MATERIA PROCESAL CIVIL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, AL ESTABLECER REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO HIPOTECARIO, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. I. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 624, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). II. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS AL ESTABLECER REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO HIPOTECARIO EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 624, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 624, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 162/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna el artículo 624, fracción III, del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, reformado mediante el Decreto número dos mil trescientos ochenta publicado el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, por considerar que resulta violatorio del derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad, pues el Congreso local no cuenta con las facultades para legislar sobre cuestiones relacionadas con la materia procesal civil, ya que, en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
Ver índice temático
Ciudad de México. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 162/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de la fracción III del artículo 624 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, reformado mediante el Decreto número dos mil trescientos ochenta, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. Por escrito depositado el cuatro de octubre de dos mil veinticuatro en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 624, fracción III, del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, reformado mediante Decreto Número dos mil trescientos ochenta, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno de esa entidad el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.
2. Concepto de invalidez. En su escrito inicial, la promovente formula el siguiente concepto de invalidez:
• En su único concepto de invalidez, señala que el Decreto impugnado viola el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, toda vez que el Congreso local no se encuentra constitucionalmente habilitado para legislar sobre cuestiones relacionadas con la materia procesal civil. Ello, pues de conformidad con el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir la legislación única en materia procedimental civil y familiar que regirá en toda la República, excluyendo así la facultad de las entidades federativas para legislar sobre este tema.
• Alega que el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, previstos en el artículo 14, con relación con el 16 de la Carta Magna, constituyen prerrogativas fundamentales que protegen a todas las personas frente al arbitrio de la autoridad estatal. Argumenta que lo anterior no se acota exclusivamente a la aplicación y ejecución de las normas, sino que también se hace extensivo a la labor legislativa, la cual debe establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación arbitraria de la ley, permitiendo a los gobernados tener certeza sobre a quién se dirige la disposición, su contenido y la consecuencia de su incumplimiento.
• Señala que, en observancia al derecho a la seguridad jurídica, todo ordenamiento legal y sus disposiciones deben ser emitidas por una autoridad legislativa que esté habilitada para ello conforme a la Constitución Federal.
• Por lo tanto, considera que las entidades federativas pueden emitir normas sobre todo aquello que no esté expresamente concedido al Congreso de la Unión, pues de lo contrario sería una transgresión al orden constitucional, en detrimento al derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
• A raíz de todo lo anterior, argumenta que habrá una violación al principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica cuando: (i) la actuación por parte de cualquier autoridad del Estado no se encuentra debidamente acotada a la Constitución o a las leyes secundarias; (ii) la autoridad estatal actúa con base en disposiciones legales que contradicen la Constitución; y (iii) la autoridad afecta la esfera jurídica de los gobernados sin un sustento legal que respalde su actuación.
• En ese sentido, resaltó que a partir de la reforma constitucional del quince de septiembre de dos mil diecisiete, se facultó al Congreso de la Unión para emitir la legislación única en materia procedimental civil y familiar. Lo anterior, con el propósito de unificar las normas procedimentales en la materia, mejorando transversalmente la impartición de justicia en esas materias. Consecuentemente, argumenta que, a partir de la entrada en vigor de dicha reforma, las legislaturas locales quedaron impedidas para legislar respecto a esas materias.
• Menciona que el Congreso de la Unión ya ejerció su facultad exclusiva de legislar en la referida materia, al expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, cuya entrada en vigor no podrá exceder del primero de abril de dos mil veintisiete y la Federación y las entidades federativas podrán adelantar esa fecha siempre que el Poder Judicial Federal o Local, según corresponda, solicite al Congreso respectivo que emita una declaratoria y ésta se publique en el Diario Oficial de la Federación y en los Periódicos o Gacetas Oficiales de las entidades, según sea el caso.
• Estima que, con independencia de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en cada entidad federativa, sus respectivos Congresos dejaron de ser competentes para legislar en la materia en comento desde el dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en que entró en vigor la reforma constitucional en la que se facultó de manera exclusiva al Congreso de la Unión.
• Ahora bien, considera que la norma impugnada no solo es formalmente procesal, al estar contenida en el Código Procesal Civil de la entidad, sino que también ostenta dicha naturaleza por su contenido material, al establecer requisitos indispensables para la procedencia del juicio hipotecario, en específico, la presentación del documento base de la acción del juicio hipotecario consistente en la escritura privada, en original o en copia certificada, o, en su caso, el respectivo testimonio de la escritura pública en la que conste el otorgamiento de la hipoteca y se acredite que ésta se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
• Por todo lo anterior, considera que la disposición impugnada es inconstitucional, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, al haber sido emitida por una autoridad legislativa que carece de competencia para ello.
3. Radicación y turno. Mediante proveído de siete de octubre de dos mil veinticuatro, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la acción de inconstitucionalidad 162/2024. Asimismo, turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para instruir el procedimiento correspondiente.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, para que rindieran sus informes respectivos y se requirió al segundo en mención para que, en ese momento, remitiera copia certificada del Periódico Oficial en el que constara la publicación de la norma impugnada.
5. En el mismo acuerdo, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su representación correspondiera.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de este Alto Tribunal el treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, la Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en representación del Poder Legislativo de dicha entidad, rindió su informe, en el cual expone, en síntesis, lo siguiente:
• Refiere que el Congreso del Estado, en ejercicio de sus facultades, aprobó y expidió el decreto impugnado, con el objetivo de aclarar cuál es el documento base de la acción al iniciar un juicio especial hipotecario, y, en esta medida, adaptar la legislación al momento histórico en el que se vive, mejorando la práctica jurisdiccional y dotando de confianza a los ciudadanos.
• Menciona que, antes de la reforma, la redacción de la fracción reclamada carecía de coherencia jurídica, pues para acreditar la existencia de un acto jurídico ante notario no era correcto decir “la escritura pública en que conste sea primer testimonio y esté debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad”, puesto que la escritura nunca constaría en un testimonio, sino que éste es una reproducción de la primera.
• Señala que con la reforma se refuerzan los conceptos jurídicos, y no se deja en estado de indefensión a los acreedores hipotecarios.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mediante escrito remitido a través del sistema electrónico de este Alto Tribunal el cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, el titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, rindió el informe solicitado. En dicho informe indicó que es cierto que su representada promulgó y publicó el decreto impugnado. Asimismo, expuso, en esencia, las consideraciones que a continuación se precisan:
• Manifiesta que, si bien es cierto el acto reclamado, el Poder Ejecutivo estatal actuó conforme a sus atribuciones respecto a la publicación de las normas reclamadas, y refiere que la accionante no formuló conceptos de invalidez en los que se combata dicho acto de publicación por vicios propios y que el señalamiento de la autoridad en comento en la promoción de la presente acción de inconstitucionalidad únicamente fue para efectos de cumplir un requisito formal que se desprende de la Ley Reglamentaria consistente en indicar al órgano que hubiere expedido, promulgado o publicado la norma impugnada.
• Indica que el Poder Ejecutivo estatal cuenta con las facultades para publicar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso de la entidad, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, 70, fracción XVII, incisos a) y c), y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 9, fracción II, 11 y 22, fracciones XXVI y XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que, sostiene que los actos de promulgación y publicación de la norma reclamada son constitucionales.
• Considera que, al estar la publicación de la disposición impugnada apegada al orden constitucional, resulta notoriamente improcedente e infundada, en virtud de que dicho acto no lesiona por sí mismo los intereses del promovente, ni vulnera los derechos a la seguridad jurídica ni el principio de legalidad, contemplados en los artículos 14 y 16 constitucionales.
• Por otro lado, señala que si bien la reforma al artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Federal precisó la facultad del Congreso de la Unión de expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar, a saber, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, esto no debe limitar a las legislaturas locales para realizar reformas a sus legislaciones adjetivas en la materia, pues se trata de una necesidad social y jurídica en la que resulta necesario regular los requisitos de procedencia del juicio hipotecario.
• Consecuentemente, considera que la reforma al artículo 624, fracción III, del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, hace frente a una necesidad social y jurídica, cubriendo un vacío jurídico y equilibrando los derechos de las personas.
8. Pedimentos. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon manifestación alguna.
9. Alegatos. Por escrito recibido el seis de marzo de dos mil veinticinco, la persona que lo suscribió, quien ostentó el carácter de delegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formuló alegatos.
10. Cierre de la instrucción. Seguido el procedimiento respectivo, mediante auto de treinta de abril de dos mil veinticinco, la Ministra instructora tuvo por formulados los alegatos presentados y, en ese acto, cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
11. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales,(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre la Constitución Federal y el artículo 624, fracción III, del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, reformado mediante Decreto número dos mil trescientos ochenta, publicado el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de Morelos.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
12. En términos de lo previsto en los artículos 41, fracción I, 59 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) se deben fijar las normas que serán objeto de esta acción de inconstitucionalidad.
13. La Comisión accionante reclama la invalidez del artículo 624, fracción III, del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, reformado mediante Decreto número dos mil trescientos ochenta, publicado el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno de dicha entidad, cuyo texto es del tenor literal siguiente:
Artículo 624.- Requisitos del juicio hipotecario. Para que proceda el juicio hipotecario, deberán de reunirse los siguientes requisitos:
[...]
III. Que se presente el documento original o copia certificada de la escritura privada y en su caso testimonio cualquiera que su número ordinal o copia certificada de la escritura pública en la cual se hizo constar el otorgamiento de la hipoteca y se acredite que misma está debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
[...]
14. Por tanto, se tiene a dicha porción normativa como la impugnada en esta acción de inconstitucionalidad.
III. OPORTUNIDAD
15. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(5) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
16. En este caso, el “Decreto número dos mil trescientos ochenta por el que se reforma la fracción III del artículo 624 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos” fue publicado el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del jueves cinco de septiembre al viernes cuatro de octubre, ambos de dos mil veinticuatro.
17. En ese sentido, si el escrito inicial fue depositado en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, entonces su presentación fue oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
18. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, por considerar que vulneran los derechos humanos.
19. El párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el numeral 59 del mismo ordenamiento,(6) señalan que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que legalmente estén facultadas para ello.
20. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 18 de su Reglamento Interno, la persona titular de la Presidencia de dicho órgano ejerce la representación de éste, quien, además, tiene la facultad y obligación de suscribir los escritos de las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan en contra de leyes de carácter federal o estatal expedidas por el Congreso o las legislaturas locales, para su presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(7)
21. En el caso, la acción de inconstitucionalidad fue promovida por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acredita mediante copia certificada del acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve por el que se le designó como titular de dicho órgano por un periodo de cinco años –del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro–, así como el diverso acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinticuatro, en el que se le designó para un nuevo periodo de gestión, ambos expedidos por el Senado de la República.
22. Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, la Comisión promovente está legitimada para impugnar normas federales o estatales cuando aduzca que éstas vulneran derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México sea parte; lo que se actualiza en el presente caso, en virtud de que la accionante reclama la invalidez del artículo 624, fracción III, del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, por considerar que transgrede el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, reconocidos en los numerales 14 y 16 constitucionales.(8)
23. En virtud de que el escrito inicial fue presentado y suscrito por la persona facultada para representar al órgano accionante quien, además, aduce violaciones a derechos humanos, se debe concluir que la Comisión promovente cuenta con legitimación en la presente acción de inconstitucionalidad.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
24. En su informe, el Poder Ejecutivo del Estado señala que la promulgación y publicación de la norma impugnada se realizó en estricta observancia y cumplimiento de las obligaciones que le confiere la Constitución local, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, por lo que, a su parecer, la impugnación que formula la parte actora resulta notoriamente improcedente.
25. Tal causa de improcedencia se desestima.
26. Esta Suprema Corte ha determinado que el Poder Ejecutivo local, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas impugnadas para otorgarles plena validez y eficacia, se encuentra implicado en la emisión de la misma por lo que debe responder por la validez de sus actos frente al orden constitucional, con independencia de que los conceptos de invalidez se formulen en contra de actuaciones que se le atribuyan propiamente.
27. Además, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES”,(9) si en una acción de inconstitucionalidad, el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho Poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada.
28. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 61, fracción II, de la Ley Reglamentaria dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su diverso 64, párrafo primero, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal. De ahí que proceda desestimar dicha causal planteada.
29. En esas condiciones, como no se hizo valer diversa causa de improcedencia, ni este Alto Tribunal advierte de oficio algún otro motivo, se procede a realizar el estudio de fondo respectivo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
30. En su único concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que debe declararse la invalidez del “Decreto número dos mil trescientos ochenta por el que se reforma la fracción III del artículo 624 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos”, por estimar que viola el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
31. Lo anterior, pues considera que a raíz de las reformas a los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Federal en materia de justicia cotidiana, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, el Congreso de la Unión es quien tiene la facultad exclusiva de emitir la legislación única en materia procedimental civil y familiar.
32. Refiere que, de conformidad con el régimen transitorio, dicha reforma entró en vigor el dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete, a excepción de la reforma al párrafo primero del artículo 16, y el nuevo párrafo tercero del artículo 17 constitucionales, las cuales entraron en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
33. Es decir, según la accionante, a partir del dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete, el Congreso de la Unión es competente para expedir la legislación única en materia procedimental civil y familiar, excluyendo así la facultad de los Estados para legislar en la materia.
34. Asimismo, señala que el Congreso de la Unión ya hizo uso de su facultad exclusiva para legislar en la materia, pues el siete de junio de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor será gradual conforme a las declaratorias que realicen los Congresos locales, sin que esto pueda exceder del primero de abril de dos mil veintisiete.
35. No obstante, indica que ello no modifica la interpretación acerca del momento en el que las legislaturas locales dejaron de estar habilitadas para legislar en la citada materia, ya que fue a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana que la facultad para legislar en materia procesal civil y familiar corresponde, de manera exclusiva, al Congreso de la Unión.
36. En ese sentido, la Comisión accionante considera que la reforma al artículo 624, fracción III, del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos es violatoria a los principios de seguridad jurídica y legalidad, al haber sido emitida por una autoridad que, desde el dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete, ya no cuenta con facultades para regular los procesos en los cuales se resuelven litigios en materia civil, así como los procedimientos de jurisdicción voluntaria, en específico, respecto de los requisitos de procedencia para un juicio hipotecario.
37. A juicio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de invalidez resulta fundado, de conformidad con las siguientes consideraciones.
38. De inicio, conviene precisar que el planteamiento en la presente acción de inconstitucionalidad radica en determinar si la reforma impugnada al artículo 624, fracción III, del Código Procesal Civil de la entidad es inconstitucional, al propiciar una interferencia en las atribuciones que la Constitución Federal le confiere al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en la materia.
39. Este Tribunal Pleno ha tenido la oportunidad de analizar si determinadas normas estatales transgredían la competencia de la Federación para legislar en materia civil y procesal.
40. En el primer precedente –la acción de inconstitucionalidad 144/2017–,(10) se impugnaron diversos preceptos de legislaciones del Estado de Coahuila de Zaragoza que regulaban figuras procesales como el desistimiento, la caducidad, la prueba de declaración de parte, el plazo para impugnar resoluciones y el procedimiento familiar en los casos de divorcio. Este Tribunal Pleno invalidó dichas disposiciones, pues concluyó que con motivo de la reforma al artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, los Congresos locales dejaron de tener competencia para legislar y modificar disposiciones en materia procesal civil y familiar.
41. Este criterio fue reiterado por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 37/2018(11) –en la que se declaró la invalidez de la reforma al artículo 662 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas que suprimió la obligación de registrar la posesión para producir la prescripción cuando se tratara de cierto tipo de bienes públicos–; en la acción de inconstitucionalidad 32/2018(12) –en la que se invalidaron las reformas a los artículos 58 y 868 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila de Zaragoza que introdujeron formalidades del ejercicio de la competencia, así como el cómputo del plazo para la interposición del recurso de apelación–; así como en la acción de inconstitucionalidad 58/2018(13) –donde se invalidaron diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes que eliminaron la posibilidad de apelar juicios de jurisdicción voluntaria–.
42. De manera más reciente, este Alto Tribunal resolvió la acción de inconstitucionalidad 118/2021,(14) en la que se declaró la invalidez de diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en las cuales se preveían reglas, términos y definiciones relacionadas con la sustanciación del procedimiento en línea, como la creación de un sistema informático para su tramitación y los requisitos para las promociones electrónicas, entre otros aspectos.
43. Las consideraciones que sostuvieron las declaratorias de invalidez de las normas impugnadas en los citados precedentes fueron, en esencia, las siguientes:
• A partir de la reforma al artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Federal,(15) el Congreso de la Unión es el órgano competente para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, la cual regirá en toda la República, excluyendo de esta forma la facultad de los Estados para legislar sobre este tema.
• Del procedimiento legislativo de la reforma constitucional de mérito, se desprendió que ésta obedeció a la necesidad de establecer una misma base regulatoria que fijara los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar la justicia civil y familiar en todo el país, sin anular las facultades que tienen las entidades federativas para establecer las normas sustantivas civiles y familiares, que sí permanecerían como materia reservada a aquéllas.
• De las disposiciones transitorias del Decreto de la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana, se advirtió que ésta entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete;(16) que a partir de ese mome
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33919-5f444a61/materia-procesal-civil-el-congreso-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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