VISITA DOMICILIARIA. EL ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 1/2015 (10a.), EN CUANTO A LA EXTRALIMITACIÓN DE LOS VISITADORES EN SUS FUNCIONES AL EVALUAR DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS QUE APORTE LA PERSONA CONTRIBUYENTE, SE TRADUCE EN UNA NULIDAD ABSOLUTA O PARA EFECTOS, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA ANULACIÓN. VISITA DOMICILIARIA. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR EL ACTUAR DE LOS VISITADORES CUANDO SE EXTRALIMITEN EN SUS FUNCIONES DURANTE SU DESARROLLO [ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 1/2015 (10a.)].
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 67/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 12 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, DIANA ELDA PÉREZ MEDINA Y MARIANA FLORES VEGA. PONENTE: DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. SECRETARIA: MARÍA ISABEL PECH RAMÍREZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día doce de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios **********, suscitada entre los emitidos por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.
RESULTANDOS:
PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio S.T. 130/2025, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por dicho Tribunal al resolver la revisión fiscal **********; y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito al resolver los amparos indirectos **********, ********** y **********, todos de su estadística.
SEGUNDO. Trámite de la contradicción de criterios. Mediante acuerdo de Presidencia de ocho de agosto de dos mil veinticinco, se ordenó formar y registrar el expediente de contradicción, al que correspondió el número ********** y se admitió a trámite.
En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado; y, se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios, radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente: “DETERMINAR SI, AL EFECTUAR UNA VISITA DOMICILIARIA, LOS VISITADORES TIENEN ATRIBUCIONES PARA VALORAR ELEMENTOS Y DOCUMENTOS APORTADOS DURANTE SU DESARROLLO, O BIEN, CARECEN DE ESAS FACULTADES POR SER EXCLUSIVAS DE LA AUTORIDAD LIQUIDADORA.”
TERCERO. Vigencia de los criterios. Mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibidos los informes de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios sustentados al resolver la revisión fiscal ********** [Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], así como los amparos directos **********, ********** y ********** [Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], dentro de la denuncia de contradicción, se encuentran vigentes.
CUARTO. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio con el que el titular de la aludida Dirección General hizo del conocimiento lo relacionado con el probable tema a analizar en el presente asunto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal se pronunció al resolver la contradicción de criterios –antes contradicción de tesis– 268/20214, de la que derivó la tesis 2a./J. 1/2015 (10a.) de rubro: “VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS, QUE COMO PRUEBA EXHIBA EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, NO PUEDEN SER VALORADOS POR LOS VISITADORES, PUES SÓLO LES COMPETE DETALLARLOS Y HACER CONSTAR HECHOS U OMISIONES EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS”.
QUINTO. Confirmación de turno. Integrado el expediente, en ese mismo auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinticinco, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
SEXTO. Nueva integración de este Pleno Regional y returno del asunto. Con motivo del “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL” publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, así como el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POR EL QUE SE ADSCRIBEN A LAS PERSONAS ELECTAS EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO A DIVERSOS CARGOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2024-2025, ASIMISMO, SE COMISIONAN, REUBICAN Y READSCRIBEN A PERSONAS FUNCIONARIAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, SE DESIGNAN Y, EN SU CASO, PRORROGAN A PERSONAS SECRETARIAS EN FUNCIONES DE PERSONAS JUZGADORAS, este PLENO REGIONAL quedó integrado a partir del quince de septiembre de dos mil veinticinco, con las Magistradas Mariana Flores Vega y Diana Elda Pérez Medina, y el Magistrado Jorge Alberto Orantes López. El treinta de octubre posterior se dictó auto de returno del asunto, así como su confirmación a la Magistrada Diana Elda Pérez Medina, para la elaboración del proyecto correspondiente.
SÉPTIMO. Amicus curiae. Mediante oficios presentados ante este Pleno Regional, de la siguiente forma:
1) Oficio número ***********************, presentado el seis de noviembre de la presente anualidad, por parte del Administrador Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria.
2) Oficio número ***********************, presentado el once de noviembre de la presente anualidad, por parte del Titular de la Dirección General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, en Representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
3) Oficios números *********************** y ***********************, presentados ambos el doce de noviembre de la presente anualidad, por parte de la Administradora de lo Contencioso “5”, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria.
En los cuales se adujeron formular manifestaciones con el carácter de amicus curiae; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 1/2024, del propio Pleno, aprobado en sesión de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro]; en relación con el artículo 1°, fracción II, punto 2, y el artículo 2, estos del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado a través de Acuerdo General 38/2023, del mismo Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; normatividad que continúa vigente en términos del transitorio Décimo Noveno de la ley orgánica aludida, el cual se transcribe para pronta referencia:
“Décimo Noveno.- Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos”.
Ello en virtud de que la contradicción denunciada se suscitó entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de ahí que la denuncia en cita se comprende en el territorio asignado a este órgano. Además, de que una de las materias de los Tribunales Colegiados versa sobre la Administrativa, especialidad de este Pleno Regional.
SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitima, al haberse formulado por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, derivado de lo resuelto en la revisión fiscal 158/2023, expediente que forma parte de los criterios contendientes en el presente asunto.
TERCERO. Criterios denunciados. Los Tribunales Colegiados sustentaron los razonamientos medulares que se expresan a continuación:
1) Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, resolvió el amparo directo **********.
Antecedentes
• Una persona moral, por conducto de su representante legal promovió juicio de nulidad ante la Sala Regional del Pacífico del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de las siguientes resoluciones:
a) La contenida en el oficio ***********************, emitido por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1", mediante la que se determinó un crédito fiscal, así como el pago de un reparto de utilidades a sus trabajadores;
b) La orden de visita domiciliaria **************, de nueve de agosto de dos mil dieciséis, emitida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero; y,
c) El procedimiento de fiscalización seguido en función de la orden de visita.
• Previo cumplimiento de un requerimiento, se admitió la demanda con el número **************** únicamente respecto la resolución señalada en el inciso a) del punto uno de antecedentes que precede y, por lo que hace a los restantes actos, se desechó la demanda.
• Seguido que fue el procedimiento, la Sala fiscal dictó sentencia definitiva, inconforme con la cual, la parte actora promovió juicio de amparo directo.
• Le correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, donde se registró la demanda con el número ******** y, mediante resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, resolvió:
“OCTAVO. Estudio. El concepto de violación de fondo denominado “SÉPTIMO” sintetizado en líneas que anteceden es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional, tal como se explica:
De la síntesis respectiva se advierte que la parte quejosa aduce que la autoridad responsable, de forma incorrecta, desestimó el concepto de impugnación denominado “OCTAVO” de la demanda de nulidad, en el que se plantea que los visitadores efectuaron una valoración de documentos, libros y registros, exhibidos por la contribuyente para desvirtuar irregularidades, a pesar de que únicamente les compete detallarlos y hacer constar hechos u omisiones en las actas circunstanciadas.
En apoyo de su pretensión invocó la jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
“VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS, QUE COMO PRUEBA EXHIBA EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, NO PUEDEN SER VALORADOS POR LOS VISITADORES, PUES SÓLO LES COMPETE DETALLARLOS Y HACER CONSTAR HECHOS U OMISIONES EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS”
Dicho tópico se analiza en primer lugar pues, de resultar fundado, se otorgaría el mayor beneficio posible a la parte quejosa en términos del artículo 189 de la Ley de Amparo, que establece:
“Artículo 189. (Se transcribe)”
De acuerdo con dicho precepto, los parámetros que los órganos jurisdiccionales de amparo deben seguir para examinar la cuestión planteada son: a) privilegiar el estudio de los conceptos de fondo por encima de los de procedimiento y forma; b) buscar estudiar los conceptos de violación que de resultar fundados redunden en un mayor beneficio para el quejoso; y c) únicamente si los conceptos de violación de procedimiento y forma redundan en un mayor beneficio que los de fondo, se invertirá su análisis, para lo cual el órgano jurisdiccional deberá fundar y motivar las razones por las que los argumentos de forma o procedimiento otorgarían un mayor beneficio al quejoso.
Luego, únicamente en el supuesto del inciso c), el Tribunal Colegiado deberá hacer un análisis en su sentencia de todos los conceptos de violación y decidir cuál otorga mayor beneficio al quejoso.
Por ello, está vedado que únicamente aborde el estudio de los motivos de disenso atinentes a cuestiones formales o procesales, sin que pondere los de fondo, pues en caso de que se promueva un segundo juicio de amparo, ese órgano jurisdiccional deberá tomar en consideración lo establecido en el primer juicio.
Tiene aplicación la tesis 2a. XVII/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que es del tenor:
“SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE AMPARO ESTABLECE LOS PARÁMETROS QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN SEGUIR PARA ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. (Se transcribe)”
Ello es así, si se toma en cuenta que, al declararse ilegal la actuación de los visitadores por valorar las pruebas exhibidas, el acta final no puede producir ningún efecto legal y, en consecuencia, la visita domiciliaria habrá concluido fuera del plazo legal de doce meses que establece el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.
Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 1/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:
“VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO. EL PLAZO MÁXIMO QUE ESTABLECE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA SU CONCLUSIÓN CONSTITUYE UN DEBER DE INELUDIBLE CUMPLIMIENTO. (Se transcribe)”
En la inteligencia de que la terminación extemporánea de la visita trae como consecuencia que en esa fecha se entienda concluida y que todo lo actuado quede insubsistente o sin valor legal alguno; es decir, como si la actuación de la autoridad no se hubiera realizado.
Es decir, desaparecerían los efectos formales de la orden de visita y los actos subsecuentes, entre los cuales se encuentra, precisamente, la resolución determinante del crédito fiscal impugnada en el juicio contencioso administrativo del que deriva la sentencia reclamada a través del juicio de amparo que nos ocupa.
Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 2/2004 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que establece:
“VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. SU CONCLUSIÓN EXTEMPORÁNEA DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. (Se transcribe)”
Para cabal comprensión del sentido que rige el presente fallo se considera útil conocer lo sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la Contradicción de tesis 268/2014:
“(Se transcribe)”
De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.), que establece:
“VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS, QUE COMO PRUEBA EXHIBA EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, NO PUEDEN SER VALORADOS POR LOS VISITADORES, PUES SÓLO LES COMPETE DETALLARLOS Y HACER CONSTAR HECHOS U OMISIONES EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS. (Se transcribe)”
Criterio que es obligatorio para este Tribunal Colegiado, así como para la Sala fiscal, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo.
En el caso que nos ocupa, de constancias se advierte que los visitadores en el acta final de diez de agosto de dos mil diecisiete asentaron
“(Se transcribe)”
Al contestar el respectivo concepto de anulación (Octavo), la autoridad responsable consideró:
“TERCERO. (Se transcribe)”
Así, se tiene que la Sala fiscal concluyó que los visitadores no valoraron pruebas porque, desde su óptica, al levantar el acta final los visitadores se limitaron a hacer constar hechos u omisiones detectadas al inicio y en el transcurso de la visita domiciliaria, particularmente la documentación proporcionada por la contribuyente (hoy quejosa) el diez de mayo de dos mil diecisiete; no así a valorar pruebas, ya que dicha cuestión fue efectuada por la autoridad fiscalizadora en la resolución determinante del crédito fiscal impugnado.
Sin embargo, a diferencia de lo apreciado por la Sala contenciosa, este Tribunal Colegiado de Circuito, de la lectura de las transcripciones de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, advierte que los visitadores no se limitaron a circunstanciar los hechos u omisiones que conocieron durante la visita domiciliaria, sino que, de manera ilegal, también valoraron documentos y pruebas aportados por la hoy quejosa.
En efecto, de lo asentado por dicho personal actuante se desprende, con claridad, que, contrario a lo resuelto por la Sala fiscal, los visitadores sí efectuaron una valoración de pruebas o documentos aportados por la contribuyente durante el transcurso de la visita domiciliaria, al señalar razones concretas por las cuales los desestimaron, contraviniendo con ello el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación.
De ahí lo fundado del motivo de disenso en el sentido de que la Sala fiscal desestimó, de manera incorrecta, el concepto de impugnación respectivo contenido en la demanda de nulidad; por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.
No es obstáculo para arribar a dicha conclusión la reforma al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el de ocho de diciembre de dos mil veinte, porque en el caso es inaplicable, en virtud de que la diligencia materia de estudio es de fecha anterior.
Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad, el Amparo Directo Administrativo **********, en sesión ordinaria virtual celebrada vía remota por medios electrónicos el cuatro de mayo de dos mil veintidós.
(...)
NOVENO. Efectos del amparo. En función de lo expuesto, ante lo fundado de un planteamiento de fondo, lo procedente es, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, conceder la protección constitucional para que la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa realice lo siguiente:
1) Deje insubsistente la sentencia de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de nulidad **********.
2) Dicte otra en la que, atendiendo a las consideraciones de esta ejecutoria, estime fundado el concepto de impugnación denominado “Octavo” de la demanda de nulidad; y,
3) Resuelva lo que en derecho corresponda.
En ese orden de ideas, ante los efectos de la protección constitucional, no se analizarán los restantes motivos de disenso, puesto que la parte quejosa, por las razones expuestas en el punto considerativo octavo del presente fallo, no obtendría mayor beneficio. Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la persona moral denominada ********** ********** ** **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acto reclamado de la Sala Regional de Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa identificado en el resultando primero de la presente ejecutoria, para los efectos precisados en el último punto considerativo.
Notifíquese y publíquese;...”
[Lo destacado es de la propia ejecutoria]
2) El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, también resolvió el amparo directo ********.
Antecedentes
• Una persona física promovió juicio de nulidad ante la Sala Regional del Pacífico del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de un crédito fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como en contra de un reparto adicional de participación de los trabajadores en las utilidades por; demanda que fue registrada con el número ***********, mediante proveído de cinco de octubre de dos mil diecisiete, previo desahogo, se admitió a trámite.
• Seguido que fue el procedimiento, el dos de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en virtud de la cual se reconoció la validez de la resolución impugnada y se declaró infundada la solicitud de indemnización realizada por la parte actora; fallo que fue aclarado el veintisiete de noviembre siguiente.
• Inconforme con la decisión, la parte actora promovió juicio de amparo directo.
• Le correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, donde se registró la demanda con el número ******** y, mediante resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, resolvió:
“SÉPTIMO. Solución. El motivo de disenso denominado “NOVENO” es fundado y suficiente para otorgar el amparo y protección de la justicia federal.
Del concepto de violación respectivo se advierte que la parte quejosa aduce que la autoridad responsable, de forma incorrecta, desestimó el concepto de impugnación denominado “DÉCIMO SEGUNDO” de la demanda de nulidad, así como el punto “PRIMERO” de los alegatos, en el que se plantea que los visitadores efectuaron una valoración de documentos, libros y registros, exhibidos por la contribuyente para desvirtuar irregularidades, a pesar de que únicamente les compete detallarlos y hacer constar hechos u omisiones en las actas circunstanciadas.
En apoyo de su pretensión invoca la jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro:
“VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS, QUE COMO PRUEBA EXHIBA EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, NO PUEDEN SER VALORADOS POR LOS VISITADORES, PUES SÓLO LES COMPETE DETALLARLOS Y HACER CONSTAR HECHOS U OMISIONES EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS”
Dicho tópico se analiza en primer lugar pues, de resultar fundado, se otorgaría el mayor beneficio posible a la parte quejosa en términos del artículo 189 de la Ley de Amparo, que establece:
“Artículo 189. (Se transcribe)
(...)”
Para cabal comprensión del sentido que rige el presente fallo se considera útil conocer lo sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la Contradicción de tesis 268/2014:
“QUINTO. (Se transcribe)”
De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.), que establece:
“VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS, QUE COMO PRUEBA EXHIBA EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, NO PUEDEN SER VALORADOS POR LOS VISITADORES, PUES SÓLO LES COMPETE DETALLARLOS Y HACER CONSTAR HECHOS U OMISIONES EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS. (Se transcribe)”
Criterio que es obligatorio para este Tribunal Colegiado, así como para la Sala fiscal, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo.
En el caso que nos ocupa, de constancias se advierte que los visitadores en el acta final de quince de junio de dos mil diecisiete asentaron. “(Se transcribe)”
La parte actora (hoy quejosa) en el concepto de impugnación denominado “DÉCIMO SEGUNDO” de la demanda de nulidad, así como el punto “PRIMERO” de los alegatos, sostuvo, entre otras cosas, que en términos de lo dispuesto por el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, los visitadores carecen de facultades para valorar documentación durante el desarrollo de la visita domiciliaria.
Por su parte, en el punto considerativo DÉCIMO, al contestar el respectivo planteamiento, la Sala contenciosa consideró:
“(Se transcribe)”
Como se advierte de la transcripción que antecede, al atender el planteamiento respectivo de la parte actora (hoy quejosa) la autoridad responsable se limitó a parafrasear el contenido de la ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal y concluyó que los visitadores no valoraron pruebas.
Sin embargo, a diferencia de lo apreciado por la Sala fiscal, este Tribunal Colegiado advierte de la lectura de las transcripciones de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, que los visitadores no se limitaron a circunstanciar los hechos u omisiones que conocieron durante la visita domiciliaria, sino que, de manera ilegal, también valoraron documentos y pruebas aportados por la parte quejosa.
En efecto, de lo asentado por dicho personal actuante se desprende, con claridad, que contrario a lo resuelto por la Sala fiscal, los visitadores sí efectuaron una valoración de pruebas o documentos aportados por la contribuyente durante el transcurso de la visita domiciliaria, al señalar razones concretas por las cuales los desestimaron, contraviniendo con ello el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación.
De ahí lo fundado del motivo de disenso en el sentido de que la Sala fiscal desestimó, de manera incorrecta, el concepto de impugnación respectivo contenido en la demanda de nulidad; por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.
No es obstáculo para arribar a dicha conclusión la reforma al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil veinte, porque en el caso es inaplicable, en virtud de que la diligencia materia de estudio es de fecha anterior.
Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad, el Amparo Directo Administrativo 185/2021, en sesión ordinaria virtual celebrada vía remota por medios electrónicos el cuatro de mayo de dos mil veintidós.
Así como, el Amparo Directo Administrativo 30/2019, en sesión ordinaria virtual celebrada vía remota por medios electrónicos el dieciséis de junio de dos mil veintidós.
OCTAVO. Efectos del amparo. En función de lo expuesto, ante lo fundado de un planteamiento de fondo, lo procedente es, de conformidad con el artículo 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, conceder la protección constitucional para que la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa realice lo siguiente:
1) Deje insubsistente la sentencia de dos de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de nulidad *************.
2) Dicte otra en la que, atendiendo a las consideraciones de esta ejecutoria, estime fundado el concepto de impugnación denominado “Décimo Segundo” de la demanda de nulidad; y,
3) Resuelva lo que en derecho corresponda.
En ese orden de ideas, ante los efectos de la protección constitucional, no se analizarán los restantes motivos de disenso, puesto que la parte quejosa no obtendría mayor beneficio.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****** ****** ****** ******, en contra del acto reclamado de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa identificado en el resultando primero de la presente ejecutoria, para los efectos precisados en el último punto considerativo.
Notifíquese y publíquese; ...”
[Lo destacado es de la propia ejecutoria]
3) Asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, resolvió el amparo directo 82/2021.
Antecedentes
• Una persona moral, por conducto de su apoderado promovió juicio de nulidad por la vía ordinaria, ante la Sala Regional del Pacífico del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de la resolución emitida por la Administración Desconcentrada Jurídica de Guerrero “1” al recurso de revocación, en el sentido de dejar insubsistente la resolución administrativa recurrida, por la cual la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Guerrero “1”, determinó un crédito fiscal por concepto de impuesto al valor agregado, y mediante proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda en la vía ordinaria.
• Seguido que fue el procedimiento, el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada y se reconoció la validez de la diversa recurrida.
• En contra de dicha determinación, la parte actora promovió juicio de amparo, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, donde se formó el amparo directo administrativo ******, y el ocho de octubre de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, en auxilio al Segundo Tribunal Colegiado en mención, concedió el amparo solicitado, y en consecuencia la Sala Administrativa en el juicio de nulidad ************* emitió una nueva resolución el cinco de febrero de dos mil veintiuno en la que se reconoció la validez de la resolución impugnada.
• Inconforme con tal decisión, la parte actora promovió juicio de amparo directo.
• Le correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, donde se registró la demanda con el número ******* y, mediante resolución de uno de septiembre dos mil veintidós
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33855-677e3dd3/visita-domiciliaria-el-alcance-de-la-jurisprudencia-2a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- VISITA DOMICILIARIA. CUANDO EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL O EN LA FINAL, EL VISITADOR VALORA LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS QUE EXHIBA EL CONTRIBUYENTE COMO PRUEBA PARA DESVIRTUAR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ACTA FINAL DE VISITA DOMICILIARIA. LA LEVANTADA PORQUE EL CONTRIBUYENTE CORRIGIÓ SU SITUACIÓN FISCAL CONSTITUYE UNA "RESOLUCIÓN FAVORABLE AL PARTICULAR" PARA EFECTOS DE SU IMPUGNAC (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- VISITA DOMICILIARIA. LA VALORACIÓN DE LOS VISITADORES DE LOS ELEMENTOS Y DOCUMENTOS APORTADOS DURANTE SU DESARROLLO PARA DESVIRTUAR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS NO DEBE DAR LUGAR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- VISITA DOMICILIARIA. EL ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 1/2015 (10a.), EN CUANTO A LA EXTRALIMITACIÓN DE LOS VISITADORES EN SUS FUNCIONES AL EVALUAR DOCUMENTOS, LIBROS O REGIST (PR.A.C.CS. J/1 A (12a.))
- VISITA DOMICILIARIA. CUANDO EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL O EN LA FINAL, EL VISITADOR VALORA LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS QUE EXHIBA EL CONTRIBUYENTE COMO PRUEBA PARA DESVIRTUAR (PC.XXX. J/32 A (10a.))
- REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE UNA VISITA DOMICILIARIA, CUANDO POR VICIOS DE FORMA DE LA ÚLTIMA ACTA PARCI (PC.XVI.A. J/6 A (10a.))
- VISITA DOMICILIARIA. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR EL ACTUAR DE LOS VISITADORES CUANDO SE EXTRALIMITEN EN SUS FUNCIONES DURANTE SU DESARROLLO [ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2a. (PR.A.C.CS.1 A (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis