DETENCIÓN POR CASO URGENTE. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 105/2015. 28 DE OCTUBRE DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: PATRICIA DEL ARENAL URUETA.
III. Competencia
17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver del presente recurso, en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, 96, de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, por haberse impugnado una sentencia dictada en un juicio de amparo directo en materia penal.
IV. Oportunidad del recurso
18. La revisión se promovió oportunamente, ya que la sentencia impugnada se notificó personalmente al quejoso el quince de noviembre de dos mil catorce.(10) Esta actuación surtió efectos el día hábil siguiente, esto es, el dieciocho del mismo mes;(11) por lo que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso, transcurrió del diecinueve de noviembre al tres de diciembre de dos mil catorce.(12)
19. Por tanto, si el escrito de agravios se presentó el veintisiete de noviembre del mismo año,(13) es evidente que se interpuso de manera oportuna.
V. Legitimación
20. ********** está legitimado para interponer el medio de impugnación, por ser el quejoso en el juicio de amparo directo de origen, en términos del artículo 5o., fracción I, de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, por lo que la resolución recurrida sí le puede ocasionar afectación a sus derechos.(14)
VI. Cuestiones necesarias para resolver el asunto
21. Antes de analizar la procedencia del recurso, es necesario sintetizar los conceptos de violación, la sentencia del juicio constitucional y los agravios.
22. Conceptos de violación. El quejoso planteó los argumentos que se sintetizan enseguida:
a. La autoridad responsable violó los principios de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, por aplicar de forma inexacta el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, que se refiere a las agravantes para el delito de robo. La Sala Penal, incorrectamente aumentó dos años, dos meses, siete días de prisión, por cada una de las calificativas que estimó actualizadas, que fueron las establecidas en la fracción III de dicho numeral (cuando la víctima se encuentra en un vehículo particular o de transporte público) y la prevista en la fracción VIII (robo de vehículo automotriz o parte de éste).
b. Dicho artículo únicamente establece que la pena se debe aumentar de dos a siete años de cárcel cuando el robo se cometa en los supuestos que enumera en sus diversas fracciones; pero el precepto legal no especifica que si se actualizan varias de la hipótesis que contempla, la pena del delito básico deba aumentarse por cada una de ellas. Es decir, el tipo debe agravarse una sola vez, con independencia de cuántas agravantes se estimen actualizadas, lo que además es acorde con el principio que ordena aplicar lo que más favorezca a la persona.
c. Se aplicó de manera inexacta lo previsto por el numeral 220 del Código Penal para el Distrito Federal, ya que la conducta delictiva indebidamente se ubicó en la fracción IV de dicho artículo, por considerar que el valor de lo robado excedía de setecientas cincuenta veces el salario mínimo, lo que se determinó a partir de considerar que el objeto materia del delito lo constituía el vehículo automotriz y los medicamentos que transportaba.
d. Sin embargo, en el acto reclamado se tuvo por acreditada la agravante referida a la circunstancia en la que la víctima se encuentra a bordo en un vehículo particular. Para estimar que el cargamento a bordo de la camioneta era parte del objeto del apoderamiento, debió tenerse por comprobada la agravante referida a la circunstancia en la que el objeto del robo se encuentre en un vehículo particular. Dado que los hechos no se dieron de esa manera, el acto reclamado carece de la debida motivación.
e. La Sala responsable aplicó inexactamente el artículo 72 del Código Penal mencionado, porque al determinar el grado de culpabilidad sólo tomó en cuenta que el ilícito se perpetró con violencia, respecto de vehículo automotriz, encontrándose la víctima a bordo de un vehículo particular, pero dichas circunstancias ya las había ponderado al momento de establecer las agravantes, por lo que al ser valoradas nuevamente, juzgó al sentenciado dos veces por las mismas conductas.
f. Por tanto, debe estimarse al quejoso en un grado de culpabilidad mínimo, lo que favorecerá su reinserción social.
23. Sentencia de amparo. Las principales consideraciones de la resolución del Tribunal Colegiado, son las que se resumen a continuación:
a. Es infundado el alegato dirigido a evidenciar una violación a los artículos 14 y 16 constitucionales. No se aplicaron leyes retroactivamente en perjuicio del quejoso y el Ministerio Público ejerció sus facultades en la averiguación previa conforme al artículo 21 constitucional. Asimismo, se le escuchó en el juicio, en el cual se respetó el debido proceso legal.
b. El Juez de la causa calificó de legal la detención del quejoso, al estimar configurado el supuesto de caso urgente, por tratarse de un delito grave, existir el riesgo de que pudiera sustraerse a la acción de la justicia en atención a sus circunstancias personales, pues el quejoso refirió trabajar como chofer de taxi, empleo u oficio informal, que no le proporciona estabilidad laboral para efecto de enfrentar los hechos delictivos que se le atribuyen. Y, finalmente, por razón de la hora en que se realizó su detención y posterior puesta a disposición ante el Ministerio Público, no podía acudirse a la autoridad judicial para solicitar una orden de aprehensión.
c. Por otro lado, el Juez tomó la declaración preparatoria del quejoso, en la que le hizo saber los derechos que consagra a su favor el artículo 20 de la Constitución General. Una vez tramitado el proceso en la vía ordinaria, dictó la sentencia de condena por el delito de robo agravado en pandilla, por lo que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. Asimismo, le fue impuesta una pena exactamente aplicable al caso concreto.
d. Tampoco se violentó el artículo 16 constitucional, porque el acto reclamado está debidamente fundado y motivado. De igual manera, se advierte que la responsable valoró adecuadamente las pruebas que obran en la causa penal, para tener por acreditado el delito de robo, así como las agravantes aplicables cuando la víctima se encuentra en vehículo particular, cuando el objeto del robo recae en un vehículo automotriz, cuando hay violencia moral y cuando el delito se comete en pandilla. Es infundado el argumento relativo a que la Sala Penal incorrectamente consideró que el medicamento transportado en la camioneta robada era objeto del delito. En el caso, la agravante que se configura es la que se refiere a que las víctimas se encuentren en un automóvil particular, por lo que no se transgredieron los derechos fundamentales del sentenciado. De la misma forma, es acertado que la Sala responsable tuviera por actualizada la modificativa de vehículo particular, pues la conducta delictiva recayó en una camioneta tipo pick up.
e. Contrariamente a lo que expone el quejoso, la responsable no violó los artículos 14 y 16 constitucionales, por aumentar la sanción por cada una de las agravantes que se tuvieron por comprobadas. Al respecto, el quejoso manifiesta que sólo se debió agravar la pena una vez, sin importar que se estimaran configuradas varias calificativas. Es infundado ese concepto de violación, ya que no hay impedimento para que las agravantes mencionadas puedan concurrir en un mismo momento, dado que protegen bienes jurídicos distintos.
f. Las agravantes de violencia moral y pandilla también se tuvieron legalmente satisfechas, en razón de que el delito se cometió por tres sujetos, quienes amenazaron a las víctimas si oponían resistencia. En otro aspecto, la responsabilidad penal de los coinculpados se tuvo por acreditada con los medios probatorios que obran en la causa penal, los cuales no fueron desvirtuados con pruebas en contra.
g. Es infundado lo argumentado por el quejoso, en el sentido de que la autoridad responsable, al graduar su culpabilidad, no se apegó a lo que dispone el artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal, pues valoró dos veces las agravantes, lo que implica doble juzgamiento por la misma conducta, además de que le corresponde una culpabilidad mínima.
h. De manera adversa al reclamo del quejoso, no se advierte la revaloración de las agravantes para estimar que se juzgó dos veces por el mismo hecho, pues la Sala Penal sólo tomó en cuenta las circunstancias de tiempo y modo en que ocurrió el delito, los medios físicos empleados, la magnitud del daño causado, la forma de participación, los vínculos existentes entre el sujeto activo y las víctimas, el motivo que lo impulsó a delinquir, el comportamiento posterior al evento delictivo, su condición fisiológica, y sus peculiaridades, todo ello en cumplimiento al contenido del artículo 72 aludido.
i. Al margen de lo anterior, las agravantes referidas a cuando la víctima se encuentra en un vehículo particular y cuando el objeto del delito es un vehículo automotriz, pueden concurrir en un solo momento, porque tutelan bienes jurídicos distintos, por lo que es correcto concluir que cada una puede ser motivo de sanción, sin que ello implique doble penalización. Por tanto, es correcto el grado de culpabilidad superior al mínimo, determinado por la responsable.
24. Agravios. El recurrente aduce lo que enseguida se sintetiza:
a. El Tribunal Colegiado de manera errada declaró infundado el concepto de violación primero, en el que se alegó la inexacta aplicación del artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, al estimar que fue correcto que la responsable aumentara la pena por cada una de las agravantes. Sin embargo, el Tribunal Colegiado no proporcionó razones para justificar el aumento de la pena en más de una ocasión, con independencia de que se comprueben varias calificativas.
b. Se equivoca el Tribunal Colegiado al declarar infundado el concepto de violación segundo relacionado con la inexacta aplicación del precepto 220 de la legislación penal de Distrito Federal, puesto que para estimar que el objeto del apoderamiento lo constituye la camioneta y los medicamentos que se contenían en su interior, debió tenerse por acreditada la agravante relativa a que el objeto robado se encuentre en vehículo automotriz.
c. El colegiado no advirtió que la responsable al determinar el grado de culpabilidad del quejoso, lo juzgó dos veces por la misma conducta, porque recalificó las agravantes del delito.
VII. Procedencia del recurso
25. Como cuestión previa, se destaca que el amparo directo del cual deriva el presente recurso de revisión, se promovió el veinticuatro de abril de dos mil catorce. Por ello, su tramitación se encuentra regulada por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General Número 9/2015 del Pleno de este Alto Tribunal.
26. El artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el recurso de revisión en los juicios de amparo directo, procede únicamente cuando se resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales, cuando se realice la interpretación directa de algún precepto constitucional, o cuando se omita decidir sobre esos temas cuando los haya planteado el quejoso en los conceptos de violación; además, debe tratarse de un asunto que permita fijar un criterio importante y trascendente, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(15)
27. Por su parte, el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo establece que la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. Es decir, procede la revisión de las sentencias dictadas en el amparo uniinstancial, sólo si entrañan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia respecto de la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional.
28. En relación con el significado de estos requisitos, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo General Número 9/2015 el ocho de junio de dos mil quince, a fin de regular las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo. Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de revisión contra sentencias dictadas en amparo directo, deben colmarse los supuestos siguientes:
1o. Se decida sobre la constitucionalidad de una norma general o se establezca una interpretación directa de la Constitución, o bien, que habiéndose planteado dichos temas en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio.
2o. Lo anterior, entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales.
29. En relación con el primer requisito, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 21/2011-PL, en la sesión de nueve de septiembre de dos mil trece, esta Primera Sala entiende que una cuestión propiamente constitucional se actualiza cuando se exige la tutela del principio de supremacía constitucional para la solución de un caso concreto, en el que se presenta un conflicto interpretativo de la determinación normativa que para ese supuesto otorga la Constitución, en tanto texto normativo, lo cual implica la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo o de alguna Norma Fundamental o de un derecho humano reconocido en algún tratado internacional ratificado por México.
30. Una problemática de constitucionalidad se puede definir, en términos generales, mediante un criterio positivo y otro negativo. De manera positiva, se origina por el ejercicio interpretativo de un elemento o norma constitucional para la resolución del caso, lo cual no debe entenderse sólo como la interpretación de los preceptos de la Constitución Federal, sino también de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1o., párrafo primero, constitucional. El criterio negativo radica en la identificación de su opuesto: la cuestión de legalidad.
31. Aquellas cuestiones jurídicas atinentes exclusivamente a determinar la debida aplicación de una ley o la determinación del sentido de una norma infraconstitucional, se encuadra como una cuestión de legalidad en la que lo relevante es desentrañar el sentido de dichas fuentes normativas. Lo anterior no implica que una cuestión de legalidad esté desvinculada de la fuerza protectora de la norma fundamental, pues la Constitución establece en sus artículos 14 y 16 el derecho humano a la legalidad, lo cual conlleva evaluar la debida aplicación de la ley; sin embargo, ello se trata de una violación indirecta a la Constitución que no exige el ejercicio interpretativo de un elemento genuinamente constitucional, sino sólo una referencia en vía de consecuencia.
32. Adicionalmente, aun cuando exista una cuestión de constitucionalidad, la procedencia del recurso se supedita a que se fije un criterio de importancia y trascendencia para el ordenamiento jurídico, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales que emita el Tribunal Pleno.
33. Al respecto, el punto segundo del citado Acuerdo General Plenario Número 9/2015, dispone lo siguiente:
"SEGUNDO. Se entenderá que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del inciso a) del punto inmediato anterior, se advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.
"También se considerará que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación."
34. Con base en este marco normativo, se estima que, en el presente caso, el recurso reúne los requisitos que condicionan su procedencia. A partir de la lectura de la sentencia recurrida se advierte que el Tribunal Colegiado realizó un pronunciamiento claro y explícito en relación con un problema de constitucionalidad.
35. El Tribunal Colegiado interpretó los alcances del artículo 16 constitucional, al pronunciarse sobre la validez de la detención del quejoso bajo el supuesto de caso urgente. Al respecto, afirmó que tal supuesto de detención se había actualizado correctamente porque la acusación había versado sobre un delito grave, se había advertido que existía riesgo fundado de que el sentenciado se sustrajera a la acción de la justicia. Y, finalmente, refirió que por razón de la hora en que se realizaron su detención y posterior puesta a disposición ante el Ministerio Público, no podía acudirse a la autoridad judicial para solicitar una orden de aprehensión.
36. El Tribunal Colegiado estimó que el "riesgo fundado" se había acreditado debido a que el quejoso había indicado que trabajaba como chofer de taxi, lo que calificó como un empleo informal que no le permite enfrentar la acusación que pesaba en su contra. De este modo, para calificar el cumplimiento de tales requisitos, el Tribunal Colegiado se vio en la necesidad de adoptar un criterio sobre el significado de esos requisitos, previstos en el artículo 16 constitucional.
37. Por tanto, este Tribunal Constitucional debe dilucidar si es correcto el criterio del Tribunal Colegiado para justificar una detención por caso urgente y si se apega a la línea jurisprudencial que esta Primera Sala ha adoptado en relación con los alcances del mencionado artículo constitucional. Adicionalmente, de acuerdo con el Acuerdo General Plenario Número 9/2015 ya citado, los requisitos de importancia y trascendencia se actualizan cuando este Alto Tribunal advierte que un amparo pudo haber sido resuelto en contra de los precedentes emitidos por la misma Suprema Corte.
VIII. Estudio de fondo
38. De manera preliminar, es necesario calificar de inoperantes los agravios dirigidos a cuestionar la correcta aplicación de la ley, específicamente respecto a la acreditación de las agravantes para el delito de robo. Tales alegatos se refieren a cuestiones de mera legalidad, que no son materia de estudio en esta instancia. Es aplicable la jurisprudencia de esta Primera Sala, cuyo rubro es: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE ADUZCAN CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD."(16)
39. Aclarado lo anterior, procedemos al análisis del tema de constitucionalidad, para determinar si el razonamiento del Tribunal Colegiado en relación con la detención realizada bajo la figura de "caso urgente", fue consistente con la línea jurisprudencial de esta Sala en la materia.(17)
40. Esta Sala considera que el Tribunal Colegiado justificó la detención del quejoso de un modo que contradice los criterios emitidos por este Alto Tribunal, en relación con los requisitos que deben condicionar la validez de la figura denominada "caso urgente".
41. Para efecto de mostrar por qué es necesario cuestionar las decisiones que llevaron a validar la detención del quejoso, es necesario recordar cómo sucedieron los hechos que la precedieron.
42. De acuerdo con la narrativa de los acontecimientos que el Tribunal Colegiado tuvo por acreditados, el dos de julio de dos mil nueve, dos personas viajaban a bordo de una camioneta en la que transportaban medicamentos como parte de las actividades laborales con una empresa de la industria farmacéutica. Al toparse con un semáforo en alto, las personas fueron asaltadas y despojadas con violencia del vehículo que contenía los medicamentos en cuestión.
43. Las víctimas del delito denunciaron el delito y el Ministerio Público inició la averiguación previa correspondiente.
44. El seis de julio siguiente (cuatro días después), tres personas, entre ellas el quejoso, fueron detenidas en relación con estos hechos. De acuerdo con las declaraciones de los policías remitentes (las cuales se pueden consultar en las páginas 45 a 63 de la sentencia de amparo) la detención se llevó a cabo de la siguiente manera:
45. Mientras los policías se encontraban realizando labores de patrullaje en la Ciudad de México, observaron que dos personas en un taxi se comportaban de manera "sospechosa", pues en su interior traían varias cajas. Por este motivo, los policías decidieron seguir al taxi y cuando una de las personas se bajó del vehículo para acomodar las cajas, los policías se aproximaron y les preguntaron "si todo estaba bien". Las personas mostraron nerviosismo y, en algún momento en la conversación, confesaron que las cajas contenían mercancía robada. Posteriormente, los policías llevaron al quejoso y su acompañante a la dirección donde dijeron que se ubicaba la casa en la que habían ocultado los medicamentos. Ahí se encontraron con una mujer que también confesó su participación en los hechos y que los identificó como quienes habían ocultado mercancía robada en ese domicilio.
46. Los policías aprehendieron a las tres personas y se trasladaron a las oficinas de su respectiva coordinación territorial (IZC-3), a efecto de poner los hechos en conocimiento de sus superiores y para elaborar "el correspondiente informe". En tales oficinas, ********** (quejoso) y su coinculpado fueron interrogados, ante lo que manifestaron que habían participado en el robo del dos de julio de dos mil nueve.
47. Ahora, el Tribunal Colegiado, al declarar infundado el concepto de violación mediante el cual el quejoso adujo violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, se pronunció oficiosamente sobre la validez de la detención. Al respecto sostuvo que la autoridad responsable había respetado el debido proceso, ya que después del ejercicio de la acción penal, el Juez calificó de legal la detención, al haberse actualizado el caso urgente.
48. Concretamente, el órgano colegiado consideró que se habían reunido las condiciones para la detención por caso urgente, toda vez que: (i) la acusación versaba sobre un delito grave, (ii) existía riesgo fundado de que el quejoso pudiera sustraerse de la acción de la justicia, debido a la "informalidad" de su empleo como taxista; y (iii) por razón de la hora de la detención y la puesta a disposición del Ministerio Público, no había sido posible acudir ante la autoridad judicial.
49. Las consideraciones del Tribunal Colegiado son literalmente las siguientes:
"... a dicho quejoso se le escuchó en juicio a través del debido proceso legal, ya que posterior al ejercicio de la acción penal con detenido por su probable responsabilidad en la comisión del delito aludido, el Juez común, luego de analizar las constancias relativas, calificó de legal su detención al haberse llevado bajo la figura de caso urgente, pues se trata de un delito grave así calificado por la ley, existía el riesgo de que pudiera sustraerse a la acción de la justicia, esto, dado el término medio aritmético de la pena que pudiera llegársele a imponer en sentencia firme, no concede el derecho a obtener la libertad provisional bajo caución; además, en atención a sus circunstancias personales, al referir que trabaja como chofer de taxi, se trata de un oficio o empleo no formal y, por ende, no existe estabilidad laboral a efecto de hacer frente a los hechos delictivos atribuidos; finalmente, por razón de la hora en que fue detenido y puesto a disposición del órgano técnico de investigación no podía acudirse ante la autoridad judicial a solicitar orden de aprehensión ..." (páginas 206 y 207 de la sentencia recurrida)
50. Como es posible observar, el Tribunal Colegiado se limitó a validar la detención del quejoso sin analizar con el rigor requerido, si los requisitos de validez del caso urgente se habían respetado en el caso.
51. Esta Primera Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la manera en que deben interpretarse los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional para configurar un caso urgente.(18) En el amparo directo en revisión 3506/2014, esta Sala concluyó que el "caso urgente" es una forma de detención extraordinaria, que se aparta de la regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen de detenciones, precisamente porque excepcionalmente se justifica ante la presencia de condiciones atípicas (riesgo fundado de la sustracción de la justicia, imposibilidad de acudir ante la autoridad judicial en el momento preciso), todas las cuales han de acreditarse, justificarse y controlarse rigurosamente. Esto eleva el estándar argumentativo con el cual el Ministerio Público justifica una detención con estas características.
52. El criterio dio lugar a la siguiente tesis aislada:
" El artículo 16, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre que no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Ahora bien, de las características ontológicas de la detención por caso urgente, destaca que: a) es una restricción al derecho a la libertad personal; b) es extraordinaria, pues deriva de condiciones no ordinarias, como el riesgo fundado de que la persona acusada de cometer un delito grave se sustraiga a la acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión; y, c) es excepcional, pues se aparta de la regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen de detenciones. En ese sentido, para que sea válida o legal la detención por caso urgente debe estar precedida de una orden del Ministerio Público, una vez que se han acreditado los tres requisitos que la autorizan: i) que se trate de un delito grave; ii) que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue; y, iii) que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo. Así, estos requisitos constitucionales a los que está sujeta la detención por caso urgente configuran un control normativo intenso dispuesto por el legislador, que eleva el estándar justificativo para que el Ministerio Público decida ordenar la detención de una persona sin control previo por parte de un Juez. Por ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera razonable que el Constituyente determinara que el Ministerio Público deba demostrar que los tres requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional se actualizan concurrentemente. Además, deben existir motivos objetivos y razonables que el Ministerio Público tiene la carga de aportar para que la existencia de dichos elementos pueda corroborarse posteriormente por un Juez, cuando éste realice el control posterior de la detención, como lo dispone el artículo constitucional referido."(19)
53. A este criterio subyace la siguiente premisa: la condición de "urgencia" no debe ser entendida en un sentido laxo o permisivo; es decir, la urgencia no tiene implícita una autorización dirigida al Ministerio Público para validar detenciones ilegales, ex post, o para dejar de preferir la condición rectora en materia de detenciones; a saber, agotar todos los medios necesarios para solicitar el libramiento de una orden de aprehensión; o, en términos genéricos, el escrutinio y control judicial.
54. Por otro lado, en el amparo directo en revisión 3623/2014,(20) la Sala abundó sobre los requisitos de esta clase de detención y concluyó que los Jueces no deben limitarse a comprobar que en el caso concreto se reúnen los tres requisitos que actualizan el caso urgente -es decir, que el delito que se imputa al detenido esté calificado de grave por la ley, que por razones extraordinarias no se pueda acudir a un Juez a solicitar una orden de aprehensión, y que exista un riesgo fundado de fuga- sino que además es indispensable que corroboren la existencia previa de la orden de detención y, en su caso, también analicen si al momento de ordenar la detención el Ministerio Público efectivamente tenía evidencia que justificara la creencia de que se había actualizado un supuesto de caso urgente.
55. De acuerdo con este precedente de la Sala, no es posible permitir el dictado de detención por caso urgente que pretendan justificar en retrospectiva detenciones que materialmente ya estaban ejecutadas sin la existencia previa de una orden y/o sin que se tuviera evidencia que apoyara la creencia de que efectivamente se habían actualizado previamente los supuestos constitucionales de la detención en caso urgente.
56. Estos pronunciamientos, reiterados en varios precedentes recientes de esta Sala, integra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26688-9dad90da/detencion-por-caso-urgente-requisitos-para-su-validez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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