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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ARTÍCULO 29, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 54/2025. · Registro digital (IUS): 33635
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-09-19
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.487.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 54/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 20 DE AGOSTO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN VOTÓ CONTRA ALGUNAS CONSIDERACIONES, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIA: TANIA PAMELA CAMPOS MEDINA.

Ciudad de México, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

EL PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO resuelve la contradicción de criterios señalada al rubro.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Denuncia. La JUEZA TERCERA DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO denunció la posible contradicción de criterios entre el que se sostuvo en el conflicto competencial 37/2025 del índice del SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, y el del TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO al resolver el conflicto competencial 43/2025.

SEGUNDO. Trámite. La Presidencia de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 54/2025 y lo admitió a trámite; requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto; y lo turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy.

Turno que fue confirmado en proveído de quince de julio de dos mil veinticinco.

Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes y el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LASUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente.

TERCERO. Amicus Curiae. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.

La decisión de este PLENO se sustenta en las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Competencia.

En términos del artículo séptimo transitorio de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN abrogada, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, éste reformado por el ACUERDO GENERAL 1/2024, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 67/2022, QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES en su artículo 14, fracción I, párrafo segundo; y artículo 2 del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3. Lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por dos tribunales colegiados integrantes de la Región Centro-Sur y deriva de juicios de naturaleza administrativa.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por parte legítima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, puesto que se formuló por la JUEZA TERCERA DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO como se advierte de la denuncia de esta contradicción.

TERCERO. Existencia de la contradicción de criterios.

Conforme al razonamiento fundamental extraído de los supuestos previstos en la jurisprudencia P./J. 72/2010(1) sustentada por el PLENO DEL ALTO TRIBUNAL, una contradicción de criterios se actualiza cuando los órganos contendientes sostengan discernimientos jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, siempre que hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegado a conclusiones encontradas respecto de la solución de la controversia planteada.

Luego, existen criterios divergentes cuando al menos un tramo del razonamiento efectuado o la interpretación ejercida en las respectivas decisiones adoptadas por cada órgano gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, de modo que confluyan en un mismo punto de derecho y ello pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina sobre cuál sería la forma legalmente posible y preferente de resolver tal cuestión jurídica.

Lo anterior también se sustenta en las jurisprudencias 1a./J.22/2010(2) de la PRIMERA SALA y 2a./J. 163/2011(3) de la SEGUNDA SALA DEL ALTO TRIBUNAL de rubros: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA” y “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO.”

En el caso, los dos tribunales colegiados de circuito emitieron respuestas opuestas sobre las mismas cuestiones jurídicas.

En efecto, ambos tribunales se enfrentaron a la cuestión de determinar la competencia por materia para conocer del juicio de amparo promovido contra el artículo 29, párrafo segundo, de la LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (reformado mediante Decreto publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN el veintiuno de febrero de dos mil veinticinco) que dispone:

“Artículo 29. Son obligaciones de los patrones:

I. ...;

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1997)

II. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social.

Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del patrimonio de los trabajadores.

Los patrones, al realizar el pago, deberán proporcionar la información relativa a cada trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la presente Ley y, en lo aplicable, la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El registro sobre la individualización de los recursos de la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, estará a cargo de las administradoras de fondos para el retiro, en los términos que se establecen en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento. Lo anterior, independientemente de los registros individuales que determine llevar el Instituto.

Es obligación del patrón pagar las aportaciones por cada trabajador mientras exista la relación laboral y subsistirá hasta que se presente el aviso de baja correspondiente. Si se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el Instituto devolverá al patrón omiso, a su solicitud, el importe de las aportaciones pagadas en exceso, a partir de la fecha de la nueva alta;

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1997)

III. Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el Instituto, así como enterar el importe de dichos descuentos en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, en la forma y términos que establece esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. La integración y cálculo de la base salarial para efectos de los descuentos será la contenida en la fracción II del presente artículo.

A fin de que el Instituto pueda individualizar dichos descuentos, los patrones deberán proporcionarle la información relativa a cada trabajador en la forma y periodicidad que al efecto establezcan esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;

IV. ...

...

IX. ...

(REFORMADO, D.O.F. 21 DE FEBRERO DE 2025)

La obligación de efectuar las aportaciones a que se refiere la fracción II anterior, se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en los términos de la Ley del Seguro Social, siempre que se dé aviso oportuno al Instituto, en conformidad al artículo 31. Tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, subsistirá la obligación del pago de aportaciones. Cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos a que se refiere la fracción III no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la Ley del Seguro Social.

... .”

El SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO al resolver el conflicto competencial 37/2025 sostuvo que ello corresponde a la materia de trabajo al considerar, esencialmente, que:

- En la exposición de motivos se indicó que el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) fue creado para cumplir el derecho a la vivienda de las personas trabajadoras previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la CONSTITUCIÓN, constituyéndose en referente nacional en materia de vivienda y crédito hipotecario, con las y los trabajadores como eje de su misión.

En cuanto al precepto impugnado en el particular, la exposición de motivos señaló que, para facilitar el pago de los créditos, reducir el riesgo de vencimiento, evitar el aumento de saldos insolutos que afecten el patrimonio de las personas acreditadas y fortalecer la sostenibilidad financiera del Fondo, se propuso que la obligación patronal de descontar de los salarios las amortizaciones de créditos no se suspenda por ausencias o incapacidades conforme a la LEY DEL SEGURO SOCIAL.

De ahí que el decreto reclamado -en particular el artículo 29- incide directamente en materia laboral y de seguridad social: al establecer que: (i) tratándose de incapacidades expedidas por el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, subsiste la obligación patronal de cubrir aportaciones; y (ii) la obligación de realizar los descuentos para amortizar créditos no se suspende por ausencias o incapacidades en términos de la LEY DEL SEGURO SOCIAL.

Así, la norma se enlaza estrechamente con el sistema de vivienda de orientación social del artículo 123, A, fracción XII, CONSTITUCIONAL -que obliga a las empresas a aportar a un fondo para otorgar crédito barato y suficiente a las personas trabajadoras-, de donde se sigue que el bien jurídico protegido es propio de la materia de trabajo y seguridad social.

- Refirió como sustento lo determinado por la SEGUNDA SALA al resolver el conflicto competencial 311/2017, suscitado debido a que una persona promovió amparo contra diversos artículos de la LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS y la Regla Décima Primera de la RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, al considerar que, con base en dichas normas, se le retuvieron cantidades por impuestos y derechos al protocolizar ante notario la escritura de un inmueble adquirido mediante crédito hipotecario del INFONAVIT.

En dicho conflicto, la SEGUNDA SALA resolvió: Que lo reclamado tenía cierta naturaleza social y se encontraba inmerso en la materia de trabajo independientemente de que se tratara de contribuciones, pues el artículo reclamado podía llegar a incidir de manera directa en el derecho contenido en el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la CONSTITUCIÓN FEDERAL, en tanto impacta en el financiamiento previsto en la ley. Por lo que, debía atenderse al bien jurídico tutelado, pues es la CONSTITUCIÓN la que contempla una previsión para contribuir al problema habitacional de la clase trabajadora, lo cual, surge justamente con motivo de la relación laboral, pues los patrones tienen obligación de enterar las contribuciones relativas, esto es efectuar las aportaciones de seguridad social al fondo de vivienda con base en la norma constitucional citada, teniendo en cuenta que tales aportaciones al INFONAVIT tienen como finalidad constituir depósitos en favor de los trabajadores para establecer un sistema de financiamiento que permita otorgarles un crédito suficiente para la adquisición de viviendas habitaciones.

El TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO al resolver el conflicto competencial 43/2025 resolvió en forma contraria al criterio narrado con anterioridad, al sostener que corresponde a la materia administrativa, esencialmente porque:

- El alcance del artículo reclamado se vincula con la obligación de realizar descuentos al salario base de cotización de los trabajadores acreditados para el pago de las amortizaciones mensuales de los créditos de vivienda otorgados a estos últimos, retenerlos y enterarlos al Fondo de Vivienda, en particular la adición reclamada que obliga a los patrones a no suspender el pago de esas amortizaciones, incluso cuando no exista salario devengado por el trabajador con motivo de sus ausencia o incapacidades médicas.

- En relación con la obligación de descontar, retener y enterar las amortizaciones de los créditos de vivienda a cargo de sus trabajadores se estableció una obligación adicional de enterar esas amortizaciones, incluso cuando no exista salario devengado con motivo de ausencias o incapacidades, esto es, obliga a los empleadores a pagar con su patrimonio los montos equivalentes a los descuentos respectivos de amortización, para no incurrir en incumplimiento, sin importar que no se trate de una obligación a su cargo, puesto que si bien en términos de los artículos 50 y 52 del REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN, PAGO DE APORTACIONES Y ENTERO DE DESCUENTOS A FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, son responsables solidarios del entero de esos descuentos, lo cierto es que se les obliga a pagar con su patrimonio el monto mensual de la amortización, a pesar de que la propia LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en el artículo 41, párrafos quinto y sexto, regula que, en esos casos, esto es, cuando el trabajador ha dejado de percibir ingresos salariales, tiene derecho a que se les otorgue prórroga en los pagos de las amortizaciones respectivas.

- Entonces aun cuando las aportaciones al INFONAVIT se vinculan con un derecho constitucional de los trabajadores de contar con una vivienda digna, la porción normativa de su artículo 29 no se reclama desde una perspectiva de afectación a derechos de los trabajadores, sino como como consecuencia de una obligación del patrón inmersa en la materia fiscal.

Consideró aplicable la jurisprudencia P./J. 35/98 de rubro “INFONAVIT. LAS APORTACIONES PATRONALES TIENEN EL CARÁCTER DE CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.”

En el caso, los dos tribunales colegiados de circuito emitieron respuestas antagónicas respecto de las mismas cuestiones jurídicas.

De la narrativa anterior se desprende la actualización de la contradicción de criterios entre ambos tribunales porque en sus respectivas ejecutorias abordaron y resolvieron de modo contrario un problema común relacionado a determinar si la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra la reforma al artículo 29, segundo párrafo, de la LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en lo relativo a la obligación patronal de no suspender el descuento y entero de las amortizaciones de créditos de vivienda por ausencias o incapacidades, corresponde a la materia de trabajo o a la materia administrativa.

En efecto, el SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO sostuvo que la reforma impugnada incide en la materia laboral y de seguridad social, pues busca garantizar el derecho a la vivienda previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XII, CONSTITUCIONAL. Con base en la exposición de motivos, destacó que la medida pretende facilitar el pago de créditos, reducir vencimientos, evitar saldos insolutos y fortalecer la sostenibilidad del Fondo; además, prevé que, tratándose de incapacidades expedidas por el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, subsiste la obligación de cubrir aportaciones, y que los descuentos para amortizar créditos no se suspenden por ausencias o incapacidades, lo que la vincula directamente con el sistema de vivienda de orientación social. En apoyo, citó el criterio de la SEGUNDA SALA en el conflicto competencial 311/2017, donde, dijo, se calificó como de naturaleza social y materia de trabajo una disposición que, aunque relativa a contribuciones, incide en dicho derecho al instrumentarse mediante aportaciones patronales al INFONAVIT para otorgar créditos suficientes a las personas trabajadoras.

Mientras que el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO resolvió en sentido contrario al estimar que la litis es de materia administrativa, porque la adición al artículo 29 impone al patrón no suspender el entero de amortizaciones aun sin salario devengado, trasladándole el pago con su propio patrimonio para evitar un incumplimiento. Concluyó que la impugnación no versa sobre derechos laborales sino sobre una obligación de entero del empleador -pese a la responsabilidad solidaria prevista en el REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN, PAGO DE APORTACIONES Y ENTERO DE DESCUENTOS A FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y a las prórrogas del artículo 41 de la LEY DEL INFONAVIT-, y aplicó la jurisprudencia P./J. 35/98 que reconoce a las aportaciones patronales carácter de contribuciones regidas por el artículo 31, fracción IV, CONSTITUCIONAL.

En consecuencia, el punto jurídico sobre el que recae la contradicción de criterios y que corresponde resolver a este PLENO REGIONAL consiste en determinar: ¿La competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra el artículo 29, segundo párrafo, de la LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES debe atribuirse a la materia de trabajo o bien a la materia administrativa?

CUARTO. Estudio de fondo.

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se expone y razona a continuación.

Conforme a reiterados criterios del ALTO TRIBUNAL, entre ellos las jurisprudencias P/J 83/98, 2a./J.24/2009, 2a./J.145/2015 (10a.) y P./J. 13/2020 (10a.), la competencia por razón de materia para conocer de un asunto se dirime en atención a la naturaleza de los actos reclamados, e incluso, de las autoridades responsables.

Este parámetro se ha consolidado como la regla ordinaria para dirimir cuestiones competenciales, en tanto permite identificar el ámbito jurídico sustantivo al que corresponde el litigio y asignarlo al órgano jurisdiccional especializado en ese campo.

Asimismo, el propio ALTO TRIBUNAL ha reconocido que dicha regla admite matices cuando el acto reclamado consiste en una norma general, supuesto en el cual el análisis debe ampliarse para atender a criterios adicionales que aseguren que la especialidad competente corresponda al contenido y finalidad de la disposición impugnada.

En efecto, al resolver la contradicción de tesis 37/2019 (que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 68/2019 (10a.)), la SEGUNDA SALA identificó que, tratándose del reclamo de normas generales, el parámetro para definir la competencia por materia no debe ser la naturaleza de la autoridad responsable o del acto reclamado, sino el bien jurídico o interés fundamental que tutela la disposición.

Esta solución responde a la intención de la autoridad legislativa reflejada en la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, que asigna a juzgados y tribunales especializados en materia penal, administrativa, civil o laboral el conocimiento de amparos contra disposiciones de observancia general, para que quien se pronuncie sobre su constitucionalidad sea una autoridad juzgadora con dominio técnico en el ámbito jurídico que regula la norma.

Se explicó que de aplicarse la regla ordinaria (naturaleza de la autoridad y del acto), en el caso de normas generales se distorsionaría la distribución competencial, pues en su proceso de formación intervienen autoridades materialmente administrativas y los decretos legislativos también tienen ese carácter, lo que llevaría a concentrar injustificadamente todos los asuntos en materia administrativa, aun cuando la regulación incida en otros campos especializados. Por ello, la interpretación armónica de la LEY ORGÁNICA exige atender al contenido y finalidad de la norma, de modo que el análisis recaiga en el Órgano jurisdiccional que conozca mejor el bien jurídico involucrado.

En tal contexto debe analizarse el contenido y finalidad del artículo 29, segundo párrafo, de la LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES que dispone:

“Artículo 29. Son obligaciones de los patrones:

II. ...;

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1997)

II. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social.

Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del patrimonio de los trabajadores.

Los patrones, al realizar el pago, deberán proporcionar la información relativa a cada trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la presente Ley y, en lo aplicable, la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El registro sobre la individualización de los recursos de la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, estará a cargo de las administradoras de fondos para el retiro, en los términos que se establecen en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento. Lo anterior, independientemente de los registros individuales que determine llevar el Instituto.

Es obligación del patrón pagar las aportaciones por cada trabajador mientras exista la relación laboral y subsistirá hasta que se presente el aviso de baja correspondiente. Si se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el Instituto devolverá al patrón omiso, a su solicitud, el importe de las aportaciones pagadas en exceso, a partir de la fecha de la nueva alta;

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1997)

III. Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el Instituto, así como enterar el importe de dichos descuentos en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, en la forma y términos que establece esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. La integración y cálculo de la base salarial para efectos de los descuentos será la contenida en la fracción II del presente artículo.

A fin de que el Instituto pueda individualizar dichos descuentos, los patrones deberán proporcionarle la información relativa a cada trabajador en la forma y periodicidad que al efecto establezcan esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;

IV. ...

...

IX. ...

(REFORMADO, D.O.F. 21 DE FEBRERO DE 2025)

La obligación de efectuar las aportaciones a que se refiere la fracción II anterior, se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en los términos de la Ley del Seguro Social, siempre que se dé aviso oportuno al Instituto, en conformidad al artículo 31. Tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, subsistirá la obligación del pago de aportaciones. Cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos a que se refiere la fracción III no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la Ley del Seguro Social.

... .”

Como se ve, el citado artículo regula, entre otras obligaciones patronales, la de efectuar aportaciones equivalentes al cinco por ciento del salario de las personas trabajadoras y de realizar descuentos sobre éste para amortizar los créditos de vivienda otorgados por el INFONAVIT, enterando ambos conceptos en las entidades receptoras correspondientes, en el entendido que el pago de aportaciones puede suspenderse cuando no se paguen salarios por ausencias -salvo en casos de incapacidades expedidas por el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL-.

La reforma en cuestión introdujo la obligación de hacer y enterar los descuentos para amortizar créditos no se suspende por ausencias o incapacidades conforme a la LEY DEL SEGURO SOCIAL, lo que implica que el patrón debe cubrir dichos importes aun cuando el trabajador no perciba salario.

Esta mera obligación legal es sobre la que versan los amparo subyacentes, y se estima que la competencia para conocer de juicios de amparo promovidos contra el artículo en cuestión corresponde a la materia administrativa, por tratarse de una norma general que impone al patrón una carga frente al Estado en tanto la relación jurídica relevante para tal efecto es la del patrón–Estado (INFONAVIT) y no patrón–trabajador.

En efecto, esta disposición general, abstracta e impersonal regula deberes del patrón frente a un organismo público para asegurar el flujo de recursos del sistema de vivienda, y no regula condiciones de trabajo ni derechos individuales del trabajador.

En particular, el objeto inmediato de la norma es, pues, garantizar el cumplimiento y la continuidad del entero ante la autoridad, no dirimir controversias laborales. Si bien la finalidad última de facilitar el acceso a los trabajadores en general a la vivienda es mediata; lo inmediato es el cumplimiento de una mera obligación a cargo del patrón frente al INSTITUTO. Bajo ese prisma, el contenido y los efectos de la norma son propios del derecho administrativo.

Luego, que esta obligación patronal se origine y vincule con créditos de vivienda ya otorgados a trabajadores, no convierte la litis en laboral; se reitera, el reclamo no versa sobre salario, jornada, despido o prestaciones, sino sobre la legalidad de una carga económica-financiera que el legislador impone al patrón en su calidad de obligado frente al Estado. Controlar la validez y alcance de esa carga corresponde, por su propia lógica, al orden administrativo, que es el que rige sus mecanismos de cumplimiento.

Máxime que en los asuntos que originan la presente contradicción no se plantea un conflicto con trabajadores concretos ni un acto individual de aplicación: se combate la norma por sus efectos al entrar en vigor (autoaplicativa).

Sin que obste que el derecho que sirve de marco al sistema de acceso a la vivienda tenga origen en una relación laboral, pues la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE, en la jurisprudencia 2a./J. 37/2023 (11a.),(4) sostuvo que aun tratándose de pensiones cuya fuente es un vínculo de trabajo, la impugnación de su cuantificación se ubica en la materia administrativa. Ello, porque una vez otorgada la pensión, la relación laboral se extingue y surge una nueva relación jurídica de naturaleza administrativa entre el beneficiario y el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, en la que este último actúa como autoridad y no como patrón.

En tal contexto, de manera análoga, mutatis mutandis, en el presente asunto es dable considerar que no se cuestiona a un derecho laboral individual ni su ejecución en el marco de una relación de trabajo, sino la validez y efectos de una norma general que define sus obligaciones frente al INFONAVIT, organismo que ejerce potestades administrativas para exigir su cumplimiento.

No pasa inadvertido lo resuelto por la Segunda Sala en el conflicto competencial 311/2017, citado por uno de los tribunales contendientes, sin embargo, en ese precedente la litis versó sobre retenciones por impuestos y derechos en la escrituración de una vivienda adquirida con crédito del INFONAVIT, lo que incidía directamente en el derecho de la persona trabajadora y llevó a encuadrar el asunto en materia de trabajo por el bien jurídico del artículo 123, apartado A, fracción XII CONSTITUCIONAL. En cambio, en los casos de origen de la presente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33635-c03ad3dc/competencia-por-materia-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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