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Modo: Corpus Pro

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO EXPEDIDOS POR SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES. LES ES INAPLICABLE LA EXIGENCIA DE ACOMPAÑAR UN REQUERIMIENTO DE PAGO ANTE FEDATARIO PÚBLICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 BIS 1, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 196/2024. · Registro digital (IUS): 33346
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-06-27
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo IV, Volumen 2, Pág.845.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 196/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 27 DE MARZO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Ver cuadro

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(2) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Vigésimo Segundo Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional por tratarse de materia civil.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por ******* ****** ******* ******,(6) apoderada legal de la quejosa ******* ****** ******* ******, recurrente en el amparo directo 462/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, del que deriva uno de los criterios contendientes,

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito al resolver los juicios de amparo directo civil 622/2022 y 762/2023, en sesiones de uno de junio de dos mil veintitrés y veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, respectivamente.

4. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito al fallar los juicios de amparo directo civil 594/2022 y 784/2022, en sesiones de veinticuatro y treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, respectivamente.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(7)

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito al resolver los juicios de amparo directo civil 622/2022 y 462/2023, con los emitidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Segundo Circuito al fallar los juicios de amparo directo civil 594/2022 y 784/2022.

7. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo civil 622/2022, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver análisis

8. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo civil 462/2023, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

9. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 594/2022, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

10. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 784/2022, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver resolución

11. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:

Ver información

12. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios, como se explica a continuación:

13. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se satisface porque los tribunales colegiados se pronunciaron, a partir de una exposición argumentativa, sobre los conceptos de violación enderezados en contra de una sentencia definitiva en la que se declaró improcedente la vía ejecutiva mercantil propuesta por la parte actora quien exhibió, como documentos base de su acción, certificados de depósito de inversión a plazo fijo expedidos por una sociedad financiera popular.

14. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque ambos analizaron si la exigencia de acompañar un requerimiento de pago ante fedatario público prevista en el artículo 36 bis 1 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular les es aplicable a los aludidos certificados de depósito.

15. Sin embargo, entre ellos existe un diferendo, pues mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito consideró que sí pues implícitamente los equiparó a las obligaciones subordinadas y a sus cupones; el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito determinó que no, en virtud de que los certificados exhibidos no son obligaciones subordinadas sino títulos de crédito nominativos.

16. Es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 93/2006,(8) cuyo rubro y texto dicen lo siguiente:

CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no solo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición.

17. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿La exigencia de acompañar un requerimiento de pago ante fedatario público prevista en el artículo 36 bis 1 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, comprende a los certificados de depósito de inversión a plazo fijo emitidos por una sociedad financiera popular?(9)

18. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito al resolver los juicios de amparo directo civil 622/2022 y 462/2023, con los emitidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Segundo Circuito al fallar los juicios de amparo directo civil 594/2022 y 784/2022.

19. No pasa inadvertido que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito estimó infundado el concepto de violación relacionado con la incongruencia atribuida al juzgado responsable relativa a que en el auto admisorio afirmó que los certificados de depósito eran títulos que traen aparejada ejecución y en sentencia sostuvo lo contrario; pues estimó que, con independencia de que inicialmente se haya admitido la demanda en la vía propuesta por la actora, lo cierto es que el artículo 1409 del Código de Comercio obliga al juzgado a estudiar en sentencia y de oficio ese presupuesto procesal; sobre ese motivo de disenso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito lo estimó fundado; sin embargo, el argumento esencial para arribar a esa conclusión descansa en que tanto el artículo 62 de la Ley de Instituciones de Crédito como el numeral 36 bis 1 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular no son aplicables al caso concreto lo que desde luego analizará este pleno regional en el estudio de fondo.

20. Cabe referir que no se configura un punto de toque atinente a los conceptos de violación analizados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, a saber, la obligación del juez responsable de reencausar el procedimiento, la existencia de un requerimiento judicial realizado en términos del artículo 1392 del Código de Comercio, así como la pertenencia a un grupo indígena alegada por la persona quejosa, porque el tribunal colegiado contendiente no abordó esos tópicos.

21. Tampoco existe un punto de toque sobre si los aludidos certificados de depósito son títulos de crédito que traen aparejada ejecución; cuenta habida de que ninguno de los órganos contendientes emitieron consideraciones relacionadas con la acreditación de los requisitos para que estos documentos gocen de efectos ejecutivos; sino que solo centraron su estudio en si era aplicable la exigencia prevista en el invocado artículo 36 bis 1. En ese sentido, no es dable delimitar la problemática a dilucidar como lo propuso el acuerdo de presidencia.(10)

22. No sobra señalar que de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se trae a la vista como hecho notorio, se observa que en contra de los fallos dictados en los juicios de amparo directo mencionados en este apartado, no se advierte que se haya interpuesto medio de defensa en su contra, con excepción del relativo al juicio de amparo directo 462/2023 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, que fue controvertido vía recurso de revisión radicado por el Máximo Tribunal como amparo directo en revisión 5583/2024, el cual fue desechado mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, por lo que las resoluciones de mérito se encuentran firmes.

23. Por otro lado, no es óbice para sostener la existencia de esta contradicción que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito no haya atendido el requerimiento que se le dirigió para que informara sobre la vigencia del criterio sostenido en los amparos directos civiles 622/2022 y 462/2023, porque en el expediente no obra algún elemento para dudar de que el criterio continúa vigente.

V. Estudio

24. Para dar respuesta a la interrogante planteada es necesario analizar la naturaleza de los títulos ejecutivos en nuestro sistema jurídico, la vía como presupuesto procesal que da validez a un proceso jurisdiccional, la vía ejecutiva, el contrato de depósito a plazo fijo y su representación en certificados, así como las sociedades financieras populares como instituciones facultadas para realizar operaciones de captación de depósitos a plazo fijo y emitir obligaciones subordinadas.

25. El título ejecutivo, para ser considerado como tal, debe cumplir con varios elementos, a saber, que la deuda o crédito que se consigne en dicho documento sea cierta, exigible y líquida.

• Cierta porque el derecho que aparezca consignado el título debe cumplir con los requisitos para conformarlo sin necesidad de acudir a otras fuentes de información.

• Exigible porque el pago no puede rehusarse conforme a derecho porque están satisfechos todos los elementos fijados para su entero, tanto en la ley como por las partes en el título, ya sea el tiempo o el lugar de pago, o alguna condición, entre otros y,

• Líquida porque el importe del adeudo debe expresarse en cantidad determinada, o debe ser fácilmente determinable a partir de los elementos que claramente se adviertan del título, mediante operaciones aritméticas sencillas.

26. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre estos elementos, así se advierte de las tesis del tenor siguiente:

TÍTULO EJECUTIVO, NATURALEZA DEL. El título ejecutivo es siempre una declaración que debe constar, ad solemnitatem, por escrito; de ahí deriva la frecuente confusión de título ejecutivo y documento, y es preciso distinguir el significado sustancial, del formal del título ejecutivo: el primer significado del título ejecutivo, es la declaración a base de la cual debe tener lugar la ejecución; y el segundo es el documento en el cual se consagra la declaración. El juicio ejecutivo, según Caravantes, “es un procedimiento sumario por el que se trata de llevar a efecto por embargo y venta de bienes, el cobro de créditos que constan por algún título que tiene fuerza suficiente para constituir, por sí mismo, plena probanza”, definición que es, con poca diferencia, la misma que nos ofrecen otros autores, expresando que el juicio ejecutivo es “la serie de procedimientos que se establecen para que los acreedores puedan cobrar de sus deudores morosos, sin la dilación y dispendios de un juicio ordinario, aquellos créditos de cuya legitimidad no debe dudarse racionalmente, atendida la naturaleza del documento en que están consignados”, y de modo más completo definen: “el procedimiento breve sumario, para exigir el pago de cantidad líquida y de plazo vencido”. El objeto del juicio ejecutivo no es hacer declaración alguna de derechos, sino hacer efectivos los que se hallen consignados en documentos o en actos que tienen fuerza bastante para constituir, por ellos mismos, prueba plena. De las definiciones de los autores y de los elementos esenciales del juicio ejecutivo, resulta que para la procedencia de este juicio privilegiado, se hace necesario que concurra: I. Certidumbre racional de la verdad del crédito que se reclama, y II. Que ese crédito consista en cantidad líquida de dinero o especies, que puedan valuarse en dinero. Para que se llenen estas condiciones, esto es, para que la deuda sea cierta y líquida, debe tenerse presente que la deuda es cierta cuando la causa real de su existencia nace de un modo indubitable del título ejecutivo, y es líquida, cuando está determinada su cuantía, o cuando, como dice el artículo 2189 del Código Civil, puede determinarse dentro del plazo de nueve días. La deuda es exigible, según el artículo 2190 del propio ordenamiento, cuando su pago no puede rehusarse conforme derecho. El título ejecutivo no tiende a declarar derechos, se funda en la presunción, juris tantum, de que esos derechos sean previa y solemnemente determinados por las partes, y sólo sirve para obtener su efectividad. Por esto la mayoría de los tratadistas y legisladores sostienen que el juicio ejecutivo no reúne los caracteres de un verdadero juicio, sino de un procedimiento sumario para cobrar un crédito, que consta de modo cierto y auténtico.(11)

TÍTULOS EJECUTIVOS. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER. El juicio ejecutivo es un juicio de excepción que se basa en el establecimiento, por un título, de un derecho perfectamente reconocido por las partes; el documento mismo prolija la existencia del derecho, define al acreedor y al deudor y determina la prestación cierta, líquida y exigible, de plazo y condiciones cumplidos, como pruebas todas ellas consignadas en el título. Ahora bien, si se deduce una acción en la vía ejecutiva mercantil, pero de los términos de la demanda se advierte con claridad que se están ejercitando derechos controvertibles, que no hay la exigencia de una deuda cierta y líquida, se pone de relieve que se esta frente a un título que no puede fundar una acción ejecutiva, por que no se reúnen los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia de esta Suprema Corte han señalado como indispensables para que un título traiga aparejada ejecución.(12)

TÍTULOS EJECUTIVOS. El juicio ejecutivo es un juicio de excepción que se basa en el establecimiento, por un título, de un derecho perfectamente reconocido por las partes; el documento mismo prohija la existencia del derecho, define al acreedor y al deudor y determina la prestación cierta, líquida y exigible, de plazo y condiciones cumplidos, como pruebas todas ellas consignadas en el título. Ahora bien, si se deduce una acción en la vía ejecutiva mercantil, pero de los términos de la demanda se advierte con claridad que se están ejercitando derechos controvertibles, que no hay la exigencia de una deuda cierta y líquida sino al contrario, se pone de relieve que se está frente a un título que no puede fundar una acción ejecutiva, porque no se reúnen los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia de esta Suprema Corte han señalado como indispensables para que un título traiga aparejada ejecución.(13) 27. La ley establece los requisitos que han de satisfacer estos títulos para demostrar la deuda cierta, líquida y exigible; como sucede, por ejemplo, con los requisitos esenciales de los diferentes títulos de crédito, sean letras de cambio, pagarés o cheques; o las condiciones de una confesión judicial para que pueda dar lugar a título ejecutivo en términos de los artículos 1287 y 1288 del Código de Comercio; o los requisitos de los instrumentos públicos expedidos por fedatarios públicos en que conste un adeudo; o que haya causado ejecutoria la sentencia; o sea inapelable el laudo arbitral, etcétera. Y cuando se ha encontrado que los documentos atinentes no cumplen los requisitos legales previstos para su formación, se ha negado la procedencia de la vía ejecutiva, tal como se advierte del criterio del Alto Tribunal que dice:

VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, AUNQUE EL DEMANDADO NO LA RECLAME (TÍTULOS DE CRÉDITO CARENTES DE REQUISITOS LEGALES). Si el documento presentado como base de la acción no constituye un título de crédito, porque no reúne los requisitos señalados por la ley, el mismo no puede servir de base a un procedimiento ejecutivo mercantil, ya que éste sólo tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que traiga aparejada ejecución y por lo mismo, tampoco puede demostrar la acción ejercida. Para llegar a esta conclusión, no son obstáculos el artículo 1404 del Código de Comercio y la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia, que establece que si el deudor no se opone a la ejecución y no alega excepciones el Juez sólo puede fallar sobre los derechos controvertidos, sosteniendo la procedencia de la vía ejecutiva, porque tanto en aquél como en ésta, se presupone la existencia del título ejecutivo. Por otra parte, la falta de los requisitos que la ley exige, en el documento de que se trata, y que trae como consecuencia que el mismo no constituya un título de crédito, excluye la acción ejercida, porque elimina la relación jurídica en que ésta se apoya; y el Juez está obligado a tomar en cuenta esta circunstancia, aun cuando no haya sido invocada por el demandado, porque no podría dar vida jurídica o una relación procesal que carece de ella, por disposición expresa de la ley.(14)

28. Ahora bien, según la Primera Sala del Máximo Tribunal, la vía es la manera de proceder en un juicio siguiendo determinados trámites. Además, constituye un presupuesto procesal de orden público porque es una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, y es insubsanable ya que sin ella no puede dictarse válidamente sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa, sobre el particular resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 56/2009(15) del tenor siguiente:

PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE OFICIO EN EL RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL. Conforme a los artículos 1,336 y 1,337 del Código de Comercio y 231 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el recurso de apelación tiene por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución de primera instancia impugnada en los puntos relativos a los agravios vertidos en la apelación o en la adhesión a ésta. Ahora bien, la vía, que es la manera de proceder en un juicio siguiendo determinados trámites, constituye un presupuesto procesal de orden público porque es una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, y es insubsanable ya que sin ella no puede dictarse válidamente sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa. En ese sentido y tomando en cuenta que en virtud de la apelación se devuelve al tribunal superior la plenitud de su jurisdicción y éste se encuentra frente a las pretensiones de las partes en la misma posición que el inferior, es decir, que le corresponden iguales derechos y deberes, se concluye que, al igual que el juzgador de primer grado, en el recurso de apelación mercantil el tribunal superior puede analizar de oficio la procedencia de la vía, pues el hecho de que tenga que ceñirse a la materia del medio de impugnación no es obstáculo para que oficiosamente pueda estimar circunstancias impeditivas o extintivas que operan ipso iure (como la procedencia de la vía) y que podía haber analizado el juez de primera instancia; máxime que la resolución de segundo grado que de oficio declara improcedente la vía no implica violación a los indicados numerales, en tanto que no se pronuncia sobre la materia de la apelación ni decide en el fondo sobre la procedencia o fortuna de la pretensión, y mucho menos que deba ser favorable a esa pretensión, pues estas dos circunstancias dependen de otra clase de presupuestos: los materiales o sustanciales.

29. Dicho presupuesto procesal es de estudio preferente y oficioso por parte de la persona juzgadora tanto al proveer sobre la demanda como en la resolución o sentencia que dicte, en el segundo momento aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la actora, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, en virtud de que dicha circunstancia no implica que, por el supuesto consentimiento de las personas gobernadas, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Sirve de sustento la tesis de jurisprudencia 1a./J. 25/2005(16) cuyo rubro y texto dicen lo siguiente:

PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente.

30. En otro precedente, la Superioridad, al interpretar el artículo 1055 bis del Código de Comercio que faculta al acreedor para elegir entre distintas vías procesales, las definió como diseños moduladores con características propias que moldean el acceso a la justicia en condiciones óptimas dependiendo de las acciones que se hagan valer y de las pretensiones que se quieran hacer exigibles en el juicio elegido. Sirve de sustento la tesis de jurisprudencia 1a./J. 61/2016 (10a.),(17) de rubro y contenido siguiente:

CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL. EL ARTÍCULO 1055 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE FACULTA AL ACREEDOR PARA ELEGIR ENTRE DISTINTAS VÍAS PROCESALES, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. Las vías procesales son diseños moduladores con características propias que moldean el acceso a la justicia en condiciones que el legislador consideró óptimas, dependiendo de las acciones que se hagan valer y de las pretensiones que se quieran exigir en el juicio elegido; así, cada una de las vías referidas cuenta con la presunción de constitucionalidad de que gozan las leyes procesales respectivas en relación con el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, sin perjuicio de que ciertas etapas concretas de cada uno de los procedimientos pudieran impugnarse con motivo de vicios propios de inconstitucionalidad. Asimismo, las vías procesales establecidas por el legislador fijan plazos para cada una de las etapas y establecen reglas a seguirse en cuanto a la determinación de la competencia, la contestación, las excepciones, la reconvención, las pruebas, los alegatos y las audiencias, entre otras; pero, además, establecen requisitos o condiciones que guían la determinación de utilizar válidamente un camino procesal u otro. Ahora bien, el artículo 1055 Bis del Código de Comercio, al prever que cuando el crédito tenga garantía real el actor, a su elección, podrá ej

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33346-730f7551/certificados-de-deposito-de-inversion-a-plazo-fijo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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