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I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PERSONAS QUE PRESIDEN LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR LA SOLICITUD RESPECTIVA. II. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE AL ESTABLECERSE JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE EN LA QUE SE DETERMINÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL NO TRIBUTARIA. III. DELITO DE ABORTO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LAS RAZONES POR LAS QUE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 143, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 145 Y 146 DEL CÓDIGO PENAL DE DICHO ESTADO, QUE TIPIFICAN DICHO DELITO, CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE OBLIGATORIO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 143, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 145 Y 146, PROEMIO Y FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EXPEDIDO MEDIANTE EL DECRETO NO. 690/06 I P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS). IV. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PREVIO A DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL DE LAS DISPOSICIONES MATERIA DEL ASUNTO, ES NECESARIO VERIFICAR QUE UNA VEZ NOTIFICADA LA AUTORIDAD QUE LAS EMITIÓ, HAN TRANSCURRIDO LOS NOVENTA DÍAS A QUE REFIERE EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE AQUÉLLAS HAYAN SIDO MODIFICADAS O DEROGADAS. V. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DÍAS ÚTILES DENTRO DE LOS CUALES DEBERÁ COMPUTARSE EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS PARA QUE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS MODIFIQUEN O DEROGUEN LA DISPOSICIÓN CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, SON LOS DÍAS HÁBILES DE LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LOCAL, SEGÚN CORRESPONDA. VI. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE EMITE RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 143, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 145 Y 146, ACÁPITE Y FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS SIN QUE EL CONGRESO DE DICHA ENTIDAD LOS HAYA REFORMADO O DEROGADO. VII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONFIERE AMPLIAS FACULTADES A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA FIJAR SUS EFECTOS. VIII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE SURTE EFECTOS GENERALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON EFECTOS RETROACTIVOS EN BENEFICIO DE TODAS LAS MUJERES Y PERSONAS CON CAPACIDAD DE GESTAR QUE SON INVESTIGADAS, PROCESADAS Y/O HAYAN SIDO CONDENADAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ABORTO; ASÍ COMO DE LAS PERSONAS PROFESIONISTAS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y DE SALUD QUE IGUALMENTE SON INVESTIGADAS, PROCESADAS Y/O HAYAN SIDO CONDENADAS POR LA PRÁCTICA DE UN ABORTO, SIEMPRE QUE HAYAN CONTADO CON EL CONSENTIMIENTO DE LA MUJER O PERSONA CON CAPACIDAD DE GESTAR POR TRATARSE DE UNA NORMA GENERAL EN MATERIA PENAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 143, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 145 Y 146, PROEMIO Y FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EXPEDIDO MEDIANTE EL DECRETO NO. 690/06 I P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS).

Tipo de asunto: DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2024. · Registro digital (IUS): 33369
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-27
Promovente: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.527.

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2024. MINISTRO PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 30 DE ENERO DE 2025. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ Y FERNANDO SOSA PASTRANA.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD

Derivada de la jurisprudencia que fijó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 666/2023, por el que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua por ser violatorios de los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes, especialmente del derecho a la igualdad y no discriminación y del derecho humano a la salud.

TRÁMITE

1. Solicitud. Mediante escrito que presentó el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal, hizo del conocimiento de la Presidencia de este Tribunal Pleno, para los efectos legales conducentes, atento a lo establecido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 231 y 232 de la Ley de Amparo, en relación con el Punto Segundo del Acuerdo General Plenario 1/2021 de ocho de dos mil veintiuno, que la Primera Sala resolvió, por mayoría de cuatro votos, el amparo en revisión 666/2023, en el que determinó, la inconstitucionalidad de los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua.

2. Admisión. En auto de cinco de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada por la Primera Sala; ordenó registrarla con el número 1/2024; informar al Congreso del Estado de Chihuahua como autoridad emisora de las normas declaradas inconstitucionales, adjuntándole copia de la citada resolución, para los efectos del plazo de noventa días naturales a que se refieren los citados preceptos; y ordenó turnar el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, al haber sido ponente en el amparo en revisión 666/2023, del que derivó el presente asunto.

I. COMPETENCIA

3. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta declaratoria general de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 231 y 232 de la Ley de Amparo, y 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, esto de conformidad con el Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.(1)

II. LEGITIMACIÓN

4. La declaratoria general de inconstitucionalidad fue formulada por parte legitimada, ya que la presentó el Ministro Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 232 de la Ley de Amparo y 24, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(2)

III. PROCEDENCIA

5. La declaratoria general de inconstitucionalidad es procedente porque tiene como sustento una jurisprudencia emitida por la Primera Sala en un amparo en revisión en el que se declaró la inconstitucionalidad los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Al respecto, debe precisarse que los preceptos normativos mencionados no corresponden a la materia tributaria, ya que se trata de preceptos que tipifican como el delito a la práctica del aborto, cuya aplicación corresponde a los tribunales penal del estado de Chihuahua.

IV. ANTECEDENTES

6. Para una mejor comprensión del asunto, resulta pertinente describir los antecedentes relevantes del caso:

7. Demanda de amparo. Por escrito que presentó el veinte de abril de dos mil veintiuno en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación, ********** promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como autoridades responsables al Congreso del Estado de Chihuahua y al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, y como actos reclamados la aprobación, promulgación, publicación y efectos de los artículos 143, 145 y 146, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua.

8. Los artículos de referencia son del contenido siguiente:

"Artículo 143.

Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo.

A quien hiciere abortar a una mujer, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella.

Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años. Si mediare violencia física o moral se impondrá de seis a ocho años de prisión."

"Artículo 145.

Se impondrá de seis meses a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado."

"Artículo 146.

Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto:

I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación, siempre que se practique dentro de los primeros noventa días de gestación o de una inseminación artificial a que se refiere el artículo 148 de este Código; ..."

9. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió al Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien lo registró como amparo indirecto ********** y lo admitió a trámite.

10. Sentencia de amparo. Seguido el juicio por su cauce legal, el referido juzgador federal dictó sentencia el cinco de julio de dos mil veintiuno en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo.

11. Recurso de revisión. Inconforme con esta determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, por conducto de su autorizado legal en términos amplios, **********, a través del escrito que presentó ante el Juzgado de Distrito en cita el diecinueve de julio siguiente.

12. El conocimiento del asunto correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo Presidente ordenó su registro como amparo en revisión ********** y lo admitió a trámite.

13. Solicitud de reasunción de competencia. En sesión de diez de noviembre de dos mil veintidós, los Magistrados integrantes de tal órgano de amparo solicitaron a esta Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción (sic) para conocer del referido amparo en revisión.

14. En sesión de quince de febrero de dos mil veintitrés, esta Primera Sala determinó sí reasumir su competencia originaria para resolver el ya mencionado amparo en revisión **********, al resolver la solicitud de reasunción de competencia 205/2022.(3)

15. Resolución. En sesión de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, esta Primera Sala resolvió el amparo en revisión 666/2023(4) en el sentido de revocar la sentencia de amparo recurrida y amparar y proteger a la quejosa, en contra de los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua.

16. La Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del referido ordenamiento penal resultaban inconstitucionales, porque vulneran los derechos humanos a la salud y a la igualdad y no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

17. Ello, en virtud de que, las disposiciones legales de referencia las obligan a ser madres, lo cual es contrario a su proyecto de vida, atenta directa y frontalmente con su derecho al disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, conforme al cual se les reconoce el control de su salud y cuerpo con inclusión de su libertad sexual.

18. Esto, además de ser contrarios a las obligaciones que tiene el Estado para con las mujeres y personas gestantes en relación con su derecho a la salud, consistentes en su respeto, protección y cumplimiento, pues impiden su acceso de forma discriminatoria y, en lugar de ofrecer las medidas para su plena realización, lo impiden totalmente.

19. Asimismo, la Primera Sala consideró que las medidas contenidas en los preceptos legales de referencia pueden ocasionar que las mujeres y personas gestantes que quieren abortar tengan que hacerlo en condiciones inapropiadas, lo que las coloca en una situación de riesgo y peligro, orillando a que las decisiones que tomen sobre su maternidad, sin un acompañamiento adecuado, afecten su salud, poniendo en riesgo a su bienestar físico, mental e incluso, social.

20. La Primera Sala estimó que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que las consecuencias sobre la salud de un aborto inseguro dependen de los centros de salud donde se realiza el aborto, la capacidad del profesional que realiza el aborto, el método de aborto empleado, la salud de la mujer y la edad gestacional del embarazo, sin embargo, los procedimientos del aborto inseguro pueden implicar la inserción de un objeto o sustancia –una raíz, una ramilla o un catéter o un brebaje tradicional– en el útero, la dilatación y el curetaje hechos en forma incorrecta por un profesional no capacitado, la ingesta de sustancias dañinas y la aplicación de una fuerza externa.

21. Sobre esa línea argumentativa, la Primera Sala concluyó que los preceptos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal del Estado de Chihuahua, son contrarios al derecho de salud, pues conforme a este derecho, toda mujer o persona gestante tiene derecho a beneficiarse de cuantas medidas le permitan gozar del mejor estado de salud que puedan alcanzar, como lo es el acceso universal a los servicios más amplios posibles de salud sexual y reproductiva, entendiéndose esta como un estado de bienestar físico, mental y social y no como mera ausencia de enfermedades en todo lo referido al sistema reproductivo, sus funciones y procesos y, dado que la salud es un derecho que protege tanto aspectos físicos como emocionales y sociales, su adecuada garantía implica la adopción de medidas para que la interrupción de embarazo sea posible, disponible, segura y accesible.

22. Asimismo, en el ya referido amparo en revisión 666/2023, la Primera Sala argumentó que la medida contemplada por el legislador de Chihuahua no sólo vulnera el derecho a decidir, sino que, al estar este derecho construido sobre pilares con implicaciones individuales propias, la tipificación que anula por completo esa prerrogativa de la mujer y de las personas con capacidad de gestar se traduce –en automático– en la vulneración inmediata de todos los elementos involucrados, es decir, se trastoca la dignidad de la mujer y de la persona con capacidad de gestar frente al desconocimiento de sus propias características que la individualizan y definen; se afecta trascendentalmente su autonomía y libre desarrollo de la personalidad al impedirse la posibilidad de elegir el propio plan y proyecto de vida conforme a sus íntimas convicciones; se crea un mecanismo de violencia de género que refuerza roles –la maternidad como destino obligatorio– que repercuten en la imposibilidad de alcanzar la igualdad jurídica y se lesiona su salud mental y emocional ante la imposibilidad de plantearse alternativas de decisión, de conducción de la vida propia, lo que a su vez genera el impedimento de alcanzar el más pleno bienestar.

23. Finalmente, respecto de estos preceptos legales 143, párrafos primero y segundo, y 145 del citado ordenamiento penal, la Primera Sala también determinó que eran inconstitucionales ya que parten de la idea de que la interrupción del embarazo, sin importar si se realiza en la primera etapa del aborto y con el consentimiento de la mujer y persona gestante, es un delito, suponiendo la total supresión del derecho constitucional a elegir de las mujeres y personas con capacidad de gestar y con ello a la salud y a la igualdad. Ello, pues considerarlos constitucionales supondría aceptar la anulación de derechos constitucionales generales que no pueden ser objeto de limitaciones establecidas en disposiciones de carácter estatal.

24. Por otra parte, la Primera Sala consideró que también resultaba inconstitucional el artículo 146, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual prevé excusas absolutorias al delito de aborto.

25. Al respecto, la Primera Sala argumentó que la referida porción normativa considera que sí existió una conducta típica –aborto–, pero se excluye la aplicación de la pena establecida para ese delito. Esto, conforme a la tesis P. V/2010, cuyo rubro es: "EXCLUYENTE DEL DELITO Y EXCUSA ABSOLUTORIA. SUS DIFERENCIAS."(5) Dichas excusas absolutorias no relevan al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la conducta típica, sino que determinan su impunibilidad, es decir, se considera que sí cometió el delito, pero no se castiga.

26. En ese tenor, la Primera Sala consideró que resulta inconstitucional la porción normativa que establece "Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto" pues coadyuva nocivamente a que subsista una noción de criminalidad en relación con la acción de abortar, aun tratándose de supuestos en los cuales la concepción se dio en un marco de ausencia de consentimiento de la mujer, como lo es el aborto por violación o la inseminación artificial no autorizada, o bien se pretende dar cobertura y protección a la salud; es decir, su inconstitucionalidad radica en que la disposición califica como delito el actuar de la mujer o persona gestante como un crimen, contribuyendo negativamente al derecho de decisión.

27. De lo cual, la Primera Sala concluyó que tales medidas constituyen una traba para el acceso efectivo y pronto que, en materia de derecho a la salud, debe brindarse a las mujeres y personas gestantes para la interrupción del embarazo por motivos de salud.

V. ESTUDIO DE LOS REQUISITOS DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD

28. De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal y en los numerales 232 y 233 de la Ley de Amparo, las declaratorias generales de inconstitucionalidad sólo pueden realizarse con base en el criterio emitido en los juicios de amparo en revisión.

29. En efecto, cuando el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinen la inconstitucionalidad de una disposición general que no corresponda a la materia tributaria, el Presidente informará a la autoridad emisora la existencia de tal precedente.

30. En el artículo 232 de la Ley de Amparo se precisa que una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de noventa días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.

31. Asimismo, en dicha disposición legal se establece que cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo de noventa días se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según corresponda.

32. De lo anterior se concluye que, una vez transcurrido el plazo referido de noventa días, sin que se hubiese corregido el problema de la disposición general considerada inconstitucional mediante la emisión de una nueva, el Ministro ponente remitirá a la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte el proyecto de resolución correspondiente.

33. En este caso, la declaratoria general de inconstitucionalidad fue admitida a trámite el cinco de marzo de dos mil veinticuatro, dado que el Ministro Presidente de la Primera Sala informó a la Presidencia de esta Suprema Corte que aquélla había emitido precedente sobre la inconstitucionalidad de los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, proemio y fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, por ser contrarios a los derechos humanos a la salud e igualdad y no discriminación, del cual son titulares todas las mujeres y personas con capacidad de gestar.

34. La sentencia dictada en el amparo en revisión 666/2023 y el ya referido acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinticuatro dictado por la Ministra Presidenta de este Máximo Tribunal, fueron notificados al Congreso del Estado de Chihuahua por conducto del actuario judicial adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, el veinte de marzo de marzo de dos mil veinticuatro. Al respecto, se dejó constancia de ello en la razón actuarial comunicación oficial recibida 48/2024-6-1.

35. Para verificar si esta declaratoria general de inconstitucionalidad cumple con el requisito de temporalidad previsto en la fracción II, párrafo tercero, del artículo 107 de la Constitución Federal, es importante tener en cuenta el párrafo tercero del artículo 232 de la Ley de Amparo, ambos vigentes al momento del inicio del trámite de la presente declaratoria general de constitucionalidad, es decir, cinco de marzo de dos mil veinticuatro, que establece que cuando el órgano emisor de la disposición considerada inconstitucional sea el órgano legislativo federal o local, el plazo de noventa días debe computarse dentro de los días útiles de los periodos de sesiones determinados en la Constitución Federal o local, según corresponda, el cual en este caso es el Congreso del Estado de Chihuahua.

36. En ese tenor, este Tribunal Pleno considera que debe atenderse al periodo de sesiones que para que el desempeño de los trabajos legislativos de dicho poder fue previsto en la Constitución Política del Estado de Chihuahua,

37. Al respecto, de los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua(6), 15 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua(7), 56 de las Condiciones Generales de Trabajo(8) y 93 y 94 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua(9), estos últimos en que se funda la Circular de días inhábiles y periodos vacacionales del Congreso local del año 2024, por lo cual, atendiendo a la normativa vigente que rige los periodos de sesiones de la autoridad emisora de la norma declarada inconstitucional, el plazo de noventa día concedido al Congreso del Estado de Chihuahua, como autoridad emisora de la normativa declarada inconstitucional, trascurrió del veintidós de marzo al treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, ya que la notificación de este plazo se realizó el veinte de marzo de dos mil veinticuatro (por lo que surtió efectos el mismo día de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo)(10), sin contarse el veintiuno, veintiocho, veintinueve de marzo, uno de mayo, dieciséis de septiembre y uno de octubre (por corresponder a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal), de dos mil veinticuatro, por considerarse días de descanso obligatorio, así como los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de marzo; seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de abril; cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y de veintiséis de mayo; uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de septiembre; cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de octubre, todos de dos mil veinticuatro, por ser sábados y domingos como se precisa en el siguiente calendario: Ver calendario

38. Al respecto, cabe señalar que, a juicio de este Tribunal Pleno no puede considerarse que los días útiles referidos en el artículo 232 de la Ley de Amparo sean los días en que el Congreso del Estado celebra sus sesiones ordinarias.

39. Lo anterior, porque el considerar como días hábiles sólo los días en que el Congreso del Estado celebre sesiones ordinarias vulneraría el principio constitucional de justicia pronta y expedita y la finalidad establecida en la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once en la fracción II del artículo 107 constitucional –previo a la reforma publicada el once de marzo del dos mil veintiuno–, en la que el Constituyente Permanente modificó el alcance del principio de relatividad de las sentencias del juicio de amparo mediante el establecimiento de la figura de la declaratoria general de inconstitucionalidad, cuyo propósito es que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expulse del orden jurídico las disposiciones consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación emitida por reiteración en amparos indirectos en revisión(11), actualmente, mediante el sistema de jurisprudencia por precedentes (según la reforma publicada el once de marzo de dos mil veintiuno).(12)

40. Ahora bien, este Tribunal Pleno advierte que el plazo concedido legalmente ha fenecido y el Congreso del Estado de Chihuahua no ha reformado o derogado los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, proemio y fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, pues no ha sido publicado algún decreto en ese sentido, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad.

41. Dichas porciones normativas establecen lo siguiente:

"Artículo 143.

Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo.

A quien hiciere abortar a una mujer, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella.

Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años. Si mediare violencia física o moral se impondrá de seis a ocho años de prisión."

"Artículo 145.

Se impondrá de seis meses a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado."

"Artículo 146.

Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto:

I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación, siempre que se practique dentro de los primeros noventa días de gestación o de una inseminación artificial a que se refiere el artículo 148 de este Código; ..."

42. En consecuencia, este Tribunal Pleno estima que el problema de constitucionalidad advertido por la Primera Sala de esta Suprema Corte, consistente en que las porciones normativas en cita son inconstitucionales por ser contrarios a los derechos humanos a la salud y a la igualdad y no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar, por las razones de las que se dio cuenta en líneas anteriores; no ha sido superado en el Código Penal del Estado de Chihuahua, pues las normas en cuestión no ha sido modificadas desde la fecha –octubre de dos mil veintitrés– en que se emitió la ejecutoria en el amparo en revisión 666/2023.

43. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal Pleno emite la declaratoria general de inconstitucionalidad en los términos que se precisarán en el siguiente apartado.

VI. EFECTOS Y DECISIÓN

44. Este Tribunal Pleno considera importante remarcar que el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(13) confiere a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación amplias facultades para fijar los efectos que deban imprimirse a una declaratoria general de inconstitucionalidad, con la finalidad de que se supere eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las normas declaradas inconstitucionales en su jurisprudencia. En este sentido, debe entenderse que la Suprema Corte tiene vastas facultades para apreciar e imponer, caso por caso, las medidas que considere necesarias para garantizar que la declaratoria general de inconstitucionalidad cumpla cabalmente su cometido.

45. Por su parte, el artículo 234 de la Ley de Amparo establece que:

"Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la resolución o jurisprudencia que le dio origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá:

I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y

II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad.

Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

46. Así, para precisar adecuadamente los efectos de esta declaratoria general, se debe tener en cuenta que el precedente de la Primera Sala declaró la inconstitucionalidad de los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, proemio y fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua.

47. En consecuencia, a juicio de este Tribunal Pleno, el problema de inconstitucionalidad advertido se superará declarando con efectos generales la inconstitucionalidad de los preceptos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, proemio y fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, es decir, del siguiente contenido normativo:

Ver contenido normativo

48. Ello, pues al eliminarse del Código Penal del Estado de Chihuahua cualquier referencia a la práctica de un aborto voluntario y a la causal de exclusión de la responsabilidad penal por la comisión de este delito, cuando el embarazo sea producto de una violación, y solo penalizarse en términos del párrafo tercero del artículo 143 en cita, la práctica de un aborto cuando ello sea en contra del consentimiento de la mujer o persona con capacidad de gestar; se potencializa su derecho humano a la salud y a la igualdad y no discriminación, en los términos que se mencionaron en párrafos anteriores.

49. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad surtirá sus efectos generales a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Chihuahua y, por tratarse de una norma general que es propia de la materia penal, al tipificar el delito de aborto voluntario, sí tendrá efectos retroactivos en beneficio de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que estén siendo investigadas, procesadas y/o hayan sido condenadas por la comisión de este delitos; así como de las personas profesionistas de los servicios médicos y de salud que igualmente estén siendo investigadas, procesadas y/o hayan sido condenadas por la práctica de un aborto, siempre que hayan contado con el consentimiento de la mujer o persona con capacidad de gestar. Ello, términos de los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 234, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que textualmente dispone: "Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la resolución o jurisprudencia que le dio origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá: ... Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

50. En similares términos, este Máximo Tribunal Constitucional resolvió la declaratoria general de inconstitucionalidad 9/2022 en sesión de quince de agosto de dos mil veintitrés, bajo la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo; así como la diversa declaratoria general de inconstitucionalidad 4/2023, en sesión de veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, bajo la Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

51. Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

RESUELVE

PRIMERO.—Es procedente y fundada la presente declaratoria general de inconstitucionalidad.

SEGUNDO.—Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, proemio y fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, expedido mediante el DECRETO No. 690/06 I P.O., publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil seis, la cual surtirá sus efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del referido Estado, con efectos retroactivos en beneficio de todas las personas precisadas en el apartado VI de esta determinación.

TERCERO.—Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados del I al IV relativos, respectivamente, a la competencia, a la legitimación, a la procedencia y a los antecedentes.

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se apr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33369-6f7389b7/i-declaratoria-general-de-inconstitucionalidad-las-personas-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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