DAÑO MORAL. LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU CUANTIFICACIÓN. DAÑO MORAL. PARA SU CUANTIFICACIÓN EL ELEMENTO RELATIVO AL GRADO DE RESPONSABILIDAD TIENE UN ALCANCE DISTINTO EN LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA Y EN LA OBJETIVA. DAÑO MORAL. PARA SU CUANTIFICACIÓN, EL FACTOR RELATIVO A LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO ENGLOBA PARTICULARIDADES QUE PUEDEN GUARDAR RELACIÓN CON ALGUNO DE LOS OTROS PARÁMETROS. DAÑO MORAL. PARA SU CUANTIFICACIÓN NO ES VIABLE OTORGAR UN VALOR PORCENTUAL PREDETERMINADO A CADA UNO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 1916, CUARTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. DAÑO MORAL. SU CUANTIFICACIÓN NO PUEDE LIMITARSE O CONDICIONARSE A LA QUE CORRESPONDE AL DAÑO PATRIMONIAL. DAÑO MORAL. SUPUESTOS DONDE ES APLICABLE EL FACTOR DE CUANTIFICACIÓN RELATIVO AL GRADO DE RESPONSABILIDAD EN LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL OBJETIVA. REPARACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 1915, SEGUNDO PÁRRAFO, ÚLTIMA PORCIÓN NORMATIVA, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2558/2021. 19 DE ENERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al diecinueve de enero de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2558/2021, promovido en contra de la sentencia dictada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en los autos del juicio de amparo directo **********, relacionado con los amparos directos ********** y **********.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en estudiar el alcance de los derechos a la justa indemnización y acceso a la justicia y la interpretación realizada en la sentencia de amparo respecto a los artículos 1915 y 1916 del Código Civil Federal, en torno a la legitimación activa para reclamar el pago de la indemnización por daño material, así como para calcular el monto de la indemnización por daño moral.
I. ANTECEDENTES DEL CASO
1. Hechos y antecedentes. El cuatro de agosto de dos mil diecisiete, Antonino ********** (de ahora en adelante "Antonino", "actor" o "quejoso"), por propio derecho, presentó en la vía ordinaria civil una acción indemnizatoria por responsabilidad civil objetiva en contra de la ********** (de ahora en adelante "Comisión"), así como de ********** (de ahora en adelante "aseguradora"), en la que demandó las siguientes prestaciones:
a) El pago en una sola exhibición de la cantidad de $4'201,000.00 pesos (cuatro millones doscientos un mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de la indemnización correspondiente a la suma de los daños y perjuicios de orden patrimonial en concepto de lucro cesante, derivado del fallecimiento de su hijo ********** (de ahora en adelante "José"), en virtud de lo que establece el artículo 1915 del Código Civil Federal, en relación con el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo.
b) El pago de la cantidad de $30'000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto de indemnización correspondiente a la reparación del daño de orden moral, sufrido en la psique del suscrito a consecuencia del fallecimiento de su hijo José, según lo establecido en el artículo 1916 del Código Civil Federal.
c) Se condene a la Comisión al pago de los intereses legales que se generen por la falta del pago oportuno de la indemnización por concepto de daño patrimonial causado por el fallecimiento de José, toda vez que dicho concepto (daño patrimonial) es calculable desde que acaece el siniestro y desde ese momento le surge la obligación al demandado de pagarlo.
d) Se condene a la aseguradora al pago de los intereses moratorios que se generen por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones como aseguradora; es decir, por la falta de pago oportuno de la indemnización por responsabilidad civil a la que está obligada por virtud del contrato de seguro, derivada del fallecimiento de José; conforme lo establece el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
e) El pago de los gastos y costas que se generen por la tramitación del juicio civil que hoy se promueve.
2. Como antecedentes, en su escrito de demanda, Antonino sostuvo que su hijo José lo apoyaba económicamente, que se dedicaba al comercio y que era de recursos limitados. Refirió que el cinco de agosto de dos mil quince, José se encontraba en el tercer nivel de un inmueble ubicado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, colocando una lona (debido a que dicho nivel no contaba con losa), cuando sufrió una descarga eléctrica al tocar unas líneas de conducción de energía eléctrica pertenecientes a la Comisión, lo cual le provocó la muerte por un paro cardiogénico secundario.
3. A su parecer, dichas líneas estaban instaladas de manera irregular, toda vez que no cumplían con la normatividad oficial, en específico con la NOM-001-SEDE-2005 y la NOM-001-SEDE-2012. Además, la Comisión incumplió con la conservación del derecho de vía e inspecciones del derecho de vía, respectivamente, de la norma NRF-014-CFE-2001, en sus puntos 5.1., 5.9., 5.9.1., y NRF-014-CFE-2014, en los puntos 5.1., 5.8., 5.8.1., ya que no realizó visitas periódicas para conservar el derecho de vía; ello, en razón de que las líneas se encuentran pegadas al límite de propiedad del inmueble donde ocurrió el siniestro; por su parte, señaló que la Comisión no contaba con un derecho basado en servidumbre de paso legalmente constituida; de ahí que por ese simple hecho, las líneas fueran irregulares y, por tanto, se incurría en una responsabilidad civil e ilícita.
4. En relación con tales hechos, en la demanda se detalla que la Comisión cuenta con una póliza de seguro contratada con una empresa aseguradora, en donde los riesgos asegurados son, entre otros, la responsabilidad civil por daños a personas y/o terceros por las operaciones del asegurado que causen la muerte y que la cobertura de la póliza ampara el daño patrimonial y moral; de ahí que se considere que la aseguradora sea responsable solidaria en la presenta causa, por el hecho de existir una obligación contractual de su parte y actualizarse el evento dañoso que señala el propio contrato de seguro.
5. Trámite y fallo del juicio ordinario. La demanda fue admitida por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y se registró con el número de expediente **********. Seguido el juicio en todas sus etapas legales, el ocho de febrero de dos mil diecinueve se dictó sentencia en la que se resolvió lo siguiente: a) que era improcedente la acción de pago de indemnización por daño material por responsabilidad civil objetiva y sus accesorios, pues se acreditó la excepción de falta de legitimación activa (por lo que se dejaban a salvo los derechos de las partes); b) que Antonino acreditó la acción de pago de indemnización por daño moral causado por la muerte de su hijo José; c) que la Comisión y la aseguradora acreditaron la excepción de culpa o negligencia inexcusable de la víctima; por tanto, d) absolvió a la Comisión y a la aseguradora de las prestaciones reclamadas relativas al daño moral y accesorios; e) finalmente, no hizo condena en costas.
6. Apelación. En desacuerdo, el actor y ambos demandados interpusieron recursos de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito con el número de expediente **********. El cuatro de abril de dos mil diecinueve, dicho tribunal emitió su resolución en la que: a) sostuvo que por lo que hace a la apelación interpuesta por la aseguradora, debía revocarse la sentencia impugnada; b) consecuentemente, declaró improcedente la vía ordinaria civil en la que se tramitó el asunto, dejando a salvo los derechos del actor para que los hiciera valer en la vía correspondiente; y, c) declaró sin materia la apelación promovida por la parte actora que incide sobre la excepción de falta de legitimación activa, toda vez que se tomó en consideración que los agravios de la aseguradora inciden sobre una cuestión de presupuestos procesales.
7. Primer juicio de amparo directo. En contra de esa decisión, el tres de mayo de dos mil diecinueve, Antonino, por propio derecho, promovió una demanda de amparo directo. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito admitió a trámite el asunto y lo registró con el número de expediente **********.(1)
8. Seguido el trámite de ley, el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo a Antonino para los siguientes efectos: a) que el tribunal responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara una nueva en la que prescindiera de considerar que la vía administrativa es la idónea para demandar la reparación de los daños derivados de la actividad realizada por la Comisión, acorde con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; b) que estimara que la vía procedente es la ordinaria civil; y, c) que con libertad de jurisdicción abordara el estudio de los agravios que se dejaron de analizar.
9. Segunda sentencia de apelación. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo ordenado, el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito dictó sentencia nuevamente en la que sostuvo: a) la procedencia de la vía ordinaria civil; b) la improcedencia de la acción de pago de indemnización por daño material por responsabilidad civil objetiva y sus accesorios, pues se acreditó la excepción de falta de legitimación activa (por lo que dejó a salvo los derechos de las partes respecto de las prestaciones exigidas); c) que la parte actora Antonino acreditó la acción de pago de indemnización por daño moral causado por la muerte de José; d) que las demandadas Comisión y la aseguradora no acreditaron la excepción de culpa o negligencia inexcusable de la víctima; e) que las demandadas debían pagar entonces una indemnización por daño moral; y f) finalmente, que cabía la condena a las demandadas al pago de costas.
10. Para ello, se argumentó que Antonino, a pesar de ser el padre de la víctima, no tenía legitimación para acudir a reclamar una indemnización por daño material ya que no se le ha reconocido su carácter de heredero con fundamento en la jurisprudencia 3a./J. 21/92, de rubro: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS DE LA VÍCTIMA SON LOS LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA. (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1915 Y 1836 DE LOS CÓDIGOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE SUS REFORMAS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS, RESPECTIVAMENTE).". Por su parte, por lo que hace al daño moral, éste si era procedente y debía condenarse a las demandadas al no probarse que José haya incurrido en una culpa o negligencia inexcusable para la ocurrencia del siniestro. Consecuentemente, se condenaba solidariamente a las demandadas.
11. Segundo juicio de amparo directo. En desacuerdo, el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, Antonino presentó un diverso juicio de amparo directo. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito admitió a trámite el asunto y lo registró con el número de expediente **********; aclarándose que dicho expediente guardaba relación con los diversos juicios de amparo directo ********** y ********** (promovidos por los demandados en el juicio ordinario), por lo que todos debían resolverse de forma simultánea.
12. Agotados los trámites correspondientes, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia negando el amparo a Antonino. En suma, entre otras muchas razones, el Tribunal Colegiado consideró que resultaba inoperante la petición de interpretación constitucional del artículo 1915 del Código Civil Federal y que fue correcta la determinación de la cuantificación del daño moral.
II. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN
13. Recurso de revisión. Inconforme, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, Antonino interpuso un recurso de revisión. El día siete de junio de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el recurso con el número 2558/2021 y lo admitió a trámite; designando al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como ponente del asunto.
14. Radicación. Finalmente, el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la presidenta de esta Primera Sala determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución.
III. COMPETENCIA
15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 83 de la Ley de Amparo en vigor y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior es así, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una resolución pronunciada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil, competencia de esta Sala, cuya resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
IV. OPORTUNIDAD
16. El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo legal correspondiente. La sentencia de amparo se notificó por medio de lista el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, surtiendo sus efectos al día siguiente; por lo que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo corrió del lunes tres de mayo al diecisiete del mismo mes y año, sin contar de dicho cómputo los días cinco, ocho, nueve, quince y dieciséis de mayo, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19, 22 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, dado que del expediente se desprende que el recurso de revisión se presentó el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, resulta notorio que se satisface el presente requisito procesal.
V. LEGITIMACIÓN
17. Esta Primera Sala considera que la parte quejosa y recurrente está legitimada para interponer el presente recurso de revisión, pues queda probado que se le reconoció el carácter de quejoso en el juicio de amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito.
VI. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER
18. A fin de dar respuesta a la materia del presente recurso de revisión, es imprescindible hacer referencia a los conceptos de violación, las consideraciones de la sentencia recurrida y a los agravios esgrimidos por el quejoso.
19. Demanda de amparo. Antonino expuso sus razonamientos en dos grupos de conceptos de violación.
a) Primero. La sentencia de apelación es incorrecta al determinar la falta de legitimación activa para reclamar el pago de una indemnización por daño material. En principio, porque para arribar a tal decisión, la resolución reclamada se apoyó en una incorrecta interpretación del artículo 1915 del Código Civil Federal, pues para ello aplicó la jurisprudencia 3a./J. 21/92, misma que conforme al artículo 6o. transitorio de la Ley de Amparo ya no se encontraba vigente por virtud de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del diez de junio de dos mil once. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1915 del Código Civil Federal, el derecho a la indemnización que el mismo prevé, surge a partir de que se materializó el daño, en el caso, a partir de la muerte de su hijo; por lo que tal derecho no forma parte del caudal hereditario del fallecido, porque no existía mientras él se encontraba con vida, de tal modo que como no constituye su patrimonio, no es susceptible de heredarse en algún juicio sucesorio. De ahí, la incorrecta interpretación del artículo 1915 del Código Civil Federal por parte del tribunal responsable.
b) De la misma manera, la responsable dejó de tomar en cuenta los criterios de interpretación del invocado precepto, a partir de dicha reforma constitucional, en los que se precisa la manera en que se debe interpretar el contenido del citado precepto legal en casos como éste, en el que se reclama una indemnización por el daño material y moral causado. En consecuencia, no se aplicaron los principios pro persona ni pro actione, así como el derecho a recibir la justa indemnización.
c) Aduce que ni su hijo José ni él tienen la obligación jurídica de soportar el daño causado y, por tanto, al haber acreditado el parentesco con su hijo finado, tiene derecho a la indemnización referida en el artículo 1915 del Código Civil Federal; sin embargo, el mismo no le ha sido reconocido con base en el argumento de que no cuenta con legitimación para reclamarlo, porque no promovió juicio sucesorio previo en el que se le otorgue la calidad de heredero.
d) Asimismo, sostiene que su derecho a reclamar el pago de daño material surge en razón de ser familiar directo, sin que exista la obligación legal de promover un juicio sucesorio, en razón de que el derecho a la indemnización surge con la muerte de la víctima y no forma parte de su caudal hereditario, por tanto, no es materia de sucesión. Además, señala que otra razón por la que es incorrecta la interpretación dada al artículo 1915 del Código Civil Federal, deriva de que tal precepto señala que el derecho a la indemnización en caso de muerte corresponderá a los herederos; sin embargo, debe entenderse por herederos a todos aquellos que tienen potencialmente ese carácter al momento de fallecer la misma; es decir, que al referirse el mencionado artículo a los "herederos" no se limita a quienes han sido declarados como tales en un juicio sucesorio, sino a los familiares con razonable potencialidad de tener tal calidad.
e) Aunado a lo anterior, manifiesta que al haber demostrado su parentesco con las actas de registro civil, que en su carácter de familiar directo, sufrió la afectación de índole material y moral con base en la cual reclamó la indemnización correspondiente; de ahí que al haber acreditado su legitimación activa, es procedente el pago de las prestaciones reclamadas.
f) Por otro lado, aduce que una de las manifestaciones del principio pro persona es la preferencia interpretativa extensiva, que ante diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se opte por aquella que conduzca a una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales y el principio pro actione, constituye la aplicación del principio pro homine al ámbito procesal. En ese sentido, no es óbice para la aplicación de dichos principios, lo que dispone la jurisprudencia 3a./J. 21/92, en la que se basó la autoridad responsable para decretar la falta de legitimación activa del actor, puesto que dicha jurisprudencia ya no tenía aplicabilidad al haber perdido su vigencia. Cita en apoyo las tesis de rubros: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS POTENCIALES DE LA VÍCTIMA ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92)." y "RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO MATERIAL EN CASO DE MUERTE. FORMA DE ACREDITAR LA LEGITIMACIÓN DE LOS HEREDEROS CONFORME A LOS PRINCIPIOS PRO ACTIONE Y PRO PERSONA."
g) Finalmente, señala que debe tomarse en cuenta que el seis de diciembre de dos mil diecinueve, la jurisprudencia 3a./J. 21/92 quedó interrumpida por la jurisprudencia 1a./J. 89/2019 (10a.), misma que convalida lo que ha venido sosteniendo desde su escrito inicial de demanda; esto, en el sentido de que cuenta con legitimación activa para reclamar el daño material sobrevenido por la muerte de su hijo y que, para ello, no requería tramitar el juicio sucesorio para ser nombrado albacea de su sucesión, puesto que la calidad de heredero que sostiene es por ser padre de la víctima.
h) Segundo. La resolución impugnada viola los principios de proporcionalidad del daño e individualización de la indemnización, así como los principios de congruencia y seguridad jurídica, interpretación más favorable a la persona y derecho a una tutela judicial completa, por la incorrecta interpretación del artículo 1916 del Código Civil Federal para calcular el monto de la indemnización por daño moral. Lo anterior es así, toda vez que la responsable interpreta que dicho artículo lleva implícita una fórmula preestablecida para su cuantificación, por un lado, y un tope máximo, por otro, para el cálculo de la indemnización citada y, por ende, se viola el derecho a una justa indemnización. i) En efecto, sostiene que la responsable interpretó incorrectamente el artículo 1916 del Código Civil Federal, ya que si bien es verdad que para hacer el cálculo del daño moral establece que deberá hacerse a consideración del juzgador, lo cierto es que dicho precepto en ningún momento establece una fórmula preestablecida para su cálculo, ni mucho menos fija un tope o límite máximo para ello; de ahí que la cantidad señalada en sentencia como indemnización por daño moral no refleje una compensación digna y justa teniendo en cuenta la magnitud del daño causado.
j) Señala que la responsable de manera incorrecta considera que existen cinco aspectos a valorar para cuantificar el daño moral, puesto que la capacidad económica de la víctima ya no es un parámetro para ello, al ser discriminatorio; además, con independencia de eso, para fijar el monto de la indemnización, se basó en una fórmula ya que asignó a cada parámetro un mismo porcentaje del 20 %; lo cual es incorrecto al no atender las particularidades del caso. Además, tal accionar empeora por el hecho de vincular la suma de los cinco valores (85 %) a la cantidad que hubiese obtenido por concepto de daño material, lo cual conlleva el establecimiento de un tope máximo, pues consideró que el máximo de la indemnización que le corresponde por daño moral no debe ser mayor, en el mejor de los casos, a la cantidad de $4,085,200.00 (cuatro millones ochenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.); sin embargo, en el caso concreto, la responsable le concedió el 85 % de la cantidad que puso como límite, siendo $3’472,420.00 (tres millones cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.).
k) En suma, sostiene que el monto fijado es incorrecto por dos razones; en primera, porque usa los cinco parámetros de forma igualitaria, es decir del mismo valor del 20 %; y segunda porque vincula el monto del daño moral al del daño material. Cita en apoyo las siguientes jurisprudencias de rubros: "DERECHO A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. SU RELACIÓN CON EL DERECHO DE DAÑOS." y "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE."
l) Por su parte, con independencia de la fórmula que estableció la autoridad responsable, incidió de igual forma, en la baja cuantificación del daño moral, la consideración de que el grado de responsabilidad fue bajo, cuando en autos se advierte que fue alto; esto, puesto que no se cumplieron las normas oficiales de seguridad al respecto de parte de la Comisión, ya que su propio perito en su dictamen afirmó "no se cumplía con la normatividad oficial vigente al momento del siniestro".
m) La responsabilidad de la Comisión por el accidente de mérito y, por ende, su grado de responsabilidad, son altísimos toda vez que debió efectuar inspecciones, detectar y reportar construcciones incipientes que afectaran un supuesto derecho de vía, como lo establecen las normas NRF-014-CFE, en sus diferentes actualizaciones NRF-014-CFE-2001, NRF-014-CFE-2004 y NRF-014-CFE-2014; normativas de acuerdo con las cuales la Comisión se encontraba obligada a proporcionar la seguridad necesaria a los residentes que se ubiquen en la vecindad de los conductores que ocasionaron el daño, para evitar la posibilidad de accidentes efectuando las medidas necesarias para conservar el derecho de vía; así como a efectuar inspecciones como mínimo cada seis meses, con el objeto de detectar y reportar las construcciones que afecten el derecho de vía.
n) Consecuentemente, además de actualizarse una responsabilidad civil objetiva, se actualiza también un grado de responsabilidad elevado, toda vez que, en términos de la norma de referencia, la Comisión debió efectuar inspecciones como mínimo cada seis meses.
o) Finalmente, la Comisión no demostró la debida diligencia acorde a lo establecido a dicha norma, pues no acreditó que efectuara inspección alguna desde la fecha que dice instaló las líneas o entró en vigor la norma, hasta el día del accidente.
20. Sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado declaró infundados e inoperantes los conceptos de invalidez y por ende negó el amparo. Esto a la luz de las siguientes consideraciones:
a) En primer lugar, declaró inoperantes los siguientes argumentos: i) que la resolución reclamada se apoyó en una incorrecta interpretación del artículo 1915 del Código Civil Federal, ya que para ello se basó en la aplicación de la jurisprudencia 3a./J. 21/92 de la Tercera Sala de la Suprema Corte, la cual es inaplicable por no ser un criterio vigente al haberse emitido con anterioridad a la reforma constitucional de dos mil once; ii) que dicho precepto debió interpretarse en el sentido de que no era necesario que se tramitara un juicio sucesorio en el que se reconociera la calidad de heredero, y iii) que el Magistrado responsable debió atender las tesis aisladas que invocó desde su escrito de agravios, toda vez que a diferencia de la jurisprudencia aplicada en la sentencia reclamada, se emitieron a partir de dicha reforma constitucional.
b) Son calificados por el Tribunal Colegiado de esa manera, toda vez que a través de los mismos no se combaten las consideraciones torales en las que se apoyó la sentencia reclamada para desestimar los agravios que hizo valer contra la determinación de tener por acreditada la excepción de falta de legitimación activa de su parte para demandar el pago de indemnización por daño material; de tal modo que independientemente de su legalidad o ilegalidad, lo cierto es que como no se combaten vía concepto de violación, deben permanecer incólumes. Se citó como aplicable la jurisprudencia de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE."
c) Asimismo, no se soslaya que el quejoso argumentó que la jurisprudencia 3a./J. 21/92, en la que se basó la determinación de primera instancia de declarar fundada la excepción de falta de legitimación del actor para demandar el pago de indemnización por daño material, confirmada por la segunda instancia, dejó de ser aplicable por haber perdido vigencia; sin embargo, el Colegiado estima que lo anterior es inoperante, al resultar novedoso, pues del análisis de los argumentos que a ese respecto hizo valer el quejoso en la apelación, se advierte que en el agravio relativo no alegó, como ahora, que dicha jurisprudencia hubiera dejado de tener vigencia; esto es así, pues si bien es verdad que en la apelación argumentó lo anterior, ello lo hizo derivar del hecho de que se emitió con anterioridad a la reforma constitucional de dos mil once, por lo que fue emitida en otro contexto; empero, en ningún momento adujo que esa jurisprudencia hubiere dejado de tener vigencia por oponerse al contenido de la nueva Ley de Amparo. En ese tenor, el tribunal de alzada no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, lo que provoca que no se pronuncie en forma directa al respecto, pues ello implicaría sustituirse a la responsable. Citó en apoyo la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE."
d) Por otro lado, declaró infundado el argumento en el que se señala que debe tomarse en cuenta que la jurisprudencia 3a./J. 21/92 quedó interrumpida por la jurisprudencia 1a./J. 89/2019 (10a.), misma que convalida lo que sostiene desde su escrito inicial de demanda, en el sentido de que cuenta con legitimación activa para reclamar el daño material por la muerte de su hijo y que, para ello, no requería tramitar el juicio sucesorio para ser nombrado albacea. A juicio del tribunal, aplicar esa nueva jurisprudencia es contrario a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, ya que de admitirlo su aplicación resultaría retroactiva en perjuicio de las partes en el juicio de origen. Se cita como tesis aplicable la de rubro: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO."
e) En ese sentido, para realizar la ponderación acerca de si un criterio de jurisprudencia es inobservado, bajo la aplicación retroactiva de un nuevo criterio que modifica o supera al anterior, es menester dilucidar si la afectación aducida por la quejosa colma los siguientes presupuestos establecidos: (I) si existe una jurisprudencia que resulte aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de dictar la resolución jurisdiccional respectiva, se emita una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico y; (III) la aplicación de ese nuevo criterio jurisprudencial conlleve una afectación directa en la seguridad jurídica de los justiciables.
f) En el caso, es verdad que, como lo señala el quejoso, mediante la jurisprudencia 1a./J. 89/2019 (10a.) se determinó apartar de la jurisprudencia 3a./J. 21/92, y que fue en la que se apoyaron las decisiones de las sentencias de primera y segunda instancias en relación con la procedencia de la excepción de falta de legitimación por parte del actor para reclamar el pago de indemnización por daño material. Asimismo, que debido a que con la tesis 1a./J. 89/2019 (10a.) se interrumpió el criterio sustentado en la diversa 3a./J. 21/92, esta última dejó de considerarse obligatoria a partir del nueve de diciembre de dos mil diecinueve.
g) Sin embargo, la jurisprudencia 1a./J. 89/2019 (10a.) no resulta aplicable por dos razones: primero, porque en la fecha en la que se pronunció la sentencia reclamada (29 d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31678-154bd0be/dano-moral-lineamientos-generales-para-su-cuantificacion-dano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DAÑO MORAL. LO CONSTITUYE EL DOLOR FÍSICO PRODUCIDO POR UNA LESIÓN ORGÁNICA DERIVADA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA, BASTANDO ACREDITAR LA EXISTENCIA DE AMBAS PARA QUE PROCEDA LA ACCI (I.3o.C.533 C)
- DERECHO HUMANO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. CONSTITUYE UNA GARANTÍA ESTATAL Y UN ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO, AUN TRATÁNDOSE DE ACUERDOS REPARATORIOS QUE PONEN FIN A LA ACCIÓN (1a./J. 64/2023 (11a.))
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