FEMINICIDIO. SU COMISIÓN PERMITE FORMULAR UNA EXHORTACIÓN A LAS AUTORIDADES ESTATALES PARA EMITIR MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y DE NO REPETICIÓN. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA VÍCTIMAS INDIRECTAS DE UN DELITO. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES CUANDO DECRETEN SU DESPLAZAMIENTO FORZADO A UN LUGAR DISTINTO AL DE SU DOMICILIO. PADRES DE VÍCTIMAS MENORES DE EDAD EN EL DELITO DE FEMINICIDIO. DEBE RECONOCERSE SU CALIDAD DE VÍCTIMAS INDIRECTAS EN EL PROCESO PENAL, ASÍ COMO EL DERECHO A UNA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. LOS FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO TIENEN DERECHO A RECIBIR ASISTENCIA PSICOLÓGICA CUANDO SUFRAN UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN QUE SE TRADUZCA EN UN DESPLAZAMIENTO FORZADO, DERIVADO DE LA COMISIÓN DEL DELITO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5363/2023. 14 DE MAYO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: En febrero de 2015, en Lerma, Estado de México, como todos los días, una niña de 12 años de edad salió de un plantel del nivel de educación secundaria en el que estudiaba y tomó una combi del servicio público de pasajeros para dirigirse a su casa.
Entre las 14:45 horas y las 15:45 horas, descendió del transporte público en la parada “El almacén” y caminó por la calle de terracería que la llevaría a su domicilio.
Momentos después, los padres de la niña se alertaron porque no llegaba a la casa. El padre fue a buscarla a la parada, pero no la encontró. La madre también salió a indagar el paradero de su hija, por lo que pidió que se tocaran las campanas de la comunidad para que la gente también apoyara en la búsqueda.
Más tarde, en un canal de agua seco, encontraron el cuerpo sin vida de su hija cubierto con hojarasca, maleza, una llanta y tres piedras.
Las personas advirtieron que había evidencia de que unos hombres que habitaban un inmueble muy cerca del lugar participaron en los hechos, por lo que detuvieron a tres personas, una de ellas menor de edad.
Por esos lamentables hechos se instruyó un proceso penal acusatorio en contra de dos hombres por la comisión el delito de feminicidio agravado. En el dictado de la sentencia, el tribunal de enjuiciamiento condenó a una de las personas implicadas, mientras que se absolvió a la otra. Lo anterior fue confirmado en la apelación.
En desacuerdo con dicha determinación, la madre y el padre de la víctima menor de edad promovieron un juicio de amparo directo. Por su parte, la persona que fue condenada presentó un amparo adhesivo.
El Tribunal Colegiado del conocimiento concedió el amparo para el efecto de reponer el procedimiento en el juicio oral hasta la audiencia intermedia para que se problematizaran unos medios de prueba y dejó sin materia el amparo adhesivo.
Seguida la secuela procesal, el tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en contra de los dos imputados por el delito de referencia, lo cual fue confirmado en apelación.
Inconformes con lo relativo a la reparación del daño, las víctimas indirectas promovieron un juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado que conoció del asunto negó la protección constitucional.
En desacuerdo con esa resolución, la parte quejosa interpuso el presente recurso de revisión.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 5363/2023, promovido por Persona “A” y Persona “B”, por propio derecho y en representación de su hija menor de edad, de iniciales Víctima, que fue víctima del delito, en contra de la sentencia dictada en sesión de trece de julio de dos mil veintitrés por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el juicio de amparo directo Primer Número de Expediente de su índice.
Los problemas jurídicos que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consisten en determinar, respecto del delito de feminicidio, las condiciones que deben observarse para reconocer la calidad de víctimas indirectas para pronunciarse sobre el derecho humano a la reparación integral del daño, además, si debe atenderse a los límites máximos de reparación del daño establecidos en normas secundarias conforme a precedentes de este alto tribunal, y si es posible aplicar los estándares desarrollados por la Corte Interamericana en la condena a la reparación del daño integral, vinculando solidariamente a las autoridades del Estado para su cumplimiento.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos.(1) El cinco de febrero de dos mil quince, entre las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y las quince horas con cuarenta y cinco minutos, en el municipio de Nombre de un municipio, Estado de México, la menor de edad de iniciales Víctima iba caminando a su domicilio por un camino de terracería de la comunidad de Nombre de una comunidad, cuando fue interceptada por los señores Persona “C”, Persona “D” y el adolescente de iniciales Persona “E”, quienes la amagaron y la llevaron caminando hacia un terreno boscoso.
2. En el lugar, dichas personas sometieron a la menor de edad, la golpearon en la cara y en el cuerpo, la tiraron al suelo, le ocasionaron lesiones con un instrumento punzocortante y la violaron. Hecho lo anterior, la golpearon con piedras en la cabeza, por lo que perdió la vida.
3. Posteriormente, los señores Persona “C”, Persona “D” y el adolescente de iniciales Persona “E”, enterraron el cuerpo de la víctima y la cubrieron con hojarascas del lugar, una llanta de vehículo automotor y piedras.
4. Causa penal Segundo Número de Expediente. Por lo anteriormente narrado, se instruyó un proceso penal acusatorio seguido bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, pero aplicable al caso, en contra de los señores Persona “C” y Persona “D”.
5. Seguida la secuela procesal, mediante sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, dictó sentencia condenatoria en contra del señor Persona “D” por su responsabilidad penal en la comisión del delito de feminicidio agravado, previsto y sancionado en el artículo 242 Bis, fracción I, párrafos segundo y cuarto, del Código Penal para el Estado de México vigente a la época de los hechos.(2)
6. Además, fue condenado a setenta y tres años, cuatro meses de prisión, así como a la reparación del daño por la cantidad de una cantidad en pesos (una cantidad en pesos), entre otras penas.
7. Por otro lado, se dictó sentencia absolutoria en favor del señor Persona “C”, por ello se ordenó su inmediata y absoluta libertad.
8. Primer recurso de apelación. Inconformes con la sentencia absolutoria, el Ministerio Público, los padres de la víctima, la señora Persona “A” y el señor Persona “B” interpusieron recurso de apelación. Por su parte, el señor Persona “D” apeló la sección condenatoria de esa resolución.
9. Por lo anterior, se formó el expediente Tercer Número de Expediente del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el cual, mediante sentencia de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete confirmó el fallo impugnado.
10. Primera demanda de amparo directo. En contra de la determinación anterior, mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil diecisiete, la señora Persona “A” y el señor Persona “B” promovieron un juicio de amparo directo. Por su parte, el señor Persona “C” promovió un amparo adhesivo.
11. Primera sentencia de amparo directo. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito registró la demanda con el número de expediente Cuarto Número de Expediente y mediante sentencia de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho concedió el amparo para que se repusiera el procedimiento y se pudieran problematizar las videograbaciones aportadas por la defensa del señor Persona “C”.
12. Por su parte, dejó sin materia el amparo adhesivo promovido por el tercero interesado Persona “C”.
13. Cumplimiento. En acatamiento al fallo referido, el diez de septiembre de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dictó una nueva resolución en la que ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia.
14. Seguida la secuela procesal, el doce de julio de dos mil veintiuno, el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, dictó sentencia condenatoria en contra del señor Persona “C” por el delito antes señalado. Además, le impuso pena vitalicia, así como el pago de la reparación del daño por la cantidad de una cantidad en pesos (una cantidad en pesos), entre otras sanciones.(3)
15. Segundo recurso de apelación. Inconformes con la resolución anterior, el Ministerio Público, la señora Persona “A” y el señor Persona “B”, así como el señor Persona “C”, a través de su defensor particular, interpusieron recurso de apelación.(4)
16. Por lo anterior, se formó el expediente Quinto Número de Expediente del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el cual, mediante resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno confirmó la sentencia recurrida.
17. Segunda demanda de amparo directo. En contra de tal determinación, mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós, la señora Persona “A” y el señor Persona “B”, por propio derecho y en representación de su hija menor de edad víctima del delito, promovieron un juicio de amparo directo, en el que alegaron principalmente en torno a la reparación integral del daño, los siguientes conceptos de violación sintetizados:
a) Se reclama la omisión a la obligación convencional y constitucional de garantizar una reparación integral del daño u otros medios de compensación justos y eficaces bajo los principios de debida diligencia, perspectiva de género e interés superior del menor.
b) En particular, la reparación integral del daño no se limita a un tema monetario, sino que tiene un amplio espectro de alcance reconocido en el derecho nacional e internacional de los Derechos Humanos, que incluye el resarcimiento por todas las afectaciones generadas e incluso el establecimiento de garantías para asegurar que los hechos no se repitan.
c) El concepto de reparación integral del daño debe entenderse desde un sentido amplio de conformidad con los estándares internacionales y no ceñido al concepto restringido previsto en la legislación procesal penal estatal.
d) La responsable consideró que los montos de la reparación en moneda extranjera (dólares) no estaban plenamente probados, por no ser hechos atribuibles al Estado mexicano, sino a un particular, lo cual no es verdad, pues los montos fueron solicitados en moneda mexicana.
e) La reparación integral del daño es aplicable como víctimas, y no solamente como ofendidos, pues la Declaración de los principios de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder dispone que por víctimas se entiende a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, como consecuencias de acciones u omisiones que violen la legislación penal.
Lo anterior es consistente con el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, el cual expresa que se entenderá como víctima indirecta a los familiares a cargo de la víctima directa que tenga una relación inmediata con ella.(5)
f) Los principios pro persona, resarcimiento e in dubio pro víctima, en conjunto, sostienen el derecho a la reparación del daño, no como un mero pago de afectaciones y la responsable omitió analizar todos sus elementos, ya que se limitó a estudiar un aspecto de divisas y el material probatorio. Por ello dejó una carga desproporcionada a las víctimas de probar el daño que el hecho delictivo les causó, cuando es un estándar internacional que el daño no necesita ser probado.(6)
g) El derecho internacional privado puede ser trasladado a casos específicos dentro del orden nacional, de manera que los montos solicitados surgen de los criterios de interpretación amplia que sobre los elementos de la reparación se generan en la sentencia González y otras vs. México (campo algodonero),(7) particularmente sobre el daño material e inmaterial y no se “retoman” los montos expresados en dichas sentencias, como erróneamente lo determinó la responsable.
h) En relación con el pago de la reparación del daño, solicitó lo siguiente en el recurso de apelación:
Daño inmaterial. Que comprende daño moral y psicológico, con base en la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana. Solicitó para la víctima directa una compensación de segunda cantidad en pesos. Para el padre y la madre como víctimas indirectas, a cada una, una compensación de tercera cantidad en peso, así como el pago de consultas de psicoterapia especializada y traslados, por la cantidad respectiva de cuarta cantidad en pesos y quinta cantidad en pesos.
Destacó que el proyecto de vida como otra categoría del daño inmaterial, que conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana comprende la realización integral de la persona afectada considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, por lo que se solicitó como monto de indemnización en favor de la víctima directa menor de edad, por sexta cantidad en pesos, al padre y la madre por séptima cantidad en pesos a cada uno.
Daño material. Que comprende el daño emergente, la pérdida de ingresos o lucro cesante y daño al patrimonio familiar, por la cantidad de octava cantidad en pesos.
Todo lo anterior que comprende un total de novena cantidad en pesos.
i) Tales montos se fijaron a un Estado por la violación a derechos humanos. Sin embargo, ante la ausencia de mecanismos claros y garantistas a nivel nacional para determinar los montos de reparación para las víctimas indirectas de delitos tan graves como el feminicidio, los elementos previstos por dicho tribunal internacional son obligatorios y constituyen una base objetiva de cuantificación. Por ello, la responsable realizó una lectura errónea de los agravios y resolvió de forma contraria a la convención. Además, omitió llevar a cabo un ejercicio de análisis amplio.
j) El fundamento de la reparación del daño se encuentra previsto en el artículo 1° de la Constitución Política del país, el cual establece las obligaciones generales de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Precisamente la violencia contra las mujeres constituye una grave violación a derechos humanos.
k) La violación a derechos humanos de la víctima menor de edad y a su familia debe entenderse a partir del principio de indivisibilidad de los derechos humanos, pues para comprender la magnitud del hecho victimizante no debe revisarse únicamente la gravedad del daño, sino el impacto que pudo tener frente a otros derechos.
Apoyó sus reclamos en la tesis aislada CXCV/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. TOPES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES, SU INCONSTITUCIONALIDAD”.(8)
l) Las indemnizaciones serán justas cuando su cálculo se realice con base en el encuentro de los principios de reparación integral del daño y de individualización de la condena, las que deberán contener al menos: i) la extensión de los daños causados y su naturaleza (físicos, mentales o psicoemocionales); ii) la posibilidad de rehabilitación; iii) la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; iv) los daños materiales (ingresos y el lucro cesante); v) los daños inmateriales; vi) los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales; vii) el nivel o grado de responsabilidad de las partes; su viii) situación económica; y, ix) las demás características particulares.
Sustentó sus consideraciones en las tesis aisladas CLXXXVII/2018 y CCCXLII/2015, de esta Primera Sala, de epígrafes: “DERECHO A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN. PARA DETERMINAR EL MONTO INDEMNIZATORIO, SE DEBE ATENDER A LA MULTIPLICIDAD DE CONSECUENCIAS DEL HECHO ILÍCITO”,(9) y “ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE DICHO DERECHO”.(10)
m) Era necesario revisar si el monto por concepto de reparación del daño dictado por el juez de oralidad daba cuenta de todas las afectaciones y consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales derivadas del hecho ilícito. Lo anterior, bajo la figura de la justa indemnización.
n) La responsable omitió considerar tres factores, a saber: i) los impactos negativos que recayeron en la familia de la víctima menor de edad; ii) los gastos erogados derivados del debido seguimiento y atención al proceso; y, iii) proyecto general de la familia.
Si bien las penalidades y medidas de seguridad impuestas se podrían constituir en sí mismas como medidas de reparación, estas no cumplen con los estándares nacionales e internacionales en materia de reparación del daño.
o) Las omisiones de la responsable se encuentran previstas en los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones; la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, el artículo 1° de la CEDAW en relación con la recomendaciones generales 19 y 33, emitidas por el Comité de expertas de CEDAW.
En dicho cuerpo normativo se establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de derechos humanos.
p) Sobre los mecanismos internos de reparación, en el caso Cepeda Vargas vs. Colombia, se dijo que estos deben satisfacer criterios de objetividad, razonabilidad, y efectividad para reparar adecuadamente. Así, toda violación a derechos humanos causa un daño, el cual debe ser reparado de manera proporcional, justa y atendiendo a la naturaleza del acto violatorio. Lo daños pueden ser de carácter material e inmaterial.
q) La reparación integral del daño en casos de violencia en contra de las mujeres debe garantizarse con perspectiva de género. Sus alcances los regula el numeral 27 de la Ley General de Víctimas.(11)
r) Finalmente, el deber de reparar es un imperativo constitucional y convencional que debe orientarse por los principios pro persona, debida diligencia y máxima protección.
18. Segunda sentencia de amparo directo. Del juicio correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en donde se registró con el número de expediente Primer Número de Expediente.
19. Información de medidas de protección y la muerte del hermano menor de la víctima de feminicidio. En las fojas 114 a 119 del expediente del juicio de amparo, los quejosos, señora Persona “A” y el señor Persona “B”, informaron que derivado de las amenazas de muerte que recibieron en audiencia de juicio les fueron aplicadas medidas de protección a cargo de la Fiscalía del Estado de México y la Comisión de Atención a Víctimas de esa entidad por lo que fueron desplazados a otra entidad federativa.
20. También informaron que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, durante la implementación de esa medida perdió la vida el hermano menor de la víctima de feminicidio, debido a una atención médica negligente por parte de distintos médicos en diferentes centros de salud, aunado a la falta de apoyo por parte de las autoridades encargadas de la aplicación de la medida de seguridad.
21. Mediante sentencia de trece de julio de dos mil veintitrés, por unanimidad votos el referido Tribunal Colegiado negó el amparo solicitado, por las siguientes consideraciones:
a) En primer lugar, se establece que es materia de análisis del juicio de amparo exclusivamente lo resuelto por la autoridad responsable en torno a las cuestiones procesales y formales, así como la reparación del daño, en el que la parte quejosa son los progenitores de la víctima del delito. b) No se advierte transgresión a los artículos 14 y 20, de la Constitución Política del país dado que en el caso se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento.
c) Al revisar las constancias escritas y videograbadas relativas a la carpeta administrativa, se observa que la responsable destinó un apartado en el acto reclamado para analizar tales aspectos y no se advierte vulneración a derechos fundamentales.
d) En cuanto a los aspectos formales, la responsable citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso, fundando y motivando la sentencia de forma suficiente conforme al artículo 16 constitucional.
e) Sobre el examen de la reparación del daño, el Tribunal Colegiado estableció que la parte quejosa se duele de que la responsable, a su juicio, inobservó la obligación de garantizar una reparación integral del daño bajo los principios de debida diligencia, perspectiva de género e interés superior del menor. Además, se debió condenar al pago de diversos conceptos a favor de las víctimas. Tales conceptos de violación son infundados.
f) La reparación del daño se encuentra prevista en ellos artículos 26 y 29 del Código Penal para el Estado de México, además de que en el artículo 30 del mismo ordenamiento se establece que en los casos de feminicidio el monto de la reparación del daño será el triple de la tabulación de indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo.
Al momento de los hechos, el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo establecía que, en caso de muerte del trabajador, la indemnización correspondiente sería la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario.
g) La legislación penal no obliga a que el monto quede expresamente señalado en la sentencia, pues lo que debe demostrarse es la existencia o no de la afectación, pudiendo quedar para la etapa de ejecución la cuantificación de la misma.
h) La reparación del daño derivada de la comisión de un delito constituye un derecho humano reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de país a favor de las personas víctimas u ofendidas de la conducta ilícita penal, que debe ser eficaz e integral. Asimismo, el Ministerio Público tiene la obligación de acreditar su procedencia y monto, mientras que el enjuiciador deberá condenar a la indemnización como retribución derivada de las secuelas que el delito causó.
i) En el caso, el Ministerio Público solicitó la reparación del daño por la cantidad de dos mil ciento noventa días de multa, lo que corresponde a décima cantidad en pesos (décima cantidad en pesos 00/100 moneda nacional). Por su parte, la asesora jurídica solicitó la reparación del daño integral por cierta cantidad de pesos, de acuerdo con una sentencia de la Corte Interamericana.
Posteriormente, otro asesor jurídico peticionó una condena de reparación del daño de otra cantidad en pesos 00/100 moneda nacional).
El juez de primera instancia condenó al señor Persona “C” al pago de la reparación del daño moral por la cantidad de una cantidad en pesos (una cantidad en pesos 00/100 moneda nacional) a favor de los ascendientes de la víctima menor de edad de sexo femenino, en su calidad de ofendidos.
En contra de ello se inconformaron tanto el acusado, el agente del Ministerio Publico, como las víctimas indirectas. Al respecto, los progenitores de la víctima solicitaron cierta cantidad en pesos.
j) El tribunal de alzada determinó que fue correcta la determinación del juez de primera instancia, al precisar que se fijó conforme a nuestras leyes nacionales, bajo los lineamientos de la normatividad internacional. Resaltó que se instauró un proceso penal contra un particular, y no contra el Estado Mexicano, y que había sido correcto que se fijara en moneda nacional y no en moneda extranjera como lo refirieron los inconformes.
k) Por lo anterior, se consideran infundados los agravios de la parte quejosa respecto a la reparación del daño que se concedió a su favor, ya que se observa que la determinación de la autoridad de alzada no les causa un perjuicio.
l) Además, se aumentó la cantidad solicitada por e Ministerio Público, lo cual podría considerarse como rebasar los límites de la acusación, sin embargo, se realizó en garantía del derecho a una reparación integral.
m) Ciertamente, la cantidad fijada se estableció con sustento en el artículo 30 del Código Penal para el Estado de México favoreciendo a los progenitores de la víctima. De ahí que son infundados los conceptos de violación al solicitar una reparación del daño en los términos en que se emite una condena en contra del Estado Mexicano.
n) Los conceptos por lo que se exige un aumento al monto de la condena debieron quedar fehacientemente demostrados en juicio, sin que este tribunal pueda sustituir su valoración.
o) Por otra parte, se observa que durante el juicio no se atribuyó la calidad de víctimas indirectas a los progenitores de la víctima, por lo que es infundado que así se les deba reconocer y ello no fue materia del juicio.
p) No es posible conceder una reparación del daño mayor a la determinada porque los progenitores de la víctima no fueron reconocidos en calidad de víctimas, sino como representantes de la víctima directa del delito y ofendidos.
22. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia anterior, la señora Persona “A” y el señor Persona “B”, por propio derecho y en representación de su menor hija víctima del delito interpusieron recurso de revisión en el que, esencialmente, expusieron los siguientes agravios:
a) En la sentencia recurrida se realiza una interpretación directa y restrictiva del artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política del país, que reconoce el derecho humano a la reparación del daño para las víctimas u ofendidos. La autoridad consideró que, en materia de responsabilidad penal, no aplican los estándares internacionales de reparación integral del daño.
b) El Tribunal Colegiado hace suya la argumentación de la autoridad de alzada en el sentido de establecer que los estándares internacionales en materia de reparación integral del daño desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son aplicables por tratarse de un asunto en materia penal. Esto, pues afirma que se fijó el monto correctamente “bajo los lineamientos de la normatividad nacional”, inaplicando la jurisprudencia interamericana.
c) Bajo esas consideraciones, el órgano jurisdiccional federal restringe el derecho a la reparación del daño protegido por el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política del país, al establecer que los estándares internacionales en materia de reparación el daño, particularmente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son aplicables en asuntos en materia penal.
Aunado a que consideró que los rubros de la reparación integral del daño, tanto material como inmaterial, solo pueden ser establecidos para el Estado y no en asuntos de responsabilidad individual. Lo anterior resulta totalmente inconstitucional, tomando en cuenta el artículo 1° de la Constitución Política del país y el parámetro de regularidad.
d) El Tribunal dejó de atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en los casos González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, Fernández Ortega y otros vs. México, y Rosendo Cantú y otra vs. México, ante la gravedad y sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país; lo cual fue señalado por la Suprema Corte de Justicia en su Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
e) Para determinar la procedencia y monto de la indemnización a favor de la víctima en caso con perspectiva de género es oportuno atender a lo expuesto en el amparo directo 50/2015.(12)
f) Por otra parte, el Tribunal Colegiado da una interpretación y distingue el concepto de víctima, pues se refiere a los quejosos como “progenitores de la pasivo” y niega la calidad de víctimas indirectas de los mismos, supeditando dicha calidad a un reconocimiento formal.
g) El Tribunal Colegiado restringe su derecho humano a la reparación del daño al desconocer su calidad de víctimas indirectas, pues interpreta el artículo 20, apartado C, constitucional, de manera restrictiva al referir que “solo se puede reconocer esa calidad a la víctima de iniciales Víctima quien resintió de manera directa la vulneración del bien jurídico tutelado”.
h) Lo anterior es una interpretación restrictiva de los derechos de víctimas u ofendidos, pero además se ignora su naturaleza material, al ser los padres de la víctima directa quienes recienten de manera directa daños materiales e inmateriales por la pérdida de su hija en las condiciones violentas e inhumanas en las que le quitaron la vida. Además, el Tribunal demuestra falta de sensibilidad y perspectiva de género, vulnerando el derecho a la reparación del daño con vocación transformadora.
i) No obstante, el agente del Ministerio Público sí los señaló como ofendidos del delito y durante el desarrollo del juicio también se hacía referencia a su calidad de víctimas indirectas por parte de la asesoría jurídica.
j) Dicha interpretación dada por el órgano colegiado inaplica lo establecido en la legislación respecto del reconocimiento de la calidad de víctima u ofendido, como se establece en los artículos 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 4, párrafo segundo y 113, fracción II, de la Ley General de Víctimas; 10, párrafo segundo, 11, 13 y 73, fracción II, de la Ley de Víctimas del Estado de México, en el sentido de que no está supeditado a una cuestión formal sino que se reconoce a las víctimas indirectas de manera no restrictiva y material.
k) Incluso, el Tribunal inobservó su obligación de realizar formalmente dicho reconocimiento al ser una de las autoridades que tienen facultad de hacerlo.
l) Es trascenden
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33446-8b163964/feminicidio-su-comision-permite-formular-una-exhortacion-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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