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Modo: Corpus Pro

MULTAS IMPUESTAS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DEL AYUNTAMIENTO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNARLAS A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 217/2024. · Registro digital (IUS): 33352
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-06-27
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1143.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 217/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 26 DE FEBRERO DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIA: MARÍA ISABEL PECH RAMÍREZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios 217/2024, suscitada entre los sostenidos por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

RESULTANDOS:

PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito signado por el Magistrado Titular de la Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, denunció una posible contradicción de criterios, entre los sustentados por Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo ******** y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo ********.

SEGUNDO. Trámite de la contradicción de criterios. Mediante acuerdo de Presidencia de cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, se ordenó formar y registrar el expediente de contradicción, al que correspondió el número ******** y se admitió a trámite.

En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado; y, se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios, radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente: “DETERMINAR SI LA DIRECTORA DE ASUNTOS LEGALES DEL AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, CONFORME AL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN VIII, DEL BANDO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO LIBRE DE VERACRUZ, CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN REPRESENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO A QUIENES SE LES HAN IMPUESTO MULTAS.”

TERCERO. Vigencia de los criterios. Mediante proveídos de trece de diciembre de dos mil veinticuatro y seis de enero de dos mil veinticinco la Presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibidos –respectivamente–, los informes de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios sustentados al resolver el amparo directo 418/2021, [Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito] y el amparo directo 549/2021 [Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito], dentro de la denuncia de contradicción, se encuentran vigentes.

CUARTO. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio con el que el titular de la aludida Dirección General hizo del conocimiento el diverso informe del Secretario General de Acuerdos del Alto Tribunal, en el sentido de que no existe contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal, sobre el probable tema a analizar en el presente asunto.

QUINTO. Confirmación de turno. Integrado el expediente, en auto de esa misma fecha se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de siete de junio de dos mil veintiuno, aplicable en términos del transitorio Séptimo del DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados en materia administrativa, pertenecientes a la Región Centro-Sur.

SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitima, al haberse formulado por el Magistrado de la Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, a la cual, por reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, le fueron asignados los asuntos del conocimiento de la entonces Cuarta Sala del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, de los que derivaron los juicios de amparo directo, en los que fueron emitidos los criterios que motivaron la posible contradicción.

TERCERO. Criterios denunciados. Para mejor comprensión del asunto, a continuación se precisa cuáles fueron los asuntos denunciados como probables contendientes de los criterios.

I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, resolvió el Amparo Directo ********.

Antecedentes

a) La Directora de Asuntos Legales del Ayuntamiento de Veracruz, promovió demanda de amparo directo por las autoridades y actos siguientes:

“III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES

La Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. Con domicilio en ...

IV. ACTO RECLAMADO.

La resolución de fecha 29 de junio de 2021, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, dentro del juicio de nulidad número *********** **.”

b) Por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, cuya Presidencia la admitió y registró con el número de expediente ********.

c) Y en sesión de diez de marzo de dos mil veintidós, determinó negar el amparo que promovió la Directora de Asuntos Legales del Ayuntamiento de Veracruz, como representante de una persona física en su carácter de Regidora Novena del referido Ayuntamiento, en contra de la resolución dictada en el recurso de reclamación, por la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con residencia en Xalapa, en la que confirmó el auto que tuvo por no interpuesta la demanda de nulidad, [promovida en contra del desechamiento del recurso de revocación por el que impugnó el requerimiento de pago de una multa], al estimar que dicha promovente no acreditó contar con la representación de la Regidora Novena de aquél Ayuntamiento, al no cumplir con el requerimiento que se le formuló para que exhibiera el documento con el que acreditara tal personería y al efecto estableció:

• Que del artículo 57 fracción VIII del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, se desprende que la Dirección de Asuntos Legales, tiene dentro de sus atribuciones, contestar las demanda, oponer las excepciones y defensas, ofrecer pruebas, formular alegatos e interponer los incidentes y recursos que procedan en los que sean parte las autoridades del Ayuntamiento, que se susciten con motivo del ejercicio de sus facultades, así como las de índole fiscal, estatal o federal.

• Que sin embargo, no se señala ningún supuesto en el que la referida Dirección esté facultada para promover juicios en representación de las autoridades del Ayuntamiento y tampoco en representación de sus servidores públicos, sino que la facultad para contestar las demandas, oponer excepciones y defensas, ofrecer pruebas, formular alegatos e interponer los incidentes y recursos, está circunscrita a los procedimientos en que sean parte las autoridades del Ayuntamiento y no así los servidores públicos.

• Que lo anterior en el entendido de que un servidor público es la persona física que desempeña un cargo precisamente en el servicio público gubernamental, lo cual es diferente del órgano al que, en su caso representa, ya que sólo éste tiene el carácter de autoridad como ente de gobierno con atribuciones legales y reglamentarias que pueden incidir en la esfera jurídica de los gobernados.

• Que por ende, al preverse en el citado precepto 57, que la Dirección de Asuntos Legales puede representar a las autoridades del Ayuntamiento, tal atribución no implica la facultad de representar a los servidores públicos que ocupan un cargo en los órganos que integran el ayuntamiento.

• Que no es aplicable al caso la Jurisprudencia 2ª./J. 142/2017 (10ª) de rubro: “SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9º DE LA LEY DE AMPARO.”, primero porque se refiere a la representación para interponer el recurso de queja en el juicio de amparo indirecto en el que se impuso una multa a un servidor público en su carácter de autoridad responsable conforme a la interpretación del artículo 9 de la Ley de Amparo, el cual no es aplicable en el juicio contencioso administrativo local; y segundo, porque la propia tesis parte de la premisa de que existen facultades diversas con las que se dota a las unidades de apoyo jurídico de las distintas dependencias gubernamentales, a quienes se autoriza generalmente, para representar a la persona moral oficial, a su titular y a los demás servidores públicos.

• Que en otras palabras, la jurisprudencia en cita, parte de la premisa consistente en que el marco jurídico aplicable confiera a las unidades de apoyo jurídico la representación de los servidores públicos de una persona moral oficial, empero el artículo 57 fracción VIII del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, no confiere facultades a la Dirección de Asuntos Legales del Ayuntamiento de Veracruz, para representar a los servidores públicos del propio Ayuntamiento, sino únicamente a las autoridades de éste.

II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, resolvió el amparo directo ********.

Antecedentes

a) La Directora de Asuntos Legales del Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, promovió amparo directo por las autoridades y actos siguientes:

“III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES

La Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. Con domicilio en ...

IV. ACTO RECLAMADO.

La resolución de fecha 28 de junio de 2021, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, dentro del juicio de nulidad número *********** ****.”

b) Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, cuya Presidencia la admitió y registró con el número de expediente ********.

c) En sesión de siete de abril de dos mil veintidós, determinó conceder el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia reclamada, por la que la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, confirmó la diversa por la que se tuvo por no presentada la demanda en el juicio contencioso administrativo promovido (en contra del desechamiento del diverso de revocación), por la Regidora Sexta del Ayuntamiento de Veracruz, a través de la Directora de Asuntos Legales del Ayuntamiento de Veracruz.

En sustento de tal determinación, partió del análisis de lo establecido en el artículo 57 fracción VIII del Bando de Gobierno del Municipio Libre de Veracruz, y dijo:

• Que de dicho precepto legal, se aprecia que le corresponde a la Dirección de Asuntos Legales del Ayuntamiento, la interposición de recursos en los que sean parte las autoridades del mismo.

• Que además, la Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 330/2014, que dio lugar a la Jurisprudencia 2ª./J. 142/2017 (10a.) de rubro: “SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9º DE LA LEY DE AMPARO.”, estableció que si bien la multa impuesta a una autoridad en ejercicio de sus funciones debe ser cubierta por la persona física con sus propios recursos y no con los de la dependencia a la que representa, sin embargo, las conductas u omisiones que motivaron su imposición, se originan con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas y no por una conducta en el ámbito personal o privado del servidor público.

• Que consecuentemente, no existe impedimento jurídico para que la persona física que ocupa un cargo como servidor público, pueda acudir ante los tribunales a cuestionar la imposición de la citada sanción, ya sea de manera personal –por derecho propio– o a través de los representantes legales con que cuenta la institución.

• Que de ese modo, si bien en ese criterio jurisprudencial se analizó la multa impuesta dentro del juicio de amparo, lo cierto es que resulta orientador para resolver el caso particular por identidad jurídica, donde la litis a dilucidar es, si una autoridad puede impugnar la citada medida de apremio a través de la unidad jurídica encargada de la defensa de la autoridad demandada; ello con la finalidad de procurar la no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas para mantener la fluidez y continuidad de los trabajos y actividades de las dependencias, su titular y demás funcionarios como lo razonó el Alto Tribunal.

• Que por lo tanto, de conformidad con la citada Jurisprudencia 2ª./J. 142/2017 (10a.), la servidora pública en su carácter de Regidora Sexta del Ayuntamiento de Veracruz, puede impugnar la multa impuesta, a través de la Directora de Asuntos Legales del Ayuntamiento de Veracruz, ya que tal Dirección se encarga de la defensa del citado Ayuntamiento y sus autoridades, toda vez que las conductas u omisiones de las que derivó, se originaron con motivo del cargo y ejercicio de sus funciones públicas.

• Que por lo anterior, resultaba innecesario que la autoridad responsable le requiriera para que acreditara su carácter de representante legal, puesto que al haber exhibido el nombramiento que la acreditaba como Directora de Asuntos Legales del Ayuntamiento de Veracruz, tal documento era suficiente para tener por demostrada la legitimación para promover el juicio de origen en representación de aquélla servidora pública, en carácter ésta de Regidora Sexta del Ayuntamiento de Veracruz, en términos del artículo 57, fracción VIII del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz.

CUARTO. Existencia de la contradicción. Bien, como punto de partida para verificar si existe o no contradicción de criterios entre los órganos contendientes, debe tenerse en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la referida contradicción entre Tribunales Colegiados de Circuito existe cuando en la resolución de los asuntos que son de su competencia sostienen criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia e independientemente de que exista coincidencia en los aspectos secundarios o accesorios del caso, pues si el problema jurídico central es perfectamente identificable debe preferirse la certidumbre en las decisiones judiciales mediante la unidad interpretativa del orden jurídico.

Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.

De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.” [Novena Época. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII. Agosto de 2010. Materia(s): Común. Página: 7 Registro IUS: 164120]”.

Del criterio transcrito se advierte que para la existencia de una contradicción de criterios es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:

A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

De este modo, la existencia de la contradicción de criterios se encuentra supeditada a la satisfacción de los supuestos anotados, esto es, que al haber examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica y que, a partir de ésta, arriben a posturas encontradas; sin que sea óbice que los criterios jurídicos sobre un punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, especialmente cuando se trate de aspectos secundarios o accidentales que no modifiquen la situación examinada por los órganos contendientes, en tanto que lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, con excepción de cuando la diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.

De los antecedentes y consideraciones sustentadas por cada uno de los órganos contendientes, se advierte que los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, abordaron el tema relativo a la legitimación de la Directora de Asuntos Legales del Ayuntamiento de Veracruz, conforme al artículo 57, fracción VIII, del Bando de Gobierno del Municipio Libre de Veracruz, para interponer juicio contencioso administrativo en representación de servidores públicos del Ayuntamiento a quienes se les han impuesto multas.

Los órganos contendientes adoptaron las posiciones que se esquematizan en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

Por tanto, sobre la base del estudio de la misma cuestión jurídica y a partir de lo aquí relatado, se configura la contradicción de criterios, cuyo tema es determinar si en términos del artículo 57 fracción VIII de la Ley del Bando de Gobierno del Municipio Libre de Veracruz, la Directora de Asuntos Legales del Ayuntamiento de Veracruz, cuenta con legitimación para interponer juicio contencioso administrativo en representación de servidores públicos del Ayuntamiento a quienes se les han impuesto multas.

Tema respecto del cual uno de los tribunales sostuvo que las atribuciones de representación que tiene la Dirección de Asuntos Legales, conforme el artículo 57 fracción VIII del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, están circunscritas a los casos en que las autoridades del Ayuntamiento sean parte demandada en un juicio, pero no le confiere facultades para promoverlo en representación de los servidores públicos que ocupan un cargo en los órganos que integran el propio Ayuntamiento.

Mientras que el otro, sostuvo que del referido precepto se advierte que le corresponde a dicha Dirección, la interposición de recursos en los que sean parte las autoridades del mismo, por lo que, en representación de la Regidora, estaba facultada para impugnar la multa a ella impuesta, en tanto que las conductas u omisiones de las que derivó, se originaron con motivo del cargo y ejercicio de sus funciones públicas.

En ese orden, se estima que se actualiza el supuesto para generar la contradicción de criterios denunciada.

QUINTO. De los antecedentes antes reseñados, se observa que en los amparos directos materia de la presente contradicción, se reclamaron las resoluciones dictadas por la Sala responsable en los recursos de reclamación interpuestos en contra de los respectivos autos por los que tuvo por no presentada la demanda en juicios contenciosos administrativos promovidos ante una Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, por la Directora de Asuntos Legales del Ayuntamiento de ese Estado, en representación de la Regidora del referido Ayuntamiento.

De ahí que, para determinar si conforme al artículo 57 fracción VIII del Bando de Gobierno del Municipio Libre de Veracruz, la Directora de Asuntos Legales del Ayuntamiento de Veracruz, cuenta con legitimación para interponer juicio contencioso administrativo en representación de servidores públicos de dicho Ayuntamiento, a quienes se les han impuesto multas, como es la Regidora, dado el origen de las ejecutorias objeto de la presente contradicción, en juicios contenciosos administrativos sustanciados ante el tribunal administrativo del Estado de Veracruz, es pertinente acudir a la entonces Ley Número 367 Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y al Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ambas legislaciones vigentes en la fecha de las resoluciones reclamadas en los juicios de amparo directos.

• Ley Número 367 Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.

Artículo 5. El Tribunal es competente para dirimir las controversias entre la administración pública estatal o municipal y los particulares, así como entre los Organismos Autónomos y los particulares; imponer las sanciones a los servidores públicos estatales o municipales por las responsabilidades administrativas que la Ley General determine como graves y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.

Asimismo, el Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes:

(...)

Artículo 24. Las Salas conocerán de aquellos actos de autoridad, que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

(...)

IX. El juicio contencioso administrativo;

(...)

• Codigo de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 1. Las disposiciones del presente Código tienen por objeto regular las bases generales de los actos y procedimientos de la Administración Pública; del recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente; así como la calificación y sanción a servidores públicos estatales y municipales respecto de faltas administrativas graves y a particulares vinculados con éstas, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los procedimientos administrativos, así como los recursos y medios de impugnación a que se refiere el párrafo anterior, deberán estar regulados por leyes especiales y se regirán por éstas en lo que no se opongan al presente Código y, en lo no previsto en dichas leyes, se aplicarán las disposiciones de este ordenamiento.

A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, siempre que las disposiciones de este último no contravengan al presente Código y sean congruentes con los principios que rigen el procedimiento administrativo y el juicio contencioso en el Estado. Los recursos y medios de impugnación no previstos en el presente Código o en las leyes especiales se tendrán por inexistentes o insubsistentes.

(...)

Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por:

I. Acto administrativo: La declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general;

II. Actuaciones electrónicas: Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y, en su caso, las resoluciones administrativas definitivas que se emitan en los actos a los que se refiere este Código, que sean comunicados por medios electrónicos;

III. Acuse de recibo electrónico: La constancia que acredita que un documento digital fue recibido por su destinatario;

IV. Administración Pública: Las dependencias centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo; las dependencias centralizadas y entidades paramunicipales de los ayuntamientos del Estado, así como las áreas o unidades administrativas de los Organismos Autónomos, en los términos que establezcan las leyes;

V. Anulabilidad: El reconocimiento de la autoridad, en el sentido de que un acto administrativo no cumple con los requisitos de validez que establecen este Código y demás leyes del Estado, subsanable por la propia autoridad al cumplirse dichos requisitos;

VI. Autoridad: Los servidores públicos, estatales o municipales, así como las personas físicas o morales de carácter privado que realicen funciones derivadas de la concesión de un servicio público que, con fundamento en la ley, realizan actos administrativos que afectan la esfera jurídica del gobernado, susceptibles de exigirse mediante el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33352-0e8308c8/multas-impuestas-a-servidores-publicos-del-municipio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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