INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI). LE CORRESPONDE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS O, EN SU CASO, EL FINANCIAMIENTO PARA SU ADQUISICIÓN, RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES QUE PROVOCAN GASTOS CATASTRÓFICOS.
AMPARO EN REVISIÓN 35/2022. TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR, EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL BIENESTAR. 16 DE MARZO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO OLMOS AVILEZ. SECRETARIO: J. JESÚS MARTÍNEZ SOTO.
Zacatecas, Zacatecas, acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual celebrada el dieciséis de marzo dos mil veintitrés.
V i s t o, para resolver, el amparo en revisión administrativo 35/2022, derivado del juicio de amparo indirecto ********3, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y,
R E S U L T A N D O:
Primero. **. ******** ******* ******4, por derecho propio y en representación de su menor hija de iniciales *.*.*.5 en escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, ante la secretaria de guardia del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, promovió demanda de amparo indirecto contra las autoridades y actos que a continuación se precisan:
“Fracción III. Autoridad responsable.
a) Director General de Servicios de Salud de Zacatecas.
b) Subdirector de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas.
c) Director del Hospital General Zacatecas “Luz González Cosío”.
Fracción IV. Acto que de la Autoridad Responsable se reclama:
De las autoridades señaladas como responsables reclamo:
a) La omisión de proporcionar la atención médica integral y suministrar medicamentos a *.*.*.6 para tratar su padecimiento de leucemia linfoblástica aguda alto riesgo.
b) La omisión de garantizar la atención médica integral de *.*.*.7”
Segundo. La titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda de amparo indirecto, en auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, la admitió a trámite bajo expediente ********8.
En escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veintiuno, la parte quejosa amplió su demanda de amparo para señalar las autoridades responsables Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), y la Comisión de Control Analístico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC) de COFEPRIS; en acuerdo de once de octubre siguiente, se tuvo por ampliada la demanda de amparo.
Agotado el juicio de amparo en todas sus etapas procesales, el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional y se engroso la sentencia definitiva, la cual concluyó con los puntos resolutivos siguientes:
“PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por **. ******** ******* ******9, en representación de su hija menor de edad de iniciales *.*.*.10 contra el acto reclamado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **. ******** ******* ******11, en representación de su hija menor de edad de iniciales *.*.*.12 contra el acto reclamado al Instituto de Salud Pública para el Bienestar, a Servicios de Salud de Zacatecas, al Subdirector de Recursos Materiales de dicha institución y al Hospital General de Zacatecas “Luz González Cosío”; por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia para los efectos precisados en el considerando último.”
Tercero. Inconforme con dicho fallo, la Titular de la Dirección de lo Contencioso Administrativo y Laboral, adscrita a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar, en representación del Director General de Servicios de Salud para el Bienestar, interpuso recurso de revisión, en escrito presentado el trece de enero de dos mil veintidós, en la Oficina Postal de Correos de México. Dicho recurso se admitió a trámite y se radicó bajo toca 35/2022, en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dictado por el presidente de este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, y se ordenó notificar dicho proveído al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
En auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, el presente asunto se turnó a la ponencia del Magistrado Francisco Olmos Avilez, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
Asimismo, se hizo saber a las partes que este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, a partir del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, está integrado por los magistrados Francisco Olmos Avilez, Jaime Uriel Torres Hernández y Juan Gabriel Sánchez Iriarte.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 84 de la Ley de Amparo; 38, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que adiciona el diverso 3/2013 del citado Pleno, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en relación con el Acuerdo General 20/2019 que determina el inicio de funciones de este colegiado. Lo anterior, en virtud de que se recurre una sentencia pronunciada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en el circuito territorial en donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo de diez días, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, habida cuenta que la sentencia recurrida se notificó a la parte recurrente el cuatro de enero de dos mil veintidós (foja 966 del juicio de amparo); dicha notificación surtió sus efectos el mismo día, conforme lo establece el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo.
Luego, dicho plazo transcurrió del cinco al dieciocho enero de dos mil veintidós, sin computar los días ocho, nueve, quince y dieciséis de enero de dos mil veintidós, por corresponder a sábados y domingos, días inhábiles conforme el artículo 19 de la Ley de Amparo.
Por lo mismo, si el recurso se presentó el catorce de enero de dos mil veintidós, se interpuso en tiempo.
TERCERO. El recurso de revisión se interpuso por parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que se hace valer por la Titular de la Dirección de lo Contencioso Administrativo y Laboral, adscrita a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar, en representación del Director General de Servicios de Salud para el Bienestar, quien tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de génesis.
CUARTO. INTOCADO SOBRESEIMIENTO.
En el considerando tercero de la sentencia recurrida, se destacó que la quejosa reclamó a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios, la dilación para analizar, calificar, emitir el riesgo sanitario y liberar las claves de los medicamentos oncológicos que necesitaba la menor quejosa para su tratamiento.
Tocante ese acto reclamado, al rendir su informe con justificación, la mencionada autoridad responsable negó su existencia, sin que la parte quejosa hubiera ofrecido prueba alguna para desvirtuar esa negativa, por lo que determinó sobreseer en el amparo respecto a tal acto y autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Pues bien, tal sobreseimiento, que se reflejó en el resolutivo primero de la sentencia recurrida, debe quedar intocado, en razón de que la parte quejosa, a quien pudo causar perjuicio, no lo recurrió, puesto que el recurso de revisión lo interpuso el Instituto de Salud para el Bienestar.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 20/91, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991, página 26, registro 207016, de rubro y texto siguientes:
“REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR. Si en una sentencia existe diverso resolutivo sustentado en las respectivas consideraciones que no afectan a la parte recurrente y no son combatidas por quien le pudo afectar, debe precisarse que no son materia de la revisión dichas consideraciones y resolutivo.”
QUINTO. Los agravios son inoperantes en parte e infundados en el resto, sin que proceda suplir su deficiencia, habida cuenta que el presente recurso de revisión lo interpuso una de las autoridades responsables, por lo que no se surte ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
Violación procesal.
Por razón de orden, primeramente se dará respuesta al segundo de los agravios formulados por el Instituto de Salud para el Bienestar, en el que dicha autoridad se duele de que el secretario encargado del despacho desestimó los argumentos relativos a que llamara a juicio al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas.
Sobre este tema, la recurrente manifiesta que en el informe justificado rendido con motivo del cumplimiento a la suspensión, vertió diversos argumentos relacionados con la imposibilidad jurídica y material que tiene dicha autoridad para llevar a cabo la compra directa de los medicamentos requeridos por la quejosa, ante los laboratorios o establecimientos señalados por el Juzgado de Distrito, entre los cuales destaca el hecho de que solicitó se vinculara al cumplimiento de la suspensión de plano, al titular de la Secretaría de Finanzas de Zacatecas, ya que, conforme a los artículos 77 bis 11 y 77 bis 13, de la Ley General de Salud, la prestación gratuita de Servicios Públicos de Salud, medicamentos y demás insumos asociados, será financiada de manera solidaria por la federación y por las Entidades Federativas, habiéndose acreditado en el amparo que el Instituto de Salud para el Bienestar transfirió al Gobierno del Estado de Zacatecas, la cantidad de $281,914,053.48 (doscientos ochenta y un millones, novecientos catorce mil, cincuenta y tres pesos 48/100 m.n.) para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social; también destacó, señala, que conforme al numeral 5, fracción II, de los criterios de operación del programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, el destino y la aplicación de los recursos financieros que a la fecha se han transferido al Gobierno del Estado de Zacatecas, debe corresponder al menos en un 32 por ciento a la adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros insumos asociados a la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.
No obstante, aduce la inconforme, tales argumentos no fueron tomados en consideración por el encargado del despacho del juzgado de distrito, pues no solo se omitió analizar la obligación a cargo del Estado de Zacatecas, de que determinara los criterios de operación aludidos, sino que ignoró por completo la petición de la responsable inconforme de que se llamara al amparo el titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, para que en el ámbito de sus atribuciones informara el destino y aplicación de los recursos financieros que le corresponde aportar conforme al instrumento antes mencionado, con lo cual, las autoridades sanitarias del Estado, estarían en posibilidad de proporcionar a la quejosa la atención médica requerida, específicamente en lo relativo a la adquisición de los medicamentos.
Ante esta violación procesal, aduce la recurrente, lo procedente es que se revoque la sentencia recurrida y se le repare el agravio causado.
El sintetizado agravio es inoperante.
Así se considera, pues el motivo de la queja versa sobre el tema de las medidas adoptadas con relación al cumplimiento de la suspensión de plano; sin embargo, la materia de la revisión en el presente recurso lo es la sentencia definitiva en la que se otorgó a la quejosa menor de edad, la protección constitucional que solicitó contra la omisión de la responsable y otras autoridades, de brindarle atención médica integral, adecuada y oportuna para tratar la enfermedad que padece -******** ************* ****** **** ******-13 al no proporcionarle los medicamentos necesarios para la quimioterapia intratecal, así como de administración oral y/o en preparación a la quimioterapia, sin que de autos se abierta que la omisión de que se duele la responsable la hubiera controvertido en el momento procesal oportuno, de ahí que no pueda hacerla valer en este momento, cuando ya se ha emitido la sentencia de fondo.
Omisión de analizar lo expuesto los informes justificados, en relación con la inexistencia del acto reclamado a la recurrente.
Por otra parte, la autoridad disconforme señala que la sentencia recurrida vulnera los principios de congruencia y exhaustividad, además de no ajustarse a lo establecido por el artículo 74, fracciones III y IV, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque en la sentencia venida en revisión, se omitió analizar las consideraciones y fundamentos hechos valer en sus informes relativos a la suspensión de plano y justificado, en los cuales, sustancialmente, hizo notar:
• Que con motivo de la reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), quedó derogado, dando lugar a un nuevo modelo denominado “Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados a las Personas sin Seguridad Social”, en el que participan autoridades de los distintos niveles de gobierno con facultades debidamente delimitadas en las disposiciones aplicables.
• Que, para el abastecimiento y suministro oportuno de medicamentos requeridos por el Estado de Zacatecas, la aquí recurrente actuó en todo momento en estricto apego a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez que deben regir los recursos económicos de que dispone la Federación, acorde a lo establecido en el artículo 134 constitucional, y las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
• Que erróneamente se determinó que el Instituto de Salud para el Bienestar debe realizar la compra de los medicamentos requeridos por la quejosa, directamente ante los establecimientos y/o laboratorios que correspondan, lo cual, dice, se encuentra fuera del marco legal que rige la actuación de la autoridad recurrente, pues de llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia, actuaría en contravención de los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
• Que, si bien es cierto que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento prevé como excepción a la licitación pública llevar a cabo procedimientos de invitación cuando menos tres personas o de adjudicación directa, también lo es que para que sean procedentes debe de cumplir con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la citada Ley en concatenación con los artículos 71 y 72 de su Reglamento.
• Que, contrario a lo resuelto en la sentencia recurrida, para que sea procedente la adjudicación directa en términos del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, se deben de cumplir con los requisitos que ahí se señalan, ya que no se trata de acudir a los laboratorios a comprar el medicamento, situación que se encuentra fuera del marco legal que rige la actuación de la autoridad, imponiendo obligaciones y responsabilidades, fuera del marco jurídico.
• Que de conformidad con los artículos 3o., fracciones II y II bis y 13, apartado B, fracción I, de la Ley General de Salud, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad en general y, concretamente: (i) la atención médica; y, (ii) la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social.
• Que conforme con el artículo 77 bis 5, apartado B, fracciones I y III de la Ley General de Salud, corresponde a los gobiernos estatales, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales: (i) proveer los servicios de salud a que se refiere el Título Tercero Bis de dicha ley, los reglamentos aplicables y las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Salud, garantizando la infraestructura, personal, insumos y medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad; y, (ii) aplicar, de manera racional, transparente y oportuna, los recursos que sean transferidos por la Federación y los recursos que aporten, para la ejecución de las acciones de prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, en los términos de dicho Título, las demás disposiciones aplicables y los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren.
• Que el párrafo segundo del artículo 77 bis 2 de la Ley General de Salud, señala que la Secretaría de Salud, a través del Instituto de Salud para el Bienestar, organizará las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, para lo cual, conforme al numeral 77 bis 6 de la misma ley, dicho Instituto celebrará acuerdo de coordinación con las entidades federativas, para que éstas lleven a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.
• Que conforme al artículo 77 bis 16-A de la Ley General de Salud, para que el Instituto de Salud para el Bienestar, asuma la responsabilidad de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos para las personas sin seguridad social, deben cumplirse dos supuestos indispensables: (i) que se suscriba entre las entidades federativas y el Instituto el respectivo acuerdo de coordinación; y, (ii) que las entidades federativas transfieran al Instituto los recursos materiales, humanos y financieros que le permitan asumir dicha responsabilidad; lo cual en el caso del Estado de Zacatecas no ha cumplido.
• Que conforme a los artículos 77 bis 11 y 77 bis 13 de la Ley General de Salud, la prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación y por las entidades federativas, para lo cual los gobiernos de éstas aportarán recursos, y al solicitar información a la Coordinación de Financiamiento del Instituto de Salud para el Bienestar, respecto de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, informó que le fue transferida a través del Sistema de Administración Financiera (SIAFF) la cantidad de $281,914,053.48. Y por todo ello, la recurrente pide a este órgano colegiado, revoque la sentencia recurrida y emita otra en la que declare la inexistencia de los actos que le fueron reclamados y, por ende, se sobresea en el juicio. Que la sentencia recurrida transgrede en su perjuicio los principios de congruencia y exhaustividad y que ello es así porque el secretario encargado del despacho omitió ponderar los argumentos que expuso respecto a que en el proceso de compra consolidada de medicamentos que se realizó para el año dos mil veintiuno, conforme a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del INSABI, únicamente fungió como entidad consolidadora, por lo que una vez efectuada la adjudicación de claves, cada institución participante quedó como responsable de firmar los contratos correspondientes a sus requerimientos, dar seguimiento a su ejecución y hacer los pagos de órdenes de remisión que recibieran, siendo evidente el análisis deficiente de las documentales que obran en autos y ello llevó al encargado del despacho del juzgado de distrito a concluir que el Instituto de Salud para el Bienestar debe llevar a cabo la compra directa de los medicamentos y su posterior distribución al hospital general de Zacatecas, “Luz González Cosío”; lo que dice demuestra la incongruencia de la sentencia recurrida y el consecuente agravio que causa a la recurrente, la concesión del amparo cuyos efectos rebasan las disposiciones legales establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la propia Constitución General de la República.
Y, que la autoridad de amparo incumplió el principio de exhaustividad, en razón de que omitió analizar la totalidad de los argumentos que expuso y que tal omisión le llevó a resolver que el Director General del Instituto de Salud para el Bienestar debe realizar la compra de los medicamentos requeridos por la quejosa, ante los establecimientos o laboratorios correspondientes, lo que, de llevar a cabo por dicha recurrente, implicaría transgredir los principios contenidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, por lo tanto el principio de legalidad; por lo que solicita que se revoque la sentencia recurrida y, en su lugar, se emita otra en la que se consideren y valoren conforme a derecho todos y cada uno de los argumentos, constancias y pruebas que integran el expediente del que proviene la sentencia recurrida.
El resumido agravio resulta infundado.
De inicio, cabe precisar que, contrario a lo que sostiene la recurrente, la autoridad de amparo, sí tomó en cuenta los informes justificados para resolver sobre la existencia de los actos reclamados, en cuanto el aquí recurrente negó la existencia de los que le fueron atribuidos, en tanto de la lectura de la sentencia venida en revisión se observa:
“Los Servicios de Salud de Zacatecas y el Subdirector de Recursos Materiales de dicha secretaría afirmaron que han realizado las gestiones jurídico-administrativas para la obtención del medicamento oncológico objeto del acto reclamado, pero la adquisición directa de ese tipo de medicamentos actualmente corresponde al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), por lo que a esta institución es a la que se le solicitan esos insumos precisando la cantidad requerida; lo que, afirman, han realizado en la especie en múltiples ocasiones, tanto con anterioridad como con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo.
Por tanto, concluyen, existe imposibilidad jurídica y material para que dichas dependencias puedan abastecer y proporcionar el medicamento solicitado, porque ya no cuentan con la facultad de adquisición directa de medicamentos, sino que, reiteran, tal atribución corresponde al Instituto de Salud para el Bienestar.
Por su parte, el Director del Hospital General Zacatecas Luz González Cosío informó que se encuentra brindando la atención médica a la quejosa, en la medida de lo posible, ya que el abasto de medicamento corresponde a la Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas.
Por último, el Director General del Instituto de Salud para el Bienestar manifestó que la atención médica involucrada corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en términos del artículo 13, apartado B, fracción I, de la Ley General de Salud; sin que en el caso, dicho instituto hubiera recibido la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros por parte del Estado de Zacatecas, a fin de que fuera posible asumir la responsabilidad de brindar los servicios de salud que le competen a dicha entidad, en términos del artículo 77 bis 16 A de la Ley General de Salud.
Con todo, afirma, en virtud de que la prestación gratuita de servicios públicos de salud involucrados debe ser financiada de manera solidaria por la federación y por las autoridades federativas, en el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, ha transferido al Estado de Zacatecas la cantidad de doscientos ochenta y un millones novecientos catorce mil cincuenta y tres pesos con cuarenta y ocho centavos. Con lo cual ha cumplido con las obligaciones derivadas del acuerdo de coordinación que tiene con dicho estado. En el entendido de que la atención médica de primer y segundo nivel será a cargo del instituto hasta que sean transferidos los recursos materiales, humanos y financieros de la entidad federativa, lo que, insiste, no ha acontecido en la especie.
Además, en el informe que sobre la suspensión de plano rindió el instituto responsable precisó que había cumplido con la obligación de gestionar el suministro de los medicamentos objeto del acto reclamado, dado que el retraso en su entrega incidía en el ámbito de las empresas titulares de los contratos de adjudicación correspondientes, sin que fuera posible su adquisición directa al tenerse que cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en conformidad con el artículo 134 constitucional. Con independencia de lo anterior, agregó, que de la cantidad de financiamiento para salud que ha transferido al Estado de Zacatecas, en el ejercicio de dos mil veintiuno (doscientos ochenta y un millones novecientos catorce mil cincuenta y tres pesos con cuarenta y ocho centavos), al menos un treinta y dos por ciento debe utilizarse para la adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros insumos asociados a la prestación gratuita de servicios de salud.
De los informes anteriores se desprende lo siguiente:
a) La quejosa se encuentra actualmente bajo atención médica en un hospital a cargo del Estado de Zacatecas
b) Dicha paciente no cuenta con seguridad social, pues no se encuentra acreditado que sea beneficiaria de algún sistema de esa naturaleza y las autoridades responsables partieron tácitamente de esa hipótesis en sus informes justificados. Lo que se corrobora indiciariamente con las copias simples acompañadas con la demanda de amparo, que cuentan con valor probatorio suficiente en términos del artículo 2176 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al no haber sido controvertidas; de las que se advierte la reproducción de una tarjeta de citas, así como ocho notas médicas expedidas por el Hospital General de Zacatecas “Luz González Cosío” a nombre de la menor quejosa, tarjeta del programa de gastos catastróficos y veinticuatro notas de consulta médica.
c) No ha sido posible otorgar los medicamentos que requiere el padecimiento de la quejosa.
De tal suerte que es patente la omisión reclamada, por lo que es necesario dilucidar las facultades de las autoridades responsables en relación con dicho acto.”
De lo antes transcrito se desprende que, la autoridad de amparo sí tomó en cuenta la negativa del acto reclamado que refirió la recurrente en sus informes, al cumplimiento de la suspensión de plano y justificado.
Tocante a los argumentos mediante los cuales la recurrente intentó justificar la inexistencia de los actos reclamados, la mencionad autoridad se ocupó de ellos, al indicar los preceptos legales que, a su consideración, obligan a la responsable a actuar en los términos que fueron fijados en la sentencia concesoria del amparo. Lo cual ahora se controvierte por el quejoso en sus agravios, de lo cual se ocupará este colegiado y, resultan infundados.
En primer lugar, cabe destacar la premisa de que la prestación de los servicios de salud en el Estado de Zacatecas, como lo reconoce el propio recurrente, es de carácter solidario entre el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y las autoridades encargadas de la entidad federativa.
En especial y como se razonó en el fallo recurrido, en la adquisición de medicamentos oncológicos claramente participa el Instituto recurrente, pues inclusive así lo ha reconocido en sus informes (a la suspensión de plano y justificado), que ahora de manera inexplicable, dice, no tomó en cuenta en la sentencia que se revisa; empero, en tales informes, reconoce su participación y por ende le perjudican. Se explica.
Este colegiado coincide con lo decidido al respecto por la autoridad de amparo y para ello resulta menester dilucidar las facultades de las autoridades responsables involucradas, incluido, el Instituto de Salud para el Bienestar, a partir del análisis del marco jurídico que involucra los servicios de salud coordinados, en el Estado de Zacatecas.
El artículo 13, apartado B, fracción I, de la Ley General de Salud establece:
“Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:
(...)
• Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:
I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34102-ab77524a/instituto-de-salud-para-el-bienestar-insabi-le · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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