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Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. LAS OBLIGACIONES QUE ASISTEN AL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA EXIGEN VERIFICARLOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PERSONA QUE DEBE OTORGARLOS, ASÍ COMO DESDE LA PERSONA QUE LE CORRESPONDE RECIBIRLOS. DERECHO DE ALIMENTOS (HABITACIÓN) DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. EN UN JUICIO CIVIL DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DEBE RESOLVERSE CON PERSPECTIVA DE INFANCIA CUANDO EL ACTOR ES EL OBLIGADO ALIMENTARIO Y PADRE DEL NIÑO O DE LA NIÑA QUE HABITA EL BIEN INMUEBLE EN CONTROVERSIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5272/2023. · Registro digital (IUS): 33296
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-20
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.401.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5272/2023. 29 DE MAYO DE 2024. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO Y SECRETARIA: CARLOS ADRIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ Y ROCÍO MONTSERRAT FERNÁNDEZ NUNGARAY.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. El asunto deriva de un juicio ordinario civil en el que una persona demandó de su ex concubina la terminación de un contrato verbal de comodato respecto de un inmueble ubicado en la Ciudad de México, así como su desocupación y entrega.

En primera instancia, el juez civil determinó que si bien se acreditaba la procedencia de la acción –terminación de comodato– y la demandada no demostró sus defensas y excepciones, en el caso resultaba procedente dictar una resolución con perspectivas de género y de infancia, pues se advertía que en el procedimiento civil se encontraban inmiscuidos derechos de una menor de edad –hija de ambas partes– que habitaba en el inmueble propiedad del actor, razón por la cual determinó que no podía prosperar la acción y absolvió a la parte demandada de las prestaciones reclamadas.

Inconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual se resolvió por la Sala responsable en sentido favorable a los intereses del recurrente. Al respecto, determinó que en el caso no resultaba procedente impartir justicia con perspectiva de infancia dado que los intereses y derechos de la niña no estaban involucrados.

La demandada promovió juicio de amparo directo, el cual fue negado por el Tribunal Colegiado de Circuito.

En desacuerdo, la quejosa interpuso el recurso de revisión que se resuelve.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 5272/2023, interpuesto en contra de la sentencia dictada en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo civil **********.

El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver radica en dilucidar si el presente recurso de revisión es procedente y, en su caso decidir si en un juicio civil en el que se reclama la terminación de un contrato verbal de comodato respecto de un inmueble en el que habita una persona menor de edad, hija de las partes en conflicto, debe resolverse con perspectiva de infancia y atendiendo al interés superior de la niñez o bien, si por tratarse de una controversia de naturaleza civil entre quienes fueron pareja debe regirse por el principio dispositivo en materia civil.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE(1)

1. Hechos. ********** y ********** mantuvieron una relación de concubinato.

2. Con motivo de esa relación ********** permitió a ********** vivir en forma gratuita en el inmueble ubicado en ********** número **********, Edificio Gama, departamento **********, Colonia **********, C.P. **********, demarcación territorial **********, de la Ciudad de México.(2)

3. Posteriormente, ********** y ********** procrearon una niña que nació el **********,(3) cuyos apellidos se reflejan con las iniciales **********.(4)

4. ********** vive en el inmueble desde que se unió con **********, mientras que la niña de iniciales ********** lo habita desde su nacimiento.

5. Juicio de controversia del orden familiar **********.(5) En septiembre de dos mil dieciocho, en vía de controversia del orden familiar, ********** demandó de ********** el pago de una pensión alimenticia provisional –y en su momento definitiva– a su favor y en favor de su hija menor de edad.

6. Mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho,(6) la Jueza Sexta de lo Familiar adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México admitió a trámite la demanda, decretó una pensión alimenticia provisional a favor de la actora y de su hija por la cantidad correspondiente al 40% del total de las percepciones –ordinarias y extraordinarias– que mensualmente obtenía ********** como jubilado del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas y ordenó su emplazamiento.(7)

7. Juicio ordinario civil **********. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, en vía ordinaria civil, ********** demandó de ********** la terminación del contrato verbal de comodato celebrado en noviembre de dos mil catorce, respecto del inmueble ubicado en ********** número **********, Edificio **********, departamento **********, Colonia **********, C.P. **********, demarcación territorial **********, de la Ciudad de México; su entrega física y devolución; el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento de entregar dicho departamento, así como el pago de gastos y costas.

8. El Juez Décimo Noveno de lo Civil adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda, la registró con el número **********, la admitió a trámite y ordenó emplazar a la demandada.

9. ********** contestó la demanda, hizo valer sus defensas y excepciones, y formuló reconvención en contra de **********, de quien reclamó el otorgamiento de la escritura del inmueble objeto de la litis, sobre la base de que su propiedad y dominio le fueron trasladados a título gratuito, por el actor.

10. En acuerdo de ocho de junio de dos mil veintiuno, el juez civil tuvo por no admitida la reconvención, dado que la promovente no desahogó la prevención que le fue formulada.

11. Sentencia de primera instancia.(8) El dieciocho de octubre de dos mil veintidós el juez dictó resolución en la que consideró procedente la vía ordinaria civil, declaró improcedente la acción, absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas y no hizo condena en costas.

12. Al respecto, el juzgador determinó que del material probatorio aportado en el expediente quedaba plenamente acreditada la existencia de la relación contractual de comodato entre las partes, sin que la demandada hubiera demostrado la cesión de derechos de propiedad de dicho inmueble; por lo tanto, tuvo por acreditado que la posesión de la demandada era derivada del contrato verbal de comodato celebrado con el actor. Sin embargo, concluyó que la acción no podía prosperar, porque en atención al interés superior de la infancia y al juzgar con perspectiva de género advertía un estado de vulnerabilidad en perjuicio de la demandada y de su hija, así como una afectación a su derecho de alimentos en su modalidad de habitación.

13. El juez natural concluyó que la condena de desocupación y entrega del bien inmueble impactaría sobre los derechos de la persona menor de edad; además, consideró que en el diverso juicio de controversia del orden familiar ********** del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el derecho de alimentos de la niña todavía no estaba definido y advertía una crisis de carácter familiar entre las partes contendientes.

14. Recurso de apelación. Inconforme con la sentencia anterior, ********** interpuso recurso de apelación. La Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que conoció del asunto, lo registró con el número de toca **********.(9) Por su parte, la parte demandada dio contestación a los agravios formulados.

15. Sentencia de segunda instancia.(10) El treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, la Sala civil responsable dictó resolución en la que revocó la sentencia de primera instancia, declaró procedente la acción intentada por el actor y condenó a la parte demandada a entregar el inmueble objeto de la controversia; por otro lado, la absolvió respecto de los daños y perjuicios reclamados y no hizo condena en costas en esa instancia.

16. Al respecto, consideró que el juez de origen incorrectamente impartió justicia con perspectiva de género, en principio, porque en realidad lo había hecho con perspectiva de infancia y también porque dicho caso no debió resolverse con alguna de esas metodologías, pues lo dilucidado en la controversia de origen giró en torno a un contrato verbal de comodato y a la restitución de la posesión del inmueble, sin que se hubiera resuelto sobre el alcance, subsistencia o modificación del derecho de alimentos (habitación) de la niña.

17. Juicio de amparo directo civil 333/2023. Inconforme con la sentencia de apelación, **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo directo. Como derechos fundamentales vulnerados, señaló los previstos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales y planteó los siguientes conceptos de violación:

a) Primero. La Sala responsable pasó por alto los artículos 1 y 4 constitucionales que prevén los principios pro persona y del interés superior de la infancia, así como la obligación de juzgar con perspectiva de género y de erradicar la violencia contra las mujeres, pues omitió considerar que la quejosa es una mujer y que hay una niña menor de edad involucrada, a la cual se le pretende dejar sin habitación.

Transgredió los derechos humanos de la niña de edad involucrada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1, 2, 4, 5, 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y violó el contenido de los artículos 1, 2, 3, 5 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará", dado que la sentencia de condena concreta un acto de violencia de género y en contra de los derechos de la infancia.

b) Segundo. La Sala responsable violó los derechos de legalidad, justicia y debido proceso, en contravención de los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que contrariamente a lo que resolvió las pruebas fueron insuficientes para acreditar la existencia del contrato de comodato; además, el apelante no argumentó sobre el alcance de las pruebas, por lo que hizo un análisis parcial y en perjuicio de la quejosa.

c) Tercero. El tribunal de apelación vulneró los derechos de legalidad, justicia y debido proceso, porque ignoró que la condena de desocupación y entrega de la casa implica que la quejosa y la niña se queden sin hogar, que ello le complicaría su desarrollo integral y se violarían los derechos humanos que les asisten por ser mujer y niña pertenecientes a un sector vulnerable.

d) Cuarto, quinto y sexto. La Sala responsable transgredió los derechos de legalidad, justicia y debido proceso, porque no consideró que la pensión alimenticia decretada en la controversia de alimentos, correspondiente al 40% del total de los ingresos ordinarios y extraordinarios del demandado, se estableció tomando en cuenta que la quejosa y su hija viven en el inmueble objeto de controversia, es decir, se valoró que en adición a ese porcentaje –que cubriría la comida, educación, vestido y gastos médicos– el deudor alimentista proporcionaba casa-habitación.

La Sala responsable debió velar por los derechos alimentarios y el interés superior de la infancia que se afectaban en la controversia de origen, y permitir a la demandada y su hija permanecer en el inmueble en atención al artículo 4º de la Constitución Federal, pues una sentencia de condena afectará los alimentos que les fueron decretados en el juicio familiar.

Fue incorrecto considerar que –por tratarse de una persona jubilada– el actor no debe cumplir con las obligaciones de dar alimentos y que la quejosa no acreditó el concubinato.

18. Admisión y trámite. Correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conocer de la demanda, cuyo Presidente la admitió y registró con el número de amparo directo civil ********** y tuvo como parte tercera interesada a **********.

19. En sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que negó la protección constitucional solicitada, a partir de las siguientes consideraciones:

a) Dada su estrecha relación estudió conjuntamente los conceptos de violación y los declaró infundados.(11) Precisó los alcances de la impartición de justicia con perspectiva de género, como deber de las personas operadoras de justicia, aludió a los elementos detallados por la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016(12) así como a los parámetros establecidos en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y concluyó que no se advertía la existencia de alguna situación de poder o asimetría basada en el género en contra de la quejosa ni que la controversia entre las partes derivara de un contexto de violencia, discriminación o vulnerabilidad en razón de su género y tampoco se evidenciaba un trato o impacto diferenciado basado en diferenciados basados en el género, expresado mediante estereotipos o roles de género implícitos en las normas prácticas institucionales y sociales.

b) Así, validó el acto reclamado sobre la base de que del análisis de las constancias que integraban el juicio de origen no advertía la existencia de alguna situación de poder por cuestiones de género que hubiera causado algún desequilibrio entre las partes en controversia o bien, que se hubieran dejado de recibir pruebas por tal circunstancia o causado algún perjuicio a la quejosa por esa razón.

c) También destacó que la propia quejosa había reconocido que el bien inmueble sí fue otorgado por la parte actora para que pudiera vivir en él; sin embargo, su defensa se sustentó en que el actor le había cedido la propiedad de dicho bien, lo que no implicaba alguna situación que la ubicara en alguna desventaja respecto de su contraparte y debido a su género. Consideró que ello patentizaba que no se actualizaban situaciones de desventaja contra la quejosa que hicieran necesario el estudio del asunto con perspectiva de género, aunado a que en los conceptos de violación se limitó a solicitar ese estudio bajo el argumento de que se violaban sus derechos humanos de legalidad, justicia y debido proceso, sobre la base de que se vedaba la protección del sector vulnerable de la quejosa en razón de su género.

d) Por su parte, también declaró infundado el argumento relativo a que la condena de entregar el inmueble afectaba el interés superior de su hija, dado que en el juicio de origen sí había una relación intrínseca con su derecho de alimentos (habitación) y a que el acto reclamado se sustentó en una tesis que no obligaba a resolver en el sentido en que lo hizo. Determinó que la Sala responsable fundamentó la sentencia reclamada en la jurisprudencia 1a./J. 21/2021 (11a.) de rubro “DERECHO DE ALIMENTOS (HABITACIÓN) DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. ES DISTINTO DEL DERECHO DE USO QUE SUS PROGENITORES DEFIENDEN EN UN JUICIO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE HABITAN, POR LO QUE EN DICHO JUICIO NO PROCEDE ANALIZAR EL ASUNTO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA,(13) vinculante en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

e) Por su parte, determinó que no se vulneraba el interés superior de la niña, porque dicho criterio indicaba que en los juicios que versen sobre la restitución de la posesión de un inmueble derivado de la terminación de un contrato de comodato, no se encuentran involucrados derechos de personas menores de edad en el litigio de origen, ni puede estimarse que se altere su bienestar al privárseles de una vivienda, ya que si bien esos procedimientos tienen como finalidad la desocupación y entrega del inmueble donde habitan, los padres de las personas menores de edad continúan obligados a satisfacer su necesidad de alimentos; esto es, alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Por lo que no existía relación entre el derecho de alimentos (habitación) de la persona menor de edad con el derecho de propiedad del actor. Consideración que reiteraba a partir del criterio aludido.

f) Los conceptos de violación en los que se cuestionó la indebida valoración del material probatorio los declaró inoperantes, dada su vaguedad e imprecisión. Finalmente, validó la fundamentación y motivación de la sentencia.

20. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, ********** –por su propio derecho– interpuso recurso de revisión.(14) En esencia, hizo valer los siguientes agravios:

a) Primero. El Tribunal Colegiado transgredió los derechos humanos de la quejosa y de su hija menor de edad, en términos de los artículos 1 y 4 de la Constitución federal, porque ignoró que en el juicio de origen –además de ventilarse una controversia de comodato entre dos personas–, se dilucidan las obligaciones derivadas de una relación de protección paterno filial dado que el actor es padre de la niña, ambas habitan en el inmueble objeto de la litis de origen y no pueden ser despojadas, porque dicho inmueble es parte del derecho de habitación de la hija que ambos procrearon. Con ello, incumplió con las obligaciones de juzgar con perspectiva de género y de proteger a los sectores más vulnerables. Tampoco consideró el contenido de los artículos 1, 2, 3, 5 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará", dado que al no ampararla se concretó un acto de violencia de género y en contra de los derechos de la infancia.

b) El Tribunal Colegiado avaló que el juez de origen no solicitara al juzgado familiar el expediente del juicio de alimentos, en el que si bien fue fijada una pensión alimenticia provisional del 40% del total de las percepciones de **********, en dicho porcentaje no se contempló la habitación, pues se contaba con el presupuesto de que la niña habitaba en el inmueble propiedad de actor y objeto de la litis en la controversia de origen. Además, con dicho expediente el juez civil habría constatado la situación de vulnerabilidad y desventaja que padecen la quejosa y de su hija. Con ello, dejó de observar el daño económico y psicológico que se le está provocando a la niña, así como la violación de su derecho de habitación, como parte de su derecho a recibir alimentos, de conformidad con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño (transcribe los artículos 1, 2, 4, 5, 18 y 27).

c) Contrariamente a lo que determinó el Colegiado, no se actualiza un exceso en la aplicación del interés superior de la infancia respecto a la niña, sino que se activan las facultades y obligaciones de la autoridad jurisdiccional para emitir una resolución que proteja sus derechos. Tampoco puede considerarse que el derecho de terceras personas es más importante que el interés superior de la infancia y las obligaciones de crianza, máxime si se trata del padre que pretende quitarle la habitación a su hija y no de cualquier tercera persona.

d) En este caso, el derecho de habitación de una persona menor de edad deriva de una necesidad de satisfacción de tener en donde vivir y sí se vincula jurídicamente con los derechos de propiedad y posesión que se litigan en el juicio de origen. Además, también se trata del uso y habitación de la quejosa quien le está proporcionando el cuidado, la educación y se encarga de las labores de crianza de su hija.

e) Segundo. El Colegiado vulneró los derechos de legalidad, justicia y debido proceso, así como la obligación de fundar, motivar y resolver exhaustivamente, en términos de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues fue incorrecta la valoración que hizo del material probatorio, además de que no hay pruebas suficientes que permitieran acreditar el comodato reclamado en la controversia de origen, lo que fue avalado en la sentencia recurrida.

f) Tercero. El Tribunal Colegiado no analizó exhaustivamente los conceptos de violación y pasó por alto que la condena de desocupación y entrega de la casa implica que la quejosa y la niña se queden sin hogar, complicaría el desarrollo integral de esta última y se les violarían los derechos humanos que les asisten por ser mujer y niña, pertenecientes a un sector vulnerable.

g) Cuarto. El Tribunal Colegiado no analizó exhaustivamente los conceptos de violación y violó los derechos de legalidad, justicia y debido proceso, puesto que no consideró que en el expediente de la controversia del orden familiar se decretó una pensión alimenticia por el 40% del total de los ingresos ordinarios y extraordinarios del demandado, tomando en cuenta que la quejosa y su hija viven en el inmueble objeto de controversia. Debió velar por el derecho alimentario y el interés superior de la infancia que se afectaban en la controversia de origen y permitirles permanecer en el inmueble, en atención al artículo 4 constitucional, pues una sentencia de condena implicará costos por concepto de arrendamiento y afectará los alimentos que fueron decretados en el juicio familiar. h) Si bien en el juicio de alimentos se estableció un porcentaje completamente legal, ello se hizo considerando que la quejosa y su hija habitan en el departamento respecto del cual se pide la desocupación; es decir, valoró que en adición a ese porcentaje que cubriría la comida, educación, vestido y gastos médicos, se proporcionaba la casa-habitación.

21. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este alto tribunal admitió el recurso de revisión, ordenó formarlo y registrarlo con el número de expediente 5272/2023 y lo turnó al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la elaboración del proyecto de resolución.

22. Avocamiento y returno. En acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el avocamiento al conocimiento del asunto y el returno del asunto a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, en atención a lo decidido en sesión privada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés y a su readscripción a esta Primera Sala.

I. COMPETENCIA

23. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General número 1/2023 del Pleno de este alto tribunal, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(15) debido a que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia civil dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, competencia de esta Primera Sala y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

24. El recurso de revisión se presentó de manera oportuna. La sentencia recurrida fue notificada a la parte quejosa por medio de lista publicada el seis de julio de dos mil veintitrés,(16) por lo que dicha notificación surtió efectos el día siete siguiente.(17)

25. Por lo tanto, el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del diez de julio al siete de agosto de dos mil veintitrés, descontándose de dicho cómputo los días quince y dieciséis de julio, así como cinco y seis de agosto por ser inhábiles, así como los días comprendidos en el primer periodo vacacional del año del órgano jurisdiccional, esto es, del lunes diecisiete al lunes treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(18)

26. Si el recurso de revisión se interpuso el tres de agosto de dos mil veintitrés,(19) se concluye que su presentación fue oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

27. ********** tiene legitimación para interponer el recurso de revisión, pues su calidad de parte quejosa fue reconocida dentro del juicio de amparo directo civil cuya sentencia se recurre.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO

28. Por corresponder a una cuestión de estudio preferente, se verifica la procedencia del presente recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

29. En los artículos constitucionales y legales citados se establece que el amparo directo en revisión es procedente cuando subsista una cuestión de constitucionalidad en la instancia de la revisión; esto es, se exige la interposición del recurso de revisión en contra de una sentencia de amparo en la que se resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales, se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o se omita decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas; y que además, a esa problemática subsistente le asista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

30. Ambos supuestos deberán superarse y la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

31. Asimismo, esta Primera Sala ha sido consistente en sostener que además de la discrecionalidad con la que cuenta este alto tribunal para calificar sí la cuestión constitucional que subsiste en cada caso cumple con el requisito de excepcionalidad –lo que es consistente con la reforma a la fracción IX del artículo 107 constitucional de once de marzo de dos mil veintiuno–; este supuesto de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos se actualiza cuando:

a) La cuestión de constitucionalidad planteada de lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia, para el orden jurídico nacional; o,

b) Lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por esta Suprema Corte, relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.(20)

32. De lo expuesto se desprende que, por mandato constitucional, únicamente serán procedentes aquellos recursos de revisión en los que se reúnan ambos requisitos, a saber, la subsistencia de una cuestión de constitucionalidad de interés excepcional, excluyendo la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de legalidad, en los cuales los Tribunales Colegiados de Circuito son terminales. De ahí que basta con que no se cumpla cualquiera de los dos para que el recurso sea improcedente.

33. Aterrizando los referidos supuestos al caso concreto esta Primera Sala concluye que el recurso de revisión es procedente.

34. En relación con el primer requisito, se estima que en el presente recurso de revisión subsiste un problema de constitucionalidad dado que desde la demanda de amparo la parte quejosa hizo valer que la autoridad responsable transgredió el interés superior de la infancia y la obligación de impartir con justicia con perspectiva de género, pues indebidamente consideró que en el juicio ordinario civil origen no se involucran los intereses de su hija menor de edad siendo que sus derechos de alimentos y habitación se afectan con la sentencia de condena, ya que la ejecución implicaría dejarla sin vivienda, lo que además incidiría en su desarrollo integral.

35. La quejosa –hoy recurrente– argumentó que la Sala responsable transgredió el derecho de alimentos de su hija, porque pasó por alto que en una diversa controversia familiar se decretó una pensión alimenticia correspondiente al 40% del total de las percepciones del deudor alimentario, quien es padre de la niña y parte actora en el juicio civil de origen, porcentaje que, a decir de la quejosa, fue establecido atendiendo a que la niña reside en el inmueble objeto del juicio de terminación de contrato de comodato, propiedad del padre y deudor alimentista, razón por la cual el juicio civil de origen sí incide en los derechos de la niña.

36. En la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado abordó dicho planteamiento y lo declaró infundado. Determinó que del análisis de las constancias de autos se advertía que la controversia de origen no exigía la impartición de justicia con perspectiva de género, dado que no se advertía la existencia de alguna situación de poder, vulnerabilidad o asimetría basada en el género de la quejosa, que hubiera causado algún desequilibrio entre las partes, en términos de la jurisprudencia 1a./J 22/2016 de la Primera Sala.(21)

37. También resolvió que la sentencia reclamada no afecta los derechos de la persona menor de edad, pues la Sala responsable resolvió con fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 21/2021 de rubro: “DERECHO DE ALIMENTOS (HABITACIÓN) DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. ES DISTINTO DEL DERECHO DE USO QUE SUS PROGENITORES DEFIENDEN EN UN JUICIO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE HABITAN, POR LO QUE EN DICHO JUICIO NO PROCEDE ANALIZAR EL ASUNTO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA”,(22) vinculante en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

38. El Tribunal Colegiado concluyó que en atención a dicho criterio, la Sala responsable no resolvió en contravención del interés superior de la niña, pues en los juicios que versan sobre la restitución de la posesión de un inmueble derivado de la terminación de un contrato de comodato no se encuentran involucrados derechos de personas menores de edad ni puede estimarse que su bienestar se altera al privárseles de una vivienda, ya que si bien dichos litigios tienen como finalidad la desocupación y entrega del inmueble donde habitan, las obligaciones alimenticias del padre y de la madre de las personas menores de edad continúan, por lo que en la controversia de origen no existía relación entre el derecho de alimentos (habitación) de la persona menor de edad con el derecho de propiedad del actor. Consideraciones que se reiteraron en la sentencia de amparo conforme al criterio aludido.

39. Ahora bien, la recurrente controvierte d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33296-4075931a/alimentos-de-las-personas-menores-de-edad-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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