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DERECHO A LA PROTESTA. LAS NORMAS QUE INTERFIEREN EN SU EJERCICIO DEBEN SER ANALIZADAS BAJO UN ESCRUTINIO ESTRICTO. DERECHO A LA PROTESTA. SU RECONOCIMIENTO COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DERECHO A LA PROTESTA. SU RELACIÓN DE INTERDEPENDENCIA CON OTROS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. PROTESTA EN LA VÍA PÚBLICA. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 110 DE LA LEY NÚMERO 176, DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE SONORA. PROTESTA SOCIAL EN LA VÍA PÚBLICA. EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY NÚMERO 176, DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE SONORA ES INCONSTITUCIONAL. I. DERECHO A LA PROTESTA. SU EJERCICIO PUEDE SUJETARSE A LIMITACIONES PREVISTAS POR LA LEY, QUE PERSIGAN FINES LEGÍTIMOS Y RESULTEN NECESARIAS Y PROPORCIONALES. II. DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL PACÍFICA. LA NORMA QUE PREVÉ EL REQUISITO DE AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA AUTORIDAD PARA QUE PUEDA REALIZARSE LA PROTESTA, NO CUMPLE CON LA SEGUNDA GRADA DEL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO, AL NO SER INDISPENSABLE PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE MANIFESTANTES Y TERCEROS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 109, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE MANIFESTACIONES", DE LA LEY NÚMERO 176 DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE SONORA). III. DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL PACÍFICA. LA FALTA DE AVISO PARA LLEVARLA A CABO NO INVALIDA LA PROTESTA, NO GENERA CONSECUENCIAS SANCIONATORIAS NI FACULTA A LA AUTORIDAD PARA IMPEDIRLA, MODIFICARLA O DISOLVERLA, POR LO QUE LAS MANIFESTACIONES ESPONTÁNEAS ESTÁN PLENAMENTE PROTEGIDAS CONSTITUCIONALMENTE Y SON INCOMPATIBLES CON CUALQUIER EXIGENCIA DE PREVIO AVISO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 110 DE LA LEY NÚMERO 176 DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE SONORA). IV. DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL PACÍFICA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE QUEDARÁN EXCEPTUADAS DE DAR AVISO A LA AUTORIDAD MUNICIPAL "TODO AQUEL SUPUESTO JURÍDICO QUE CONSTITUYA UN DELITO O UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA", DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE ÚNICAMENTE OPERA CUANDO, AL MOMENTO DE EJERCERSE EL DERECHO A LA PROTESTA, CONCURRAN EFECTIVAMENTE CONDUCTAS QUE CONSTITUYAN DELITOS O INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, Y NO CUANDO EL OBJETO, TEMA O MENSAJE DE LA MANIFESTACIÓN HAGA REFERENCIA A ACTIVIDADES QUE PUDIERAN CONSIDERARSE ILÍCITAS (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 110, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY NÚMERO 176 DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE SONORA). V. DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL PACÍFICA. LA REALIZACIÓN DE DESFILES, CARAVANAS, PEREGRINACIONES O CUALQUIER OTRO TIPO DE CONCENTRACIÓN HUMANA DE CARÁCTER POLÍTICO, RELIGIOSO, DEPORTIVO, RECREATIVO O SOCIAL, CUYA FINALIDAD SEA LÍCITA, NO PUEDE SUJETARSE AL REQUISITO DE AUTORIZACIÓN PREVIA PARA QUE SE LLEVE A CABO, PUES ESTAS CATEGORÍAS NO COMPARTEN EL CARÁCTER POLÍTICO-DELIBERATIVO PROPIO DE LA MANIFESTACIÓN NI SU FUNCIÓN CONSTITUCIONAL DENTRO DEL ECOSISTEMA DEMOCRÁTICO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY NÚMERO 176 DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE SONORA). VI. DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL PACÍFICA. LA PORCIÓN NORMATIVA "CUALQUIER OTRO TIPO DE CONCENTRACIÓN HUMANA DE CARÁCTER POLÍTICO" DEBE ENTENDERSE EXCLUSIVAMENTE EN SU SENTIDO ELECTORAL Y NO COMO UNA CLÁUSULA ABIERTA PARA RECONDUCIR LAS MANIFESTACIONES HACIA EL RÉGIMEN DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS BAJO LA EXCUSA DE SU CONTENIDO POLÍTICO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY NÚMERO 176 DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE SONORA). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 109, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE MANIFESTACIONES", DE LA LEY NÚMERO 176 DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE SONORA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 55/2024. · Registro digital (IUS): 34055
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-12
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.891.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 55/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE ENERO DE 2026. PONENTE: MINISTRO IRVING ESPINOSA BETANZO. SECRETARIO: JUAN LUIS HERNÁNDEZ MACÍAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 55/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 109 y 110 de la Ley número 176, de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial de la entidad el 5 de enero de 2024.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Norma impugnada. El 5 de enero de 2024 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora la Ley número 176, de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Sonora.

2. Demanda de acción de inconstitucionalidad. Por escrito recibido en la oficina de Certificación Oficial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el 6 de febrero de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 109 y 110 de la Ley número 176, de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial de la entidad el 5 de enero de 2024.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la parte actora impugna la constitucionalidad del artículo 109 y 110 de la Ley número 176 de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Sonora, al considerar que dichos preceptos vulneran los derechos a la seguridad jurídica, a la libertad de expresión y de reunión, así como el principio de legalidad. El concepto de invalidez se desarrolla de la siguiente manera:

a. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que los artículos 109 y 110 de la Ley número 176, de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Sonora, vulneran la libertad de expresión, la libertad de reunión, el principio de legalidad y la seguridad jurídica. A su juicio, el diseño normativo condiciona el ejercicio de estas libertades a una autorización previa del Estado y restringe el uso de la vía pública únicamente a supuestos “extraordinarios” —lo que, en la práctica, faculta a la autoridad para censurar o reprimir la manifestación de ideas.

b. El argumento central descansa en que ambas disposiciones transforman el uso del espacio público —cauce natural para el ejercicio de las libertades de expresión y reunión— en una excepción dependiente de permiso estatal. Ello implica, según la Comisión, invertir la regla constitucional: en lugar de presumir que toda reunión es pacífica y lícita, las normas parten de la potencial ilicitud de las manifestaciones al permitir negar el uso de la vía pública bajo el pretexto de que podrían materializarse delitos o infracciones administrativas. Este enfoque, además de incompatible con el estándar constitucional, abre la puerta a formas de censura previa.

c. La actora añade que el artículo 110, aunque formalmente exige un “aviso”, opera en realidad como una autorización encubierta, pues la autoridad puede utilizarlo para negar el ejercicio de derechos. A ello se suma la obligación prevista en el artículo 109 de “minimizar afectaciones a terceros”, carga que —afirma— no puede recaer en las personas manifestantes. Es el Estado quien debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, mantener el orden público y gestionar las molestias inherentes a una manifestación, que forman parte de la vida democrática y exigen un amplio margen de tolerancia tanto de las autoridades como de la colectividad.

d. Otro eje argumentativo apunta a la falta de claridad y precisión legislativa. Los artículos distinguen entre “eventos” —desfiles, caravanas, peregrinaciones o cualquier concentración política, religiosa, deportiva, recreativa o social— que requieren aviso con quince días de anticipación, y “manifestaciones”, cuya notificación debe hacerse con setenta y dos horas. Sin embargo, el propio legislador empleó una fórmula tan amplia (“cualquier tipo de concentración humana...”) que la categoría de evento puede abarcar las manifestaciones mismas, generando incertidumbre sobre cuál régimen aplica en cada caso. Esa ambigüedad se profundiza por el uso indistinto de los términos “autorización” y “aviso”, pese a que tienen significados jurídicos distintos y consecuencias diversas para los gobernados.

e. La Comisión concluye que el sistema normativo previsto en los artículos 109 y 110 permite restricciones injustificadas al uso de la vía pública; carece de claridad respecto de los requisitos exigibles; habilita espacios para decisiones arbitrarias; y, en suma, vulnera las libertades de expresión y reunión, así como la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

4. Trámite y turno. Por proveído de 7 de febrero de 2024, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el expediente bajo el número 55/2024; asimismo lo turnó a la Ministra en retiro Ana Margarita Ríos Farjat para su instrucción.

5. Admisión. Por acuerdo de 6 de marzo de 2024, la Ministra Instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta. Además, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Sonora, para efecto de que rindieran los informes respectivos, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que formulasen lo que a su representación correspondiera.

6. Informe del Congreso del Estado de Sonora. Mediante escrito recibido en esta Suprema Corte el 3 de abril de 2024, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora, rindió su informe a través del cual manifestó lo siguiente:

a. Los artículos impugnados no tienen como finalidad coartar las libertades de reunión o de expresión. Más bien, la autorización para la realización de eventos o cualquier tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social previo aviso a la autoridad municipal con 15 días de antelación, busca que las autoridades que intervienen en la organización de operación y vigilancia de los espacios públicos a utilizarse prevean el tiempo suficiente para llevar a cabo las acciones de logística material y humana que permitan que dichos eventos se lleven a cabo sin mayores contratiempos; evitando de esta forma situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas involucradas, tratando de afectar mínimamente a todo aquel que no es parte de dicho evento.

b. Las normas combatidas regulan aspectos diversos a los derechos humanos de libertad de reunión y de expresión, pues tienen como objetivo la prevención de la organización, operación y manejo de la logística de las reuniones, independientemente del fin que persiguen, sin que ello implique alguna vulneración al derecho a reunirse o expresar sus ideas.

c. La Ley impugnada se aprobó conforme a la legislación aplicable, además de que es resultado de un parlamento abierto, del cual se determinó que el significado del término manifestación usualmente es utilizado para referirse a la reunión de personas al aire libre por diversos motivos y no solo como un acto de protesta per se.

d. Contrario a lo alegado por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no existen actos de discriminación en las disposiciones impugnadas.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Mediante escrito recibido en esta Suprema Corte, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora rindió su informe a través del cual manifestó lo siguiente:

a. Las normas son constitucionales porque no prohíben reuniones o manifestaciones, sino que establecen un requisito de autorización para garantizar la seguridad vial de manifestantes y de quienes utilizan regularmente esas vialidades.

b. Los precedentes citados por la Comisión Nacional no son aplicables. Existen precedentes de la Suprema Corte que respaldan una interpretación conforme, como al resolver la acción de inconstitucionalidad 96/2014 sobre normas sustancialmente similares.

c. La legislatura sonorense precisó en parlamento abierto la distinción entre eventos y manifestaciones: los eventos (desfiles, caravanas, peregrinaciones, concentraciones políticas, religiosas, deportivas, recreativas o sociales) no tienen como núcleo la protesta, reclamo, salvaguarda de derechos o crítica al Estado y requieren aviso con 15 días de anticipación; mientras que las manifestaciones sí tienen como eje central la protesta, reclamo, salvaguarda de derechos, crítica, oposición o valores de disenso y requieren aviso con 72 horas de anticipación.

d. La interpretación de la Comisión Nacional sobre el término “extraordinaria” es errónea. Las vías públicas tienen como uso ordinario el tránsito vehicular; por tanto, solo extraordinariamente se utilizarán para manifestarse o reunirse. Este término no implica que la autoridad pueda negar permisos arbitrariamente, sino que reconoce que todo uso distinto al tránsito vehicular y peatonal constituye, en sí mismo, un uso extraordinario.

e. Es incorrecta la interpretación de la Comisión Nacional sobre la frase "las personas solicitantes y la autoridad municipal realizarán todas las acciones o medidas necesarias para minimizar las afectaciones a terceros". El artículo 110 aclara que las autoridades municipales deben brindar facilidades para que los eventos se realicen en las mejores condiciones y los solicitantes deben garantizar reuniones pacíficas con objeto lícito, de manera que ambos garantizan medidas para minimizar afectaciones a terceros.

f. Las normas no causan incertidumbre: los gobernados sabrán claramente si su acto tiene fin de protesta y el plazo en que deben avisar a la autoridad, cumpliendo con los principios de legalidad y seguridad jurídica.

g. Se propone que la Suprema Corte realice una interpretación conforme en el sentido de que las normas solo prevén el aviso para que las autoridades protejan a manifestantes y población en general, sin prohibir reuniones espontáneas, aplicando las consideraciones de la acción de inconstitucionalidad 96/2014.

8. Pedimento del Fiscal General de la República. El fiscal de la Federación no formuló manifestación alguna o pedimento.

9. Pedimento de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Consejería Jurídica tampoco formuló manifestación o pedimento alguno.

10. Cierre de la instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos respectivos de las partes y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, mediante acuerdo de 16 de mayo de 2024, la Ministra Instructora determinó el cierre de instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

11. Returno. Mediante acuerdo de 4 de septiembre de 2025, el Ministro Presidente ordenó turnar el presente asunto al Ministro Irving Espinosa Betanzo, para que fungiera como instructor del procedimiento, en atención a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) del Pleno de este Alto Tribunal.

II. COMPETENCIA

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución Federal; 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) 1º de la Ley Reglamentaria de la materia; en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General número 2/2025 (12a.).(3)

III. OPORTUNIDAD

13. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

14. El Decreto en el cual se emitió la norma impugnada fue publicado en el Boletín Oficial de la entidad el 5 de enero de 2024, por lo que el plazo de 30 días naturales para la interposición de la demanda transcurrió del 6 de enero al 4 de febrero de 2024. No obstante, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria, cuando el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente. En el caso concreto, el siguiente día hábil fue el 6 de febrero de 2024, pues el día 5 de febrero fue inhábil de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

15. En este contexto, dado que la demanda de acción de inconstitucionalidad y sus anexos fueron depositados el día 6 de febrero de 2024 en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, es evidente que la acción es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

16. Este Tribunal Pleno advierte que la acción de inconstitucionalidad se promovió por parte legitimada.

17. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por las legislaturas estatales que considere violatorias de derechos humanos.

18. En el caso, este requisito se cumple ya que la Comisión accionante impugnó los artículos 109 y 110 de la Ley Número 176, de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Sonora, expedida mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial de la entidad el 5 de enero de 2024.

19. Asimismo, se cumple con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, pues la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación de 12 de noviembre de 2019 por el Senado de la República, suscrito por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del órgano legislativo.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

20. En su informe, el Poder Legislativo del Estado de Sonora manifestó que la acción de inconstitucionalidad debía sobreseerse con fundamento en lo previsto en los artículos 20 y 65 de la Ley Reglamentaria, sin embargo, no expuso ningún argumento tendente a demostrar cuál era la causa de improcedencia que se actualizaba.

21. En este sentido, y dado de que sus argumentos esta Suprema Corte no advierte a qué causal podría referirse la autoridad, dicha manifestación es inatendible.

22. Por otra parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora no hizo valer ninguna causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento.

23. Así, al no existir causales de improcedencia invocadas —ni advertirse alguna de oficio— corresponde emprender el estudio de fondo de los conceptos de invalidez en sus méritos.

VI. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

24. Del estudio íntegro del escrito de demanda se advierte que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó los artículos 109 y 110 de la Ley Número 176, de Movilidad y Seguridad Vial, que en su literalidad señalan lo siguiente:

Artículo 109. Se podrá utilizar extraordinariamente la vialidad, previa autorización de la autoridad competente, para la realización de eventos tales como desfiles, caravanas, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea lícita; así como para la realización de manifestaciones, en estos casos las personas solicitantes y la autoridad municipal, realizarán todas las acciones o medidas necesarias para minimizar las afectaciones a terceros.

Artículo 110. Las personas interesadas en realizar un evento como los descritos en el artículo anterior, deberán dar aviso a la autoridad municipal cuando menos con 15 días de anticipación; en el caso de que se requiera para la realización de manifestaciones deberá ser al menos con 72 horas de anticipación, para efectos de que las autoridades municipales estén en condiciones de brindar las facilidades necesarias para que la realización de tal evento se realice en las mejores condiciones, minimizando perturbaciones de tránsito, sin perturbar la paz y la tranquilidad de la población.

Quedando exceptuado de lo previsto en el presente artículo todo aquel supuesto jurídico que constituya un delito o una infracción administrativa establecidas en las leyes correspondientes.

25. No obstante, de la lectura integral de la demanda, esta Suprema Corte advierte que la causa de pedir de la Comisión accionante está acotada a la invalidez de las normas que afectan únicamente a las manifestaciones, pues todos sus conceptos de invalidez están encaminados a la vulneración de la libertad de expresión y asociación.

26. En este sentido, únicamente serán materia de estudio en la presente resolución las normas que regulan las manifestaciones en la vía pública. Lo anterior, sin perjuicio de que el resto de las normas previstas en ambas disposiciones normativas se utilicen para la integración o entendimiento de la presente impugnación, especialmente en el contexto de que la Comisión accionante alega la invalidez por falta de certeza jurídica y vaguedad en la redacción.

VII. ESTUDIO DE FONDO

27. Esta Suprema Corte advierte que la redacción de los artículos impugnados es lo suficientemente vaga para admitir diversas interpretaciones. La vaguedad, por sí sola, no determina la inconstitucionalidad de una norma —el legislador puede optar por fórmulas amplias siempre que no comprometan el contenido esencial de un derecho ni habiliten un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de legalidad. Sin embargo, cuando esa indeterminación recae sobre reglas que regulan el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión, el escrutinio constitucional debe ser más estricto.

28. En este caso, la estructura de los artículos 109 y 110 ofrece un diseño normativo ambiguo. El primer precepto exige autorización previa para cualquier uso “extraordinario” de la vía pública, mientras que el segundo habla de un aviso que debe presentarse con anticipación distinta según el tipo de concentración. La combinación de ambos conceptos —autorización y aviso— genera incertidumbre sobre cuál es el requisito real para ejercer el derecho de manifestación. Esa ambivalencia puede ser tolerable en el régimen de eventos sociales que el legislador enumera de manera expresa —desfiles, caravanas, peregrinaciones u otras concentraciones con fines recreativos o culturales— pues la naturaleza planificada de esos eventos justifica que la autoridad adopte medidas logísticas o de seguridad.

29. Sin embargo, no es ese el ámbito de la impugnación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no controvierte la regulación de esas actividades, sino la relativa a las manifestaciones, es decir, a la modalidad más intensa de ejercicio de la libertad de expresión en el espacio público. Bajo esa premisa, la vaguedad con la que están redactados los requisitos aplicables a las manifestaciones adquiere relevancia constitucional. La norma no distingue con claridad cuándo opera un régimen de autorización —que puede funcionar como mecanismo de censura previa— ni cuándo basta con un aviso orientado a que las autoridades adopten medidas para proteger la integridad de quienes se manifiestan y de terceros.

30. Ante la vaguedad planteada y reconocida, este Tribunal Pleno interpreta que ambos requisitos operan simultáneamente en la legislación impugnada: se exige tanto un aviso previo como una autorización. Esta doble exigencia no se desprende de un diseño legislativo claro, sino de la redacción imprecisa de los artículos 109 y 110, que permite entender que la realización de una manifestación requiere, al mismo tiempo, notificar y obtener el permiso de la autoridad. Tal lectura, derivada necesariamente de la literalidad de los preceptos, coloca al ejercicio de la libertad de expresión en un esquema de control previo cuya validez constitucional debe ser examinada con el escrutinio más riguroso. 31. Adelantamos que la exigencia de autorización previa es inconstitucional, pues resulta absolutamente incompatible con el parámetro de regularidad constitucional aplicable a la protesta en el espacio público. Ningún diseño legislativo puede supeditar el ejercicio de la manifestación a la decisión discrecional de la autoridad. En cambio, el aviso es un mecanismo que, bajo ciertas condiciones y conforme a los precedentes de este Máximo Tribunal —particularmente la acción de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada— sí admite una interpretación conforme que lo preserve como una medida de información orientada a facilitar la logística y la protección de derechos.

32. Para sostener estas conclusiones, delinearemos el parámetro de regularidad constitucional aplicable al caso concreto y, enseguida, estudiaremos por separado los requisitos relativos a la autorización y aviso que las normas impugnadas prevén para las manifestaciones. Para ello —con base en la suplencia prevista en el artículo 71 de la Ley Reglamentaria— esta Suprema Corte analizará las normas impugnadas al tamiz del derecho humano a la protesta social pacífica, un derecho humano hasta ahora poco explorado por este Tribunal Constitucional y cuyo reconocimiento se encuentra implícito en los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal.

1. Parámetro de regularidad constitucional

33. No es la primera ocasión en que esta Suprema Corte se enfrenta a normas que regulan la protesta social mediante esquemas de aviso o autorización previa. En la Acción de Inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014 —resueltas el 11 de agosto de 2016— una integración anterior de este Tribunal Pleno examinó la constitucionalidad del artículo 212 de la Ley de Movilidad del entonces Distrito Federal, el cual exigía un aviso previo de 48 horas para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones u otras concentraciones humanas en el espacio público. En ese precedente, esta Suprema Corte analizó a detalle el alcance que puede adoptar una notificación previa sin transformarse en un mecanismo de censura o de autorización encubierta, y estableció criterios que mantienen plena vigencia para el asunto que ahora se examina.

34. En aquel caso, el Tribunal Pleno reconoció que el aviso previo puede ser constitucional siempre que opere como una simple notificación, sin condiciones adicionales, sin cargas formales excesivas y, sobre todo, sin convertirse en un requisito cuyo incumplimiento faculte a la autoridad para prohibir, impedir o disolver una manifestación. El precedente enfatizó que la falta de aviso no legitima la dispersión de concentraciones pacíficas ni convierte en ilícita una reunión espontánea, pues el derecho de reunión —incluida su manifestación en el espacio público— goza de protección constitucional independientemente de formalidades administrativas.

35. El Tribunal Pleno también advirtió que, aunque las legislaciones pueden prever mecanismos de planificación y seguridad, estos no pueden funcionar como autorizaciones de facto. La sentencia fue explícita en señalar que cualquier esquema de aviso debe interpretarse conforme para evitar que la autoridad “determine la posibilidad misma de llevar a cabo la concentración”, pues ello equivaldría a un régimen de permiso previo, prohibido tanto por el artículo 9 constitucional como por los artículos 13 de la Convención Americana y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En suma, el aviso es constitucional solo si no condiciona la realización de la protesta ni introduce un juicio anticipado de licitud sobre el contenido del mensaje.

36. En el mismo precedente, esta Suprema Corte sostuvo que las reuniones espontáneas forman parte del ámbito natural de protección del derecho de reunión, y que una regulación que pretenda impedirlas sería “inviable desde un punto de vista constitucional”. La Corte definió como reuniones espontáneas aquellas que surgen sin organizador identificable, sin planeación y como reacción inmediata ante un acontecimiento social o político, aclarando que su protección deriva directamente del artículo 9 constitucional y de los tratados internacionales aplicables.

37 Finalmente, el Tribunal Pleno subrayó que toda interpretación sobre el aviso debe partir de la presunción constitucional de licitud de las reuniones en el espacio público. Esta presunción impide a la autoridad valorar de antemano la legitimidad del mensaje, del objeto de la concentración o de sus fines, pues la Constitución únicamente excluye del ámbito de protección a las reuniones que entrañen violencia real o inminente, o que inciten a actos discriminatorios con consecuencias materiales. Fuera de esos casos excepcionales, la protesta —planeada o espontánea— se encuentra amparada por la libertad de expresión y por el derecho de reunión en su dimensión política.

38. Ahora bien, en aquella ocasión, esta Corte sostuvo que las libertades de expresión y de reunión son pilares normativos del constitucionalismo democrático mexicano y encuentran reconocimiento explícito tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales que integran el parámetro de regularidad constitucional. La libertad de expresión se reconoce en el artículo 6º de la Constitución Federal, así como en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo IV de la Declaración Americana y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La libertad de reunión, por su parte, se garantiza en el artículo 9º constitucional y en documentos como el artículo 20.1 de la Declaración Universal, el artículo 21 del Pacto Internacional, el artículo XXI de la Declaración Americana y el artículo 15 de la Convención Americana.

39. A partir de ese marco textual, esta Corte desarrolló una comprensión del papel que ambas libertades desempeñan en una sociedad democrática. Señaló que la libertad de expresión es indispensable para la formación de la opinión pública y para el funcionamiento mismo del pluralismo político. En su dimensión individual protege la autonomía personal; en su dimensión colectiva garantiza la circulación de ideas y el debate público informado. Esta Corte destacó también que una de las formas naturales de ejercerla es mediante reuniones, marchas o manifestaciones en el espacio público, donde convergen sus distintas funciones y se proyecta con mayor intensidad el discurso político.

40. Este Tribunal Constitucional afirmó, además, que la libertad de reunión cumple una función democrática complementaria; la definió como la aglomeración intencional y temporal de personas con un propósito lícito y pacífico, cuya existencia transitoria permite a individuos y colectivos expresar opiniones políticas, religiosas, sociales o culturales, organizarse, participar en proyectos comunes o presentar demandas a las autoridades. Por ello, esta Corte ha sostenido de manera reiterada que la reunión pública es una pieza esencial en la arquitectura de los derechos políticos.

41. De esa comprensión se desprende una presunción constitucional de licitud que impide someter su ejercicio a formas directas o indirectas de censura previa. Esta Corte enfatizó que los espacios públicos no son únicamente ámbitos de tránsito, sino ámbitos de participación donde deben coexistir las distintas posiciones ideológicas de una sociedad plural. Las alteraciones o molestias naturales que generan las manifestaciones no justifican su prohibición anticipada; por el contrario, reflejan la vitalidad de la vida democrática y deben ser toleradas dentro de un margen razonable. La regulación solo puede limitar modalidades de tiempo, modo o lugar, y siempre bajo un escrutinio estricto, pues cualquier regla general de prohibición suscita de inmediato una sospecha de invalidez.

42. Así, el precedente en cuestión construyó un parámetro en el que la libertad de expresión y la libertad de reunión —sustentadas en disposiciones constitucionales e instrumentos internacionales— operan de manera interdependiente para proteger el disenso, mantener abiertos los canales de control ciudadano sobre el poder y garantizar un debate público plural. Esta integración funcional y textual es la base desde la cual este Tribunal Pleno debe analizar la constitucionalidad de las normas ahora impugnadas.

43. Si bien esta Suprema Corte coincide y reitera esencialmente lo resuelto en aquella ocasión, considera necesario dar un paso adicional en la construcción constitucional de estos derechos. La lectura entonces adoptada —aun siendo correcta— fue una lectura incompleta. Aquella integración analizó la protesta únicamente a través de las libertades de expresión y de reunión; sin embargo, la afectación que hoy se examina revela que la protesta social pacífica no se agota en esas libertades. Aunque el derecho a la protesta puede deducirse parcialmente de éstas, su alcance las desborda y articula un derecho humano autónomo, cuyo contenido y alcance requiere desarrollo propio.

44. La protesta no solo expresa ideas ni únicamente reúne personas: mantiene abiertos los canales de control ciudadano, preserva la deliberación pública y permite exigir rendición de cuentas más allá de los procesos electorales. Por estas razones, este Tribunal Constitucional entiende la protesta social pacífica como un derecho fundamental con identidad propia, indispensable para la estructura democrática que la Constitución prevé.

45. Esta no es la primera vez que un tribunal constitucional lee entre las líneas del texto constitucional para encontrar derechos humanos implícitos en su redacción. Esto es congruente con la estructura normativa de una Constitución larga y maximalis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34055-f35d5193/derecho-a-la-protesta-las-normas-que-interfieren · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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