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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. QUE LAS DECLARACIONES RECABADAS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SE LLEVEN A CABO SIN LA PRESENCIA DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA INVESTIGADA NO CONSTITUYE UNA RAZÓN PARA RESTARLES VALOR PROBATORIO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS) 501/2025. · Registro digital (IUS): 34104
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-26
Promovente: DIRECTORA GENERAL JURÍDICA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECUR
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.893.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS) 501/2025. DIRECTORA GENERAL JURÍDICA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 5 DE MARZO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DEL MAGISTRADO ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ, QUIEN EMITIÓ VOTO CONCURRENTE, Y DE MARÍA GUADALUPE PÉREZ SÁNCHEZ Y SOLEDAD TINOCO LARA, SECRETARIAS EN FUNCIONES DE MAGISTRADAS. PONENTE: MARÍA GUADALUPE PÉREZ SÁNCHEZ. SECRETARIO: ERIK CUAUHTÉMOC MOLINA ÁLVAREZ.

Ciudad de México. Sentencia del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, celebrada en sesión ordinaria de cinco de marzo de dos mil veintiséis.

V I S T O S;

Y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda de nulidad. Por escrito recibido el veintiuno de abril de dos mil veinticinco en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la persona quejosa (****** ****** *********) por propio derecho, demandó nulidad de la resolución contenida en el expediente administrativo *********** de cuatro de marzo de dos mil veinticinco, a través de la cual el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, confirmó la resolución de diez de diciembre de dos mil veinticuatro, contenida en el expediente administrativo ** *********, por la que el Titular del Área de Especialidad en Responsabilidades en el Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le impuso una sanción administrativa consistente en la suspensión del empleo, cargo o comisión por treinta días naturales.

SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio contencioso administrativo. En acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinticinco, el Magistrado Instructor de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa registró la demanda con el expediente ***************, la admitió a trámite y, ordenó correr traslado a la autoridad demandada para que formulara su contestación dentro del término de ley.

TERCERO. Contestación de la demanda. Por auto de dieciocho de junio de dos mil veinticinco, se tuvo por formulada la contestación de la demanda y por ofrecidas sus pruebas.

CUARTO. Sentencia recurrida. Seguidos los trámites de ley, la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia el veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, con los puntos resolutivos siguientes:

I. La parte actora acreditó los hechos constitutivos de su pretensión, en consecuencia;

II. Se declara la nulidad de la resolución impugnada y la originalmente recurrida, para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo.

NOTIFÍQUESE

QUINTO. Recurso de revisión. Inconforme con ese fallo, la Directora General Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en representación del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer a este tribunal colegiado y, por auto de presidencia de cinco de noviembre de dos mil veinticinco, lo registró con el expediente R.F. 501/2025 y lo admitió a trámite.

SEXTO. Turno. Por acuerdo de presidencia de veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco, se turnó el asunto a la Secretaria en funciones de Magistrada María Guadalupe Pérez Sánchez, para que realizara el proyecto de sentencia respectivo.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Este tribunal colegiado es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 63, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se interpuso contra una sentencia dictada por un tribunal administrativo con sede en el lugar donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Legitimación. El recurso de revisión fue hecho valer por parte legítima, toda vez que lo interpuso la Directora General Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en representación del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 26, fracción XIII y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el 2, apartado A, fracción IV, inciso b), 4, 10, 11, fracciones I, XXII y XXIV, 55, párrafos primero y último, 58, párrafo primero, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que prevén:

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes Secretarías: (...)

XIII. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Artículo 37.- A la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Elaborar y conducir la política pública en materia de profesionalización e integridad pública, evaluación de la gestión gubernamental, mejora continua, modernización, contrataciones públicas, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización y anticorrupción de la Administración Pública Federal;

II. Emitir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal que impulsen la modernización administrativa, conforme a las mejores prácticas en la materia y, en su caso, requerir a las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo;

III. Emitir normas en materia de contrataciones públicas;

IV. Emitir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en materia de investigación, fiscalización y auditoría internas, transversales o externas, incluida la fiscalización o auditorías de gabinete y electrónicas o cualquier otro tipo de revisiones, así como realizar las investigaciones, actos de fiscalización o auditorías que se requieran;

V. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que prevengan actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas e impulsar la participación ciudadana y la cultura cívica y ética que contribuya a la mejora continua;

VI. Organizar y coordinar el sistema de control interno y evaluar la gestión gubernamental y sus resultados, así como concertar con las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal los indicadores para dicha evaluación, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

VII. Evaluar el sistema de control interno institucional y proponer las medidas que permitan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como la mejora continua;

VIII. Verificar el cumplimiento, por parte de las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, de las disposiciones jurídicas aplicables a la gestión pública;

IX. Realizar actos de fiscalización o auditorías a las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal;

X. Elaborar el programa anual de fiscalización orientado a promover la eficacia, eficiencia, economía y legalidad en la gestión pública. Dicho programa puede incluir los actos de fiscalización que propongan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o las coordinadoras de sector, en el ámbito de su competencia;

XI. Brindar a las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, así como a las entidades de la Administración Pública Federal el apoyo y acompañamiento que se requiera en el ejercicio de sus funciones, en especial tratándose de programas prioritarios y proyectos estratégicos;

XII. Designar y remover a las personas auditoras externas de las entidades de la Administración Pública Federal, así como normar y controlar su desempeño;

XIII. Designar y remover a las personas delegadas de la propia Secretaría ante las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades de la Administración Pública Federal, así como normar y controlar su desempeño;

XIV. Formular y conducir la política de la Administración Pública Federal para establecer medidas que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere y la protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como promover dichas acciones hacia la sociedad;

XV. Ejercer las atribuciones que le correspondan en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XVI. Establecer las políticas, bases y normativa para la determinación de la información de interés público que, en materia de anticorrupción y buen gobierno, se deba difundir proactivamente;

XVII. Promover y consolidar los principios de la transparencia y acceso a la información pública, y los mecanismos de participación ciudadana en la ejecución y evaluación de la gestión pública;

XVIII. Emitir el Código de Ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la gestión pública, así como proponer al sector privado directrices para la emisión de sus Códigos de Ética y modelos de declaración de integridad;

XIX. Impulsar la transparencia proactiva y la publicación de datos en formatos accesibles a la ciudadanía; vigilar la aplicación de las políticas de gobierno digital y las de gobierno y datos abiertos de la Administración Pública Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XX. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos y patrimoniales sean aprovechados y los procedimientos técnicos sean aplicados, con criterios de eficacia, eficiencia, economía, honestidad, transparencia y legalidad;

XXI. Impulsar la profesionalización e integridad de las personas servidoras públicas, así como diseñar y aplicar los programas de capacitación que promuevan la mejora de la gestión pública;

XXII. Establecer la política, normas y criterios, así como emitir las autorizaciones correspondientes, en materia de planeación y administración de recursos humanos para la contratación de las personas servidoras públicas, incluido el personal del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y de las estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las normas de control de gasto en materia de servicios personales y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XXIII. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal y sus modificaciones, previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXIV. Promover la formación cívica y la participación ciudadana en materia de anticorrupción y buen gobierno;

XXV. Impulsar la participación de los sectores social y privado en la prevención y combate a la corrupción y mejora de la gestión pública y, en su caso, celebrar los convenios correspondientes;

XXVI. Promover, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública e Instituciones de Educación Superior, la inclusión de contenidos educativos sobre integridad pública y combate a la corrupción;

XXVII. Participar en el establecimiento de las bases y principios de coordinación de los integrantes en el Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización;

XXVIII. Ejercer las atribuciones que correspondan al Ejecutivo Federal en el Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XXIX. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Federal;

XXX. Verificar el cumplimiento de la política de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y proporcionar asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las leyes mencionadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XXXI. Acceder a la información, documentación, datos e imágenes, registros y demás relacionadas en poder de la Administración Pública Federal que contribuyan con las investigaciones, actos de fiscalización, incluida su programación y, en general, con cualquier acción anticorrupción, para lo cual puede celebrar convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos con instituciones públicas y privadas;

XXXII. Participar, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, en la determinación de los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, deben adquirir, arrendar o contratar las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal;

XXXIII. Participar, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los procedimientos de contratación consolidada, incluidos aquellos excepcionales de adquisición o arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios que se lleven a cabo a través de dicha estrategia de contratación, conforme a las disposiciones jurídicas que al efecto emita;

XXXIV. Participar, en coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, en las negociaciones relacionadas con los capítulos de compras del sector público de los tratados comerciales de los que el Estado mexicano sea parte;

XXXV. Participar en foros internacionales, respecto de las materias de su competencia, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer a ésta la celebración de convenios y tratados internacionales en tales materias;

XXXVI. Elaborar las disposiciones para la participación de la proveeduría nacional en las compras públicas que generen mayor valor agregado nacional, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas y organizaciones del sector social, con enfoque sustentable;

XXXVII. Emitir disposiciones generales en materia de contenido nacional y casos de excepción, margen de preferencia en precio, reservas de compras y licitaciones bajo la cobertura de los tratados comerciales de los que el Estado mexicano sea parte, respecto de procedimientos de contratación del sector público;

XXXVIII. Compilar las reservas de compras del sector público previstas en los capítulos de compras de los tratados comerciales de los que el Estado mexicano sea parte;

XXXIX. Crear, asignar, coordinar y, en su caso, extinguir los órganos internos de control en las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, y entidades de la Administración Pública Federal, así como las unidades de responsabilidades o equivalentes en las empresas productivas del Estado, conforme a las disposiciones generales que al efecto emita;

XL. Nombrar y remover a las personas titulares de los órganos internos de control, del nivel jerárquico inmediato inferior a dichas personas y de aquellas que mediante acuerdo determine la persona titular de la Secretaría, en las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las unidades de responsabilidades o equivalentes en las empresas productivas del Estado, los cuales dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y seleccionar al personal que integre dichos órganos y unidades. Dichos órganos tienen el carácter de autoridad y realizan la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando a la persona titular de dicha Secretaría, salvo en los casos en que ésta ejerza su facultad de atracción;

XLI. Ejercer las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los órganos internos de control;

XLII. Tramitar el procedimiento de conciliación y la instancia de inconformidad, en términos de lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respecto del incumplimiento de los convenios, contratos o pedidos que celebren los particulares con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o sobre actos ocurridos en el desarrollo del procedimiento de contratación, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;

XLIII. Conocer e investigar las conductas de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal y de particulares que puedan constituir responsabilidades, así como substanciar los procedimientos correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; aplicar las sanciones por faltas administrativas no graves y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y, en general, ejercer las atribuciones que en materia de responsabilidades corresponden a la autoridad investigadora, a la autoridad substanciadora y a la autoridad resolutora, en términos de las disposiciones aplicables;

XLIV. Llevar el registro de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal, de las actas de entrega recepción de sus cargos y de las sanciones administrativas que les hayan sido impuestas a ellas o a los particulares; recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentarse y verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, y emitir las disposiciones que regulen dichos registros y declaraciones;

XLV. Llevar a cabo el proceso de evaluación de la confiabilidad de las personas servidoras públicas que ocupen cargos estratégicos, de riesgo o de alto nivel que determine la propia Secretaría a través de disposiciones generales, para efectos de su ingreso, reingreso, permanencia o cualquier otro movimiento en el servicio público, y emitir lineamientos y criterios en dicha materia, mediante la aplicación de exámenes médico, toxicológicos, socioeconómicos, psicológicos y psicotécnicos y, en su caso, cualquier otro que determine la Secretaría mediante disposiciones de carácter general, y

XLVI. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

El nombramiento de la persona titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que somete la persona titular del Ejecutivo Federal a ratificación del Senado de la República, deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Artículo 2. La persona titular de la Secretaría, para el despacho de los asuntos de su competencia, cuenta con las unidades administrativas siguientes:

A. Unidades administrativas centrales (...)

IV. Unidad de Asuntos Jurídicos;

a) Dirección General de Normatividad y Consulta, y

b) Dirección General Jurídica; (...)”

Artículo 4. Las unidades administrativas de la Secretaría a que se refiere el artículo 2 del presente Reglamento ejercen sus atribuciones en todo el territorio nacional y tienen su sede en Ciudad de México, salvo que exista acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación que establezca otra sede.

Artículo 10. Cada coordinación general, unidad, dirección general y coordinaciones, está a cargo de una persona titular que, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxilia, según corresponda, de las unidades, direcciones generales, coordinaciones, direcciones de área, subdirecciones de área, jefaturas de departamento y demás personas servidoras públicas que se precisan en este Reglamento, en el Manual de Organización General de la Secretaría y sus manuales de organización específicos, así como de las demás personas servidoras públicas que se requieran para satisfacer las necesidades del servicio, de conformidad con el presupuesto autorizado.

Artículo 11. Las coordinaciones generales, unidades, direcciones generales y coordinaciones previstas en el apartado A del artículo 2 de este Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen las atribuciones genéricas siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de la unidad administrativa a su cargo y, en su caso, de las adscritas a la misma, así como acordar y resolver los asuntos de la competencia de estas; (...)

XXII. Supervisar el ejercicio de las atribuciones que se otorgan a las unidades administrativas que están bajo su adscripción y, en su caso, ejercerlas directamente;

XXIII. Colaborar, con las unidades administrativas de la Secretaría, en el desarrollo y, en su caso, impartición de cursos de capacitación en las materias de su competencia, y

XXIV. Las demás que les atribuyan las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, las que les sean delegadas mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como aquellas que les encomienden sus superiores jerárquico

Artículo 55. La Unidad de Asuntos Jurídicos tiene las atribuciones siguientes: (...)

La Unidad de Asuntos Jurídicos se auxilia en el ejercicio de sus atribuciones por las direcciones generales de Normatividad y Consulta, y Jurídica.

Artículo 58. La Dirección General Jurídica tiene las atribuciones siguientes: (...)

II. Representar legalmente a la persona titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría, a sus unidades administrativas, a las personas servidoras públicas y órganos colegiados de la dependencia, en toda clase de trámites, procesos y procedimientos, incluidos los juicios de amparo, contenciosos administrativos, penales, civiles, mercantiles y agrarios, así como los mecanismos alternativos de solución de controversias, del orden federal, estatal o municipal, en los que tengan interés simple, jurídico o legítimo o se requiera su intervención, siempre que la representación no corresponda a otra unidad administrativa; (...)

VII. Interponer en representación de las personas servidoras públicas de la Secretaría el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y (...)”

TERCERO. Oportunidad. El recurso se interpuso dentro del plazo de quince días hábiles a que se refiere el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de conformidad con el diverso artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y 19 de la Ley de Amparo, que prevé los días inhábiles de dicho tribunal, lo que se ilustra en el calendario siguiente:

Ver calendario

CUARTO. Procedencia. El recurso de revisión resulta procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque se trata de una resolución dictada en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

QUINTO. Antecedentes y sentencia recurrida. Al respecto, se toman en consideración los antecedentes del fallo recurrido, que se advierten de las constancias que integran el juicio contencioso:

1. El veinte de junio de dos mil veintitrés, ***************** ******** **** , servidora pública de confianza adscrita a la Subdirección de Prestaciones Económicas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, denunció presuntos actos atribuibles a ****** ***************, en su calidad de Jefa de Departamento de Prestaciones Económicas, nivel OC1, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización de esa dependencia, quien en su función de superior jerárquico, realizó actos consistentes en gritos, amenazas, prohibiciones de hablar del personal de base, actitudes posesivas, ademanes con las manos (tronar dedos), exigencias de comprar el desayuno de su propio salario, imposición de trabajar en el mismo lugar de trabajo, recordándole que tenía que obedecerla en todo; infringiendo lo dispuesto en los artículos 16 y 49, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el numeral 14 del Código de Ética de la Administración Pública Federal.

2. Derivado de ello, el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, el Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, radicó el asunto para llevar a cabo las investigaciones y procedimientos requeridos a efecto de integrar el expediente correspondiente, destacando entre otras, las actas de comparecencia de veintidós de junio y nueve de agosto de dos mil veintitrés, correspondientes a determinadas personas físicas ******* ********* ************* ******** ***** ****** ******* ******** ******** ************** ********* ***** ***** *********** ************* ******* ******* ******* ****** * ************** ******.

3. Después de diversas investigaciones, el veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, la referida unidad emitió informe de presunta responsabilidad, ofreció las pruebas pertinentes y las puso a disposición de la autoridad substanciadora para su posterior trámite.

4. El once de julio de dos mil veinticuatro, se notificó a la presunta infractora, el informe de presunta responsabilidad y el inicio de procedimiento de responsabilidades administrativas, emplazándola en ese momento para que compareciera a la audiencia inicial el dos de agosto de esa anualidad, con el objeto de rendir su declaración por escrito o verbal y ofrecer las pruebas que estimara pertinentes para su defensa.

5. Seguida la secuela procedimental, mediante resolución de diez de diciembre de dos mil veinticuatro, la referida autoridad impuso una sanción administrativa consistente en la suspensión de empleo, cargo o comisión por un periodo de treinta días naturales, en conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; decisión que fue recurrida mediante recurso de revocación y confirmada en resolución de cuatro de marzo de dos mil veinticinco.

6. Mediante ocurso presentado el veintiuno de abril de dos mil veinticinco en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la persona física (****** ****** *********) por propio derecho, demandó la nulidad de la resolución contenida en el expediente administrativo *********** de cuatro de marzo de dos mil veinticinco, a través de la cual el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, confirmó la resolución de diez de diciembre de dos mil veinticuatro, contenida en el expediente administrativo R-0053/2024, por la que el Titular del Área de Especialidad en Responsabilidades en el Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le impuso una sanción administrativa consistente en la suspensión del empleo, cargo o comisión por el término de treinta días naturales; la radicó con el expediente **************** admitió a trámite, ordenó emplazar a la autoridad demandada y tuvo por admitidas las pruebas ofrecidas por la accionante.

7. Seguido el trámite correspondiente, el veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, la sala dictó sentencia mediante la cual declaró la nulidad tanto de la resolución impugnada como de la recurrida, en atención, a las siguientes consideraciones.

Atendiendo al principio de “litis abierta”, procedió al análisis de los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora en su escrito inicial de demanda, mediante los cuales estimó infundado el argumento relativo a que la autoridad otorgó a las testimoniales el valor de documental pública, bajo la premisa de que, al tratarse de declaraciones rendidas ante la autoridad investigadora, debían ratificarse ante la autoridad substanciadora para perfeccionarse.

Lo anterior se consideró así, en razón de que tales probanzas no correspondían al desahogo formal de una prueba testimonial, sino a diversas declaraciones formuladas durante la etapa de investigación; de ahí que, en ningún momento, la autoridad las hubiera anunciado como documentales públicas, máxime que expresamente precisó que su valor probatorio era meramente indiciario.

En consecuencia, también desestimó el argumento consistente en que dichas declaraciones debían ser ratificadas ante la autoridad substanciadora, pues no fueron ofrecidas ni admitidas como pruebas testimoniales.

Por otra parte, se estimó esencialmente fundado el planteamiento relativo a que las declaraciones a cargo de las personas física (******* ********* ******** ***** ************* ****** ******* ******** ******** ***** ****************** ***** ***** *********** ****** ****************), se limitaban a afirmar la existencia de un trato indebido haci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34104-c0783302/procedimiento-de-responsabilidades-administrativas-que-las-declaraciones-recabadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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