COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. CUANDO DESECHA UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 222/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 19 DE MAYO DE 2025. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: EDITH GUADALUPE ESQUIVEL ADAME.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve una posible contradicción de criterios suscitada entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El problema jurídico por resolver para el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Por escrito recibido el cinco de agosto de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se denunció la posible contradicción de criterios entre el emitido por la Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 742/2015(1) y el emitido por la Primera Sala en la contradicción de criterios 183/2017,(2) ambas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. Trámite de la denuncia. En acuerdo de ocho de agosto de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar la denuncia de contradicción con el número de expediente 222/2024, respecto a la divergencia de criterios entre las Salas de este Tribunal.
3. Adicionalmente, solicitó a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y Segunda Salas de este Alto Tribunal copia certificada de la ejecutoria relativa al asunto de sus respectivos índices y que informaran si el criterio por ellas sustentado se encuentra vigente. Finalmente, ordenó que se turnara el asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán.
I. COMPETENCIA
4. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción I, de la Ley de Amparo y 10, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción V, del Acuerdo General Plenario 1/2023, toda vez que los criterios denunciados han sido sustentados por la Primera y Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5. Con independencia de la conclusión a la que se llega respecto de la presente denuncia, subsiste la competencia del Pleno al tratarse de una eventual contradicción de criterios sustentada entre las Salas de este Máximo Tribunal. Por lo que resulta aplicable la tesis P. IV/2012 (10a.), de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL TRIBUNAL PLENO TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA CONOCER DE LA DENUNCIA RELATIVA Y RESOLVERLA, INCLUSO SI AQUELLA RESULTARA IMPROCEDENTE, INEXISTENTE O SIN MATERIA”.(3)
II. LEGITIMACIÓN
6. La denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción I, de la Ley de Amparo,(4) ya que fue formulada por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
7. Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 742/2015.
8. Queja. El asunto derivó de una queja presentada ante la Oficina Foránea de Nogales, Sonora, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual una persona reclamó la falta de atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los hechos señaló que en esa institución médica se le informó que debía realizarse algunos estudios, además de retirarle los aparatos que tenía en el fémur por un accidente previo; sin embargo, esos procedimientos no pudieron llevarse a cabo dado que el propio Instituto le informó que no había recursos para realizarlos.
9. Mediante oficio 1332/2013 de tres de diciembre de dos mil trece, el Coordinador de la Oficina Foránea de Nogales, Sonora, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Coordinadora de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, un informe médico detallado y cronológico de la atención que le fue brindada.
10. El cinco de diciembre de dos mil trece, el Coordinador de la Oficina Foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Sonora comunicó que la queja fue admitida con el número de expediente CNDH/5/2013/8639/Q.
11. El Titular de la División de Atención a Quejas en Materia de Derechos Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento al oficio 1332/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, remitió copia de las constancias solicitadas.
12. El Coordinador de la Oficina Foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio vista al paciente con el informe rendido por la autoridad en el que señaló que, previa revisión de su expediente clínico, no se encontró ningún dato de aflojamiento de material, ni radiográficamente, por lo que no era candidato a retiro de material por riesgo de complicación. Consecuentemente, al existir una contradicción entre lo alegado en su escrito de queja y la respuesta de la autoridad, se le concedió un plazo de veinte días para que manifestara lo que a su interés conviniera, el cual fue desahogado por escrito recibido el diecinueve de febrero de dos mil catorce.
13. A través del oficio 248/2014, el Coordinador de la Oficina Foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó al quejoso que no podía acceder a su solicitud de copias certificadas del informe de la autoridad, de conformidad con los artículos 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 9 y 10 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el 14, fracciones I y VI, 61, 63, fracción I, y 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
14. Por lo que hace a la solicitud para la práctica de los exámenes médicos, se le informó al paciente que lo procedente era que su expediente se sometiera a la consideración de los profesionales de la medicina con el fin de que determinaran si el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social que lo atendió incurrió en alguna negligencia médica, para poder emitir el pronunciamiento que conforme a derecho correspondiera.
15. Juicio de amparo indirecto. El treinta de junio de dos mil catorce, el solicitante promovió juicio de amparo indirecto, en el cual señaló como acto reclamado la omisión de dictar la resolución definitiva correspondiente a la queja tramitada ante la Oficina Foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
16. Conoció de la demanda el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, el cual la admitió a trámite y la registró con el expediente 195/2014; y seguidos los trámites de ley, dictó sentencia el veinticinco de agosto de dos mil catorce en la que sobreseyó en el juicio, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 1, fracción I; 5, fracción II; y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado al Coordinador de la Oficina Foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consistente en la omisión de dictar la resolución correspondiente a la queja tramitada ante dicha dependencia, no puede ser considerada como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.
17. Recurso de revisión. Inconforme con esa resolución el quejoso interpuso el recurso de revisión 919/2014 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que mediante sentencia de dieciséis de febrero de dos mil quince, determinó solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción.
18. En sesión de veinte de mayo de dos mil quince, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 97/2015 en el sentido de avocarse al conocimiento del presente amparo en revisión.
19. El asunto se registró con el número de amparo en revisión 742/2015 de la propia Sala, la que en sesión de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, determinó modificar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, por las razones que se transcriben a continuación:
“(...)
Debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, pues es improcedente.
No pasa inadvertido, que el Juez de Distrito resolvió sobreseer en el juicio de amparo, al haberse actualizado la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al considerar que el acto reclamado, la omisión de que la CNDH no emita resolución respecto de una queja interpuesta, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
Sin embargo, hay otro motivo por el cual el juicio de amparo es improcedente, que se desprende de los artículos 102, apartado B, primer párrafo y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: un mecanismo no jurisdiccional de protección de derechos humanos (como el trámite de las quejas que se presentan ante la CNDH) no puede someterse a control de regularidad constitucional a través de un mecanismo jurisdiccional de protección constitucional (como lo es el juicio de amparo).
En su informe justificado, la CNDH planteó una causa de improcedencia en los siguientes términos:
(...).
Efectivamente, en el presente caso se actualiza dicha causa de improcedencia.
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas gozan ‘de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección’. Las garantías a que se refiere esta norma son los medios mediante los cuales pueden hacerse efectivos los derechos humanos. La propia Constitución desarrolla, en diversos artículos, garantías para la protección, defensa y justiciabilidad de los derechos humanos.
Una de las garantías por excelencia es el juicio de amparo. Este procedimiento, regulado en los artículos 103 y 107 de la Constitución, puede promoverse en contra de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales vinculantes para México. El artículo 103 es del siguiente tenor:
(...).
Así pues, esta norma contempla una garantía jurisdiccional para la protección de los derechos humanos.
Ahora bien, la propia Constitución, en el artículo 102, apartado B, prevé también un medio de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 49/2009, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuó algunas consideraciones en torno a esa norma constitucional. Se comenzó por señalar que este precepto no sólo establece cuáles son la naturaleza y funciones de la CNDH, sino que también ‘prevé una garantía en favor de las personas, de naturaleza instrumental o adjetiva’. Luego, se indicó que, así como los artículos 14 y 17 constitucionales prevén una ‘garantía judicial’, el artículo 102, apartado B prevé una garantía ‘con el fin de que los gobernados tengan acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales’.
El artículo 102, apartado B constitucional es del siguiente tenor:
(...).
Primero, en esta norma se habla de manera genérica de los organismos de protección de los derechos humanos y posteriormente se hace referencia expresa a la CNDH. Según se ha dicho, las resoluciones que emitan estos organismos no son vinculantes. Esto obedece a que se basan en la figura del Ombudsperson, cuyas características principales, según ya lo ha señalado la Primera Sala, son: (i) autonomía, dado que su mandato surge de una legislación que ‘lo comisiona a proteger los derechos humanos y no está sujeto ni subordinado al poder ejecutivo, legislativo o judicial’, (ii) debe ser electo a través de las legislaturas o algún otro cuerpo colegiado, con mandato limitado temporalmente, (iii) el o la titular de la institución debe ser ‘una persona de la más alta legitimación en el ámbito de los derechos humanos’, (iv) éste puede ser destituido por medio del órgano legislativo o el órgano colectivo elegido, (v) ‘está facultado para investigar de oficio o a petición de parte, a través de quejas en las que se considere que un acto u omisión viola derechos humanos, así como para realizar la recomendación correspondiente’, y (vi) está facultada para elaborar un informe que refleje sus actuaciones o la situación de los derechos humanos.
Con base en estas características y tomando en cuenta el texto del artículo 102, apartado B constitucional, se concluye que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, a través de las comisiones de derechos humanos, obedecen a una lógica propia, donde las recomendaciones que se llegan a emitir, con motivo de una queja, no son vinculantes. Además, la fuerza de dichas recomendaciones proviene de la legitimación y aceptación de la institución y de su titular, de su autoridad moral. Las investigaciones y procedimientos para que el órgano llegue a concluir que en un determinado caso se violaron los derechos humanos de alguna persona también responden a la propia lógica de un sistema no jurisdiccional y no vinculante de derechos humanos.
Al resolver el amparo en revisión 426/2013, la Primera Sala de este Alto Tribunal explicó claramente la distinción entre la naturaleza del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos y uno jurisdiccional, en los siguientes términos:
(...).
En suma, el régimen constitucional mexicano reconoce distintas garantías para la protección de los derechos humanos. Una de ellas es no jurisdiccional, y está prevista en el artículo 102, apartado B de la Constitución, mientras que otra es jurisdiccional y contenciosa, seguida ante los tribunales constitucionales del Poder Judicial de la Federación, y está prevista en el artículo 103 constitucional. Ambas tienen efectos, procedimientos y estándares (probatorios, de presunciones) diferentes, porque obedecen a una lógica distinta: en el caso de las resoluciones emitidas por los jueces en amparo, éstos podrán reparar la violación de derechos humanos de manera coercitiva, a través de los mecanismos de ejecución previstos en la propia Constitución y en la Ley de Amparo. En cambio, como ya se ha dicho, la fuerza de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos como la CNDH descansa en su autoridad moral: se trata de una institución ‘de magistratura de conciencia, de opinión de influencia, y sus resoluciones deben tener la autoridad que les otorga el prestigio de su emisor y la mesura de sus recomendaciones’.
Ahora bien, esta Segunda Sala estima que no son impugnables mediante el juicio de amparo los procedimientos de queja tramitados ante la CNDH por la presunta violación de derechos humanos, incluyendo la omisión que deba recaer en los mismos, que pueden culminar con la emisión de una recomendación, con un acuerdo de no responsabilidad, entre otras posibilidades (por ejemplo, la queja también podría ser desechada o tener algún otro destino procesal), con base en el artículo 102, apartado B, primer párrafo de la Constitución, en relación con el artículo 103 constitucional. Así como de manera expresa, el artículo 102, apartado B, tercer párrafo de la Constitución, señala que los organismos de protección de derechos humanos no son competentes ‘tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales’, debe entenderse que las recomendaciones, o los trámites que son llevados a cabo para emitir éstas, no pueden someterse al escrutinio constitucional del juicio de amparo.
En ese sentido, vale la pena traer a colación que esta Segunda Sala resolvió, en sesión del 6 de abril de 2016, el amparo en revisión 1066/2015, por unanimidad de cinco votos, en el que se hicieron las siguientes consideraciones:
(...).
Como se observa, al resolver el amparo en revisión 1066/2015, esta Segunda Sala determinó que si se reclama mediante juicio de amparo una recomendación emitida por la CNDH, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no es factible estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de las garantías constitucionales, es decir, en el resto de los procesos que por determinación constitucional expresa también tienen la función de restaurar el orden normativo de nuestra Constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido, como lo es, el juicio de amparo previsto en el artículo 103 constitucional.
(...).
20. De lo anterior se advierte que la Segunda Sala consideró que el amparo es improcedente, pero por motivos distintos a los advertidos por el Juez de Distrito los cuales se exponen:
a) El diverso motivo por el cual es improcedente el juicio de amparo se desprende de los artículos 102, apartado B, primer párrafo, y 103 de la Constitución Federal, que establecen que las quejas presentadas ante la Comisión son un mecanismo no jurisdiccional de protección de derechos humanos y no puede someterse a control de regularidad constitucional a través de un mecanismo jurisdiccional de protección constitucional como lo es el juicio de amparo.
b) Lo anterior, tal como lo estableció el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 49/2009, en la cual determinó que el artículo 102 constitucional no sólo establece cuáles son la naturaleza y funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que también prevé una garantía en favor de las personas, de naturaleza instrumental o adjetiva; en efecto, así como los artículos 14 y 17 constitucionales prevén una garantía judicial, ese precepto prevé una garantía con el fin de que los gobernados tengan acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales.
c) En ese sentido, las resoluciones que emitan estos tipos de organismos no son vinculantes, sino que la fuerza de sus recomendaciones proviene de la legitimación y aceptación de la institución y de su titular, de su autoridad moral.
21. Criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 183/2017.
22. Los asuntos denunciados derivaron de quejas interpuestas ante comisiones estatales de derechos humanos, cuyos hechos relevantes se refieren a continuación:
23. En uno de los asuntos, la Comisión estatal emitió un acuerdo de no responsabilidad de los servidores públicos; y en el otro caso, la Comisión local realizó una recomendación en la que determinó que no se demostró la intervención de las autoridades denunciadas ante ella.
24. En contra de éstas se interpusieron recursos de impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los cuales fueron desechados.
25. Inconformes los denunciantes promovieron juicios de amparo, los cuales fueron desechados por los Jueces de Distrito al estimar que los actos impugnados no eran actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.
26. En contra de esa determinación, los quejosos interpusieron recursos de revisión en los que uno de los Tribunales Colegiados del conocimiento levantó el sobreseimiento al considerar que tales actos sí cumplían con las notas distintivas de los actos de autoridad según la jurisprudencia 2a./J. 164/2011; mientras que el otro Tribunal Colegiado que participó en la contradicción confirmó la sentencia y sostuvo que el acto controvertido no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues dada la naturaleza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sus decisiones no obligan a ningún órgano del Estado a cumplirla y acatarla. 27. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación planteó la pregunta a resolver de la siguiente manera: ¿es procedente el juicio de amparo en contra del desechamiento de un recurso de impugnación sustanciado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
28. Dentro de las consideraciones de la ejecutoria, en lo conducente, se sostuvo:
(...).
QUINTO. Estudio de Fondo. Tal como se desprende del considerando anterior, para resolver el problema jurídico que se presenta, esta Primera Sala deberá determinar si el desechamiento de un recurso de inconformidad es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y por tanto, si el amparo es procedente en su contra.
En este orden de ideas, se adelanta que esta Primera Sala estima que el desechamiento del recurso de impugnación es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, aunque las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no lo sean. Para llegar a esa conclusión se estudiará: (i) la improcedencia del amparo contra las recomendaciones; (ii) el recurso de impugnación y el desechamiento de éste; y (iii) si el amparo procede contra dicho desechamiento.
(i) La improcedencia del Amparo contra las recomendaciones
El artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula a los Organismos de Protección de Derechos Humanos Locales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante ‘CNDH’). Conforme a ese artículo, la función de estos organismos es conocer de quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos cuando fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público –salvo el Poder Judicial de la Federación– y formular recomendaciones a las autoridades implicadas. Además, la CNDH es un organismo constitucionalmente autónomo, lo que significa que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios e independencia para emitir sus recomendaciones.
Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la naturaleza de las recomendaciones emitidas por los organismos de protección a los derechos humanos y la improcedencia del juicio de amparo en su contra.
En efecto, en los amparos en revisión 426/2013 y 448/2015, esta Primera Sala resolvió que el juicio de amparo es improcedente contra el contenido y, en su caso, incumplimiento de las recomendaciones emitidas por organismos de protección a derechos humanos.
En el amparo en revisión 448/2015 se precisó que ‘la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si bien, forma parte de las instituciones del Estado Mexicano, su naturaleza constitucionalmente prevista, le impide dictar, ordenar o ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas de forma obligatoria, lo que en el caso, se acota precisamente a las recomendaciones que dicha Comisión emite, y que por disposición de la Carta Magna, no tienen efectos vinculatorios’. Más aun, en el mismo asunto, esta Primera Sala concluyó que ‘la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo que se refiere a las recomendaciones que emite, no puede ser considerada como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, puesto que dichas recomendaciones, por su propia naturaleza, tienen el carácter de actos no justiciables en sede judicial (énfasis añadido)’.
En este mismo sentido, en el amparo en revisión 426/2013 se advirtió que ‘existe un impedimento técnico que convierte el reclamo de incumplimiento de una recomendación de una comisión de derechos humanos en una cuestión no justiciable en sede jurisdiccional. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución’ (énfasis añadido).
Por último, en el amparo en revisión 507/1996, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia destacó que aun cuando se emita la recomendación solicitada, no puede considerarse ‘que sea susceptible de afectar o lesionar la esfera jurídica de los particulares, en virtud de que al no ser vinculatoria, su realización no tiene la finalidad de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, las situaciones jurídicas o fácticas preexistentes al momento en que se emitió la resolución, sino solamente recomendar a la autoridad correspondiente que sea ella la que produzca esas consecuencias’0 (énfasis añadido).
En conclusión, de acuerdo con los precedentes antes citados, ni el contenido de las recomendaciones emitidas por organismos de protección a los derechos humanos, ni su eventual incumplimiento, son impugnables vía amparo, porque en ambos casos, las recomendaciones no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas para quien las solicita.
Sin embargo, no existe ningún precedente en el que se haya resuelto si procede el amparo en contra del desechamiento de un recurso de impugnación sustanciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, es importante precisar que en ninguno de esos precedentes se estableció que, de manera general, dicha Comisión nunca pueda ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo.
(ii) El recurso de impugnación
El artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que la CNDH tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren atribuidas a autoridades y servidores públicos de carácter federal –salvo a las pertenecientes al Poder Judicial de la Federación– o cuando fueren imputadas a autoridades federales y locales.
Por otra parte, cuando se trate de quejas relacionadas con violaciones a derechos humanos por parte de autoridades o servidores públicos de las entidades federativas o municipios, conocerán los organismos de protección de los derechos humanos de la Entidad de que se trate.
Ahora bien, el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, prevén la posibilidad de que la CNDH conozca de las inconformidades que se presenten contra recomendaciones, acuerdos u omisiones de Organismos Locales de Protección a los Derechos Humanos.
En este sentido, el artículo 55 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que las inconformidades a que hace alusión el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política se sustancian mediante los recursos de queja e impugnación.
El recurso de queja procede contra las omisiones o la inacción de organismos locales de protección de derechos humanos dentro de los procedimientos que hubiesen sido sustanciados ante ellos y siempre que en el caso no hayan emitido recomendación alguna.
Por otro lado, el recurso de impugnación procede contra: (1) las resoluciones definitivas de los organismos estatales de derechos humanos; (2) la información definitiva de autoridades locales sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las comisiones locales; y excepcionalmente (3) los acuerdos de las comisiones estatales cuando, a juicio de la CNDH, se violen derechos de los denunciantes en los procedimientos seguidos ante los citados organismos y estos deban protegerse de inmediato.
Una vez presentado el recurso de impugnación, la CNDH deberá analizar su procedencia, pudiendo desechar de plano aquellos recursos que considere notoriamente infundados. Si el recurso es admitido, y una vez que finalice su trámite, la CNDH podrá resolver en los siguientes sentidos:
1. Confirmar la resolución definitiva del organismo local de derechos humanos;
2. Emitir una recomendación dirigida a la comisión estatal para que a su vez modifique su recomendación;
3. Confirmar la suficiencia en el cumplimiento de la recomendación del organismo local; o
4. Emitir una nueva recomendación a la autoridad denunciada por la insuficiencia en el cumplimiento de la recomendación local.
Por tanto, ya sea que se impugne la resolución definitiva de una comisión local, o el cumplimiento de una recomendación emitida por un organismo estatal, la CNDH sólo podrá resolver en tres sentidos distintos: desechar, confirmar o recomendar.
Es importante resaltar que emitir una recomendación –o confirmarla– es un acto sustancialmente distinto a un desechamiento. En efecto, al emitir una recomendación la CNDH debe estudiar el fondo del asunto y estimar si existen elementos para considerar que se violaron derechos fundamentales y por tanto si la autoridad debe adoptar algunas acciones al respecto. En cambio, al desechar un asunto, la CNDH se limita a verificar si se cumplen los requisitos de procedencia del recurso y por tanto si se está en un caso en el que se pueda analizar la cuestión de fondo. Por tanto, a continuación se analizará si el desechamiento puede ser considerado como acto de autoridad para fines del juicio de amparo.
(iii) El juicio de amparo es procedente contra el desechamiento de un recurso de impugnación.
De acuerdo con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos. Por tanto, la existencia de un acto de autoridad es esencial para la procedencia del juicio de amparo. Así, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, define a los actos de autoridad como aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.
En este sentido, el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política prevé que cualquier persona pueda acceder a una tutela no
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33665-61107490/comision-nacional-de-los-derechos-humanos-cuando-desecha · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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