24)

57. En ese sentido, en el citado amparo directo en revisión 4380/2013, esta Sala explicó que cuando existen tanto pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de la acusación sólo puede estar probada suficientemente si al momento de valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad propuesta por la acusación como de la hipótesis de inocencia alegada por la defensa.

58. De ahí que no puede restarse valor probatorio a las pruebas de descargo simplemente con el argumento de que existen pruebas de cargo suficientes, ya que la suficiencia de las pruebas de cargo sólo se puede establecer en confrontación con las pruebas de descargo.

59. Estos últimos elementos de convicción pueden dar lugar a una duda razonable tanto en el caso de que cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por esos elementos exculpatorios.

60. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia 2/2017, que lleva el siguiente título: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO."(25)

61. Además, en el amparo directo en revisión 3457/2013,(26) esta Primera Sala sostuvo que también "puede actualizarse una duda razonable en los casos en los que la defensa del acusado no propone propiamente una hipótesis de inocencia, sino una versión de los hechos que sólo es incompatible con algunos aspectos del relato de la acusación."

62. Se explicó que una de las particularidades del estándar de prueba en materia penal tiene que ver con que en muchas ocasiones las partes plantean al menos dos versiones total o parcialmente incompatibles sobre los hechos relevantes para el proceso, lo que significa que en el material probatorio pueden coexistir tanto pruebas de cargo como pruebas de descargo.

63. En esa oportunidad, también se aclaró que no sólo deben considerarse pruebas de descargo aquéllas que apoyan directamente la hipótesis de la defensa, sino también cualquier medio probatorio que tenga como finalidad cuestionar la credibilidad de las pruebas de cargo o más ampliamente poner en duda algún aspecto de la hipótesis de la acusación. Aquí debe recordarse que los jueces ordinarios tienen la obligación de valorar todas las pruebas de descargo para no vulnerar la presunción de inocencia de la que goza todo imputado.

64. Al respecto, en dicho precedente se sostuvo que la duda debe entenderse como la existencia de incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, la cual no sólo está determinada por el grado de confirmación de esa hipótesis, sino también eventualmente por el grado de confirmación de la hipótesis de la defensa, en el supuesto de que existan pruebas de descargo que la apoyen.

65. En este orden de ideas, entender la "duda" a la que alude el principio in dubio pro reo como incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, exige asumir que la duda sólo puede surgir del análisis de las pruebas disponibles.

66. En consecuencia, la satisfacción del estándar de prueba no depende de la existencia de una creencia subjetiva del juez que esté libre de dudas, sino de la ausencia dentro del conjunto del material probatorio de elementos de prueba que justifiquen la existencia de una duda.

67. Así, lo importante no es que la duda se presente de hecho en el juzgador, sino que la duda haya debido suscitarse a la luz de las evidencias disponibles.

El principio de igualdad ante la ley

68. La noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se consideran en tal situación de inferioridad.(27)

69. De hecho, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado y sostenido en reiteradas ocasiones que el principio de igualdad, así como los principios de autonomía, libertad y dignidad personal, constituyen el fundamento de los derechos humanos.(28)

70. Así, al resolver el amparo en revisión 367/2015,(29) sostuvo que el derecho humano a la igualdad jurídica –como principio adjetivo– y en su faceta de igualdad formal o de derecho, se reconoce como la protección contra distinciones o tratos arbitrarios.

71. Principio que se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que tiene como objetivo el control del contenido de las normas jurídicas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.

72. Así, se precisó que las violaciones a esta faceta del principio de igualda

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33302-af1d8f1a/delito-de-encubrimiento-por-receptacion-es-inconstitucional-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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