I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER LOCAL CUANDO CONSIDERE QUE VIOLAN EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE OCUPE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTE (ARTÍCULO 32, FRACCIONES I Y II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA LEY LOCAL VULNERA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 31, 43, 84, 93, 124, 131, 157 Y QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 24, 25, 26, 30, 41, 42, 54, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIONES III, IV Y V, 55, 89, 135 Y 143, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA UN ACTO OMISIVO CONCRETO EN LUGAR DE UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL Y ABSTRACTA O UNA VERDADERA OMISIÓN LEGISLATIVA (ARTÍCULOS 78, 79, 80, 87 Y 90 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA QUE OMITEN OTORGAR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ESA ENTIDAD UN PRESUPUESTO ADECUADO Y SUFICIENTE PARA SU FUNCIONAMIENTO EFECTIVO). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CONTRA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA PARCIAL RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS (ARTÍCULOS 78, 79, 80, 87 Y 90 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA QUE OMITEN ESTABLECER EXPRESAMENTE EN LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CONSISTENTE EN OTORGAR UN PRESUPUESTO ADECUADO A LOS ÓRGANOS GARANTES LOCALES). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS (ARTÍCULOS 54 Y 90 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL EN LA QUE ADUCE LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDADA POR CONSIDERAR QUE LA NORMA IMPUGNADA NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO, TODA VEZ QUE SU REFORMA IMPLICÓ UN CAMBIO DE SENTIDO NORMATIVO (ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA). XI. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. FINALIDADES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE. XII. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXPEDIR LAS LEYES GENERALES REGLAMENTARIAS QUE DESARROLLEN LOS PRINCIPIOS Y BASES EN LA MATERIA CON EL PROPÓSITO DE CREAR UN DISEÑO INSTITUCIONAL Y PROCESAL UNIFORME PARA TODOS LOS ÁMBITOS DE GOBIERNO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-S, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XIII. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS CUENTAN CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA LEGISLAR E INSTITUIR UN ÓRGANO GARANTE EN EL ÁMBITO LOCAL, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS REGLAS, PRINCIPIOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y, EN GENERAL, CON LOS MECANISMOS EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SE PREVÉN CONSTIT
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 143/2021 Y SU ACUMULADA 144/2021. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) E INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA (IAIP). 22 DE AGOSTO DE 2024. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: FRIDA RODRÍGUEZ CRUZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP), promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el cuatro de septiembre de dos mil veintiuno.
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar la constitucionalidad de los artículos 54, 78, 79, 80, 87 y 90, así como el artículo Cuarto transitorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
1. Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 143/2021 y su acumulada 144/2021, promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP), respectivamente, en contra de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el cuatro de septiembre de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.
2. Demandas. El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el cual se expide Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, específicamente en relación con los artículos 24, 25, 26, 30, 41, 42, 43, 54, fracciones III, IV y V, 55, 135, 143, párrafo último y Cuarto transitorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de septiembre de dos mil veintiuno.
3. Por su parte, el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, la representante legal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP) promovió acción de inconstitucionalidad en contra del decreto señalado en el párrafo que antecede y, en específico, de los artículos 31, 54, 55, 78, 79, 80, 84, 87, 89, 90, 93, 124, 131, 157, Cuarto y Quinto transitorios, así como determinadas omisiones.(1)
4. Al respecto, tanto el INAI como el IAIP, en general, estimaron como principios constitucionales violados los previstos en los artículos 1°; 6, apartado A, fracciones I, II, III, IV y VIII; 14; 16; 49; 73, fracción XXIX-S; 108; 109; 110; 111; 113; 116, párrafos primero y segundo, fracción VIII; 123; 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General).
5. Conceptos de invalidez. El INAI planteó los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. Los artículos 24, 25, 26 y 30 de la ley impugnada resultan contrarios a los principios previstos en los numerales 1, 6 y 16 de la Constitución Federal al omitir establecer obligaciones de transparencia para determinados sujetos obligados (Fiscalía General, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Tribunal Electoral y Municipios), con lo cual se provoca una regresión que afecta el derecho de acceso a la información, a pesar de no haber sido previstas como obligatorias por la Ley General de la materia. Esto, porque al ser la transparencia un principio constitucional, se traduce en la obligación que rige el actuar de todas las autoridades sobre la publicidad de los actos relacionados con el ejercicio público y dar acceso a la información que generen.
En este sentido, la supresión de ciertas obligaciones a cargo de sujetos obligados se traduce en una violación al principio de progresividad de un derecho humano relativas a dar publicidad a: 1) estadísticas respecto de las carpetas de investigación e índices delictivos por parte de la Fiscalía Estatal; 2) acuerdos y calendario que emita el Tribunal Electoral del Estado; 3) los resultados y declaraciones de validez, así como auditorías a partidos políticos por parte del Instituto Estatal Electoral; y 4) información relativa a usuarios, cuotas, inversiones y montos de pago de servicios relacionados con el suministro de agua por parte de los municipios.
Segundo. Se actualiza la invasión a la esfera de competencias de la autoridad encargada de la sustanciación de las responsabilidades administrativas, por lo que los artículos 41 y 42 de la ley local son violatorios de los numerales 108, 109 y 114 de la Constitución Federal, puesto que el Observatorio Público local tendrá conocimiento del incumplimiento de las normas y principios de buen gobierno e integrar un expediente que, posteriormente, enviará al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción para que determine y aplique la sanción que corresponda.
Sin embargo, dicho sistema no cuenta con facultades para sancionar, sino sólo para detectar áreas de oportunidad en la materia para, finalmente, establecer políticas públicas contra la corrupción y que se conforma por un Comité Coordinador que establece mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema estatal y, a su vez, con el sistema nacional anticorrupción, que tendrá a su cargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción y por un Comité de Participación Ciudadana cuya principal atribución es coadyuvar el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador.
En este sentido, lo establecido por el precepto en comento es contrario a la Constitución Federal, pues conforme a su artículo 109, fracción III, la función sancionatoria corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos internos de control y a los tribunales de justicia administrativa.
Tercero. El artículo 55 de la ley combatida es contrario a los artículos 6°, 16, 73, fracción XXIX-S, 116, fracción VIII, 124 y 133 de la Constitución Federal, al exceder del plazo de 5 años previsto en el diverso 101 de la Ley General para la publicidad de documentos clasificados como reservados y que puede prorrogarse por 5 años más cuando el Comité de Transparencia de cada Sujeto Obligado justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación mediante la aplicación de una prueba de daño. Esto es, la ley local establece un plazo de 10 años que puede prorrogarse por 5 años más, excediendo el límite establecido por la Ley General.
Cuarto. El artículo 135 de la ley local es inconstitucional por establecer causales de improcedencia a las solicitudes de acceso a la información fuera de las autorizadas por la Ley General, con lo cual se contraviene lo previsto en la Constitución Federal, porque al prever que las unidades de transparencia de Oaxaca no estarán obligadas a dar trámite a solicitudes ofensivas o cuando hayan entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona, se restringe de manera injustificada el acceso a la información pública, conforme al Título Séptimo de la Ley General; mientras que la negativa a dar trámite a solicitudes que sean ofensivas o información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona se trata de condiciones sin sustento jurídico ni definición que no protegen efectivamente el ejercicio del derecho de acceso a la información y que constituyen requisitos que exceden lo previsto en la Ley General.
Quinto. El artículo Cuarto transitorio es inconstitucional por violar el principio de inamovilidad o inmunidad y, con ello, el de autonomía del órgano garante local, al prever que el Congreso Estatal deberá nombrar dentro de un plazo de treinta días a los comisionados integrantes del nuevo órgano garante local a partir de la entrada en vigor de la ley impugnada, por lo que el plazo del cinco de septiembre al cuatro de octubre de dos mil veintiuno viola lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracciones IV y VIII, párrafos primero y décimo; 116, fracción VIII; 108; 109; 110; 111 y 113 de la Constitución.
Es así, pues el precepto ordena nombrar a nuevos comisionados sin tomar en consideración que actualmente el organismo garante se encuentra integrado por dos comisionados que para el cuatro de octubre seguirán en su encargo y, por tanto, contraviniendo el principio de inamovilidad e inmunidad prevista en la Constitución al no estar previsto en los artículos 6° y 116 que la expedición o reforma a las constituciones locales sean causas de remoción de los comisionados del organismo garante local.
De igual manera, el artículo Cuarto transitorio viola lo previsto en el artículo 39 de la Ley General, por establecer una causa de remoción anticipada de los actuales comisionados y violando la garantía institucional de autonomía de los órganos constitucionales autónomos como lo prevén las tesis 2a. CLXVI/2017, 1a. CCXXI/2014, P./J. 115/2009 y P./J. 15/2006.
Finalmente, el precepto es inconstitucional porque debilita la autonomía constitucional reconocida del organismo garante al intervenir en la estructura del actual órgano y, con ello, violenta los derechos humanos de las personas que tiene encomendado salvaguardar tal como lo señalan los criterios P./J. 103/2000 y P./J. 106/2000.
Sexto. El artículo 54, fracciones III, IV y V, de la ley local establece causales de reserva que limitan injustificadamente el derecho de acceso a la información pública al prever, por una parte, que sólo podrá ser restringido excepcionalmente cuando por razones de interés público sea clasificada como reservada, entre otras, cuando se trate de la que menoscabe la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; se entrega al Estado Mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto por violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; o dañe la estabilidad económica y financiera del Estado y municipios.
Estas disposiciones se refieren a información que es imposible que las autoridades locales detenten, puesto que para tener la información que pueda menoscabar negociaciones y relaciones internacionales o información entregada al Estado Mexicano con carácter de confidencial sería necesario tener competencia para celebrar este tipo de negociaciones y relaciones de derecho internacional que sólo tiene conferidas la Federación.
De hecho, la Ley General sólo previó en su artículo 113, fracción IV, la reserva relativa a la información que pudiera afectar la efectividad de medidas relacionadas con políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero, con lo cual la previsión genérica prevista en el artículo 54 de la ley local limita el derecho a la información de forma excesiva e injustificada.
Séptimo. El artículo 143, párrafo último, de la ley local transgrede lo previsto en los numerales 13, 21 y 146 de la Ley General y, por tanto, viola los diversos 6°, 14, 16, 73, fracción XXIX-S, y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal. Lo anterior, toda vez que el artículo 143 de la Ley local aumenta el plazo improrrogable previsto por la Ley General para la resolución de los recursos de revisión y, con ello, transgrede el derecho de acceso a la información que, a su vez, implica una violación al parámetro de validez constitucional.
6. Por su parte, el IAIP sostuvo los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. El artículo 54 de la ley local es contrario a los numerales 1°, 6°, apartado A, fracciones IV y VIII, 14, 16, 73, fracción XXIX-S, 116, fracción VIII, 124 y 133 de la Constitución Federal, al omitir establecer como supuesto para clasificar la información como reservada aquel relativo a los expedientes de las denuncias y procedimientos de juicio político que se lleven a cabo ante el Congreso del Estado, que sí se preveía en la fracción XIII del artículo 49 de la Ley derogada.
La finalidad de clasificar la información contenida en los expedientes de las denuncias y procedimientos de juicio político como reservada es la de proteger los asuntos de interés general que se pueden ver afectados por la divulgación de dicha información. Así, al no contemplarse dicho supuesto, se obstruye el procedimiento para fincar las sanciones consistentes en la destitución de los servidores públicos y, en su caso, inhabilitación para desempeñar sus funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
Segundo. El artículo 55 de la ley local resulta inconstitucional al aumentar el periodo de reserva de cinco a diez años, con la posibilidad de ampliar por un plazo de cinco años adicionales. De esta manera, el plazo previsto por la ley local es mayor al previsto en la Ley General, que sostiene que la información clasificada como reservada podrá permanecer con tal carácter por un periodo de cinco años y, de manera excepcional, podrá ampliarse por cinco años más.
La ley local tampoco toma en cuenta el plazo máximo de doce años señalado por el artículo 41 de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, que fue establecido precisamente para cumplir con la obligación de hacer pública la información y no ocultar documentos por parte de las autoridades con la excusa de un plazo de reserva tan largo. Así, al establecer un plazo mayor a este y al previsto por la Ley General, la ley local resulta contraria a dichos ordenamientos y violatoria de los preceptos constitucionales mencionados.
Tercero. El artículo 90 de la ley local es inconstitucional, en tanto no establece un esquema de colaboración entre poderes para la designación de los Comisionados, pues dispone que su designación estará a cargo del Congreso del Estado con facultad soberana, sin establecer la participación del Poder Ejecutivo del Estado en el procedimiento de designación relativo.
Cuarto. El artículo Cuarto Transitorio es inconstitucional, por cuanto prevé la remoción de los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca sin mediar el procedimiento establecido por la Ley General en su artículo 39 que, a su vez, remite a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Federal.
En ese sentido, la ley local hace caso omiso a lo dispuesto en la Constitución Federal y en la Ley General, en tanto no establece las causas ni supuestos de remoción y se limita a establecer que se designarán cinco nuevas personas comisionadas, en sustitución a las que actualmente se encuentran en funciones por designación de la actual legislatura, sin que medie juicio político para su remoción. Lo anterior, resulta violatorio de la autonomía del organismo garante local e inobserva el principio de permanencia, inamovilidad e independencia con los que el legislador federal invistió al cargo de Comisionado, determinando que únicamente podrían ser removidos por los procedimientos establecidos en los artículos 110 y 111 constitucionales.
El procedimiento previsto en la Constitución busca evitar cualquier tipo de intromisión y fungir como garantía constitucional de estabilidad y libertad de criterio al funcionario frente a cualquier posible represalia por motivo de sus determinaciones. En consecuencia, el artículo Cuarto Transitorio de la ley local resulta contrario al principio de progresividad contenido en el artículo 1 constitucional, pues la única vía para remover a los comisionados es mediante el juicio político establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución local.
Asimismo, la remoción de los comisionados viola el principio de inamovilidad establecido en el apartado C del párrafo quinto del artículo 114 de la Constitución local e inobserva el procedimiento que para ese efecto prevén los artículos 115, 116 y 117 del mismo ordenamiento (juicio político).
Por otro lado, el artículo transitorio en cuestión impacta de manera negativa en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, al extinguir al órgano responsable de garantizar la observancia del artículo 6 constitucional, sin prever una continuidad institucional y procedimental por un plazo determinado ni la sustitución del ente o la subrogación en sus obligaciones, como alternativas de solución, afectando con ello el ejercicio y protección de los derechos en la materia, así como la continuación de los procedimientos iniciados. Asimismo, la norma prevé cambios estructurales que inevitablemente afectan el presupuesto asignado al Instituto, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del mismo.
En suma, el artículo Cuarto Transitorio viola el principio de división de poderes, por la indebida remoción de los miembros del Instituto. Lo anterior, toda vez que la norma constituye una intromisión indebida en la integración del órgano constitucional autónomo del Estado de Oaxaca, al remover a los Comisionados de manera previa a la conclusión de su nombramiento.
Quinto. El artículo Cuarto Transitorio es inconstitucional en cuanto no establece un presupuesto suficiente y efectivo para cumplir con las funciones y atribuciones de la ley local impugnada, al tiempo que prevé la remoción de los Comisionados del Instituto, sin mediar el procedimiento establecido en la Ley General de la materia.
Los artículos 78, 79, 80, 87, 89 y 90 de la ley local, son omisos en prever la obligación a la que refiere el artículo 40 de la Ley General de la Materia, consistente en que el Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a los organismos garantes para su funcionamiento efectivo. Lo anterior atenta contra el principio de autonomía del organismo público, sumado al hecho de que el numeral 93 de la ley local aumentó las atribuciones y facultades del órgano garante, sin establecer la obligación de que dicho órgano recibiera el aumento presupuestal necesario para cumplir con ello.
En consecuencia, se actualiza una invasión directa por parte del Congreso del Estado de Oaxaca a la esfera de competencias constitucionales del IAIP, en tanto viola su autonomía presupuestaria y, con ello, los principios de división de poderes, control del ejercicio del gasto público, certeza y legalidad jurídicas. Lo anterior, toda vez que la ley impugnada aumenta el número de comisionados, sin establecer el aumento presupuestal necesario para ello.
7. Admisión y trámite. Por acuerdos de seis y siete de octubre de dos mil veintiuno, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró las acciones de inconstitucionalidad bajo los expedientes 143/2021 (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y 144/2021 (Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca), decretando su acumulación y designando como instructor al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
8. Atento a lo anterior, por proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite ambas demandas de inconstitucionalidad, y tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca como las entidades que emitieron y promulgaron la ley impugnada; asimismo, entre otros aspectos, solicitó el informe a estas autoridades, le dio vista del asunto a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal. 9. Informes del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Presidenta de Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado rindió dos informes, a cargo del Poder Legislativo, en los que manifestó que los artículos combatidos son constitucionales y que los conceptos de validez hechos valer por los institutos accionantes son infundados, al considerar que:
• El Poder Legislativo local no transgrede ninguna disposición constitucional con la emisión del Decreto 2582, por el que se expide la Ley local.
• No asiste derecho al INAI para solicitar la invalidez de los artículos 24, 25, 26, 30, 41, 42, 43, 54, fracciones III, IV y V, 55, 135, 143 y Cuarto transitorio de la Ley local, ni al IAIP para solicitar la invalidez de los artículos 31, 54, 55, 78, 84, 89, 93, 124, 131, 157, Cuarto y Quinto transitorios de la Ley local, toda vez que las citadas disposiciones armonizan con los parámetros de acceso a la información y protección de datos personales contenidos en el artículo 6° constitucional.
• La pretensión de la parte actora es improcedente respecto de la invalidez de los artículos 54 y 90 reclamados, en tanto que en acciones de inconstitucionalidad no es factible impugnar omisiones legislativas.
• La acción de inconstitucionalidad es improcedente, pues el IAIP reclama en su quinto concepto de invalidez una omisión legislativa de establecer un presupuesto suficiente y efectivo para cumplir con las funciones y atribuciones de la ley impugnada.
• Respecto del artículo 90, su impugnación es improcedente porque no se trata de un nuevo acto legislativo, en tanto que en el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca abrogada también se preveía que la designación de las personas comisionadas estaría a cargo del Congreso del Estado.
• De los fines legales que sustentan la expedición de la ley local se desprende que el Poder Legislativo, en uso de la libertad de configuración legislativa que le asiste, amplía el derecho constitucional de acceso a la información pública y protección de datos personales, en consonancia con el artículo 6 de la Constitución Federal y la Ley General de la materia, razón por la cual deben determinarse infundados los conceptos de invalidez que formula el INAI.
10. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, en representación del Poder Ejecutivo local, en su informe sostuvo que es cierto el acto que se le atribuye a dicho poder, debido a que efectivamente promulgó y publicó el decreto legislativo mediante el que se expidió la ley local impugnada.
11. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Estas autoridades no emitieron manifestación alguna en relación con la acción de inconstitucionalidad que se analiza.
12. Cierre de la instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente y sin que las partes hayan formulado alegatos, por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós y con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción del asunto, así como el envío del expediente para la elaboración del proyecto de resolución.
13. Informe del OGAIPO. A través del oficio OGAIPO/PRESIDENCIA/0437/2023, recibido en este Alto Tribunal el ocho de mayo de dos mil veintitrés, el Comisionado Presidente del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca hizo del conocimiento de este Alto Tribunal que mediante Decreto 1078, publicado el uno de abril de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el órgano legislativo local reformó los artículos 24, fracción II y III, 30, fracción XVII, 31, 43, 54, párrafo segundo, 55, 84, 89, párrafo primero, 93, fracción I, inciso d), 106, fracción XIX, 124, 143, párrafo primero, 157, párrafo segundo y 172.
14. Asimismo, se adicionaron las fracciones IV, V y VI, recorriéndose la subsecuente al artículo 25, las fracciones XI y XII, recorriéndose las subsecuentes al artículo 26, la fracción XVIII, recorriéndose la subsecuente al artículo 30, y un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 89 y se derogan los artículos 41, 42, 54, fracciones III, IV y V, 96, fracción XVII, 97, fracción X, 135, y 143, párrafo tercero.
I. COMPETENCIA
15. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución General y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que se planteó la posible contradicción entre diversos artículos de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, y la Constitución General.
II. OPORTUNIDAD
16. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General,(2) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
17. El Decreto número 2582 por el cual se aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, fue publicado el cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo legal para promover la presente acción transcurrió entre el cinco de septiembre al cuatro de octubre de dos mil veintiuno.
18. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales presentó su escrito el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, de ahí que fue presentado dentro del plazo.
19. Por otra parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca presentó su demanda el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, por lo que su demanda también es oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
20. El artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) dispone que el organismo garante que establece el artículo 6° constitucional, así como los organismos equivalentes en las entidades federativas, están legitimados para promover acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por las legislaturas locales que vulneren el derecho a la información pública y la protección de datos personales.
21. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero,(4) en relación con el 59,(5) ambos de la ley reglamentaria de la materia, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de las y los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
22. Ahora bien, el artículo 32, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,(6) establece como atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos la representación legal del mismo para realizar los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
23. Luego, la acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, calidad que acredita con la copia certificada de la credencial expedida por el INAI, por lo que se concluye que el funcionario cuenta con la personería para accionar el medio de control constitucional.
24. Por otra parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, también está legitimado para promover la presente acción de inconstitucionalidad, pues considera que diversas disposiciones de la ley local vulneran la protección de datos personales.
25. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por María Antonieta Velásquez Chagoya, en su carácter de representante legal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, quien acreditó su personalidad de Comisionada Presidenta mediante copia certificada de su credencial del instituto, copia certificada del acta de nombramiento número 5570, volumen 134, letra K, del primero de septiembre de dos mil dieciocho y copia certificada del acta de la segunda sesión solemne del Instituto de fecha cinco de mayo de dos mil veinte.
26. Además, el artículo 94(7) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, establece como atribuciones a la persona Comisionada Presidenta del referido instituto estatal, la representación legal del mismo. En consecuencia, se debe concluir que la funcionaria María Antonieta Velásquez Chagoya cuenta la personería en el proceso para representar al instituto local accionante en la acción de inconstitucionalidad.
27. En virtud de lo anterior, este Tribunal Pleno considera que el medio de control de constitucionalidad fue promovido por órganos legitimados constitucionalmente y presentados por sus debidos representantes y funcionarios.
IV. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
28. Del análisis de los escritos presentados por los entes actores, este Tribunal Pleno ad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33495-029e6106/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-instituto-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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