Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LEGISLACIÓN, POLÍTICAS O CUALQUIER ADOPCIÓN DE DISPOSICIONES SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS ESTADOS PARTE DEBERÁN CELEBRAR CONSULTAS CON LAS PERSONAS INTEGRANTES DE ESE GRUPO (ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD). VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESTE DERECHO PRETENDE QUE DICHO GRUPO DE PERSONAS SEA EL CENTRO DE CUALQUIER PROCESO DELIBERATIVO QUE PUEDA INCIDIR EN SU VIDA Y DESARROLLO. VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESTE DERECHO NO SOLAMENTE ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA QUE RIGEN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y A LA PARTICIPACIÓN, SINO QUE ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES DE LA MISMA. VIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NO DEBE SER ENTENDIDO COMO UNA SIMPLE FORMALIDAD QUE DEBAN ATENDER LOS ESTADOS, SINO COMO UN MECANISMO QUE GARANTICE QUE EL CONOCIMIENTO Y LAS EXPERIENCIAS VITALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TENGAN UNA INCIDENCIA REAL AL MOMENTO DE DISEÑAR AQUELLAS MEDIDAS QUE SE ENCUENTREN DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADAS CON SUS DERECHOS. IX. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN OPINIÓN DEL COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ESA CONSULTA DEBERÁ LLEVARSE A CABO EN LAS FASES INICIALES DE CUALQUIER PROCESO DE DECISIÓN RELACIONADO CON LOS DERECHOS DE ESTE GRUPO Y LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE REALIZARLA DEBERÁN CERCIORARSE DE QUE LA OPINIÓN DE QUIENES INTEGRAN ESTE GRUPO EFECTIVAMENTE CONTRIBUYÓ A LA DECISIÓN ADOPTADA (DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD). X. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS DERECHOS O INTERESES DE ESTOS GRUPOS. XI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESTE DERECHO NO DEBE SER SUJETO A UNA EVALUACIÓN ABSTRACTA, SINO QUE MERECE SER ANALIZADO CONTEXTUALMENTE, ES DECIR, EN ATENCIÓN A LAS CONDICIONES PARTICULARES EN QUE SE TOMAN DECISIONES RELACIONADAS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. XII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE EMITIR CONVOCATORIAS ABIERTAS, PÚBLICAS, INCLUYENTES Y ACCESIBLES PARA PROCURAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA. XIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA, EL LEGISLADOR DEBE ESTABLECER UN SISTEMA QUE DEMUESTRE QUE LAS OPINIONES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUERON PROCESADAS ADECUADAMENTE Y TRASCENDIERON EN LA DECISIÓN ADOPTADA. XIV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN EL DESARROLLO DE LAS CONSULTAS DEBE PREFERIRSE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. XV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTOS RESPECTIVOS (ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD). XVI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA OMISIÓN DE REALIZARLA TRATÁNDOSE DE LEGISLACIÓN QUE NO ES ESPECÍFICA O EXCLUSIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, NO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN CON POTENCIAL INVALIDANTE DE LA TOTALIDAD DE LA LEY, SINO EXCLUSIVAMENTE DE DETERMINADOS ARTÍCULOS. XVII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS MODIFICACIONES AL CÓDIGO CI

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2024. · Registro digital (IUS): 33861
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-02-20
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Febrero de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.237.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 24 DE JUNIO DE 2025. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: PAULA XIMENA MÉNDEZ AZUELA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna los artículos 383, incisos b) y c), 682, fracción II, en su porción normativa "De encontrarse enferma una o ambas personas contrayentes, el certificado médico deberá contener los alcances y efectos de las mismas, así como si existe algún riesgo y las medidas para la prevención de la enfermedad o padecimiento de tal manera que, las personas estén debidamente informadas de su disposición, en los términos que corresponda" y 700, fracción IX, así como sus párrafos penúltimo y último, del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, al estimar que contravienen los derechos de seguridad jurídica, igualdad y no discriminación, el derecho a la personalidad y capacidad jurídica, a la dignidad humana, el principio de legalidad, de igualdad y prohibición de discriminación, el derecho a la intimidad o vida privada, a formar una familia, al libre desarrollo de la personalidad y a la prohibición de injerencias arbitrarias, todos reconocidos en el parámetro de regularidad constitucional.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al martes veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 29/2024, promovida por Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra los artículos 383, incisos b) y c), 682, fracción II, en su porción normativa "De encontrarse enferma una o ambas personas contrayentes, el certificado médico deberá contener los alcances y efectos de las mismas, así como si existe algún riesgo y las medidas para la prevención de la enfermedad o padecimiento, de tal manera que, las personas están debidamente informadas de su decisión, en los términos que corresponda.", y 700, fracción IX, así como sus párrafos penúltimo y último, del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, reformado mediante Decreto Número 181, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El veintidós de enero de dos mil veinticuatro la CNDH presentó acción de inconstitucionalidad en la que señaló como autoridades responsables a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Quintana Roo.(1)

2. Conceptos de invalidez. La CNDH desarrolló dos conceptos de invalidez en los que sostuvo lo siguiente:

• Primer concepto de invalidez. Los artículos 383, incisos b) y c), y 700, fracción IX, del Código Civil para el Estado de Quintana Roo conforman un sistema normativo contrario al parámetro de regularidad constitucional vigente. En primer lugar, el inciso b) del artículo 383 describe los supuestos por los cuales se entenderá que no existe voluntad de las personas para la ejecución de actos o negocios jurídicos en materia civil. La fracción IX del artículo 700 de esa legislación civil establece los impedimentos para contraer matrimonio. Ambos artículos son demasiado amplios y ambiguos, admitiendo un vasto margen de discrecionalidad en favor de la autoridad que aplicará dichas disposiciones. Ello genera incertidumbre jurídica a las y los gobernados. Las disposiciones normativas señaladas resultan inconstitucionales pues vulneran los derechos de seguridad jurídica, igualdad y no discriminación, el derecho a la personalidad y capacidad jurídica, a la dignidad humana, así como el principio de legalidad, todos reconocidos en el parámetro de regularidad constitucional. Además, las normas impugnadas crean un trato discriminatorio en perjuicio de las personas con alguna discapacidad porque les atribuye la condición de incapaces para el efecto de que celebren válidamente actos jurídicos, incluido el matrimonio.

• Además, dado que los artículos impugnados impactan la esfera jurídica de las personas con discapacidad respecto de la manifestación de su voluntad, ello podría actualizar la obligación de realizar una consulta.

• Segundo concepto de invalidez. Los artículos 682, fracción II, en la porción normativa controvertida, y 700, fracción IX, párrafos penúltimo y último, del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, vulneran los derechos de igualdad y prohibición de discriminación, a la intimidad o vida privada, a formar una familia, al libre desarrollo de la personalidad y a la prohibición de injerencias arbitrarias, al establecer requisitos e impedimentos para contraer matrimonio permeados de estigmas y perjuicios de las personas que ostentan determinadas condiciones físicas y de salud.

• El artículo 682, fracción II, representa una injerencia indebida en el derecho a la intimidad y a la vida privada de las personas porque exige que los contrayentes que desean celebrar matrimonio exhiban un certificado médico por el cual aseguren que no padecen enfermedades crónicas o incurables, contagiosas o hereditarias. En caso de que una o ambas estuvieran enfermas, les demanda presentar el certificado médico con los alcances y efectos de la enfermedad en cuestión.

• El artículo 700, fracción IX, párrafos penúltimos y último, constituye una medida excesiva que invade la vida privada de las personas al someter a la consideración del órgano del Estado la valoración subjetiva de que los contrayentes satisfacen cierto estatus que los hace aptos para contraer matrimonio. También supone introducir medidas discriminatorias en perjuicio de aquellas personas que se ubican en los supuestos de las fracciones V, VI, VII y VIII del mismo percepto, pues se les concede un trato diferente por sus características físicas o de salud, o incluso por formas de vida y hábitos adquiridos.

3. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico de la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 29/2024. Se turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para que fungiera como instructor del procedimiento.

4. Informe del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. El catorce de marzo de dos mil veinticuatro, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo presentó el informe solicitado.(2) Expuso que los conceptos de invalidez son inoperantes por lo siguiente:

• Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19 fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 20 de la Ley referida.

• El Decreto 181 emitido es constitucional y no vulnera los derechos aducidos porque su finalidad es proteger a las personas que no puedan manifestar su voluntad en algún negocio jurídico.

• En cuanto al artículo 700, fracción IX, no transgrede el principio de seguridad jurídica porque contiene los elementos mínimos para hacer valer sus derechos, de acuerdo con la circunstancia en la que se encuentra.

• Las disposiciones no conllevan una negativa o prohibición absoluta para acceder al matrimonio u otro negocio jurídico, ya que el legislador en todo momento prevé que si la persona puede manifestar su voluntad por sí mismo u otro medio que lo supla, podrá genera el efecto legal del negocio jurídico que considere conveniente. Las disposiciones solo buscan proteger las garantías de derechos humanos ante posibles negocios jurídicos de mala fe en la que pudieran intervenir o verse inmersas las personas que caigan en el supuesto del artículo 383, inciso c).

• En relación con el segundo concepto de invalidez (artículos 682, fracción II y 700, fracción IX, y los últimos párrafos) el requisito de un certificado médico suministra certeza, información oportuna, completa, comprensible y fidedigna, de igual manera no obstaculiza que las personas puedan contraer matrimonio, y los impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio no son absolutos. Por ende, son disposiciones constitucionales. El artículo 686, fracción II, salvaguarda el derecho a la salud de quienes se encuentren ante dicha hipótesis normativa. El certificado médico es una herramienta eficaz para que las personas estén debidamente informadas de su decisión, puedan externar su voluntad y su determinación de contraer matrimonio.

• La intención del legislador fue velar por la protección de las personas que no ejercen su capacidad de ejercicio, debido a que no puede expresar su voluntad de ninguna manera u otro medio o herramienta. El grado de dependencia de los que se encuentran en la hipótesis del numeral impugnado dependen totalmente de otras personas, por lo que es incierto que la personas quiera contraer el negocio jurídico del matrimonio. Es decir, únicamente se propició generar supuestos normativos que garanticen los derechos humanos de las personas, sin dejar de observar que cada caso particular debe observarse también bajo una generalidad de derecho.

5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. El Poder Ejecutivo local manifestó, mediante escrito presentado el dos de abril de dos mil veinticuatro, que son ciertos los actos atribuidos al Titular de la entidad, consistentes en la promulgación y publicación del Decreto No. 181, que reforma las disposiciones normativas impugnadas.(3) Desarrolla los siguientes argumentos:

• Los actos impugnados fueron llevados a cabo por el Ejecutivo Local con fundamento en el artículo 91, fracciones I, II y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como en los diversos 2º, párrafo segundo y 7º, fracción II, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, los cuales obligan al Poder Ejecutivo local a promulgar y publicar en el Periódico Oficial del Estado los Decretos expedidos por la Legislatura del Estado. La comisión accionante manifestó conceptos de invalidez respecto de la porción normativa, no así de los actos del procedimiento legislativo que le compete al Ejecutivo local. Por lo tanto, solamente debe analizarse lo alegado estrictamente por el organismo accionante.

• Las normas que se quieren declarar inconstitucionales dan cumplimiento al artículo 4, fracción I, inciso c), de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,(4) en tanto que tienen el objetivo de proteger a todas aquellas personas que, al no poder acceder a medios tradicionales de comunicación o cualquier otra vía desarrollada específicamente para dar accesibilidad de comunicación a personas con discapacidades particulares, sean sometidas a celebrar actos jurídicos civiles en contra de su voluntad.

• No es inconstitucional el requisito del certificado médico, pues si bien el derecho a la información está limitado en principio por el derecho a la vida privada y a la intimidad de las personas, también es verdad que esas limitaciones pueden ceder cuando la información de que se trate reviste un interés objetivo. Es decir, que concierne no solo al titular, sino a terceros. Es una garantía que tiende a la protección del derecho a la toma de decisiones bien informadas para hacer efectiva la autonomía personal. En el caso del matrimonio, el estado de salud de uno de los contrayentes o de ambos es información de ese tipo, al ser un acto jurídico que involucra necesariamente a dos personas y ambas tienen el derecho de manifestar su voluntad de manera informada. Por lo tanto, el legislador tuvo el objetivo de proteger la toma de decisión personalísima, como es el matrimonio, con plena certeza de las circunstancias del caso. La intención fue proteger a un sector que se encuentra en desventaja, ante el desconocimiento de situaciones que pueden poner en riesgo su integridad, su salud o incluso su vida.

• En relación con el argumento de discriminación, éste es aparente. No hay un trato desigual a personas ubicadas en el mismo supuesto de hecho, sino un trato que varía porque las personas se ubican en supuestos diferentes. Las disposiciones protegen a las personas contrayentes, creando un mecanismo que no impide la celebración del matrimonio, sino que provee las condiciones adecuadas para ejercer plenamente su autonomía.

6. Alegatos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló alegatos mediante escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro.

7. Cierre de la instrucción. El dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor dictó acuerdo en el que ordenó cerrar la instrucción del asunto para llevar a cabo su estudio y elaborar el proyecto de resolución correspondiente.(5)

I. COMPETENCIA

8. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contradicción entre los artículos 383, incisos b) y c), 682, fracción II, en su porción normativa "De encontrarse enferma una o ambas personas contrayentes, el certificado médico deberá contener los alcances y efectos de las mismas, así como si existe algún riesgo y las medidas para la prevención de la enfermedad o padecimiento, de tal manera que, las personas están debidamente informadas de su decisión, en los términos que corresponda.", y 700, fracción IX, así como sus párrafos penúltimo y último, del Código Civil para el Estado de Quintana Roo y la Constitución General.

9. Por lo tanto, El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

10. Las normas impugnadas tienen el contenido siguiente:

Artículo 383. La manifestación de la voluntad no existe si quien la emite es:

(...)

b) Una persona que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que, por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismas o por algún medio que la supla.

c) Las personas que, por impedimentos físicos, no les permitan comunicarse en forma alguna, ya sea verbal, escrita, o mediante lenguaje mímico.

(...)

Artículo 682. Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará:

II. Un certificado médico por cada persona contrayente, en el que asegure que no padece enfermedad o padecimiento crónico o incurable, que además sea contagioso y/o hereditario. De encontrarse enferma una o ambas personas contrayentes, el certificado médico deberá contener los alcances y efectos de las mismas, así como si existe algún riesgo y las medidas para la prevención de la enfermedad o padecimiento, de tal manera que, las personas estén debidamente informadas de su decisión, en los términos que corresponda.

(...)

Artículo 700. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:

(...)

IX. La enfermedad reversible o irreversible, o que, por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, impidan que alguna persona contrayente, pueda gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí misma o por algún medio que la supla, y

(...)

En el caso a que se refiere la fracción II del Artículo 682 en relación a las fracciones VII y VIII de éste artículo, el certificado médico será dispensable, o tales cuestiones dejarán de ser impedimento, cuando conste la manifestación expresa frente a la persona juzgadora, por cualquier medio, de que ambas personas contrayentes, tienen conocimiento de las circunstancias enunciadas, así como de sus consecuencias, y que consienten de estas, estando informadas para contraer matrimonio bajo las mismas.

De igual forma, para el caso de las fracciones V y VI, tales circunstancias podrán ser también dispensables, o dejarán de ser impedimento, cuando conste la manifestación expresa frente a la persona juzgadora, por cualquier medio, de que ambas personas contrayentes, tienen conocimiento de las circunstancias enunciadas, así como de sus consecuencias, y que consienten de estas, estando informadas para contraer matrimonio bajo las mismas.

III. OPORTUNIDAD

11. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general se publique en el medio oficial correspondiente.

12. La norma impugnada fue publicada el veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, de tal suerte que el plazo de impugnación transcurrió del viernes veintidós de diciembre al sábado veinte de enero de dos mi veinticuatro. Sin embargo, al ser día inhábil y según lo establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria, la demanda se puede presentar en el día hábil siguiente, es decir, el veintidós de enero de dos mil veintitrés. Dado que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintidós de enero de dos mil veintitrés, se estima que su promoción es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

13. La acción fue promovida por parte legitimada. El escrito inicial de demanda se encuentra firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de Presidenta de la CNDH mediante acuerdo de designación correspondiente emitido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por la Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y que ostenta la representación legal de la CNDH de conformidad con el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en el numeral 18 del Reglamento Interno de la misma Comisión.

14. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para interponer la presente acción de inconstitucionalidad porque plantea la posible contradicción entre la ley de una entidad federativa y distintos derechos humanos que forman parte del parámetro de regularidad constitucional. En consecuencia, al haberse promovido la acción por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este medio de control constitucional.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

15. En el informe del Poder Legislativo local argumenta que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción I,(6) en relación con el diverso 20,(7) fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su argumento estriba en que el Alto Tribunal ya se ha pronunciado respecto del tema y ha concluido que el impedimento para contraer matrimonio, consistente en padecer crónicas e incurables que sean contagiosas o hereditarias, no es absoluto. Ha señalado que esas enfermedades no serán impedimento cuando éstas sean aceptadas por los contrayentes, de una manera informada para que tengan conocimiento de las circunstancias y que conscientes de estas, puedan tomar la decisión de contraer matrimonio.(8) Así, el Legislativo pretende sostener que si las normas impugnadas son compatibles con un precedente de esta Suprema Corte, impugnarlas estaría vedado y resultaría improcedente de conformidad con la causal de improcedencia que aplica a controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad presentadas contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 16. Este argumento no resulta exitoso, y se tiene que desestimar la causal de improcedencia señalada. El supuesto de procedencia del artículo 19, fracción I, se refiere a aquellos casos en que se impugna como acto reclamado una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no puede extenderse a aquellas normas generales que pretenden acoplarse a precedentes del Tribunal, pues tal argumento tiene que ver con la resolución del fondo.

17. Las partes no hicieron valer otro motivo de improcedencia y tampoco se advierte de oficio su actualización.

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf con consideraciones adicionales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

VI. ESTUDIO PREVIO. DERECHO A LA CONSULTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

19. En el presente caso, corresponde al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar la constitucionalidad de los artículos 383, incisos b) y c), 682, fracción II, en su porción normativa "De encontrarse enferma una o ambas personas contrayentes, el certificado médico deberá contener los alcances y efectos de las mismas, así como si existe algún riesgo y las medidas para la prevención de la enfermedad o padecimiento, de tal manera que, las personas están debidamente informadas de su decisión, en los términos que corresponda.", y 700, fracción IX, así como sus párrafos penúltimo y último, del Código Civil para el Estado de Quintana Roo.

20. En las referidas disposiciones se establece que no existe manifestación de la voluntad en el caso de personas con una "enfermedad" o "discapacidad" que no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismas o por algún medio que la supla. Tampoco existe en el caso de personas con impedimentos físicos que no les permitan comunicarse en forma alguna, ya sea verbal, escrita, o mediante lenguaje mímico. Asimismo, se prevén reglas especiales para contraer matrimonio para el caso de personas con una "enfermedad" o un "estado particular de discapacidad".

21. De la acción de inconstitucionalidad planteada se deprende que las normas que aquí se cuestionan y los planteamientos que se hacen, potencialmente están relacionadas con las personas con discapacidad. Por ello, como cuestión previa debemos analizar si estamos en el supuesto de que la norma debió ser consultada y si en efecto se llevó a cabo dicha consulta. Máxime que la comisión actora señaló en su primer concepto de invalidez que, dado el impacto de los artículos impugnados en la manifestación de la voluntad de las personas con discapacidad, era necesario que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación analizara si se actualizaba la obligación de consulta a las personas con discapacidad.

22. Para dar respuesta a la cuestión planteada se analizará, en primer lugar, el parámetro de regularidad del derecho a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad. En segundo lugar, se llevará a cabo un examen de la norma impugnada para verificar si ésta incide en los derechos de las personas con discapacidad y, en consecuencia, si el legislador local tenía la obligación de consultar su contenido durante el proceso legislativo mediante el cual fue adicionada. En caso de que se actualice la obligación de consulta, se tendrá que verificar si el Congreso del Estado de Quintana Roo efectivamente consultó a las personas con discapacidad durante el proceso legislativo que dio origen a la norma impugnada. Finalmente, en caso de que el legislador local haya consultado a las personas con discapacidad, se tendrá que verificar si la consulta realizada cumple con los estándares fijados por este Alto Tribunal y por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

VI.1. Parámetro de control constitucional y convencional sobre el derecho a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad.

23. El artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que en la elaboración y aplicación de la legislación y políticas para hacer efectiva la Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados parte de esta deberán celebrar consultas con las personas integrantes de este grupo.

24. Las personas con discapacidad, históricamente, se han enfrentado a barreras actitudinales, físicas, jurídicas, económicas, sociales y de comunicación que limitan su participación genuina en la vida pública.(9) Por ello, en las últimas décadas distintos movimientos liderados por personas con discapacidad, bajo el lema "nada sobre nosotros sin nosotros", han generado consciencia de que son las personas con discapacidad –y solamente ellas– las que se encuentran en la posición más adecuada para decidir su propio destino. El derecho a la consulta, precisamente, pretende colocar a las personas con discapacidad en el centro de cualquier proceso deliberativo sobre decisiones que puedan incidir en su vida y desarrollo.(10)

25. Además, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad no solamente está estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención (artículo 3.a), el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 12) y el derecho a la participación (artículos 3.c y 29), sino que es uno de los pilares fundamentales de la misma. El tratado, en realidad, fue producto de la participación genuina y efectiva de las personas con discapacidad, lo cual aseguró desde el principio su pertinencia.(11)

26. En congruencia con su importancia, el derecho a la consulta no debe ser entendido como una simple formalidad a la que deben atender los Estados, sino como un mecanismo que garantiza que el conocimiento y las experiencias vitales de las personas con discapacidad tengan una incidencia real al momento de diseñar aquellas medidas que se encuentren directa o indirectamente relacionadas con sus derechos.(12)

27. Al definir el alcance del artículo 4.3 de la Convención, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue sumamente enfático sobre dos cuestiones relacionadas con la naturaleza del derecho a la consulta. En primer lugar, sostuvo que estas deberán llevarse a cabo en las fases iniciales de cualquier proceso de decisión (legislativo, administrativo o de otra índole) relacionado con los derechos de las personas con discapacidad. En segundo lugar, sostuvo que las autoridades encargadas de llevar a cabo los procedimientos de consulta respectivos deberán cerciorarse de que la opinión de quienes integran este grupo efectivamente contribuyó al resultado o decisión adoptada.(13)

28. A partir de ello, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado una amplia doctrina constitucional en torno a la manera en que las autoridades nacionales se encuentran vinculadas respecto al derecho a la consulta, así como la manera en que estos procedimientos deben llevarse a cabo para que resulten compatibles con los estándares definidos por el Comité.

29. Uno de los primeros casos fue la acción de inconstitucionalidad 33/2015, en la cual el Tribunal Pleno determinó que la consulta previa a personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza cuando las acciones estatales objeto de la propuesta incidan en los derechos o intereses de este grupo.(14)

30. Posteriormente fue resuelta la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, en las cuales fueron impugnadas diversas disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México, recientemente creada. Particularmente, correspondió al Tribunal Pleno definir si durante las asambleas constituyentes que dieron origen a la Constitución local se llevaron a cabo consultas estrechas con las personas con discapacidad.

31. Al respecto, este Alto Tribunal sostuvo que con independencia de que no se hubiere celebrado formalmente una consulta dirigida a las personas con discapacidad, las personas constituyentes garantizaron la participación activa y central de este grupo. Esta primera aproximación al derecho a la consulta permitió entender que estas no deben ser sujetas a una evaluación abstracta, sino que merecen ser analizadas contextualmente, es decir, atendiendo a las condiciones particulares en que se toman decisiones relacionadas con las personas con discapacidad.(15)

32. En la acción de inconstitucionalidad 101/2016, el Tribunal Pleno invalidó la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos en su totalidad, aun cuando la accionante se limitó a impugnar algunas porciones normativas. Lo anterior pues, a juicio de este Alto Tribunal, se trataba de un ordenamiento que regula integralmente cuestiones relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad.(16)

33. En la acción de inconstitucionalidad 1/2017, el Tribunal Pleno declaró la invalidez del decreto 174 por el cual se emitió la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista y/o Trastornos del Neurodesarrollo del Estado de Nuevo León, por no haber realizado el Congreso local una consulta pública previa a las personas con condición del espectro autista y trastornos del neurodesarrollo.(17)

34. En dicho precedente, el Tribunal Pleno estableció que los Congresos locales tienen la obligación de emitir convocatorias abiertas, públicas, incluyentes y accesibles para procurar la participación de las personas con discapacidad en los procedimientos de consulta.(18) Además, estimó que durante el procedimiento de consulta, el legislador debe establecer un sistema que demuestre que las opiniones de las personas con discapacidad fueron procesadas adecuadamente y trascendieron a la decisión adoptada.(19) F

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33861-4081c6ed/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.