ALIMENTOS DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD, EN SU VERTIENTE DE HABITACIÓN. CUANDO EN UN JUICIO REIVINDICATORIO SE ACREDITE QUE LA PERSONA DEUDORA ALIMENTARIA DONÓ EL INMUEBLE MATERIA DE LA CONTROVERSIA A LA PARTE ACTORA, ESE DERECHO DEBE ANALIZARSE AUNQUE AQUÉLLAS NO SEAN PARTE EN EL PROCEDIMIENTO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3265/2025. 12 DE NOVIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ, QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOZUE TONATIUH ROMERO MENDOZA.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al doce de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 3265/2025, interpuesto en contra de la sentencia emitida el veinticuatro de abril de dos mil veinticinco por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el juicio de amparo directo (**********).
El problema jurídico que este Pleno debe resolver consiste en dilucidar si el presente recurso de revisión es procedente y, en su caso, decidir si en un juicio civil en el que se ejercitó la acción reivindicatoria respecto de un inmueble donde habita una persona menor de edad con una vulnerabilidad, hijo de quien donó el predio, debe resolverse con perspectiva de adolescencia, atendiendo al interés superior de la niñez o bien, si por tratarse de una controversia de naturaleza civil entre personas sin vínculos filiares debe regirse por el principio dispositivo.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos.(1) El veintinueve de enero de dos mil siete (**********) y (**********) contrajeron matrimonio en la ciudad de (**********), bajo el régimen de sociedad legal. Ambos asentaron su domicilio en (**********).
2. Posteriormente, procrearon un niño que nació el (**********), cuyos nombres y apellidos se reflejan con las siglas (**********), quien fue diagnosticado como persona en condición dentro del (**********), contando incluso con la credencial nacional para personas con discapacidad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en la que aparece el domicilio referido y la leyenda: “(**********)”.
3. El doce de febrero de dos mil dieciséis, (**********) solicitó el divorcio sin causales a (**********). Conoció del asunto el Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del Turno Vespertino, radicándolo con el número (**********).
4. Seguidos los trámites de ley, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis se declaró disuelto el vínculo matrimonial entre (**********) y (**********) y, se ordenó la apertura del incidente relativo para definir: la pensión alimenticia a favor del infante y de la madre, el régimen de visitas y convivencias con el progenitor, la compensación y la liquidación de la sociedad legal que rigió el matrimonio.
5. Asimismo, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se dictó la resolución relativa al incidente, en el que -en lo de interés- sólo se indicó que tanto el menor como (**********) habitaban el predio (***********), propiedad de (**********). Y, al analizar la procedencia de la pensión alimenticia, se tuvo por acreditado que (**********) y/o (**********) se hacía cargo de todos los requerimientos del menor involucrado y era la persona que lo cuidaba, que contaba -en ese entonces- con la edad de cuarenta y dos años y cursó hasta el nivel de secundaria; que carecía de bienes en propiedad; que el menor contaba con la discapacidad intelectual denominada trastorno generalizado del desarrollo y; que la madre cumplía con la: “... obligación de proporcionar los alimentos que nos ocupan, al tener a su hijo menor de edad incorporado a su domicilio”.
6. Además, al examinar lo tocante a la liquidación del régimen de sociedad legal, se señaló que no existía bien alguno que liquidar, ya que del certificado de inscripción vigente del: “... inmueble quinientos cincuenta y dos de la calle veinticinco letra ‘C’ de la Colonia Nueva Chichén Itzá de esta ciudad”, se advertía que el predio fue adquirido el tres de diciembre de dos mil cuatro, fecha en que el ex cónyuge era soltero y, por ende, no formaba parte de la sociedad.(2)
7. El veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, (**********) y (**********) contrajeron matrimonio, bajo el régimen de separación de bienes, en la ciudad de Mérida, Yucatán.
8. El uno de septiembre de dos mil diecisiete el Notario Público (**********) del Estado de Yucatán hizo constar que (**********) y (**********) acudieron ante su presencia para formalizar el contrato de donación a título gratuito con reconocimiento de adeudo con respecto a la plena propiedad del predio urbano marcado con el número (***********).
9. Juicio ordinario civil. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil diecinueve, (**********) demandó en la vía ordinaria civil acción reinvindicatoria en contra de (**********) y/o (**********), por las siguientes prestaciones: 1. La desocupación y entrega del inmueble ubicado en el número (**********), que era propiedad de la actora y que se adjudicó por medio de donación gratuita mediante escritura pública mil noventa, de uno de septiembre de dos mil diecisiete pasada ante la fe del Notario Público Setenta y Cuatro de ese estado; y, 2. El pago de los gastos y costas de ese juicio.
10. Radicación. De la demanda conoció, por razón de turno, la Jueza Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, quien la registró con el número (**********), admitió a trámite y ordenó el emplazamiento de la demandada.
11. Contestación de demanda y reconvención. Por auto de once de junio de dos mil diecinueve, la ahí demandada (**********) o (**********) y/o (**********) contestó en tiempo y forma la demanda. Asimismo, reconvino la demanda, en ejercicio de la acción de prescripción positiva y adquisitiva de propiedad. Por lo que ordenó correr traslado con la misma a la parte actora para que manifestara lo que a su interés conviniere.
12. Sentencia de primera instancia. Seguido el trámite de ley, el catorce de octubre de dos mil veintidós, la jueza dictó sentencia en la que declaró la improcedencia del juicio ordinario reivindicatorio, esencia, por lo siguiente:
• Aunque se acreditó la propiedad del predio, también se demostró que la demandada era quien habitaba tal predio y que tanto ella como su hijo menor de edad(3) eran acreedores alimentarios de (**********), quien era cónyuge de la actora.
• (**********) era el deudor alimentario y, por ende, tenía la obligación de satisfacer el rubro de habitación a sus acreedores, advirtiendo que el hijo menor de la demandada era un niño con discapacidad y aunque donó el predio objeto de la litis a la parte actora, esto no privaba la posesión que tenía la demandada, pues derivaba de la relación entre el deudor y los acreedores alimentarios, debido a una acción personal y no de una acción real.
• Los alimentos son una institución de orden público, de interés social y protegen la subsistencia de la parte acreedora alimentaria, por lo que era obligación de la autoridad que en los casos en que se presentaran y encontraran involucrados derechos de infancias y adolescencias, debían estudiarse los hechos y las pruebas que se vincularan con aquellas, en atención al principio del interés superior de la infancia, a pesar de que ello no hubiere sido materia de controversia, sin importar que el infante no hubiere acudido al juicio (como ocurrió en el caso). Por tanto, declaró la improcedencia de la acción reivindicatoria, ya que la posesión del predio la detentaba la demandada en su carácter de acreedora alimentaria, debiendo ejercerse la acción personal correspondiente y, absolvió a la parte demandada.
• Improcedencia de la reconvención interpuesta por la demandada, porque no acreditó el primer requisito esencial para que operara la prescripción, consistente en que la persona poseedora lo hiciere en concepto de propietario, pues con las pruebas aportadas sólo demostró una posesión derivada a causa del matrimonio que contrajo con (**********).
13. Recurso de apelación. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora (**********) interpuso recurso de apelación, que se radicó en la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con el número de toca (**********).
14. En su escrito de agravios, en lo de interés, sostuvo lo siguiente:
• La jueza introdujo argumentos ajenos a la acción, como la pensión alimenticia de (**********) a favor de la demandada y su menor hijo. Lo que no tenía nada que ver con la propiedad del predio materia de la acción reivindicatoria.
• Era erróneo resolver que no había procedido el juicio reivindicatorio bajo el argumento anterior, ya que la actora apelante no tenía relación alguna con la demandada y su menor infante. Además de que no era aplicable la jurisprudencia invocada, pues versó sobre materia familiar y no sobre una acción real.
• La sentencia vulneró los principios de fundamentación y motivación, ya que no se pronunció respecto de todas y cada una de las excepciones opuestas ni justificó su resolución en argumentos sólidos y jurídicos. Aunado a que no examinó las probanzas aportadas de las que se advertía que la demandada no justificó sus excepciones ni su pretensión.
15. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, la Sala dictó resolución en la que declaró fundados los agravios, modificó la sentencia de primera instancia y declaró procedente la acción reivindicatoria, por lo que condenó a la demandada a desocupar y entregar el bien inmueble materia de la litis en el juicio de origen.
16. Para llegar a tal conclusión, la Sala esgrimió -en lo toral- los siguientes argumentos:
• Eran fundados los argumentos relativos a que la jueza de primera instancia para declarar la improcedencia de la acción reivindicatoria se basara en que la posesión del predio en litigio lo detentaba la demandada y su hijo menor de edad, en su carácter de acreedores alimentarios de (**********), quien fue cónyuge de la demandada y actualmente cónyuge de la actora. Por lo que debía ejercitarse la acción personal correspondiente y no la reivindicatoria promovida por la actora, en términos de la jurisprudencia 1a./J 89/2006, de rubro: “ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE VÍNCULO”.(4)
• Lo anterior, porque no se actualizaba el supuesto contenido en ese criterio, dado que en la especie la acción reivindicatoria era promovida por (**********) contra (**********) y/o (**********) y entre ellas, no existía ningún vínculo personal sino la relación procesal surgida del juicio de origen.
• Si bien la demandada sí guardó relación personal con quien donó el predio -matrimonio previo que fue disuelto y, se decretó la guarda y custodia del hijo menor de ambos-, lo cierto es que él no intentó la acción para recuperar un bien. Por lo que no procedía la acción personal que indicó la juzgadora de primera instancia y, por ende, la jurisprudencia en cita tampoco era aplicable.
• La jueza perdió de vista la falta de relación personal entre las partes, además de que unificó la posesión de la demandada y derecho a habitación al concepto de alimentos del menor hijo, siendo que se trata de conceptos distintos.
• El objeto de la controversia en el juicio reivindicatorio no versó sobre el alcance de los alimentos del menor, comprendido dentro del rubro de habitación, sino sobre la determinación judicial respecto del dominio del inmueble objeto de la litis, a fin de constatar el derecho de la actora y lograr la restitución de la cosa, en contraposición de la parte demandada que ocupa el inmueble título justificativo.
• El hecho de que el menor de edad habitara el inmueble litigioso para satisfacer el derecho de alimentos (habitación) no implicaba que el infante participara jurídicamente de la pretensión de la parte demandada, siendo ésta a quien le corresponde defender la posesión u ocupación del inmueble, toda vez que el predio sólo representaba un satisfactor material que se empleaba para colmar el derecho de habitación del menor. Y, en el caso, el bien raíz no estaba vinculado jurídicamente al infante, sino con la parte actora quien se ostentaba propietaria.
• En ese tenor, reasumió jurisdicción y, al analizar los elementos de la acción reivindicatoria, estimó que estaban plenamente acreditados.
17. Amparo directo. En contra de la decisión anterior, por escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintitrés, ante la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, (**********) o (**********), solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal.
18. Trámite del juicio de amparo. De la demanda conoció el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y quedó registrada con el número AD (**********).
19. La quejosa expresó como conceptos de violación, en esencia, los siguientes:
I. Que la Sala responsable inadvirtió que dentro de la litis se encontraban inmersos los derechos de su menor hijo a tener una vivienda digna y que ella no contaba con los recursos para rentar una vivienda al dedicarse al hogar. Además de que el infante estaba dentro del (**********), lo que le impide tener un trabajo ya que le demanda mucha atención y tiempo.
II. Que el deudor alimentario -justamente es el esposo de la contraparte (actora en el juicio natural)- no ha pagado la pensión de alimentos desde dos mil diecisiete, sin importar que ya había una orden previa del Juez Segundo Oral Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de pagar las pensiones atrasadas.
III. Que le era imposible rentar un lugar para vivir con su hijo, por lo que el desalojo le causaría un daño de imposible reparación.
IV. Que el artículo 4o. constitucional y el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia establecen que el Estado debe garantizar el interés superior de la niñez en todas sus decisiones, brindando una protección legal reforzada para asegurar su desarrollo y el pleno ejercicio de sus derechos.
20. Resolución del juicio de amparo. En sesión de veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, el Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia en la que negó la protección constitucional solicitada, por las consideraciones siguientes:
• Indicó que la litis versaba en dilucidar a quién correspondía el derecho de propiedad y posesión de un bien inmueble mas no sobre el alcance, subsistencia y/o modificación del derecho a alimentos (habitación) del infante.
• Consideró que no podía afirmarse que se alteraba el bienestar del infante al privársele de una vivienda digna ya que, si bien el procedimiento natural tenía como finalidad la desocupación y entrega del inmueble donde habitaba éste en compañía de su madre, lo cierto era que ambos padres, en todo caso, continuaban obligados a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
• A fin de justificar tal determinación, refirió que la extinta Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por unanimidad de cinco votos, resolvió el amparo directo en revisión 758/2020 y, concluyó que no existía una contraposición jurídica entre el derecho de propiedad que ostentaba la parte actora en un juicio reivindicatorio y los derechos de alimentación (entre ellos el derecho de habitación) de una persona menor de edad.
• Que a pesar de la estrecha relación funcional que guardaba el derecho de habitación de una persona menor de edad, respecto del satisfactor material (inmueble) que se empleaba para colmar ese derecho, cuando la litis en el juicio natural versaba sobre la determinación judicial de restitución de la posesión de un inmueble, mas no sobre el alcance, subsistencia y/o modificación del derecho de alimentos (habitación) de las personas menores de edad, no ameritaba la apreciación del asunto a la luz de su interés superior, ni con perspectiva de infancia.
• En ese contexto, indicó que la entonces Primera Sala estableció que el derecho de alimentos de las infancias, en lo relativo a la habitación, no formaba parte de la litis en los juicios sobre propiedad o posesión de bienes inmuebles, por lo que la sentencia determinaría una condena judicial que recaía directamente en los padres de aquellas para que desocuparan y entregaran a favor de la actora el inmueble litigioso, lo que no producía perjuicio directo respecto de sus hijas e hijos menores de edad, ni implicaba que debiera aplicarse en este caso un criterio de interés superior.
• Además, refirió que la ejecutoria citada constituía jurisprudencia por precedente, pues se emitió con posterioridad a la reforma constitucional de once de marzo de dos mil veintiuno y fue aprobado por unanimidad de cinco votos de quienes integraban la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 94 constitucional.
• Así, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que la acción reivindicatoria fue promovida por (**********) en contra de la quejosa (**********) y/o (**********) y entre ellas no existía un vínculo personal sino una relación procesal con motivo del juicio de origen; que esta última sí guardó una relación con (**********) (padre del menor y deudor alimentario), surgida del matrimonio que contrajeron bajo el régimen de sociedad legal, pero fue disuelto mediante procedimiento judicial en el que -esencialmente- se decretó la guardia y custodia del infante, a favor de su madre (demandada en el juicio reivindicatorio).
• Y, al no haberse decretado en la disolución liquidación alguna, pues no hubo ningún bien que formara parte del haber social, el predio materia del juicio reivindicatorio no estaba vinculado jurídicamente con el infante sino con la parte actora que se ostentaba propietaria.
• Además, que el hecho de que el infante también tuviera una discapacidad no variaba el hecho de que no se afectara el derecho de las infancias que no formaban parte de la litis en el juicio sobre propiedad o posesión de bienes inmuebles. Por ende, la condición de discapacidad de quien habitaba el predio no era un aspecto que incidiera para concluir que se estaba ante un caso fáctico distinto al resuelto en el precedente invocado.
21. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el catorce de mayo de dos mil veinticinco la quejosa interpuso recurso de revisión, en el que argumenta, en esencia, lo siguiente:
• Señala que (**********) (deudor alimentario y ex esposo) y la actora (**********) (esposa actual del deudor) estuvieron de acuerdo en donar el inmueble materia de la controversia a la actora y dejar de pagar la pensión alimenticia al menor de edad y a la excónyuge, además que el padre no convive con el menor. Lo cual sí fue considerado por la jueza de primera instancia.
• Argumenta que, si bien el juicio tiene como finalidad la desocupación del inmueble, ambos padres continúan obligados a satisfacer las necesidades del infante.
• Además, se desatiende que es madre de un menor con autismo, que necesita de su atención y cuidados, en virtud de que el progenitor los abandonó, sin que conviviera con él y; que únicamente estudió hasta la primaria, que vende paletas de fruta y que la renta en la ciudad es de aproximadamente $(**********) (**********).
• Por ello, indica que atendiendo al interés superior de la infancia previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se debe permitir que la quejosa y el menor de edad continúen habitando el predio materia de la controversia hasta que el esposo de la actora y deudor alimentario del menor de edad de la ahora quejosa paguen las pensiones alimenticias atrasadas o adquiera la mayoría de edad.
22. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió el recurso de revisión, lo registró con el número 3265/2025, ordenó que el expediente fuera turnado a la ponencia de la Ministra ahora en retiro Ana Margarita Ríos Farjat y se enviaran los autos a la extinta Primera Sala a la que ella estaba adscrita, a fin de que se dictara el acuerdo de radicación respectivo.
23. Avocamiento. Mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil veinticinco, la Presidenta de la entonces Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avocó a conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Ponente, para la elaboración del proyecto respectivo y resolución del asunto.
24. Devolución de autos. Con motivo de la imposibilidad material para la resolución del asunto por parte de la entonces Primera Sala y debido a la conclusión de las funciones de la entonces integración de este Alto Tribunal, se devolvieron los autos del expediente a la Secretaría General de Acuerdos para su resguardo, hasta en tanto la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia determinara lo conducente.
25. Returno y publicación. Por auto de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el asunto a la Ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para su estudio y resolución. Asimismo, de conformidad con los artículos 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo(5) y 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución,(6) el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.
I. COMPETENCIA
26. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de este recurso de revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción IX,(7) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II,(8) y 96(9) de la Ley de Amparo; así como 16, fracción IV,(10) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el punto Segundo, fracción VIII, inciso b) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) de tres de septiembre de dos mil veinticinco del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales; ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia civil dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito.
II. OPORTUNIDAD
27. El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo,(11) ya que la sentencia fue notificada por medio de lista a la parte quejosa, el martes veintinueve de abril de dos mil veinticinco, surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el miércoles treinta del mismo mes y anualidad.
28. Por lo tanto, el plazo transcurrió del dos al dieciséis de mayo de dos mil veinticinco, descontándose los tres, cuatro, diez y once de mayo de la misma anualidad, por ser sábados y domingos en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo(12) y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(13) Y el uno y cinco de mayo, por ser días inhábiles conforme a lo dispuesto por los anteriores ordenamientos.
29. En consecuencia, si el escrito de recurso de revisión se interpuso el catorce de mayo de dos mil veinticinco, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
30. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, pues es presentado por la parte quejosa en el juicio de amparo directo (**********) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito.
IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO
31. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia del recurso de revisión que nos ocupa, por los motivos siguientes.
32. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo encuentra fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo, así como el 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
33. De esos preceptos se advierte que las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten recurso alguno, salvo que se presenten las siguientes excepciones.
a) Que subsista un problema de constitucionalidad de normas generales;
b) Que en la sentencia impugnada se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o,
c) Que el Tribunal Colegiado de Circuito omita pronunciarse en cualquiera de los casos indicados anteriormente, no obstante que en los conceptos de violación la parte quejosa hubiere planteado dichos tópicos de constitucionalidad.
34. Estos requisitos son alternativos; es decir, basta que se dé uno u otro para que, en principio, resulte procedente el recurso de revisión en los juicios de amparo directo. Sin embargo, aunado a la presencia de alguno de estos requisitos y de conformidad con la reforma a la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal de once de marzo de dos mil veintiuno, para que el recurso de revisión en amparo directo resulte procedente es necesario, además, que a juicio de este Alto Tribunal el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
35. Así es, uno de los principales propósitos de la reforma constitucional de referencia radica en consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un auténtico tribunal constitucional que concentre sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.
36. Razón por la cual es de notoria relevancia que esta Suprema Corte se avoque al conocimiento de asuntos que constituyan una verdadera oportunidad de emprender estudios novedosos, relevantes, insólitos que tengan un impacto y alcance superior para el orden jurídico nacional y con efectos sociales tangibles. Por tanto, es necesario analizar si la naturaleza intrínseca del caso reviste un interés superlativo reflejado en la relevancia del tema controvertido, así como un carácter excepcional o novedoso que entrañe la fijación de un criterio normativo para casos futuros.
37. En esta línea, un asunto revestirá interés excepcional cuando se aprecie la entidad de un criterio que implique y refleje el interés general del caso desde un punto de vista jurídico y extrajurídico, esto es, que se plantee la adopción de un significado novedoso, específico, propio y diferenciado del contenido y/o alcance de un precepto constitucional o de un derecho humano reconocido por el texto constitucional o en un tratado internacional ratificado por el Estado Mexicano; o bien, que se examinen las repercusiones que pudiera implicar la decisión judicial en alguno de los sectores primordiales para el desarrollo nacional, de tal manera que marque un precedente relevante para casos futuros que impliquen un impacto económico y social para el país.
38. De ahí se desprende la naturaleza excepcional del recurso de revisión tratándose de juicios de amparo directo, es decir, que por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir las sentencias dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito únicamente en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad, excluyendo la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales.
39. Bajo estas premisas, se advierte que, en el caso, se satisface el primer requisito para la procedencia de este recurso, ya que subsiste un tema de constitucionalidad. Ello, ya que la quejosa ahora recurrente desde la demanda de amparo hizo valer que la autoridad responsable transgredió el interés superior de la infancia tutelado en el artículo 4o. constitucional, al considerar que la sentencia dictada en el juicio reivindicatorio afecta el derecho a la alimentación, en su vertiente de habitación, toda vez que el cónyuge de la actora, es el deudor alimentario del hijo de la demandada, quien donó a título gratuito, el inmueble materia de controversia.
40. Pero, además -expresamente- ha referido que el infante -actualmente adolescente-(14) tiene una condición de (**********) e -implícitamente- manifiesta que se trata de su cuidadora primaria, ya que manifestó que: “... En la actualidad la suscrita no cuenta con recursos para rentar una vivienda, ya que soy (**********) y mi hijo es (**********), lo que me impide trabajar, ya que necesita de mi atención personal”. De ahí que también se alegó -tácitamente- una afectación a los derechos de las infancias con discapacidad, regulada por el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(15) e incluso se manifestó una situación de vulnerabilidad en la madre motivada por los cuidados primarios que debe brindar a su menor hijo.
41. En la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado abordó el argumento tocante a la vulneración a los derechos de la infancia y lo declaró infundado, bajo el argumento de que la litis en el juicio natural versaba sobre la determinación judicial de dilucidar, a quién correspondía el derecho de propiedad y posesión de un bien inmueble, mas no se trató sobre el alcance, subsistencia y/o modificación del derecho a aliment
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33895-4a6621d5/alimentos-de-las-personas-menores-de-edad-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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