I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA PERSONA QUE LO PRESIDA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE AQUÉL (ARTÍCULOS 23-A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 20, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. IX. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. X. AUTONOMÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "(...) Y SERÁ CUBIERTA POR LA (SIC) INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, QUIEN QUE (SIC) DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL DEL PRESUPUESTO OTORGADO EN EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 (SIC) DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO PÁRRAFO DÉCIMO OCTAVO. EN CASO DE QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CONSIGNADAS EN EL DECRETO REFERIDO NO RESULTEN SUFICIENTES, EL ENTE PÚBLICO PODRÁ SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO, Y EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE, EL PODER EJECUTIVO PODRÁ OTORGAR DICHA AMPLIACIÓN EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO FRACCIÓN VI DEL MISMO DECRETO DE PRESUPUESTO, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 59, INCISO F), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS."]. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 287/2024. INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 23 DE ABRIL DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y PRESIDENTE JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Artículo 2 del Decreto número dos mil doscientos sesenta (2260) por el que el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó conceder una pensión por cesantía en edad avanzada, con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, publicado en el Periódico Oficial local el catorce de agosto de dos mil veinticuatro.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 287/2024, promovida por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (en adelante "Instituto actor") promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, en la que demandó la invalidez del Decreto número dos mil doscientos sesenta (2260), mediante el cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada a Juan Gabriel Ortega Esquivel con cargo al presupuesto del Instituto mencionado.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Instituto actor expuso, en síntesis, el siguiente concepto de invalidez:
a. El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es un organismo público autónomo, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene la capacidad de decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, así como de determinar su organización interna.
b. En ejercicio de esa capacidad de decisión, el Instituto actor elaboró su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, en el que solicitó la cantidad de $31’559,494.05 (treinta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 05/100 M.N.). No obstante, mediante la emisión del Decreto número mil seiscientos veintiuno (1621), el Congreso local aprobó un presupuesto inferior al requerido para la operatividad del mencionado Instituto, lo que vulnera los principios de división de poderes, autonomía e independencia establecidos en los artículos 40, 41, 49, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 23-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
c. Asimismo, representa una transgresión a estos principios la emisión del Decreto número dos mil doscientos sesenta (2260), mediante el cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo al presupuesto del Instituto actor, sin haberle transferido los recursos necesarios para cumplir con la carga económica derivada de dicho Decreto. Esto también lesiona gravemente la independencia del Instituto, ya que el Congreso local dispuso de los recursos presupuestales de tal organismo sin haberle otorgado participación alguna, ni haber generado las condiciones legales y materiales para hacer frente a esa carga.
d. Si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores a obtener este tipo de pensiones, los requisitos que deben cumplirse y la facultad del Congreso local para autorizarlas, lo cierto es que dicha ley no establece cómo deben financiarse esas pensiones, ni cómo deben distribuirse las cargas respectivas entre las distintas instituciones en las que el servidor público haya trabajado, mucho menos autoriza al Congreso local a imponer la obligación de pagar dichas pensiones sin haber otorgado previamente los recursos presupuestales necesarios y suficientes para hacer frente a esas cargas.
e. En cambio, el Congreso local es el encargado de revisar, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, por lo que le corresponde establecer y autorizar las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con la obligación del Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, así como distribuir las cargas financieras en función de qué poder, institución u órgano haya sido el empleador del trabajador pensionado y por cuánto tiempo, ya que es quien dispone de la información necesaria para ello.
3. Radicación y turno. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 287/2024 y, por razón de turno, se designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
4. Admisión y trámite. Por auto de siete de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos. Asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación o a su esfera competencial conviniera.
5. Contestación de demanda por las autoridades demandadas. Por escrito recibido mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos dio contestación a la demanda. Asimismo, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos contestó la demanda interpuesta en su contra.
6. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Ninguna de las instituciones emitió opinión en este asunto.
7. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el diecinueve de febrero de dos mil veinticinco se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y por admitidas las pruebas ofrecidas; luego, por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinticinco, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
8. Avocamiento. Previo dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento. Luego, por auto de diez de abril de dos mil veinticinco, el Presidente de la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó devolver el expediente a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
I. COMPETENCIA
9. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso k),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 42,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
10. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(7) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(8)
II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO
11. Con fundamento en el artículo 41, fracción I,(9) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia.
12. De la lectura integral de la demanda, se aprecia que, en esencia, el Instituto actor se duele de que el Poder Legislativo del Estado de Morelos haya otorgado una pensión por cesantía en edad avanzada a una persona extrabajadora con cargo a su presupuesto, sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.
13. Esa determinación se encuentra, únicamente, en el artículo 2o.(10) del Decreto número dos mil doscientos sesenta (2260), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6339, el catorce de agosto de dos mil veinticuatro; por lo que, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo fija como acto objeto de la presente controversia.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
14. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, esta Segunda Sala estima que está acreditada la existencia del acto impugnado, toda vez que en autos obra copia certificada de un extracto del ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6339, del Estado de Morelos, de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, en el que se publicó el Decreto número dos mil doscientos sesenta (2260) que contiene el artículo 2, efectivamente controvertido.
IV. OPORTUNIDAD
15. De conformidad con el artículo 21, fracción I,(11) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
16. En la especie, para el cómputo del plazo se tomará la fecha de la publicación oficial del Decreto impugnado como el día en que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística tuvo conocimiento de éste, esto es, el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, en virtud de que no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha distinta, por lo que el referido plazo de treinta días para promover el presente medio de control constitucional transcurrió del jueves quince de agosto al jueves diez de octubre de dos mil veinticuatro.(12)
17. Entonces, si la demanda se depositó el veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que la controversia constitucional se promovió de manera oportuna.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
18. Conforme al artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
19. En el presente asunto, suscribe la demanda Hertino Avilés Albavera, en su carácter de Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística,(13) quien está legitimado para promover la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(14) 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(15) 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;(16) y 20, fracción V, del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.(17)
20. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es un órgano constitucional autónomo legitimado para promover controversias constitucionales y corresponde al Comisionado Presidente de ese Instituto la representación legal del mismo.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
21. De acuerdo con lo establecido en los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, los poderes o los órganos que emitan y promulguen la norma general o pronuncien el acto o incurran en la omisión que sea objeto de controversia y, como ya se mencionó, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
22. En el caso, se estima que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, tienen legitimación pasiva, por las consideraciones que se desarrollan a continuación.
23. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, comparece Edgar Antonio Maldonado Ceballos, quien conforme al artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(18) acredita el desempeño de su encargo con la copia certificada de su nombramiento fechado el uno de octubre de dos mil veinticuatro y el "Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo de la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número seis mil trescientos cincuenta y uno (6351), el dos de octubre de dos mil veinticuatro, tiene facultades de representar al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
24. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece la diputada Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva(19) de la Quincuagésima Sexta Legislatura, quien acreditó su cargo mediante la copia del acta de la sesión de la junta previa del Congreso de Morelos, celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro y conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(20) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.
25. En consecuencia, las referidas autoridades tienen legitimación pasiva, ya que se les atribuye la emisión y la publicación, respectivamente, del decreto impugnado en este asunto y quienes comparecen en su representación cuentan con facultades para ello.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
26. VII.1. Argumentos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. La referida autoridad señala que la controversia constitucional es notoriamente improcedente e infundada, toda vez que en los conceptos de invalidez no se combaten por vicios propios los actos de promulgación y publicación que se le atribuyen, siendo que tanto la Constitución Federal, como la Ley Orgánica de la Administración Pública estatales, le otorgan facultades para promulgar y publicar las leyes y demás disposiciones en el Periódico Oficial de la entidad federativa, así como para hacer cumplir éstas, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia.
27. El anterior motivo de sobreseimiento es infundado, pues, como ya se desarrolló, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, tienen el carácter de demandados en la controversia constitucional la entidad federativa, el poder o el órgano que hubiera pronunciado el acto impugnado; por lo tanto, si el Poder Ejecutivo demandado formó parte del proceso de creación del decreto combatido, tanto su participación como la constitucionalidad de su actuación son susceptibles de analizarse en este medio de control constitucional, a efecto de lograr una adecuada resolución del juicio.
28. Resultan ilustrativas, en lo conducente, las tesis de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(21) y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."(22)
29. VII.2. Hecha valer por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. El Poder Legislativo local, en su contestación de demanda, sostiene que la controversia constitucional es improcedente, dado que el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y, por tanto, éste carece de interés legítimo.
30. Sin embargo, dicha causal de improcedencia debe desestimarse, ya que la determinación de si el decreto impugnado afecta o no el ámbito de atribuciones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es una cuestión que involucra el estudio de fondo del asunto y no es posible disociar, con toda claridad, el estudio de la improcedencia de aquellas cuestiones que refieren al fondo de la controversia, tal como lo sostuvo el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis jurisprudencial P./J. 92/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(23)
31. Precisado lo anterior, esta Segunda Sala no advierte, en forma oficiosa, que se actualice alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento distintos a los estudiados, por lo que se procede a realizar el estudio de fondo.
VIII. ESTUDIO DE FONDO
32. Criterio jurídico o ratio decidendi: El decreto impugnado, por el que el Congreso del Estado de Morelos concedió una pensión por cesantía en edad avanzada a una persona trabajadora del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, con cargo a su presupuesto sin que previamente le hubiera transferido los fondos necesarios para cumplir dicha obligación, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia (en el grado más grave de subordinación) y autonomía de gestión presupuestal.
33. Ahora, el Instituto actor en su demanda aduce, en concreto, que el decreto impugnado vulnera su independencia y autonomía de gestión presupuestaria consagrada en el artículo 116, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los diversos 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez que al otorgar una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo a su presupuesto, le impone una carga económica que no le corresponde, por no haberle transferido los recursos económicos necesarios para cumplir con la obligación impuesta.
34. Así, a fin de estar en posibilidad de determinar si asiste la razón al accionante, resulta necesario explicar cómo funciona el sistema de pensiones en el Estado de Morelos, para lo que esta Segunda Sala retoma las consideraciones que ha expuesto en diversos precedentes, entre ellos, las controversias constitucionales 126/2016,(24) 226/2016,(25) 187/2018(26), 201/2020(27) y 5/2023,(28) en las que se ha señalado, en síntesis, lo siguiente:
35. Por una parte, los trabajadores del Estado (o sus beneficiarios) tienen el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio. A efecto de cumplir con ese derecho, los poderes patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables.
36. Aunado a lo anterior, los trabajadores del Estado de Morelos también tienen derecho a gozar de otra pensión que se otorga mediante decreto expedido por el Congreso local, una vez satisfechos los requisitos que establece la Ley del Servicio Civil estatal para tal efecto. Sin embargo, en relación con este segundo tipo de pensiones a cargo del Estado, la ley no prevé cómo deberán financiarse ni cómo se distribuirán las cargas financieras en los casos en que el trabajador del Estado que solicita la pensión haya prestado sus servicios para distintos poderes.
37. En ese sentido, el Congreso del Estado de Morelos, mediante decreto, ha otorgado diversas pensiones con cargo al presupuesto como en el caso del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que han sido objeto de múltiples controversias constitucionales (75/2021,(29) 190/2022(30) y 332/2023,(31) entre otras), en las que se ha determinado declarar la invalidez parcial de los decretos impugnados, por transgredir el principio de división de poderes, al disponer de los recursos que corresponden al mencionado Instituto, vulnerando con ello su autonomía de gestión presupuestaria. Siendo aplicables los precedentes que se citan, dado que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es también un órgano constitucional autónomo.
38. Toda vez que el Pleno de este Alto Tribunal ha determinado que el principio de división de poderes exige un equilibrio entre los distintos poderes del Estado y de las entidades federativas, mediante un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un Poder u órgano absoluto, capaz de producir una distorsión que desarmonice el sistema de competencias previsto en la Constitución Federal o que se cause una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que se advierte de la jurisprudencia P./J. 52/2005, de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(32)
39. En ese sentido, este Alto Tribunal ha establecido que, para lograr tal equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a respetar tres mandatos prohibitivos, a saber:
a) no intromisión,
b) no dependencia, y;
c) no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros.(33)
40. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes y se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión.
41. La dependencia, por su parte, conforma el siguiente nivel de violación al citado principio y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un Poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma.
42. Mientras que la subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un Poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del Poder subordinante.
43. En relación con lo anterior, es menester indicar que al resolver la controversia constitucional 31/2006,(34) el Pleno de este Alto Tribunal determinó que el principio de división de poderes y las prohibiciones que conlleva son aplicables a los casos en los que intervengan órganos constitucionales autónomos, ya que éstos se han venido generando en el orden jurídico nacional, otorgándoseles expresamente funciones específicas, quedando así atrás la tradicional división tripartita de poderes. Ello en virtud de que, por su naturaleza constitucional autónoma, este tipo de órganos no pertenecen a ninguno de los tres poderes tradicionales, pero no por ello pueden quedar indefensos ante cualquier probabilidad de invasión en su esfera de competencias.
44. Al respecto, conviene señalar que el Constituyente Permanente Local incorporó en el artículo 23-A de la Constitución de Morelos la creación de un organismo público autónomo imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de todas las personas.(35)
45. Precisado lo anterior, corresponde analizar el concepto de invalidez planteado, relativo a que el decreto impugnado vulnera la independencia y la autonomía presupuestaria del Instituto actor, toda vez que el Poder Legislativo del Estado de Morelos otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, sin transferirle los recursos económicos necesarios y suficientes para cumplir con esa obligación.
46. De ahí, que esta Segunda Sala considera que el decreto impugnado, en efecto, lesiona la independencia del Instituto actor en el grado más grave (subordinación) y, por ende, transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal, pues a través de él, el Poder Legislativo del Estado de Morelos, dispuso de los recursos presupuestales de otro órgano sin que le haya otorgado algún tipo de participación y, sobre todo, sin que haya generado, de manera previa, las condiciones legales y materiales necesarias y suficientes para que el Instituto actor pudiera hacer frente a esa carga.
47. Además, si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores a obtener este tipo de pensiones, los requisitos que deben cubrirse para ello y la facultad por parte del Congreso local de autorizarla mediante decreto, lo cierto es que no define cómo deben financiarse esas pensiones, ni, en su caso, cómo se distribuirán las cargas respectivas entre las distintas instituciones para las que haya laborado el servidor público, ni mucho menos autoriza al citado Congreso a imponer la obligación del pago de las pensiones sin haber otorgado, de manera previa, los recursos presupuestales suficientes al Poder u órgano correspondiente para que éste pueda cubrir las pensiones a los servidores públicos que estén en sus respectivas nóminas al momento de generar el derecho a recibir su pensión.
48. Esta Segunda Sala considera que, precisamente, tal indefinición torna inconstitucional al decreto impugnado; máxime que, de conformidad con lo establecido en los artículos 32(36) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 61, fracción II,(37) de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, dicho órgano legislativo es el encargado de revisar, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Gobierno estatal y, por ende, correspondería a dicha legislatura establecer y autorizar las partidas presupuestarias correspondientes a fin de satisfacer la obligación que tiene el Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, así como de distribuir las cargas financieras dependiendo de qué Poder, poderes, órgano u órganos fueron patrones de la persona pensionista y por cuánto tiempo, pues es el propio Congreso quien cuenta con la información necesaria para ello en términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
49. Por otra parte, no pasa inadvertido que el Instituto actor relató en su demanda que en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6267 de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, el Congreso local aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno estatal para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, en el que se asignó al Instituto actor la cantidad de $25’000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 moneda nacional) de los cuales etiquetó la cantidad de $7’663,114.50 (siete millones seiscientos sesenta y tres mil ciento catorce pesos 50/100 moneda nacional) para el pago de diversa sentencia de amparo.
50. Sin embargo, la asignación presupuestal al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística no acredita por sí, que el Congreso de esa entidad transfirió los recursos económicos específicos para que el Instituto actor cumpla a cabalidad con la obligación impuesta con motivo del decreto impugnado, ni tampoco que aquellos resulten efectivamente suficientes para tal efecto.
51. Máxime que, como se ha sostenido a lo largo de la presente sentencia, la inconstitucionalidad del artículo impugnado tiene su origen en la violación al principio de división de poderes, puesto que el Congreso del Estado de Morelos ejerció, de facto, una acción de subordinación, siendo que el Instituto actor, como órgano constitucional autónomo, es el único facultado para administrar, manejar y aplicar el presupuesto que le es asignado, por lo que la injerencia en tales
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33489-d79a8131/i-controversia-constitucional-el-instituto-morelense-de-informacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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