ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA LEGISLACIÓN PROCESAL NO LA PREVÉ, INCLUSIVE BAJO EL SUPUESTO DE PROCESO FRAUDULENTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 393/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 6 DE MARZO DE 2025. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: FRIDA RODRÍGUEZ CRUZ.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 393/2023, suscitada entre la Primera Sala y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El problema jurídico por resolver para el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si es o no procedente la acción de nulidad de juicio concluido cuando la legislación procesal respectiva no prevea dicha figura.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 6/2023-ST, recibido el seis de diciembre de dos mil veintitrés en este Alto Tribunal, los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 11/2018, y el sustentado por la Segunda Sala, al fallar la contradicción de tesis 275/2011, que dio origen a la tesis 2a./J. 158/2011, de rubro: “NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. ES IMPROCEDENTE EN MATERIA LABORAL.” .(1)
2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia y solicitó a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y Segunda Salas que remitieran el proveído en el que informaran si los criterios sustentados en el amparo directo 11/2018 y la contradicción de tesis 275/2011, respectivamente, se encontraban vigentes o, en el caso de que se tuvieran por superados o abandonados, enviaran las versiones digitalizadas de las ejecutorias que sustenten los nuevos criterios. Asimismo, se ordenó turnar el asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
3. En auto de veintidós de enero de dos mil veinticuatro la Ministra Presidenta tuvo por desahogado el anterior requerimiento en virtud de los oficios PS-1-71-2024 y D-107/2024, a partir de los cuales las Salas informaron que los criterios que motivaron la presente contradicción de criterios se encuentran vigentes.
4. En consecuencia, en ese mismo proveído se tuvo por integrada la contradicción de criterios y se remitió el asunto al ministro designado ponente.
I. COMPETENCIA
5. Este Tribunal Pleno es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Federal,(2) 226, fracción I, de la Ley de Amparo,(3) y 10, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(4) publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno(5) —aplicable al caso atendiendo a lo dispuesto por el artículo transitorio tercero del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de veinte de diciembre de dos mil veinticuatro—,(6) en relación con el punto Segundo, fracción V, del Acuerdo General Plenario 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(7) en virtud de que se refiere a la posible contradicción de criterios sustentados por las Salas de este Alto Tribunal en asuntos de su competencia.
II. LEGITIMACIÓN
6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, al ser formulada por los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito. Por tanto, se actualiza el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción I, de la Ley de Amparo.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
7. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, se hace referencia a los antecedentes de cada asunto y se transcriben las consideraciones esenciales de las resoluciones emitidas por la Primera y la Segunda Sala.
A. Criterio de la Primera Sala al resolver el amparo directo 11/2018
8. Antecedentes. ******************************* promovió amparo directo en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, en el toca de apelación 340/2017.
9. El asunto se registró en el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, cuya presidencia admitió a trámite la demanda bajo el progresivo 1/2017. Así mismo, se les reconoció el carácter de terceros interesados a ******************************* y a *******************************, quienes promovieron amparo adhesivo.
10. Finalmente, el tribunal colegiado dictó resolución en la que solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción.
11. El catorce de febrero de dos mil dieciocho la Primera Sala de este Alto Tribunal determinó ejercer su facultad de atracción(8) para conocer del juicio de amparo, el cual se radicó con el progresivo 11/2018.
12. Criterio contendiente. La Primera Sala determinó conceder el amparo a la parte quejosa y negar el amparo adhesivo con base en las siguientes consideraciones:
• La falta de reglas expresas, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua”. En este subapartado la Sala recordó el contenido del derecho humano a la tutela judicial efectiva, así como las definiciones de elementos de la teoría general del proceso civil. Posteriormente, transcribió varios artículos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en los que se regulan los requisitos de admisibilidad de las acciones civiles.
• Sostuvo que del artículo 10 de la legislación adjetiva citada se observa que la parte actora no está obligada a identificar nominalmente la acción que intenta, pues corresponde a la persona juzgadora identificarla, bajo la máxima de que “las partes deben proporcionar los hechos y al juzgador corresponde establecer el derecho que les asiste”.
• Agregó que la acción procesal no puede rechazarse por el órgano jurisdiccional sólo por el hecho de que no se encuentre identificada bajo una regulación expresa, porque en tal caso debe tenerse en cuenta que se alude a la acción procesal desde el punto de vista material, el cual está determinado por los hechos del litigio y el derecho sustancial deducido, el cual puede tener su sustento en cualquier fuente objetiva del derecho, por ejemplo, en los principios generales del derecho. Destacó que la existencia del derecho sustancial debe hacerse en la sentencia, lo cual supone la previa sustanciación del procedimiento.
• Estimó que lo relevante para el ejercicio de la acción procesal es la pretensión que le da contenido y que los hechos y argumentos en que se funde permitan a la parte demandada defenderse adecuadamente, así como otorguen al órgano jurisdiccional claridad para establecer el derecho sustantivo aplicable una vez substanciado el proceso.
• Argumentó que, en términos de los artículos 241 y 245 del código procesal civil local, basta que la parte actora exprese en su demanda los hechos en que funda el derecho que deduce, la acción que intenta -sin que sea necesario nombrarla en específico-, el nombre de la parte demandada y las prestaciones que reclama. Además, el artículo 3 del mismo código indica las reglas de interpretación de ese cuerpo legal, las cuales vinculan a los órganos jurisdiccionales del Estado de Chihuahua al momento de juzgar todo asunto sometido a su jurisdicción.
• Precisó que los tribunales civiles, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan -local o federal-, no pueden abstenerse o negarse a conocer de una acción procesal argumentando falta de ley para sustanciar el procedimiento, pues las vías ordinarias están previstas para la sustanciación de toda clase de controversias civiles que no tengan previsto un procedimiento o tramitación especial.
• Tratándose de los actos del procedimiento, estos deben entenderse en el derecho constitucional de legalidad que obliga a las personas juzgadoras a realizar la interpretación jurídica de la ley existente y a falta de esta, las conmina a aplicar los principios generales del derecho. Además, en el caso, la legislación de Chihuahua dispone que el silencio, oscuridad o insuficiencia de las normas procesales debe colmarse atendiendo a los principios generales del derecho procesal civil.
• Se hizo referencia a lo fallado en el amparo directo en revisión 2917/2013, en el que la misma Primera Sala concluyó que la acción de nulidad de juicio concluido siempre es de carácter civil, ya que su objeto es analizar otro procedimiento a efecto de establecer si es o no producto de la colusión fraudulenta de las partes a fin de perjudicar a un tercero acreedor, lo que se norma por el principio general del derecho civil relativo a que los actos ejecutados en contra del tenor de leyes prohibitivas son nulos absolutos y no en revisar de nueva cuenta la litis del juicio cuya nulidad se demanda.
• En ese sentido, consideró que la competencia de la persona juzgadora de primera instancia no puede rehusarse bajo el argumento de que la acción implica decidir sobre la validez de actos procesales y una sentencia dictada por otra persona juzgadora de igual jerarquía, y que la ley no prevea una regla expresa de competencia. Agregó que se trata de una acción excepcional y que en todo caso el silencio o insuficiencia de la ley procesal sobre la regla de competencia debe colmarse acudiendo a la regla legal genérica más adecuada o en su defecto a los principios generales del derecho procesal civil, teniendo en cuenta que se trata de una acción personal de nulidad.
• Por ende, declaró fundado el planteamiento en el que se adujo que la acción de nulidad de juicio concluido que ejerció la quejosa no era inadmisible bajo el argumento de falta de regulación procesal expresa que permita su sustanciación, pues para ello corresponde atender a las reglas del juicio ordinario civil.
• La falta de normas sustanciales expresas en el Código de Procedimientos Civiles o en el Código Civil, del Estado de Chihuahua, para resolver la acción de nulidad de juicio concluido. En este apartado se señaló que la acción de nulidad de juicio concluido tiene por objeto lograr una declaración judicial que invalide una sentencia ejecutoriada que adquirió la calidad de cosa juzgada, así como los actos del juicio del que emanó esa sentencia, ante la acreditación de una causa de invalidez que afecte sustancialmente la viabilidad del proceso cuestionado y le impide subsistir.
• Luego de retomar consideraciones doctrinarias sobre el tema, se refirieron las legislaciones estatales que contemplan la posibilidad de impugnar una sentencia ejecutoria que constituye cosa juzgada mediante una acción autónoma de nulidad de juicio. Salvo los casos ahí mencionados, el resto de las entidades federativas -entre ellas Chihuahua-, no tienen una regulación específica al respecto en sus leyes procesales civiles.
• Partiendo de la inexistencia de previsión legal, la Sala observó que la procedencia de la acción procesal de nulidad de juicio concluido fue reconocida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en integraciones anteriores bajo la hipótesis de proceso fraudulento, no obstante que en la legislación local no estuviere expresamente regulada dicha acción, de lo cual se da cuenta en la ejecutoria contendiente.
• La Sala estimó que cuando la legislación aplicable no contiene una norma material expresa que regule los supuestos en que resultará procedente la acción de nulidad de juicio concluido bajo su ámbito territorial se debe retomar el supuesto genérico de “proceso fraudulento”.
• El fraude al proceso consiste en su utilización simulada, engañosa, artificiosa y/o maquinada en el empleo de la administración de justicia, haciendo uso de las instituciones procesales en las formas indicadas, con el propósito de obtener una sentencia que declare o constituya un derecho y establezca una determinada situación jurídica, en daño o perjuicio de alguien, a veces una de las partes, a veces uno o más terceros, con desapego a la verdad de los hechos y de las relaciones jurídicas existentes. Esa definición es genérica y se debe analizar las circunstancias fácticas de cada caso para dilucidar si se está ante un proceso fraudulento o no.
• No se puede establecer un catálogo cerrado que establezca los supuestos fácticos comprendidos en el genérico de “proceso fraudulento”.
• Se consideró que cuando un tercero es quien alega la condición de proceso fraudulento respecto de uno ya concluido, la acción de nulidad de juicio concluido es procedente cuando la sentencia que constituye cosa juzgada causa un daño o perjuicio a ese tercero que no litigó y que no tendría por qué haber sido llamado al juicio concluido, por ser ajeno a la relación jurídica y al derecho sustancial allá decidido, de manera que si el juicio se realizó fraudulentamente -ya sea con la colusión de los litigantes para afectarlo o bajo alguna otra imputación que importe un auténtico fraude procesal-, tiene legitimación para demandar la anulación de la sentencia que le perjudica.
• La legitimación del tercero no se trata propiamente de la oposición que los códigos procesales civiles reconocen al tercero para excepcionarse en un segundo proceso frente a una sentencia de un juicio en el que no fue parte, por no operar respecto de él la cosa juzgada, sino que se trata de la legitimación que asiste a un tercero para controvertir una sentencia ejecutoria pasada en autoridad de cosa juzgada que sí está obligado a respetar, por su condición de validez erga omnes, en tanto que decide sobre relaciones o estados jurídicos en las que dicho tercero no participa y jurídicamente no tendría que haber sido llamado a juicio y la subsistencia de dicha resolución puede afectarle.
• Cuando la nulidad se plantea por quien fue parte en un proceso previo, como regla general, tendría que prevalecer la condición de inimpugnabilidad de la cosa juzgada, sobre la base de que las partes tuvieron la oportunidad de impugnar los actos del proceso y la propia sentencia antes de que causara ejecutoria mediante los medios de defensa respectivo dentro de la propia secuela procesal del juicio cuestionado.
• Dicha regla puede admitir excepciones, por lo que no puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de que las partes tengan legitimación activa para alegar en un juicio posterior el fraude procesal cometido en su perjuicio. Ello debe ser cuidadosamente ponderado por la persona juzgadora bajo la consideración de que la nulidad del juicio concluido es una acción excepcional y extraordinaria
• Por ende, cuando no haya norma expresa que regule supuestos específicos de procedencia de la acción, en la legislación aplicable, corresponderá al prudente arbitrio de las personas juzgadoras ponderar en cada caso si la pretensión de nulidad de un juicio concluido, que se someta a su consideración por quien fue parte en dicho juicio, conforme con el planteamiento de la demanda y las pruebas que se ofrezcan, potencial y objetivamente puede implicar la existencia de un proceso fraudulento, donde las instituciones procesales y la actividad jurisdiccional sólo hayan sido utilizadas como un vehículo para obtener una sentencia que perjudicara al nuevo accionante: teniendo en cuenta para ello (i) si dicha parte realmente tuvo intervención en el juicio previo, es decir, si efectivamente actúo en dicho proceso o debió hacerlo; y (ii) si pese a que dicha parte haya tenido o pudo tener una real intervención en el juicio previo, la causa de nulidad del proceso que alega, en modo alguno la hubiere podido plantear en él, evidenciándose su absoluto estado de indefensión.
• En el caso, la acción de nulidad de juicio concluido debe aceptarse procedente, cuando se sustenta en la existencia de un proceso fraudulento en tanto que se siguió contra una persona muerta, simulando su emplazamiento, al proporcionarse un domicilio que no le correspondía.
• El fundamento sustancial de la acción de nulidad de juicio concluido, conforme a la legislación del Estado de Chihuahua. El fundamento del derecho sustancial de quien se dice afectado por el proceso fraudulento puede encontrarse directamente en el derecho de legalidad que establece el artículo 14 constitucional, pues aunque tal derecho fundamental se entienda primordialmente dirigido a asegurar las garantías constitucionales del debido proceso, en su finalidad está la protección de derechos sustanciales, de modo que si la sentencia ejecutoria que se pretende impugnar afecta algún derecho material del promovente, su legitimación puede fundarse en ese derecho concreto.
• La Sala destacó que por tratarse de una pretensión de nulidad, su materia no versa sobre la legalidad de las actuaciones del proceso judicial, pues ello es revisable únicamente a través de los recursos ordinarios dentro del proceso y, en su caso, a través del medio extraordinario de amparo. Además, la nulidad sólo se refiere a la que se atribuye al proceso por actos de las partes, a partir de los cuales se puede considerar fraudulento el proceso, no así a actos provenientes del órgano jurisdiccional.
• Los actos de las partes en el proceso han de ser examinados bajo las reglas de la validez de los actos civiles, pues el vicio que se les imputa atañe a su formación bajo la esfera de actuación en el ámbito privado.
• Señaló que el artículo 7 del Código Civil del Estado de Chihuahua -que establece que los actos que celebren las partes en contra de leyes prohibitivas o de orden público serán nulos en forma absoluta a menos que la ley señale lo contrario-, sí es un fundamento del derecho sustancial que se deduce en la acción de nulidad de juicio concluido.
• Los actos de las partes en el proceso civil, en cuanto implican manifestaciones de la voluntad encaminada a producir consecuencias jurídicas y son actos de particulares, se encuentran comprendidos en el aludido artículo 7, por lo que si tales actos se realizan contrariando leyes prohibitivas o de orden público les es aplicable la consecuencia de nulidad absoluta. Además, si los actos de los particulares vulneran una ley procesal también estarían afectados por la nulidad absoluta, pues la conducta de la parte para defraudar el proceso civil es un atentado contra normas de orden público.
• Destacó que, dependiendo de las causas de invalidez concretas que se hagan valer, podrá tener cabida la aplicación de otras normas sustanciales de la legislación civil o de diversa, si son aplicables para resolver sobre la nulidad.
• Los argumentos sobre la cosa juzgada frente a la acción de nulidad de juicio concluido. La Sala consideró que la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido no es un atentado a la institución de la cosa juzgada.
• La cosa juzgada tiene como fin garantizar los derechos humanos de seguridad jurídica sobre lo decidido en un juicio que culminó con sentencia firme y su cumplimiento. No obstante, no puede haber derechos absolutos. Así los derechos de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva pueden admitir excepciones, limitaciones o restricciones.
• La cosa juzgada puede admitir una excepción válida, cuando a su vez está en juego el derecho humano de acceso a la jurisdicción y de tutela judicial efectiva de la persona que afirma que el proceso del cual emanó la sentencia que pasa por autoridad de cosa juzgada y que le perjudica, fue un proceso fraudulento, pues, en tal caso, la gravedad de dicho postulado afecta a la propia base de la cosa juzgada, la cual se sustenta en la existencia del debido proceso. • Además, la condición de proceso fraudulento involucra la vulneración a los fines de la actividad jurisdiccional, que no se reducen a hacer actuar la voluntad de la ley frente a un conflicto material conforme a la verdad formal revelada en el proceso, sino que tiene como fin último, la justicia misma, con pleno respeto a las instituciones procesales; y el juicio fraudulento, necesariamente, está afectado en su autenticidad.
• Ante la imputación de la utilización indebida del proceso mediante actos fraudulentos debe considerarse como un fin constitucionalmente válido admitir el juicio de veracidad que se propone en la acción de nulidad de juicio concluido, pues está en juego el derecho de acceso a la justicia y el respeto a la administración de justicia. Esa posibilidad es razonable en la medida en que si se llegara a demostrar el proceso fraudulento quedaría evidenciado que en realidad la cosa juzgada sólo fue aparente, pero no se configuró.
• Tal medida de excepción no es desproporcional, pues la acción de nulidad de juicio concluido permite la plena defensa de la parte demandada (favorecido con la sentencia ejecutoria que se pretende privar de efectos) respecto de la autenticidad del proceso cuestionado.
• Finalmente, las personas juzgadoras podrán desechar la demanda por notoriamente improcedente cuando no adviertan que pueda demostrarse la posibilidad de un proceso fraudulento.
• Influencia en el caso, de lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004”. En ese apartado respecto a la cosa jugada se sostuvo que ni por excepción se puede admitir la impugnación de la sentencia firme que tiene tal calidad, pues los principios que inspiran la inmutabilidad de la sentencia son absolutos; y que no debe consentirse su impugnación ni debe abrirse una nueva instancia respecto de una cuestión ya juzgada.
• Sin embargo, en ese mismo estudio se precisó que la cosa juzgada sólo atañe a la sentencia que se obtiene de un auténtico proceso judicial, en el que se hubieren seguido las formalidades esenciales del procedimiento, donde la persona interesada tuvo la oportunidad de ejercer una adecuada defensa y que la cosa juzgada no puede invocarse y confirmarse cuando ese debido proceso no tuvo lugar en el juicio.
• La Sala precisó que lo anterior debe entenderse en el sentido de que la inmutabilidad de la cosa juzgada se ha de predicar sobre la base de que el proceso del que deriva fue auténtico y regular.
• Sobre la acción de nulidad de juicio concluido, en la acción de inconstitucionalidad de referencia se destacó el origen jurisprudencial de la acción de nulidad de juicio concluido y que esta procede ante la existencia de un proceso fraudulente por simulación de las partes para obtener una sentencia que perjudique a una tercera persona. También se agregó que, por regla general, las partes no tienen legitimación para instar este procedimiento.
• Por tanto, la Primera Sala dijo que la ejecutoria de la acción de inconstitucionalidad aludida no excluye absolutamente la posibilidad de que quien haya sido parte sí tenga legitimación para promover la acción de nulidad de juicio concluido cuando la hipótesis en que se sustente la pretensión sea la imputación de que el proceso fue fraudulento y la causa alegada conlleve la acreditación de que no tuvo intervención formal ni material en el proceso. Tampoco se excluye la posibilidad de que sea un tercero afectado por la sentencia quien alegue que el proceso fue fraudulento porque una de las partes, por causa de su muerte, no pudo tener ninguna intervención en el juicio cuestionado.
• La procedencia del juicio de amparo indirecto para desahogar la pretensión de nulidad del juicio concluido. Al margen de que el juicio de amparo indirecto sea o no procedente, ello no excluye la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido.
• Además, el juicio de amparo no es el medio más idóneo para desahogar una pretensión de obtener la anulación de un juicio concluido por proceso fraudulento, pues la acción de nulidad entraña una litis que no está dirigida a cuestionar los actos jurisdiccionales en su legalidad ni los actos procesales en cuanto a sus requisitos, formas o solemnidades, sino que la controversia se centra en la validez material de los actos por causas que generalmente no aparecen ante la persona juzgadora en las actuaciones, que impiden que el proceso en sí mismo subsista, por resultar fraudulento. Para dilucidar tal pretensión se requiere el desahogo de un proceso ordinario.
• Derivado de todo lo anterior, la Primera Sala concedió el amparo solicitado. Respecto del amparo adhesivo, consideró inoperantes los conceptos de violación y determinó negarlo.
B. Criterio de la Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 275/2011
13. Antecedentes. Un magistrado de circuito denunció la posible contradicción entre lo sostenido por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, al resolver el amparo directo 452/1999, en contra del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito al fallar el amparo directo 1530/2010. El asunto se radicó en la Segunda Sala de este Alto Tribunal.
14. Criterio contendiente. Seguido el procedimiento respectivo, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis con base en los argumentos que enseguida se sintetizan:
• Existe la contradicción de tesis. Los tribunales contendientes analizaron la figura jurídica de la nulidad de juicio concluido y arribaron a conclusiones disímiles, pues mientras uno sostuvo que dicha acción es procedente aunque no esté contemplada en la Ley Federal del Trabajo, el otro tribunal estimó que dicha falta de regulación daba lugar a la improcedencia de la acción.
• La Sala transcribió algunas consideraciones de la contradicción de tesis 26/2003, del Tribunal Pleno, en las que sostuvo que no hay posibilidad jurídica de solicitar la nulidad de juicio concluido laboral por simulación de juicio y de origen fraudulento, por ser una figura no regulada en la legislación laboral y porque no es factible combatir una sentencia con las características de cosa juzgada.
• En torno a la figura de la cosa juzgada, la Sala también retomó los razonamientos plasmados en la acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004. Conforme a ello, consideró que de acuerdo con los principios de seguridad y certeza jurídica que resultan del debido proceso, las partes no pueden sustraerse de los efectos de la cosa juzgada y, al margen de las conductas que hayan observado en el proceso, lo cierto es que el laudo logra alcanzar la categoría de cosa juzgada dentro de un proceso en el que ha sido agotado el juicio de amparo.
• Consecuentemente, no es admisible que alguna de las partes pretenda anular el juicio concluido y ejecutoriado en el cual participó, sobre la base de que se llevó a cabo en forma fraudulenta, pues por haber intervenido en el proceso, estuvo en condiciones de aducir o demostrar los vicios en los cuales sustenta el supuesto fraude, agotando los medios de defensa que establece la ley, o en su caso el juicio de amparo.
• Asimismo, los principios generales del derecho “nadie puede enriquecerse con daño a otro”, “lo nulo no produce efecto alguno” y “la libre estimación de quien juzga”, previstos en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo no pueden abrir la posibilidad de ejercitar la acción de nulidad de juicio laboral concluido por simulación y de origen fraudulento.
• El numeral legal invocado señala que a falta de disposición en la Constitución, en la propia Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos o en los tratados internacionales, siempre y cuando regulen casos semejantes se reconocen como fuentes supletorias los principios generales de derecho y los que deriven de los anteriores ordenamientos, los principios generales de justicia social que deriven del artículo 123 constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.
• Para que se actualice la aplicación supletoria de alguna de esas fuentes se requiere: a) que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad e indique la norma supletoria: b) que la ley a suplir no contemple la institucional o no la desarrolle o la regule deficientemente; c) que el vacío normativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídico que el órgano legislativo no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y d) que la norma supletoria no contraríe la norma a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen la institución de que se trate.
• Por tanto, aun cuando la Ley Federal del Trabajo no establece la acción de nulidad de juicio concluido cuando se compruebe la tramitación fraudulenta de un proceso, no es factible su ejercicio aplicando supletoriamente los principios generales del derecho, pues el vacío legislativo al no prever la figura hacer innecesario aplicar supletoriamente los principios generales del derecho, por ser una acción que el órgano legislativo no tuvo la intención de establecer, debido a la inmutabilidad de los laudos y los términos especiales de la cosa juzgada.
• Lo anterior, ya que los principios de seguridad y certeza jurídica que resultan del debido proceso, en términos del artículo 14 de la Constitución Federal, que inspiran la inmutabilidad de las sentencias son absolutos y no deben ceder frente a algunos otros, pues tales principios se encuentran garantizados, en la medida en que el propio sistema está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados impugnar las decisiones jurisdiccionales, a fin de reparar cualquier vicio del que pudieran adolecer, así como las violaciones que en el procedimiento se cometan.
• Esas consideraciones se sintetizaron en la tesis 2a./J. 158/2011, de rubro: “NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. ES IMPROCEDENTE EN MATERIA LABORAL.”(9)
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
15. Sentada la exposición de las ej
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33664-1ca0b6cb/accion-de-nulidad-de-juicio-concluido-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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