I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTICUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTICUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS ..."). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTICUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS ..."). XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE, DE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 222/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 6 DE AGOSTO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: ANGEL JONATHAN GARCÍA ROMO.
SÍNTESIS
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos presentó demanda de controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de otras autoridades de dicha entidad federativa, en la que planteó una transgresión a la independencia del Poder Judicial de ese estado, por la publicación del Decreto número 2024 (dos mil veinticuatro) en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro) del estado de Morelos, el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.
La parte actora manifiesta la violación al principio de autonomía en la gestión presupuestal establecido en el artículo 116 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), toda vez que el Poder Legislativo local concedió la pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial (PJ) del estado de Morelos, sin que se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para que cumpla con la carga económica que implica el cumplimiento del decreto jubilatorio para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la SCJN en sesión correspondiente al seis de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 222/2024, promovida por el Poder Judicial, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del estado de Morelos.
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la SCJN consiste en determinar la validez del Decreto número 2024 (dos mil veinticuatro) emitido por el Poder Legislativo del estado de Morelos, mediante el cual concede una pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto del PJ de dicha entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la SJCN, el Presidente del TSJ y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del PJ del estado de Morelos promovió la presente controversia constitucional en la que demandó la invalidez del Decreto número 2024 (dos mil veinticuatro) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro) del estado de Morelos, el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, mediante el cual el Poder Legislativo de esa misma entidad federativa otorgó una pensión por jubilación a una persona extrabajadora con cargo al presupuesto del poder actor.
2. Preceptos constitucionales violados. El actor señaló como trasgredidos los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III,123 apartado B, 126, 127 y 134 de la CPEUM; así como los artículos 32 párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la parte actora señaló los siguientes argumentos:
Los poderes demandados al emitir el decreto impugnado dispusieron de los recursos financieros del PJ del estado de Morelos, sin que éste tuviera alguna intervención en su emisión.
Además, en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, no se contempló partida alguna para el pago de decretos controvertidos ante la SCJN. Así, el monto contemplado en el presupuesto apenas es suficiente para pagar las pensiones que ya había otorgado previamente el Congreso local, de ahí que no se tenga certeza de que dicha cantidad sea suficiente para cubrir pensiones futuras.
La afectación al presupuesto del PJ estatal es importante ya que el Poder Legislativo impone la obligación de pagar la pensión por jubilación a partir del día siguiente a la separación de las labores, lo que implica que se haya dispuesto del presupuesto para el ejercicio fiscal.
Para el pago de los decretos pensionarios en el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, el Congreso local no consideró el incremento de pensiones, nuevos jubilados o pensionados, amparos o asuntos controvertidos, tal y como se precisó en el anteproyecto de presupuesto de egresos y programa operativo anual ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, presentado por el Gobernador del estado, es decir, la autoridad demandada está informada que no se tiene numerario presupuestado para el pago del decreto reclamado, con lo que se vulnera la independencia y gestión presupuestaría del poder actor.
La emisión del decreto se vulnera en su perjuicio el artículo 49 constitucional, que obliga a los destinatarios al respeto del principio de división de poderes.
También se infringe el artículo 92-A, fracción VI, de la Constitución local porque atendiendo al principio de congruencia presupuestal al que se encuentra sujeto el PJ, corresponde en forma exclusiva a éste la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa.
Los trabajadores burocráticos tienen derecho a una pensión por jubilación siempre que se encuentren asignadas por un decreto legislativo; sin embargo, el Congreso Local no asignó los recursos económicos para el pago y, por tanto, el PJ está impedido para realizar el pago.
Lo anterior, viola los principios de división de poderes, autonomía e independencia establecidos en los artículos 40, 41, 49, 116 y 133 de la CPEUM; y 92-A y 131 de la Constitución local.
Además, es incongruente que el decreto impugnado, publicado en dos mil veinticuatro, establezca que su financiamiento provendrá de la partida presupuestal de dos mil veintitrés.
El decreto contraviene los citados mandamientos constitucionales que le reconocen el derecho al poder actor la potestad gubernativa de autonomía de gestión presupuestal y potestad de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, entre ellas, para otorgar pensiones y jubilaciones; consecuentemente, también autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que se pueda incluir de manera planificada y programada el pago de las prestaciones laborales, sin injerencia de otra autoridad estatal.
Asimismo, se omite que, en la fecha de emisión del decreto impugnado, ya había sido aprobado el presupuesto de egresos del PJ estatal para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés. Este presupuesto incluyó una partida para pagar los decretos ya existentes, pero no contempló los autorizados posteriormente.
Así, el decreto impugnado implica la subordinación del PJ frente al Congreso estatal, ya que viola el principio de autonomía en la gestión presupuestal previsto en el artículo 116 de la CPEUM.
4. Radicación y turno. Por acuerdo de quince de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el expediente 222/2024; asimismo, turnó el asunto a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para que instruyera el procedimiento correspondiente.
5. En acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió la demanda por lo que hace al Decreto número 2024 (dos mil veinticuatro) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6334 de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, y tuvo como demandados sólo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Morelos, sin reconocer ese carácter a la Secretaría de Gobierno, al tratarse de un órgano subordinado al Poder Ejecutivo estatal.
6. Contestación de demanda por las autoridades demandadas. Por escrito presentado vía electrónica en siete de enero de dos mil veinticinco, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, en su carácter de Consejero Jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, dio contestación a la demanda.
7. Del escrito se advierte una manifestación en el sentido de que mediante oficio ********** de quince octubre de dos mil veinticuatro, la Coordinadora de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de Morelos informó que se autorizó una ampliación presupuestal en cantidad de $ ********** (**********), para cumplir con el pago de decretos de pensión en favor del PJ, por lo que dicho poder está en condiciones de cubrir el pago del decreto reclamado, para demostrar su dicho adjuntó a su escrito los comprobantes bancarios con número de referencia **********, **********, ********** y **********.
8. Por su parte, mediante escrito recibido el ocho de enero de dos mil veinticinco depositado en el buzón judicial de esta SCJN, la Diputada Jazmín Juana Solano López, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del estado de Morelos, contestó la demanda interpuesta en su contra. Al respecto, manifestó que se realizaron ciertas asignaciones al TSJ del Estado y, se autorizó una ampliación presupuestal destinada para la atención de diversos temas en materia de pensiones, controversias constitucionales y juicios de amparo.
9. Las referidas contestaciones fueron acordadas mediante proveídos de veintidós de enero y veintiocho de abril de dos mil veinticinco, respectivamente.
10. Audiencia y cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento, el once de junio de dos mil veinticinco tuvo verificativo la audiencia de ley, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y por admitidas las pruebas ofrecidas, y se hizo constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Luego, por acuerdo de veinticinco de junio siguiente, se dio cuenta con el acta de audiencia, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente y se solicitó la remisión del expediente a la Segunda Sala, a la que se encuentra adscrita la Ministra instructora.
11. Avocamiento. Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil veinticinco esta Segunda Sala de la SCJN se avocó al conocimiento de esta controversia constitucional.
I. COMPETENCIA
12. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h, de la CPEUM,(1) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), en relación con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de esta SCJN y el punto Primero del Acuerdo General 1/2023,(6) del Tribunal Pleno de la SCJN, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
13. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria(7) de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se precisa el acto objeto de la presente controversia.
14. De la lectura integral de la demanda se aprecia que, en esencia, el PJ del estado de Morelos se duele de que el Poder Legislativo local haya otorgado una pensión por jubilación, con cargo a su presupuesto, sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento ni haberle concedido participación alguna.
15. Esa determinación se encuentra contenida en el artículo 2o. del Decreto número 2024 (dos mil veinticuatro) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro) del estado de Morelos, el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, por lo que esta Segunda Sala de la SCJN lo fija como acto objeto de la presente controversia.
16. La existencia del referido decreto se acredita, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, con la copia certificada de la publicación oficial respectiva, la que se acompañó por el Poder Ejecutivo demandado al presentar su contestación a la demanda.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
17. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, toda vez que el Poder Ejecutivo local demandado remitió a esta SCJN copia del Decreto número 2024 (dos mil veinticuatro) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro) del estado de Morelos el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por jubilación a una persona extrabajadora.
18. Ahora bien, el contenido del referido Decreto es el siguiente:
DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTICUATRO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A **********.
ARTÍCULO 1°. Se concede pensión por Jubilación a **********, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de Analista adscrita a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia con residencia en esta ciudad.
ARTÍCULO 2°. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 95 % del último salario de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3º. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley;
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la quejosa la presente determinación y notifíquese por Oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada dentro del expediente número: 249/2024; ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Morelos.
TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión del Gobierno del Estado [sic]
19. Como se observa, la determinación que específicamente se combate por el poder actor se encuentra contenida únicamente en el artículo 2o. del decreto impugnado; por tanto, únicamente ese precepto será objeto de esta controversia constitucional.
IV. OPORTUNIDAD
20. Conforme al artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria,(8) el plazo para promover la controversia constitucional en contra actos u omisiones es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
21. En este caso el acto impugnado es el Decreto número 2024 (dos mil veinticuatro) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro) del estado de Morelos, el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.
22. Para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", en virtud de que el PJ actor no manifestó haber tenido conocimiento en fecha diversa.
23. Entonces, el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del uno de agosto al once de septiembre de dos mil veinticuatro de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.(9)
24. De dicho plazo deben descontarse los días veinticinco al treinta y uno de julio, tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de agosto, así como siete y ocho de septiembre, todos de dos mil veinticuatro, por haber sido sábados y domingos, por ende, inhábiles conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 143 de la abrogada LOPJF, y atento a lo dispuesto en el punto Primero, incisos a, b, c y f, del Acuerdo General 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la SCJN, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.
25. Por lo tanto, si la demanda se presentó el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, se concluye que fue presentada de forma oportuna.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
26. La demanda fue presentada por parte legítima, ya que el escrito respectivo está firmado por Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del TSJ y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos,(10) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de esa entidad federativa, de conformidad con los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria;(11) así como 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos.(12)
27. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales y corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todos los litigios en que dicho ente público sea parte.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
28. De conformidad con los artículos 10, fracción II y 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de la materia,(13) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla.
29. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto impugnado.
30. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II,(14) y 11, párrafo primero de la ley reglamentaria,(15) de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
31. En representación del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, acude al juicio su Consejero Jurídico, Edgar Antonio Maldonado Ceballos quien acreditó el desempeño de su cargo mediante copia certificada de su nombramiento, de uno de octubre de dos mil veinticuatro; y, mediante el Acuerdo por el que se delega y autoriza a la Persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal, publicado en el periódico oficial del Estado, el dos de octubre de dos mil veinticuatro, y conforme el artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Morelos.(16)
32. Por parte del Poder Legislativo del Congreso del estado de Morelos, comparece la Diputada Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del estado de Morelos quien acreditó su cargo mediante la copia del acta de la sesión de la junta previa del Congreso local, celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro y conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, tiene atribuciones para representar al Congreso del estado en cualquier asunto en que sea parte.
33. Por lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer a la presente controversia, toda vez que a ellos se les responsabiliza por los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.
34. No pasa inadvertido que en el escrito de demanda de la parte actora señaló como demandado al Secretario de Gobierno del estado de Morelos; sin embargo, por acuerdo de quince de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora determinó que, en virtud de que se trataba de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo de la referida entidad federativa, no podía tenerse como tal; en consecuencia, no se le reconoce legitimación pasiva en la presente controversia constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 84/2000, del Pleno, de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS."(17)
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
35. Las causas de improcedencia alegadas por los poderes demandados se desestiman en atención a las consideraciones siguientes:
36. El Poder Ejecutivo Local alega la improcedencia de la controversia constitucional, dado que ésta no tiende a combatir vicios propios en los actos de promulgación y publicación, a razón de que tales facultades se encuentran previstas en la constitución estatal y la ley orgánica de la administración pública local.
37. El motivo de sobreseimiento debe desestimarse, dado que, conforme a la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la materia, todo poder u órgano que se hubiera pronunciado en el acto impugnado tiene el carácter de demandado en la controversia constitucional; resultandos aplicables las tesis P./J. 38/2010,(18) y P.XV/2007.(19)
38. Por otro lado, el Poder Legislativo local que no existe interés legítimo en atención a que el acto impugnado no vulnera la esfera competencial del PJ del Estado de Morelos, de modo que la controversia constitucional es improcedente.
39. Dicha causa de improcedencia resulta infundada, ya que, en atención al criterio sustentado por el Pleno de esta SCJN en la tesis P./J. 92/99,(20) la competencia del PJ local es una cuestión que corresponde al estudio de fondo.
40. En atención a las consideraciones anteriores, esta Segunda Sala no advierte, en forma oficiosa, la actualización de alguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento distintos a los estudiados, por lo que se procede a realizar el estudio de fondo.
VIII. ESTUDIO DE FONDO
41. Criterio jurídico. El decreto impugnado por el que el Congreso Local del estado de Morelos concedió la pensión por jubilación a una trabajadora del Poder Judicial local, con el cargo a su presupuesto sin que previamente le hubiera transferido los fondos necesarios para cumplir dicha obligación, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia judicial (en el grado más grave de subordinación) y autonomía de gestión presupuestal del PJ.
42. El poder actor señala, en esencia, que el Decreto impugnado viola la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal previstos en los artículos 49 y 116 de la CPEUM, pues al no haber asignado los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones determinadas, se invade la esfera competencial del poder actor.
43. Con la finalidad de dar respuesta a lo anterior, resulta necesario explicar brevemente cómo funciona el sistema de pensiones en el estado de Morelos, para lo que esta Segunda Sala retoma las consideraciones que ha expuesto en diversos precedentes, entre ellos, los expedientes de las controversias constitucionales 126/2016,(21) 226/2016,(22) 187/2018,(23) 201/2020,(24) 5/2023,(25) 20/2024(26) y 142/2024,(27) en las que se ha señalado, esencialmente, lo siguiente:
a. Las personas trabajadoras del Estado (o sus beneficiarios) tienen el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio. A efecto de cumplir con ese derecho, los poderes patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables.
b. Con independencia de lo anterior, las personas trabajadoras del estado de Morelos tienen también derecho a gozar de otra pensión que se otorga mediante decreto que expide el Congreso local, una vez satisfechos los requisitos que establece la propia Ley del Servicio Civil para tal efecto.
c. No obstante, en relación con este segundo tipo de pensiones a cargo del Estado, la ley no prevé cómo deberán financiarse ni cómo se distribuirán las cargas financieras en los casos en que el trabajador del estado de Morelos que solicita la pensión haya prestado sus servicios para distintos Poderes.
44. Es así como el Congreso del estado de Morelos, mediante múltiples decretos, ha otorgado pensiones en favor de los trabajadores del PJ local, con cargo a su presupuesto, como aconteció en el presente caso.
45. Sin embargo, el Pleno de esta SCJN ha determinado que el principio de división de poderes necesita de un equilibrio entre los poderes del Estado y de las entidades federativas, mediante un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto, capaz de producir una distorsión que rompa con el sistema de competencias previsto en la CPEUM o que se cause una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías. Interpretación sustenta la tesis P./J. 52/2005.(28)
46. Esta SCJN ha establecido que, para lograr tal equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a respetar tres mandatos prohibitivos: no intromisión, no dependencia y no subordinación.(29)
47. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, actualizándose cuando uno de los poderes interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión.
48. Por su parte, la dependencia figura como el siguiente nivel de violación al citado principio y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder le impida a otro, de forma antijurídica, la toma de decisiones.
49. Finalmente, la subordinación representa el nivel más grave de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo merma la autonomía de un poder, sino que lo somete a su voluntad.
50. En la medida en que la autonomía tiene el carácter de principio fundamental de independencia de los poderes judiciales locales, es evidente que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello generaría la violación al principio de división previsto en el artículo 116 de la CPEUM.
51. Por tales razones, esta Segunda Sala estima que, en efecto, el decreto impugnado lesiona la independencia del PJ actor en el grado más grave (subordinación) y transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal, pues a través de dicho decreto el Congreso del estado de Morelos dispuso de los recursos presupuestales de otro poder sin haber permitido su intervención y sin haber previsto las condiciones legales y materiales necesarias y suficientes para el cumplimiento de dicha carga.
52. Por lo expuesto, es fundado el concepto de invalidez hecho valer por el poder actor y, en consecuencia, se declara la invalidez del artículo 2o. Decreto número 2024 (dos mil veinticuatro) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro) del estado de Morelos el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, por el que se concede la pensión por jubilación a una extrabajadora del PJ del Estado de Morelos, exclusivamente en la porción que refiere lo siguiente:
... será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos ...
53. En consecuencia, y como lo ha sostenido el Tribunal Pleno en reiteradas ocasiones, al haberse alcanzado la pretensión del poder actor, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos hechos valer.
54. Apoya a lo anterior, el criterio de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ."(30)
55. Por otra parte, no pasa inadvertido que los Poderes demandados, en sus respectivas contestaciones, adujeron que ampliación presupuestal para cumplir con el pago de decretos de pensión en favor del PJ y que por ello se estaba en condiciones de cubrir el pago del decreto reclamado, y para tal efecto se adjuntaron diversos comprobantes bancarios.
56. No obstante, los poderes demandados no acreditaron la existencia de ello y, en todo caso, tampoco se acreditó la transferencia al PJ del Estado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33696-25216cbd/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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