NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR BUZÓN TRIBUTARIO. PARA SU VALIDEZ ES SUFICIENTE QUE LA AUTORIDAD ACREDITE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DOCUMENTO EN EL SISTEMA Y EL ENVÍO DEL AVISO ELECTRÓNICO A LOS MEDIOS DE CONTACTO REGISTRADOS POR LA PERSONA CONTRIBUYENTE (ARTÍCULOS 17-K Y 134 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 58/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MAGISTRADA VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIO: MARTÍN ALEJANDRO AMAYA ALCÁNTARA.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el seis de noviembre de dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 40/2025-C-PIII, proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, se denuncia la posible contradicción de criterios entre los sustentados por dicho órgano jurisdiccional al resolver el amparo directo administrativo ******** y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver los amparos directos administrativos ******* y ********, a efecto de: “DETERMINAR SI CONFORME AL ARTÍCULO 134 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE OBLIGACIÓN DE GENERAR Y EXHIBIR EN JUICIO EL ACUSE DE RECEPCIÓN DEL AVISO ELECTRÓNICO ENVIADO AL CONTRIBUYENTE PARA QUE CONSULTARA EL BUZÓN TRIBUTARIO”.
2. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional, en este Pleno Regional. Por acuerdo de presidencia de veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio y escrito de mérito; se radicó el presente expediente con el número 58/2025, se admitió a trámite la denuncia y se ordenó formar el expediente electrónico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE).
3. Asimismo, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia del Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, en términos del artículo 37(1) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.
4. Además, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción continuaban vigentes, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; así como que permitieran el acceso al expediente electrónico de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto en el numeral 39(2) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
5. Finalmente, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existe alguna contradicción de criterios radicada ante ese Máximo Tribunal Constitucional, pendiente de resolución relacionada con el tema materia del presente asunto.
6. Informes sobre la vigencia de los criterios contendientes. Los tribunales colegiados contendientes rindieron su informe solicitado, los cuales se tuvieron por recibidos por acuerdo de seis de mayo de dos mil veinticinco; de los cuales se advierte que los criterios contendientes continúan vigentes, como más adelante se detallará.
7. Nueva integración de este Pleno Regional. En proveído de seis de mayo de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/1576/2025 de treinta de abril del mismo año, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado José Patricio González Loyola Pérez para cubrir la plaza que ocupaba la Magistrada Silvia Cerón Fernández, con efectos del tres de mayo al quince de agosto del año en curso o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine. Asimismo, se hizo de conocimiento a las partes que este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, estaba integrado por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, así como por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y José Patricio González Loyola Pérez.
8. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/2192/2025 mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de once de junio de dos mil veinticinco, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Ernesto Martínez Andreu en la plaza que ocupaba el Magistrado José Patricio González Loyola Pérez, con efectos del dieciséis de junio al quince de septiembre de dos mil veinticinco o hasta que el Pleno lo determine, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, así como por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y Ernesto Martínez Andreu.
9. Confirmación de turno. En proveído de uno de junio de dos mil veinticinco, se tuvo debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa y se confirmó el turno del expediente virtual al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la formulación del proyecto de resolución.
10. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de tres de octubre de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio DGCS/No.007/2025 publicado por el Órgano de Adscripción Judicial denominado “Adscripción de las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como demás movimientos que se indican para la integración de los órganos jurisdiccionales federales”, del que se advierte que fueron designadas para integrar este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, las Magistradas Mónica Saloma Palacios, Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza, con efectos a partir del quince de septiembre de esta anualidad.
11. Returno. En dicho proveído se returnó el presente asunto a la Magistrada, Virginia Pétriz Herrera, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
12. Amicus curiae. Por oficios ingresados el treinta de octubre y cinco de noviembre, ambos de dos mil veinticinco, en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional, se presentaron amicus curiae el primero formulado por el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos adscrito a la Procuraduría Fiscal de la Federación; y, el segundo de los oficios por la Administradora de lo Contencioso “4”, adscrita a la Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica, ambos adscritos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que en el caso las opiniones formuladas resulten vinculantes ni de estudio obligatorio para este Pleno Regional, en atención a lo dispuesto por el artículo 45(3) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
I. COMPETENCIA
13. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo, décimo primero(4) y 107, fracción XIII,(5) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(6) 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(7) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(8) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales(9) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.(10) Así como el Acuerdo QUINTO del Acuerdo General 2/2025, aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco.
14. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, dado que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, de manera que las determinaciones en controversia fueron dictadas dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.
II. LEGITIMACIÓN
15. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII,(11) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(12) de la Ley de Amparo.
III. CRITERIOS CONTENDIENTES
16. Para determinar si existe contradicción de criterios es indispensable tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las ejecutorias denunciadas.
17. Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver los siguientes amparos directos administrativos:
18. Amparo directo *******, resuelto en sesión de trece de febrero de dos mil veinticinco, en el sentido de negar el amparo y protección de la justicia federal, bajo las premisas siguientes:
• Determinó que la autoridad responsable sí analizó la legalidad de los oficios identificados como ************************, *************************, ************************* y *************************; asimismo, que la demandada sí acreditó su legal notificación a la actora.
• Mencionó que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad demandada no tiene la obligación de exhibir un acuse de la notificación de aviso electrónico a fin de demostrar la legalidad de dicha notificación por buzón tributario.
• Determinó que dicho ordenamiento legal, también establece que el plazo de tres días que se le otorga al contribuyente para consultar el buzón tributario se contará a partir del día siguiente a aquél en que se envió el aviso electrónico, mas no que dicho plazo se computaría a partir de que se genere el acuse de envío.
• Estimó que no se desvirtúo la legalidad de los avisos electrónicos relativos a los oficios ya mencionados, por lo que, determinó que gozaban de eficacia jurídica para demostrar los hechos, ya que le correspondía a la actora desvirtuar la presunción legal y ofrecer pruebas para acreditar que no se recibió los avisos en su correo o medio de contacto asignado por ella misma.
• Apoyó sus consideraciones en los establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1160/2021, en el cual analizó la inconstitucionalidad del artículo 134, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el numeral 17-K del mismo ordenamiento, la parte de interés de dicho asunto es la siguiente:
“48. Cabe destacar que, conforme a los antecedentes legislativos analizados por esta Sala, se aprecia que no fue la voluntad del legislador establecer que la notificación se efectuara al cuarto día de que el contribuyente reciba el aviso de notificación y que tiene tres días para abrir el documento digital que le fue remitido al buzón tributario, pues claramente se pronunció por que el plazo para abrir dicho documento se computaría a partir del envío del aviso.
49. Lo que, además, atiende a la lógica de que supeditar la eficacia de las notificaciones efectuadas por buzón tributario a que los contribuyentes reciban los mensajes de aviso, implicaría la posibilidad de dejar a la voluntad de éstos si mantienen o no activados los canales de comunicación para recibir tales avisos y, de no hacerlo, se inhabilitaría, en consecuencia, el buzón tributario como canal de comunicación oficial con la autoridad.”
19. Amparo directo administrativo ********, resuelto en sesión de veinte de febrero de dos mil veinticinco, en el sentido de negar el amparo, bajo las siguientes consideraciones:
• Consideró que con el aviso de notificación se presumió que fue legalmente que se haya enviado la notificación, pues correspondía a la parte actora desvirtuar esa presunción legal y ofrecer las pruebas idóneas para acreditar la negativa de haber recibido el aviso en los correos electrónicos que proporciono como medio de contacto.
• Determinó que la autoridad demandada sí satisfizo la carga de probar la legal notificación del oficio **************************, en el que invitaba a la quejosa a que acudiera a las oficinas de la autoridad fiscal.
• Mencionó que era irrelevante que la autoridad demandada especificara la hora en la cual la notificación hubiere ingresado al sistema del buzón tributario y la diversa en que se hubiere enviado a los medios de contacto, ya que dicha notificación se hace en términos del artículo 134, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que dispone “...cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar.”
• Determinó que no tiene que ver en que se tenga o no por hecha la notificación el momento en que se hubiera remitido el documento al buzón tributario y el diverso en que se haya enviado a los medios de contacto, en virtud de lo cual se hubiera efectuado o no dentro del horario a los que se refiere el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, pues ello resulta intrascendente para efectos de calificar la notificación de legal.
20. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo ********, en sesión de veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, en el sentido de otorgar el amparo bajo las siguientes consideraciones:
• Determinó que era carga de la autoridad demandada demostrar en juicio no solo haber enviado el aviso, sino que la información fue entregada al receptor en su correo electrónico o teléfono móvil, en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación y de la jurisprudencia 2ª./J.209/2007.
• Precisó que no era suficiente la constancia de envío y las notificaciones impresas ofrecidas por la autoridad demandada, pues ello no daba certeza jurídica de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 134, fracción I, párrafo 5º, 6º y 7º del Código Fiscal Federal, por lo que le correspondía a la autoridad demandada acreditar la recepción de dicho aviso.
• Mencionó que las constancias ofrecidas por la demandada solo probaban que la autoridad ordenó el envío de aviso de notificación, pero no evidencia que dicha notificación haya sido recibida por el contribuyente; por tanto, que era insuficiente para demostrar que se hubiera entregado al contribuyente.
• Determinó que el acuse de recepción del aviso de notificación al contribuyente en su correo o su móvil, era prueba fundamental, misma que no se ofreció por la autoridad demandada.
• Por tales razones, el tribunal colegiado otorgó el amparo para los efectos de que la autoridad responsable resolviera con plena jurisdicción, sobre las consecuencias generadas por la invalidez de la notificación de la resolución determinante del crédito fiscal y para que analizara los planteamientos de la demanda de nulidad, relativos a la preclusión de las facultades de verificación de la autoridad hacendaria.
21. Establecido lo anterior, se procede al análisis relativo a la existencia de la contradicción.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
22. Por cuestión de método, es necesario establecer si en el caso se configura la contradicción de criterios, en tanto que sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.
23. En principio, conviene destacar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
24. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(13) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.” 25. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplen los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución, o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como dicha forma, también sea legalmente posible.
26. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2010,(14) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.”
27. Con base en las anteriores precisiones, este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, procede a verificar la actualización de los requisitos anunciados.
28. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales colegiados contendientes analizaron asuntos en los cuales el planteamiento central era determinar si conforme al artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad responsable tiene obligación de generar y exhibir en juicio el acuse de recepción del aviso electrónico enviado al contribuyente para que consultara el buzón tributario.
29. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales colegiados contendientes, porque el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver los amparos directos ******* y ********, estimó que la autoridad demandada no estaba obligada a exhibir un acuse de recepción de aviso electrónico para demostrar la legalidad de la notificación por buzón tributario.
30. En contraste, el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al decidir el amparo directo ********, estimó que la autoridad demandada sí debía ofrecer como prueba el acuse de recepción del aviso de la notificación al contribuyente en su correo o móvil para tenerla como legalmente notificada.
31. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: ¿Para que una notificación sea válida, la autoridad hacendaria debe acreditar que el aviso electrónico fue efectivamente recibido en los medios de contacto designados por el contribuyente, o si basta con que demuestre que dicho aviso fue enviado y que el acto administrativo correspondiente fue puesto a disposición en el buzón tributario?
32. En consecuencia, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.
V. ESTUDIO
33. La contradicción de criterios que se somete a consideración de este Pleno Regional se refiere a un aspecto fundamental del régimen de notificaciones electrónicas a través del buzón tributario.
34. Esto es, en el caso se trata de definir el estándar probatorio que debe regir las comunicaciones entre la autoridad y los contribuyentes, fijando el alcance de los principios constitucionales de seguridad jurídica y derecho de audiencia en un contexto tecnológico.
35. En consecuencia, este Pleno debe fijar un criterio que no sólo resuelva la contradicción en abstracto, sino que también garantice la viabilidad del buzón tributario como herramienta de notificación masiva y confiable.
El diseño normativo del buzón tributario
36. El buzón tributario, previsto en los artículos 17-K y 134 del Código Fiscal de la Federación, no es un mecanismo optativo, sino el medio oficial y obligatorio de comunicación electrónica entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. El legislador diseñó este sistema con el propósito de dotar de certeza, estandarización y trazabilidad a las notificaciones administrativas, superando los problemas del modelo tradicional.
37. El contenido de los artículos mencionados es el siguiente:
“Artículo 17-K. Las personas físicas y morales inscritas en el registro federal de contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual:
I. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido y podrá enviar mensajes de interés.
II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal.
Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria a cualquiera de los mecanismos de comunicación que el contribuyente registre de los que se den a conocer mediante reglas de carácter general. La autoridad enviará por única ocasión, mediante los mecanismos elegidos, un aviso de confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de éste.
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto, de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
Cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o señale medios de contacto erróneos o inexistentes, o bien, no los mantenga actualizados, se entenderá que se opone a la notificación y la autoridad podrá notificarle conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción III de este Código”.
“Artículo 134.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán:
I. Por buzón tributario, personalmente o por correo certificado, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.
La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario conforme las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria. La facultad mencionada podrá también ser ejercida por los organismos fiscales autónomos.
El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado.
Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el docume
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33824-fdda944f/notificacion-electronica-por-buzon-tributario-para-su-validez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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