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Modo: Corpus Pro

FAMILIARES DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN XII, DE LA LEY RELATIVA, AL NO PREVER A LOS HERMANOS CON DISCAPACIDAD MAYORES DE 18 AÑOS QUE DEPENDAN ECONÓMICAMENTE DEL TRABAJADOR, VIOLA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD, A LA NO DISCRIMINACIÓN Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 5/2025. · Registro digital (IUS): 33445
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-08
Promovente: LORENZA DEL ROCÍO LORIA CENTENO Y OTRO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.981.

AMPARO EN REVISIÓN 5/2025. LORENZA DEL ROCÍO LORIA CENTENO Y OTRO. 19 DE MARZO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: SELENE VILLAFUERTE ALEMÁN.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 5/2025, interpuesto por el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en representación del Presidente de la República, en contra de la sentencia de amparo de treinta de junio de dos mil veintitrés, emitida por el entonces Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, dentro del expediente 2493/2022.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la constitucionalidad del artículo 6, fracción XII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. Lorenza del Rocío Loria Centeno se desempeña actualmente como docente en una institución educativa federal, por lo que es trabajadora activa y asegurada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado desde el año mil novecientos noventa y cinco, bajo el régimen obligatorio.

2. Sebastián José de Atocha Loria Centeno (hermano de la quejosa) de sesenta años de edad, es una persona con discapacidad física e intelectual, en específico, con Cuadriparesia Distónica - Discapacidad Intelectual - Discapacidad Neuromusculoesquelética + Intelectual Moderada, segundaría (sic) a meningitis desde el primer año de vida, permanente e irreversible, que le impide la marcha y las actividades laborales, así como valerse por sí mismo, por lo que éste dependía íntegramente de sus progenitores, quienes nunca lo dieron de alta como beneficiario o derechohabiente de alguna institución de seguridad social, en tanto que nunca estuvieron sujetos a algún régimen obligatorio.

3. Los progenitores eran derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por estar dados de alta por la trabajadora quejosa.

4. No obstante, ante el fallecimiento de su madre el primero de septiembre de dos mil trece y del padre el treinta de abril de dos mil diecinueve, la trabajadora asumió desde entonces el cuidado, custodia, vigilancia y atención de su hermano en todos los ámbitos, como el económico, habitacional y en los relacionados con la vida cotidiana (vestido, aseo personal, alimentación, etcétera).

5. El dieciocho de agosto de dos mil veintidós, la quejosa presentó un escrito ante el Departamento de Filiación y Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el que solicitó en representación de su hermano que se autorice el alta como derechohabiente en dicha institución con todos los derechos inherentes y equiparables a los hijos de los trabajadores.

6. El catorce de noviembre de dos mil veintidós le fue notificado a la actora el oficio 14.5.3/2350/2022, de siete de noviembre de dos mil veintidós, que contiene la negativa de incorporar como derechohabiente a su hermano, ya que el artículo 6, fracción XII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no lo contempla.

7. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil veintidós, Lorenza del Rocío Loria Centeno, por propio derecho y en representación de su hermano Sebastián José de Atocha Loria Centeno, promovieron juicio de amparo indirecto.

8. El entonces Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco conoció de la demanda de amparo indirecto, la registró bajo el expediente 2493/2022, la admitió y requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado, asimismo se dio la intervención al Agente del Ministerio Público para que expresara lo que legalmente le corresponde.

9. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados a:

a). El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las Cámaras de Senadores y de Diputados

Su participación en el proceso legislativo, por medio del cual se creó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en particular el artículo 6, fracción XII.

b). El Delegado Estatal en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Jalisco del ISSSTE

Respectivamente, la negativa de incorporar como derecho habiente a su hermano, quien es su dependiente económico por ser una persona con discapacidad física e intelectual que no puede trabajar para su subsistencia, sustentada en el precepto legal reclamado y comunicada mediante oficio 14.5.3/2350/2022.

10. La parte quejosa señaló como transgredidos en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 1o., 4o., y 123, Apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11. Asimismo, relató los antecedentes de los actos reclamados y expresó en esencia los conceptos de violación siguientes:

• El artículo 6, fracción XII de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado transgrede los derechos a la igualdad y no discriminación, a la seguridad social, a la protección de la familia, a la salud y a los inherentes a las personas con discapacidad, pues dicho precepto no contempla la posibilidad de que los hermanos, ya sea por minoría de edad o aún mayores de edad, pero con discapacidad sean derechohabientes de las personas aseguradas cuando sean parte de su familia y dependan económicamente de ésta.

• Ello, toda vez que este Alto Tribunal ha sostenido que el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio constitucional de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento de su calidad de vida.

• Asimismo, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección a la familia concebida en un sentido amplio, esto es, entendida como realidad social, lo que significa que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad.

• Por tanto, los artículos 6, fracción XII, 41 y 131 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado son contrarios a los principios de seguridad y previsión social, al no considerar otro tipo de vínculos familiares que también deben ser protegidos, derivados de modelos de familia no tradicionales, pero sustentados en el parentesco, solidaridad y ayuda mutua, con mayor razón si se trata de una persona con discapacidad que no puede allegarse de los medios para su subsistencia por sí misma.

•Igualmente, al resultar inconstitucional la norma reclamada, es indudable que la protección constitucional debe hacerse extensiva al acto de aplicación; es decir, al oficio 14.5.3/2350/2022, pues la negativa de incorporar como derechohabiente al hermano de la quejosa, a pesar de que es dependiente económico y es una persona con discapacidad física e intelectual que no puede trabajar para su subsistencia, tiene sustento únicamente en la norma reclamada.

• Por último, se solicita al órgano federal que analice y declare la inconstitucionalidad de los diversos artículos 41 y 131 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a pesar de no haberse aplicado en el acto reclamado, al estar estrechamente relacionados con la materia de la impugnación, por constituir un sistema normativo que en su conjunto impide que la persona discapacitada goce de todos los beneficios como cualquier derechohabiente del ISSSTE.

• Por otra parte, se solicita se apliquen los principios que establece el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular en el apartado relativo a la comprobación de la discapacidad ante los órganos jurisdiccionales.

• Ello es así, en virtud de que el protocolo determina, que no debe exigirse la presentación de un certificado para acreditar la condición de discapacidad de una persona que participará en un juicio, ya que la implementación de las medidas de carácter judicial desarrolladas en dicho protocolo devienen de la aplicación del marco jurídico, nacional e internacional de protección de las personas con discapacidad, y no del cumplimiento o incumplimiento de acreditaciones de algún tipo.

12. Sentencia de amparo. Seguidos los trámites del juicio celebró la audiencia constitucional y, el treinta de junio de dos mil veintitrés, emitió sentencia en la que concedió la protección constitucional solicitada, bajo las siguientes consideraciones:

• Considerando segundo. Se precisaron los actos reclamados, los cuales consistieron en la aprobación y promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, específicamente el artículo 6, fracción XII, con motivo de su primer acto de aplicación.

• Considerando tercero. Decretó el sobreseimiento respecto de los actos reclamados al Delegado Estatal de Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ante la inexistencia de los actos.

• Considerando cuarto. La A quo precisó los actos reclamados.

• Considerando quinto. Analizó la oportunidad de la presentación de la demanda; y, realizó el estudio de las causales de improcedencia hechas valer por la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

• Considerando octavo. Realizó el estudio de fondo del asunto, en el que sostuvo:

- Los conceptos de violación en los que la parte quejosa señala que el artículo 6, fracción XII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es violatorio de los artículos 1o. y 123, Apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Federal, porque da un trato desigual y discriminatorio a los familiares del trabajador del Estado dependiente económico con discapacidad, con relación a los familiares dependientes económicos del trabajador enunciados en dicho artículo, así como porque niega el derecho al Trabajador a proporcionar asistencia médica y medicinas a sus familiares, son fundados.

- Señaló que de los artículos 1o. y 123 apartado B, fracción XI, inciso d) constitucionales, se advierte tanto el derecho de igualdad y no discriminación, como el derecho a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y se instituyen las bases y prerrogativas de que los familiares de éstos reciban asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que establezca la ley.

- Precisó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 2543/98, centró su estudio en el caso de los cónyuges que pretenden tener acceso a los servicios médicos que proporciona el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y concluyó que era inconstitucional el artículo 24, fracción V, de la Ley del citado instituto, por exigir mayores requisitos para afiliar al cónyuge masculino que los previstos para la consorte.

• Determinó que, el artículo 6, fracción XII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene como finalidad conceder a los familiares de los trabajadores los derechos propios que la ley establece, esto es, proteger a los que dependen económicamente de éste, como pudieran ser el cónyuge, concubina o concubino, hijos menores y mayores de dieciocho años, así como los ascendientes, en los términos y con los requisitos que señala la ley.

- Sobre las bases del derecho de igualdad y no discriminación y de seguridad social previstos en la Constitución Federal, el legislador ordinario señaló a los familiares que ahí se precisan para tener acceso a los servicios de salud proporcionados por el instituto, sin incluir a los hermanos como dependientes económicos del trabajador.

- Bajo tales argumentos, se concluye que la norma impugnada es discriminatoria al excluir como familiares de los trabajadores del Estado que pudieran tener derecho a recibir asistencia médica y medicinas, a los hermanos dependientes económicos, pues da un trato jurídico diferente sin razones objetivas y válidas que lo justifiquen, respecto a familiares que se encuentran en la misma situación, pues es una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo primero, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que segrega al familiar dependiente económico del Trabajador y niega también el derecho que tiene el Trabajador del Estado a que sus familiares disfruten de esas prerrogativas.

- En ese orden de ideas, resulta claro que el artículo 6, fracción XII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al excluir a los hermanos con discapacidad como aquellos familiares dependientes económicos que tienen derecho a recibir asistencia por parte de ese instituto es inconstitucional, porque transgrede el derecho fundamental de igualdad y no discriminación, así como el de acceso al servicio de salud, asimismo, viola el derecho de los Trabajadores a que sus familiares reciban asistencia médica y medicinas.

13. Recurso de revisión. Inconforme con dicha sentencia, el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en representación del Presidente de la República (autoridad responsable y recurrente) interpuso recurso de revisión, en sus agravios adujo, esencialmente, lo siguiente:

• Primero. La resolución recurrida es ilegal dado que llega a la indebida conclusión de que el precepto controvertido, articulo 6 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vulnera los principios y derechos de igualdad y seguridad social, previstos en los artículos 1o., 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ello es así, porque contrario a lo que sostiene el A quo, la norma controvertida no contraviene las garantías de igualdad y no discriminación dado que no da un trato diferenciado a aquellos sujetos que se encuentran en la misma situación fáctica, de ahí que tal precepto legal carezca de los vicios de inconstitucionalidad que le atribuye el juzgador.

• Por lo que de una interpretación literal del párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Federal, se desprende que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas (categorías sospechosas).

• Ahora bien, no puede sostenerse, como lo refiere el juzgador, que con la expedición del precepto controvertido se vulnere la garantía de no discriminación.

• Para ello es importante mencionar, que se viola la garantía de igualdad cuando la norma o los actos ejecutados por la autoridad dan un trato diferenciado a las personas, motivada por su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

• En el presente caso, el legislador al emitir la norma no tomó en consideración el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el estado civil, por lo que no puede sostenerse que se violen las garantías de igualdad y no discriminación, consagradas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la quejosa.

• Por último, no puede sostenerse que con la emisión del artículo combatido se vulnere el derecho de igualdad; de ahí que las consideraciones del juzgador en sentido diverso causan agravio; ello porque la condicionante prevista en la norma atiende a un aspecto de temporalidad, sin tomar en consideración las categorías previstas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• En otra línea argumentativa, contrario a lo que sostiene el A quo, el precepto controvertido tampoco vulnera el derecho de seguridad social, prevista en la fracción XXIX, del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la norma ampara no solo a la esposa, esposo, concubina o concubina, sino a los ascendientes y demás dependientes del asegurado.

14. Del recurso de revisión conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual lo registró bajo el expediente amparo en revisión 515/2023.

15. En sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, el órgano colegiado emitió sentencia al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. En la materia del recurso, competencia de este tribunal, se corrige la incongruencia de los puntos resolutivos de la sentencia recurrida, en los términos precisados en el noveno considerando de esta sentencia.

SEGUNDO. Este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal para conocer del tema de constitucionalidad del artículo 6, fracción XII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que, al respecto, se deja a salvo la jurisdicción a dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO. Remítanse los presentes autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución, previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente.

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al Juzgado de Distrito del conocimiento.

16. En lo que interesa para este asunto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito sustentó su resolución en las consideraciones siguientes:

• Considerandos tercero, cuarto, quinto y sexto. Analizó la procedencia, la oportunidad y la legitimación y representación del promovente del recurso de revisión, así como las consideraciones de la sentencia recurrida.

• Considerando octavo. Se estudió la firmeza del sobreseimiento en la sentencia recurrida, por inexistencia de los actos al Delegado Estatal de Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que dicha determinación no fue combatida por la parte quejosa.

• Considerando noveno. Con base en el considerando anterior se consideró la corrección de oficio, de la incongruencia contenida en los puntos resolutivos de la sentencia que se recurre, pues dicho sobreseimiento no se reflejó en ellos. • Considerando décimo. Analizó las causales de improcedencia invocadas por las partes en el juicio de amparo determinando que la Juzgadora sí analizó la única causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico de los quejosos, lo cual realizó en el quinto considerando del fallo recurrido. Precisó que, si bien es cierto, en la parte final del informe justificado rendido en representación de la Delegación Estatal de Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se establece que es improcedente de conformidad con las fracciones XX y XXI del artículo 61, configurándose el sobreseimiento de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Amparo, dicha mención se realiza sin desarrollar argumento alguno, por lo que no se pueden alegar como planteadas, además de que no se advierte la actualización de las mismas en forma evidente, por lo que no se está ante el supuesto que deba desarrollarse el análisis de las mismas bajo el estudio preventivo o de descarte.

• Considerando décimo primero. Se determinó que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer la constitucionalidad del artículo 6, fracción XII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; no obstante, sí se estudió en la sentencia la constitucionalidad de dicha norma y se concedió el amparo contra ésta al estimarla violatoria del principio de igualdad.

17. Trámite ante la Suprema Corte. Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinticinco, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó asumir su competencia originaria para conocer del recurso de revisión hecho valer por el recurrente, registrándolo con el número 5/2025, y lo turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

18. Avocamiento. En acuerdo de tres de marzo del dos mil veinticinco, el Presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó remitir el expediente a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

19. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.

I. COMPETENCIA

20. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo;(2) y 21, fracción III, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(3) Así como los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023(4) emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año, por tratarse de un asunto cuya competencia corresponde a esta Segunda Sala.

21. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(5) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro;(6) toda vez que el medio de impugnación relativo fue interpuesto contra una sentencia dictada en audiencia constitucional por un juez de distrito en la que subsiste el problema de constitucionalidad de una norma federal, sin que al respecto se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

22. Es innecesario el estudio de dichos aspectos procesales, porque fueron analizados por el tribunal colegiado del conocimiento.(7)

III. PROCEDENCIA

23. El recurso es procedente dado que en esta instancia subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 6, fracción XII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su acto de aplicación, por lo que esta Segunda Sala debe asumir su jurisdicción para conocer de este problema jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Amparo.(8)

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

24. Las causas de improcedencia fueron analizadas por el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del recurso de revisión, sin que esta Segunda Sala advierta la actualización de alguna diversa a las que se hicieron valer o que alguna de las desestimadas deba examinarse desde una óptica distinta; por tanto, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto.

V. FIJACIÓN DE LA LITIS

25. Dado que en esta instancia subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 6, fracción XII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por contravenir los derechos de igualdad y no discriminación, así como seguridad social al no permitir registrar al hermano con discapacidad de la beneficiaria como derechohabiente, esta Segunda Sala reasume su jurisdicción para conocer de este problema jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Amparo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

26. En atención a que no quedan causas de improcedencia pendientes de examinar ni este órgano judicial advierte oficiosamente la aplicación de alguna, procede abordar el tema de constitucionalidad para determinar si el artículo 6, fracción XII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vulnera los derechos de igualdad, no discriminación y seguridad social.

27. Esta Segunda Sala emprende el estudio de los agravios formulados por la parte recurrente, en los que aduce que el precepto no vulnera el derecho de igualdad y no discriminación dado que no establece un trato diferenciado de aquellos sujetos que se encuentran en la misma situación fáctica como es el caso de hijos y hermanos, pues la condicionante atiende a un aspecto de temporalidad, lo cual no implica vulnerar el derecho de no discriminación y seguridad social, ya que la norma contempla a diversos dependientes económicos.

28. Tales argumentos son infundados. Para darle respuesta a estos planteamientos conviene plasmar aspectos relevantes del régimen de seguridad social, protección a la familia y su relación con los derechos de igualdad y no discriminación.

29. En relación con el principio de igualdad y no discriminación esta Segunda Sala en algunos precedentes(9) ha señalado que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permea todo el ordenamiento jurídico, de manera que cualquier trato discriminatorio respecto del ejercicio de algún derecho reconocido en la propia constitución es, por sí mismo, incompatible con este principio.

30. Estableció que, la igualdad, como principio constitucional, subyace en toda la estructura del sistema jurídico y, por tanto, constituye un límite a los poderes del Estado conforme al cual debe cuidarse el no generar paridad entre todas las personas -igualdad formal o jurídica-, ni una igualdad material o real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato.

31. Así, el principio de igualdad está vinculado con la no discriminación, puesto que al existir un deber de dar el mismo trato -tanto material como formal-, se prohíbe la discriminación, exclusión o preferencia de una persona sobre otra, con base en elementos subjetivos cuyo establecimiento normativo resulte discrecional e injustificado, como acontece con las denominadas categorías sospechosas. Este principio de igualdad y no discriminación opera en el sistema jurídico de manera transversal, es decir, al permear todo el ordenamiento impone diversos deberes a las autoridades del Estado.

32. Las denominadas categorías sospechosas han sido definidas como los factores constitucionalmente prohibidos de discriminación, como son las motivadas por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

33. Al respecto, son ilustrativas las jurisprudencias de rubros: “PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL.”;(10) y “CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO.”(11)

34. Por su parte, esta Sala ha considerado que del principio de igualdad derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador: por un lado, I) un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por otro, II) un mandato de tratamiento desigual, conforme al cual, al crearse una disposición deben preverse eventuales diferencias entre supuestos de hecho distintos.

35. Ello se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 64/2016 (10a.), de rubro: “PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE.”(12)

36. Así, en el ámbito legislativo, el principio de igualdad conlleva una prohibición al legislador de no expedir normas discriminatorias, y en el desarrollo de su función, sea muy cuidadoso y evite hacer distinciones que sitúen en evidente desventaja a un grupo de personas respecto de otro, o que menoscaben los derechos de los particulares, salvo que esta diferenciación constituya una acción positiva que tenga por objeto compensar la situación desventajosa en la que históricamente se han encontrado ciertos grupos.

37. Al respecto, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33445-bd5411c0/familiares-derechohabientes-del-instituto-de-seguridad-y-servicios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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