DAÑO PUNITIVO. NO ES NECESARIO QUE SE DEMANDE EXPRESAMENTE PARA QUE LA PERSONA JUZGADORA IMPONGA UNA CONDENA POR ESTE CONCEPTO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1057/2023. 29 DE NOVIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Antecedentes: el veinticinco de noviembre de dos mil quince, tres operadores de una pipa acudieron a un restaurante a surtir gas licuado de petróleo en el tanque estacionario. Durante ese servicio se generó una explosión, como consecuencia de la caída de la manguera suministradora, lo que provocó que un trabajador del restaurante que se encontraba en la cocina resultara lesionado por quemaduras en el 30% (treinta por ciento) de su superficie corporal.
Por lo anterior, el trabajador demandó a la empresa gasera y a su aseguradora, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción de responsabilidad civil subjetiva, el pago de una indemnización por daños físicos-orgánicos, otra por incapacidad y una más por daño moral, entre otras prestaciones.
El Juez declaró procedente únicamente el pago de la indemnización por incapacidad demandada, pero absolvió a las empresas demandadas del pago de las restantes pretensiones. En relación con la indemnización por daño moral, determinó que era improcedente porque el accionante no demostró las afectaciones a su tranquilidad ni las angustias derivadas del accidente.
Inconforme con esa determinación, el actor interpuso un recurso de apelación. El Tribunal de Alzada modificó la sentencia apelada para también condenar a las empresas demandadas a pagar –entre otras prestaciones– una indemnización por daño moral por una cantidad de pesos, al advertir que la víctima cuenta con diversas cicatrices derivadas de la explosión que no le permiten llevar su vida como cotidianamente lo hacía.
En contra de la sentencia de apelación, ambas partes promovieron sendos juicios de amparo directo, en los que, por un lado, el Tribunal Colegiado negó la protección constitucional a las empresas quejosas y, por otro, la concedió en favor de la víctima, al considerar que la autoridad responsable no fundó ni motivó debidamente el monto a pagar por concepto de indemnización por daño moral.
La Sala de apelación dictó una nueva resolución en la que, después de pronunciarse respecto de los factores señalados en el fallo protector para efectos de cuantificar el monto por concepto de indemnización por daño moral, volvió a concluir que una cantidad de pesos era una suma prudente.
En desacuerdo con esa decisión, la víctima promovió un nuevo juicio de amparo directo, en el cual señaló que la indemnización no fue debidamente cuantificada ya que –entre otros aspectos– la Sala no se pronunció en relación con la faceta punitiva y resarcitoria del daño moral. Al respecto, el Tribunal Colegiado determinó que tal faceta no podía ser motivo de estudio, porque los daños punitivos no se reclamaron desde un inicio.
Inconforme con esa decisión, el quejoso interpuso el presente recurso de revisión.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés emite la siguiente
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1057/2023, interpuesto en contra de la sentencia de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 104/2022, en la que se negó la protección constitucional a la parte quejosa, Persona A.
El problema jurídico que debe resolverse, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, se centra en determinar si conforme a la doctrina constitucional que esta Primera Sala ha establecido respecto al derecho a una justa indemnización y a la procedencia de los daños punitivos, fue correcta la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado en el sentido de que este tipo de daños se deben reclamar como pretensión autónoma al daño moral o si, por el contrario, constituyen un factor que debe analizarse al cuantificar la indemnización por el daño moral.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Antecedentes.(1) Nombre de la gasera (en adelante gasera, conforme a su nombre comercial) es una empresa dedicada al almacenamiento, transportación, distribución, comercialización y suministro de gas licuado de petróleo, con presencia en dieciocho Estados de la República Mexicana.
2. El gas licuado de petróleo es una sustancia inflamable, tóxica y explosiva, con alto grado de probabilidad de provocar graves daños personales, ambientales y materiales, por lo cual está incluido como sustancia peligrosa en la NOM-002-SCT/2011 "Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados"(2) y su manejo está clasificado como una actividad altamente riesgosa por la Secretaría de Gobernación. De ahí que, para realizar sus actividades, la Gasera cuenta con el permiso número de permiso expedido por la Secretaría de Energía.
3. La Gasera tiene celebrado con Nombre de la aseguradora, sociedad anónima de capital variable (en adelante la aseguradora) un contrato de seguro contra responsabilidad, mediante el cual la aseguradora se obligó a indemnizar los daños causados a terceros por la empresa gasera. Con motivo de ese acuerdo, se expidió la póliza número de póliza.
4. Siniestro. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, una pipa de la Gasera, con tres operadores, pretendía surtir gas licuado de petróleo en el tanque de gas estacionario localizado en la azotea del restaurante Nombre del restaurante (en adelante el restaurante), ubicado en Nombre de la calle, número, Nombre de la colonia, Nombre de una Delegación, Nombre de una entidad federativa. Durante la prestación de ese servicio se generó una explosión por inflamación de la mencionada sustancia peligrosa, como consecuencia de la caída de la manguera que suministraba el gas al interior del restaurante.
5. El siniestro ocurrió mientras Persona A preparaba masa para alimentos en la cocina del restaurante. La explosión le ocasionó quemaduras en el 30% (treinta por ciento) de su superficie corporal, lo que hizo necesario su traslado al Nombre del hospital. El veintiocho de noviembre siguiente ingresó al Nombre del hospital para seguir con su atención médica. Finalmente, el dieciocho de diciembre de la misma anualidad regresó a su hogar para continuar con su recuperación.
6. Juicio ordinario civil (expediente primer número de expediente). El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el señor Persona A demandó a la Gasera y a la Aseguradora, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción de responsabilidad civil subjetiva, las siguientes prestaciones:
• Indemnización por daños físicos-orgánicos.(3)
• Indemnización por incapacidad.
• Indemnización por daño moral por una cantidad no menor a una cantidad de pesos.
• El pago de intereses sobre las cantidades reclamadas; y,
• El pago de gastos y costas.
7. De la demanda correspondió conocer al Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, quien ordenó su registro con el número primer número de expediente, la admitió a trámite y mandó emplazar a los codemandados.
8. Contestación a la demanda. La Aseguradora –por conducto de su apoderado–(4) dio contestación a la demanda y opuso como excepciones y defensas la de falta de acción y derecho, por no haberse acreditado ningún tipo de responsabilidad. A su vez, la Gasera –por conducto de su apoderada–(5) opuso las mismas excepciones y defensas que la aseguradora y manifestó que no existían elementos contundentes para atribuirle la responsabilidad del accidente.
9. Sentencia de primera instancia. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia definitiva en la que, por un lado, se condenó a la Gasera y a la Aseguradora a pagar una indemnización por incapacidad al señor Persona A; y, por otro, se les absolvió del pago de las demás indemnizaciones reclamadas. En lo que respecta a la indemnización por daño moral se consideró que el actor no demostró con una pericial en materia de psicología o psiquiatría que la explosión le hubiera generado angustia e intranquilidad o alguna otra secuela, lo cual era necesario para acreditar la procedencia de esa prestación.
10. Recurso de apelación (toca segundo número de expediente). Inconforme, Persona A interpuso un recurso de apelación, del que tocó conocer a la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Tribunal de Alzada modificó la sentencia recurrida, para condenar a la Gasera y a la Aseguradora a pagar una indemnización por:
• Daño físico orgánico, equivalente a la terapía de rehabilitación física y el tratamiento de cirugía estética reconstructiva, así como el tratamiento farmacológico necesario para tratar el dolor neuropático que presenta el actor.
• Daño físico orgánico equivalente al 12% (doce por ciento), por las cicatrices ocasionadas de acuerdo con lo estipulado y siguiendo los lineamientos establecidos en la Tabla de Valuación de Incapacidades, en términos de la Ley Federal del Trabajo.
• Incapacidad equivalente al 12% (doce por ciento), por la pérdida de la movilidad en el hombro derecho de acuerdo con la Tabla de Valuación de Incapacidades, contemplada en la Ley Federal del Trabajo.
• Daño moral por una cantidad de pesos.
11. La Sala Civil consideró que la condena por daño moral era procedente ya que, por una parte, del conjunto de indicios que obran en el expediente se obtenía que la explosión se originó por acumulación de gas en contacto con alguna fuente de calor no identificada, ocasionada por la caída de la manguera surtidora de gas, debido a un error humano de los empleados de la Gasera.
12. Y, por otra parte, señaló que estaba acreditado que como consecuencia de esa explosión el señor Persona A sufrió una pérdida en un 12% (doce por ciento) de su función motora, aunado a que cuenta con diversas cicatrices en su cara, tórax y brazos que no le permiten llevar su vida como cotidianamente lo hacía. Por lo tanto, la Sala Civil determinó que la explosión ocasionó al actor secuelas en su integridad y aspecto físico, las cuales afectaban sus sentimientos y la consideración que los demás tenían respecto de él.
13. Primeros juicios de amparo directo (expedientes 310/2021-13 y 347/2021-13). En contra de esa determinación, Persona A, la Gasera y la Aseguradora promovieron sendos juicios de amparo directo. De las demandas correspondió conocer al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo presidente ordenó su registro con los números 347/2021 y 310/2021, respectivamente y las admitió a trámite.
14. En la sesión celebrada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado dictó las sentencias correspondientes en las que, por un lado, concedió la protección constitucional al señor Persona A al considerar –entre otros aspectos– que la Sala responsable no fundó ni motivó debidamente el monto a pagar por concepto de indemnización por daño moral, pues para fijar esa condena debía atenderse: i) el tipo de derecho o interés lesionado, ii) la existencia del daño y su nivel de gravedad, iii) los gastos derivados y pendientes de erogar, iv) el grado de responsabilidad, v) la situación económica de las responsables y vi) la fase punitiva y resarcitoria.
15. Ante ello, en la parte que interesa al caso, se concedió la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dictara otra en la que:
"[E]n estricto acatamiento al principio de fundamentación y motivación, exponga las razones objetivas que lleven al convencimiento pleno que el monto de la condena por indemnización de daño moral es acorde con las circunstancias del caso, previa valoración de las pruebas aportadas en juicio; y posteriormente siguiendo los parámetros establecidos en la tesis 1a CCLV/2014 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(6), resuelva en cuanto al fondo con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda, observando únicamente que en caso de modificar su decisión la condena no puede ser menor al millón de pesos a que ya había condenado con base en el principio de non reformatio in peius, que implica no empeorar la situación del quejoso.".
16. Por otro lado, negó la protección constitucional a la Gasera y a la Aseguradora, al considerar que sus conceptos de violación eran inoperantes porque combatían problemáticas analizadas en el relacionado juicio de amparo directo promovido por Persona A, tales como la condena y la cuantificación por concepto de daño moral.
17. Sentencia en cumplimiento (toca segundo número de expediente). En cumplimiento al fallo protector, el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó una nueva sentencia en la que, en relación con la cuantificación por concepto de daño moral, reiteró que acorde a las circunstancias del caso el monto de la indemnización debía ser el equivalente a una cantidad de pesos. Para sostener tal determinación analizó los tópicos siguientes:
• Tipo de derecho o interés lesionado. Consideró que el derecho lesionado era el de la salud física y mental y, por lo tanto, mediante la indemnización por daño moral se buscaba resarcir el menoscabo en los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, configuración de aspectos físicos del señor Persona A, porque la explosión trastornó sus derechos inicialmente señalados.
• Existencia del daño y su nivel de gravedad (leve, medio o grave). Con base en los medios de prueba aportados al juicio de origen, consideró que el daño ocasionado quedó plenamente acreditado, el cual calificó como grave, pues afectó la movilidad del brazo derecho del señor Persona A y le dejó cicatrices de amplitud y profundidad considerables en su tórax, brazos y cara, cuya afectación es de mayor trascendencia por la importancia que implica para la consideración propia y la que los demás tienen de una persona.
• Importancia de los derechos lesionados. Se determinó que el derecho lesionado es de importancia mayor, por tratarse de la salud física y mental, que sólo se encuentra en grado de importancia por debajo del derecho a la vida.
• Gastos devengados y gastos pendientes de erogar derivados del daño moral. Se estableció que no existía evidencia que acreditara esas erogaciones.
• Grado de responsabilidad de las responsables. En relación con este tópico, se tomó en cuenta que del material probatorio se obtenía que la explosión causante de los daños al señor Persona A, se originó por un error cometido por parte de los empleados de la Gasera, quienes actuaron negligentemente al operar la pipa surtidora de gas y, por ello, dicha empresa cuenta con un grado de responsabilidad pleno.
• Situación económica de las responsables. Al respecto se consideró que la Gasera es una persona moral con actividad comercial y capacidad económica suficiente para soportar la condena que le es impuesta, la cual además busca evitar la reincidencia en actos negligentes como el que ocasionó la explosión. En lo que atañe a la asegurada, se trata de una persona moral cuya actividad comercial implica el pago recurrente de este tipo de indemnización y, por ende, debe tener la solvencia suficiente.
• Fase punitiva y resarcitoria. Los daños ocasionados al actor deben repararse mediante el pago de la indemnización equivalente a la correspondiente terapia de rehabilitación física, así como al tratamiento de cirugía estética reconstructiva recomendado y al tratamiento farmacológico correspondiente, para situar al actor en la posición física y mental más cercana posible a la que guardaba antes de la explosión. Por ende, se está en posibilidad de resarcir al señor Persona A en relación con el daño material orgánico que originó el daño moral. Lo anterior, implica una disminución en la condena que habrá de imponerse a la demandada (sic).
18. Entonces, una vez atendidos los parámetros anteriores, la Sala Civil cuantificó –de nueva cuenta–la indemnización por daño moral por una cantidad de pesos; además, indicó que esa suma era suficiente para resarcir a Persona A el daño moral ocasionado, ya que constituye una cantidad considerablemente superior a lo que generalmente gana una persona durante un año, a razón del salario mínimo diario general vigente en la Ciudad de México, por lo que con ella el apelante podrá considerarse justamente retribuido.
19. Segundo juicio de amparo directo (expediente 104/2022). En contra de la anterior resolución, Persona A promovió un nuevo juicio de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En su demanda de amparo, el señor Persona A hizo valer conceptos de violación relacionados con la condena por daño moral, en los siguientes términos:
• La sentencia reclamada trasgrede el derecho a la reparación integral del daño y a recibir una justa indemnización, pues el monto decretado por concepto de daño moral no está correctamente fundado ni motivado, ya que la Sala responsable omite razonar de manera exhaustiva y detallada todos y cada uno de los parámetros a considerar para fijarlo. Además, la suma otorgada es insuficiente para compensar los perjuicios morales infligidos y resulta insuficiente para persuadir a la Gasera a fin de que implemente las medidas de seguridad pertinentes para evitar accidentes similares en el futuro.
• La condena decretada por concepto de daño moral parte de un análisis parcial e incompleto de los parámetros contemplados en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.(7) Análisis en el que se omitió valorar diversas pruebas, hechos y circunstancias plenamente acreditadas y no se ponderaron los lineamientos que para su cuantificación estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 30/2013.(8)
• La suma de una cantidad de pesos no puede tenerse como una justa indemnización en atención a la gravedad de los daños y menos puede considerarse que con ella se vea cumplido su deseo de justicia. En su lugar debió fijarse una cantidad muy superior en atención a las particularidades del caso.
• Las afirmaciones efectuadas por la Sala responsable en relación con la fase punitiva y resarcitoria del daño moral son contrarias a derecho, pues confunde la procedencia de la acción por daños físicos-orgánicos con su estudio, cuando se trata de dos acciones diferentes e independientes entre sí.
• La procedencia de la acción por daños físicos-orgánicos no impide ni limita el estudio de la faceta punitiva y resarcitoria del daño moral, pues la finalidad de esta última es revisar la conducta lesiva, para determina la necesidad de imponer una suma adicional como efecto disuasivo.
• Lo que la Sala responsable debió analizar en relación con la faceta punitiva y resarcitoria del daño moral, eran las circunstancias en las que se produjo la conducta lesiva y definir si es conveniente decretar una suma adicional para prevenir que el causante de los daños incurra en dicha conducta en el futuro.
• También es contrario a derecho que la cuantificación del daño moral se sustente en la supuesta situación económica de la víctima, pues ese no es un factor útil para medir la calidad e intensidad del daño; es decir, la condición económica o social de la víctima no incide en aumentar o disminuir el dolor sufrido. Sostener lo contrario, llevaría a afirmar que una persona con mayores recursos económicos sufre más que una con menores recursos. 20. Sentencia recurrida. En la sesión celebrada el doce de enero de dos mil veintitrés, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó la sentencia correspondiente, en la que negó la protección constitucional a Persona A. En relación con los conceptos de violación relacionados con la cuantificación de la indemnización por daño moral, se determinó –en esencia– que:
• La Sala responsable no omitió razonar exhaustiva y detalladamente en la sentencia reclamada sobre cada uno de los parámetros del daño moral para efectos de establecer el monto de la indemnización. Esto, porque en acatamiento de la ejecutoria de amparo dictada en el amparo directo 347/2021, señaló que en términos del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal,(9) debían considerarse los factores siguientes: 1) los derechos lesionados, 2) el grado de responsabilidad, 3) la situación económica del responsable y de la víctima; y, 4) las demás circunstancias del caso.
• De la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable sí razonó sobre todos y cada uno de los parámetros del daño moral, lo cual, incluso, es acorde con los puntos que le fueron fijados en la concesión del amparo.
• Es inoperante lo alegado por el quejoso en relación con que el monto fijado como condena al pago de daño moral es inadecuado o insuficiente para compensar debidamente los perjuicios morales infligidos y que no tendrá el efecto de persuadir a la gasera para que implemente todas las medidas de seguridad a su alcance a fin de evitar accidentes similares en el futuro, pues el quejoso no combate frontalmente las consideraciones de la Sala.(10)
• El quejoso se limita a reiterar que la condena no atiende a los parámetros fijados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se hace a partir de un análisis somero, parcial e incompletos en el que se omitió valorar diversas pruebas, hechos y circunstancias, pero no específica cuáles son esas diversas pruebas hechos o circunstancias, cuya ponderación o calificación distinta hubiesen arrojado un resultado diferente.
• Es infundada la afirmación de que la Sala responsable minimizó la situación económica de las empresas demandadas al calificarlas como solventes, cuando debió declararla altísima en atención a que se demostró que la Gasera obtuvo ingresos por más de dos mil millones de pesos durante el dos mil quince y, que la aseguradora se obligó a amparar los daños que la gasera ocasionara a terceros.
• Lo anterior, porque si bien el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal establece que el monto de la indemnización lo determinará la persona juzgadora apreciando, entre otros elementos, la situación económica del responsable; lo cierto es que, dicho precepto es enunciativo y no limitativo en relación con los elementos a ponderarse. Por ello, la Sala responsable estaba en aptitud de fijar la cantidad que consideró adecuada y suficiente para resarcir el daño moral en uso de la facultad discrecional que le otorga el numeral citado y tomando en cuenta las condiciones especiales del quejoso y a las circunstancias particulares del caso.
• En relación con la faceta resarcitoria, fue correcto que la Sala considerara que los daños ocasionados al quejoso quedaron resarcidos con la indemnización por daños físicos-orgánicos, así como con la condena al pago de indemnización del daño moral. Ello, porque con la reparación del daño moral no se pretende que aquél que sufra un daño se enriquezca o lucre con dicha afectación, sino se aspira a resarcir o mitigar la afectación que en sus sentimientos sufre la víctima, con una cantidad monetaria con la que, en todo caso, pueda adquirir o allegarse de bienes que le permitan paliar de alguna manera, los sentimientos que acompañan al dolor de su fuero interno.
• Esta determinación no implica que la Sala confunda la procedencia de la acción de indemnización por daños físicos-orgánicos con el estudio de la fase resarcitoria del daño moral, sino que se dedicó a resolver exhaustivamente la instancia.
• En relación con la intención del quejoso de que el monto de la indemnización deba ser de tal importancia que incentive a la empresa gasera a implementar las medidas de seguridad para evitar daños similares, no puede ser motivo de estudio en el daño moral, porque ello en realidad se traduce en un reclamo de daños punitivos, los cuales no fueron reclamados en un inicio.
• La circunstancia de que, en el juicio de origen se condenara a las empresas demandadas al pago de daño moral, no implica que en automático se genere la obligación de resarcir el monto de los daños punitivos o ejemplificativos, pues la finalidad de estos últimos es desalentar conductas o prácticas inapropiadas desplegadas en contra de la colectividad. Por tanto, si el quejoso pretendía obtener esa condena, debió reclamar el pago de daños punitivos como prestación en su demanda, lo cual no llevó a cabo. Sostener lo contrario, implicaría dejar a la contraparte en estado de indefensión, al impedírsele allegar pruebas para desvirtuar ese reclamo.
21. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, el señor Persona A interpuso un recurso de revisión ante el tribunal colegiado de circuito que posteriormente se remitió a este alto tribunal. En síntesis, la parte recurrente hizo valer los siguientes agravios:
• Pago de daños punitivos como acción autónoma. Es incorrecto que en la sentencia recurrida se establezca que para analizar la faceta punitiva y resarcitoria como parte de la reparación integral del daño debe reclamarse desde la demanda inicial el pago de los daños punitivos de manera autónoma a la indemnización por daño moral.
• Con tal interpretación el Tribunal Colegiado de Circuito restringe injustificadamente los derechos humanos a la justa indemnización y a la reparación integral del daño ya que, en relación con la acción por daño moral, la Primera Sala del alto tribunal ha establecido que entre otros aspectos a ponderar se encuentra la faceta punitiva y resarcitoria, la cual encuentra su origen en los antecedentes legislativos que dieron lugar a la reforma del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.
• Es contrario a derecho considerar que para poder realizar el análisis de la faceta punitiva y resarcitoria del daño moral es una condición necesaria realizar el reclamo del pago de daños punitivos como prestación autónoma, pues de la correcta interpretación del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal se desprende la posibilidad de analizar la faceta resarcitoria y punitiva de la reparación por daño moral, en tanto que dicha norma obliga a reparar de manera integral las afectaciones a los bienes inmateriales de las víctimas a través del pago de una justa indemnización.
• Con base en la correcta interpretación del derecho humano a la reparación integral del daño y a la justa indemnización, en relación con la acción por daño moral, el Tribunal Colegiado debió concluir que era posible analizar la faceta punitiva resarcitoria del daño moral a través de las circunstancias en las que se produjo el daño, la conducta desplegada por el causante del daño, así como los bienes y derechos lesionados.
• Cuantificación de la compensación por daño moral. Es contrario a derecho que en la sentencia recurrida se considere correcto que se otorgue una compensación por daño moral por una cantidad de pesos, ya que se fijó por considerar que se trataba de una suma superior a la que se obtendría durante un año a razón de ganar el salario mínimo.
• Conforme a lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la situación económica de la víctima no es un parámetro útil para medir la calidad e intensidad del daño moral. De ahí que, es incorrecto que en la sentencia recurrida se convalide la limitación del monto de la compensación por daño moral con base en la situación económica del quejoso aquí recurrente, pues con ello se sostiene una indebida interpretación del derecho a la justa indemnización que se contrapone con el principio de igualdad y no discriminación.
• Esta consideración implica una distinción por razón de situación económica que conduce al absurdo de aceptar que una persona con mayores recursos económicos sufre más que otra con menores recursos.
• También es incorrecto que se limite el monto de la compensación en atención a que se condenó a cubrir los daños físicos-orgánicos, pues el hecho de que dos o más medidas sean idóneas para reparar un daño específico no implica que se dé una doble reparación si se conceden más de una de tales medidas.
22. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de veintitrés de febrero dos mil veintitrés, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el registro del asunto con el número 1057/2023, admitió a trámite el recurso de revisión y ordenó su radicación en la Primera Sala, así como su turno a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la elaboración del proyecto de resolución.
23. Por auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, el Presidente de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
bEsta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(11) 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo;(12) y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(13) en relación con los puntos primero, segundo fracción III, incisos A) y B), así como tercero del Acuerdo General número 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal el veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(14) porque el recurso se interpuso contra una sentencia de amparo directo en materia civil, especialidad de est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33548-9074b324/dano-punitivo-no-es-necesario-que-se-demande · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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