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Modo: Corpus Pro

I. PODERES JUDICIALES LOCALES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CON QUE DEBEN CONTAR PARA GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA. II. ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN. III. HABER DE RETIRO DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. NO FORMA PARTE DE SU REMUNERACIÓN Y PARA QUE SU OTORGAMIENTO SEA CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO DEBE ESTAR EXPRESAMENTE PREVISTO EN UNA NORMA MATERIALMENTE LEGISLATIVA. IV. HABER DE RETIRO. ES VÁLIDO FACULTAR AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA REGLAMENTAR Y DETALLAR SU CÁLCULO Y OTORGAMIENTO, SI ASÍ LO PREVÉN LA CONSTITUCIÓN O LAS LEYES DE LOS ESTADOS. V. HABER DE RETIRO DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. EL HECHO DE QUE SE ESTABLEZCA EN EL REGLAMENTO QUE LO REGULA UNA HIPÓTESIS DISTINTA A LAS CONTEMPLADAS EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, IMPLICA UNA INVASIÓN A LA COMPETENCIA DEL CONGRESO LOCAL Y ES CONTRARIO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 127, FRACCIÓN IV, Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO EN EL CASO DE QUE EL RETIRO FORZOSO Y ANTICIPADO DEL CARGO, OCURRA POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD DE LA MAGISTRADA O MAGISTRADO DE QUE SE TRATE, EL MONTO DEL HABER DE RETIRO, VITALICIO Y PERIÓDICO, DEBERÁ SER CUBIERTO EN FORMA PROPORCIONAL AL TIEMPO QUE SE HAYA EJERCIDO EL CARGO" DEL ACUERDO 04/2024, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL TRÁMITE Y EL CÁLCULO DEL HABER PARA EL RETIRO PARA LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO EN EL CASO DE QUE EL RETIRO FORZOSO Y ANTICIPADO DEL CARGO, OCURRA POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD DE LA MAGISTRADA O MAGISTRADO DE QUE SE TRATE, EL MONTO DEL HABER DE RETIRO, VITALICIO Y PERIÓDICO, DEBERÁ SER CUBIERTO EN FORMA PROPORCIONAL AL TIEMPO QUE SE HAYA EJERCIDO EL CARGO" DEL ACUERDO 04/2024, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL TRÁMITE Y EL CÁLCULO DEL HABER PARA EL RETIRO PARA LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 319/2024. · Registro digital (IUS): 34135
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-07-03
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Julio de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.519.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 319/2024. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 9 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIOS: JUAN MANUEL ANGULO LEYVA Y ADALBERTO MÉNDEZ LÓPEZ.

Ver resumen de la sentencia

ÍNDICE TEMÁTICO

Norma impugnada: El Acuerdo 04/2024, por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento que establece el trámite y el cálculo del haber para el retiro para las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6346, el veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 319/2024, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Morelos en la que demanda la invalidez del Acuerdo 04/2024, por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento que establece el trámite y el cálculo del haber para el retiro para las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de esa misma entidad, publicado en el Periódico Oficial local el veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. El once de septiembre de dos mil veinticuatro, en Sesión Ordinaria del Pleno del Poder Judicial del Estado de Morelos, por mayoría de votos se aprobó el “Acuerdo 04/2024, por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento que establece el trámite y el cálculo del haber para el retiro para las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos” (“Acuerdo”). El veinticinco de septiembre siguiente, se publicó dicho Acuerdo en el Periódico Oficial local.

2. Demanda de controversia constitucional. El treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que impugnó el referido Acuerdo 04/2024.

3. En su demanda, el Poder Legislativo actor hizo valer tres conceptos de invalidez en los que expuso, esencialmente, lo siguiente:

• PRIMERO. El Poder Judicial local transgredió el principio de división de poderes contenido en los artículos 49 y 116 de la Constitución Política del país, al reformar una disposición reglamentaria con la finalidad de instaurar un supuesto novedoso para acceder al haber de retiro que, por disposición constitucional, es materia de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

• Se contravienen los artículos 127 de la Constitución Política del país, 26 de la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 40 fracción II, y 89 de la Constitución local, los cuales establecen que dicha regulación debe ser por medio de una ley o decreto legislativo, cuya competencia es exclusiva del Congreso estatal.

• Indirectamente se amplía el alcance de la Ley Orgánica del Poder Judicial local por medio de una disposición reglamentaria, cuando la regulación del haber de retiro, con excepción de los montos, es materia exclusiva de la referida ley.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 81/2010, reconoció que el haber de retiro es una garantía de independencia y autonomía judicial, por lo que, al ser una figura vinculada con la debida administración de justicia, la vía idónea para la creación de un supuesto novedoso para acceder al haber de retiro es a través de una iniciativa de reforma ante el Congreso de Morelos. Máxime que de conformidad con el artículo 42 y 99 de la Constitución local, el Poder Judicial puede presentar iniciativas de leyes relacionadas con la organización y funcionamiento de la administración de justicia.

• El Poder Judicial local se atribuye de manera ilegal funciones propias del Poder Legislativo, al generar una disposición reglamentaria que pretende reformar lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial local (artículo 26 Bis), sin agotar el proceso legislativo.

• SEGUNDO. Se vulnera la competencia del Poder Legislativo local consagrada en los artículos 71, fracción III, y 116 de la Constitución Política del país, en relación con los artículos 40, fracción II, 42 y 99, fracción I, de la Constitución local, respecto a las facultades de iniciar y expedir leyes, en materia de administración de justicia. Ello, en tanto que el haber de retiro al ser una garantía de independencia judicial y permanencia en el cargo, debe ser regulada en la Ley Orgánica referida.

• La reforma regula un supuesto genérico y ambiguo que da lugar a situaciones contrarias a la propia ley, como la separación del cargo por una sanción, en términos del artículo 26 Quater de la Ley Orgánica del Poder Judicial local.

• El Acuerdo impugnado pretende convertir la figura del haber de retiro en una especie de “seguro” en caso de no resultar electo en el proceso de elección del Poder Judicial.

• No obstante la ausencia de facultades legislativas, los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Morelos, reformaron el Reglamento a su favor, para que, al ser separados de su cargo puedan obtener un haber de retiro de por lo menos 70% del salario de una persona magistrada en activo.

• TERCERO. La reforma al artículo 8 del Reglamento estableció, en beneficio de los magistrados y las magistradas, el derecho a recibir el monto de haber por retiro vitalicio y periódico en caso de que se les retire de manera forzosa y anticipada del cargo, soslayando que el artículo 127 de la Constitución Política del país, prohíbe conceder y cubrir haberes de retiro cuando no se encuentren asignados por ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

• Con la aprobación del Acuerdo impugnado, los magistrados y las magistradas no se sujetan al principio de austeridad, ni a una remuneración adecuada y proporcional que, conforme a sus responsabilidades se haya determinado en el Presupuesto de Egresos.

4. Radicación. Por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico, registrar la controversia constitucional bajo el número 319/2024 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, al existir conexidad con la diversa controversia constitucional 312/2024, toda vez que se impugna el mismo Acuerdo.

5. Admisión y trámite. Por acuerdo de doce de diciembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como demandado en este procedimiento constitucional al Poder Judicial del Estado de Morelos, y como tercero interesado al Poder Ejecutivo local. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

6. Manifestaciones del Poder Ejecutivo local. El doce de febrero de dos mil veinticinco, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos remitió sus manifestaciones, en las que sostuvo esencialmente lo siguiente:

• PRIMERO. El Poder Judicial local transgrede el principio de división de poderes, ya que con la reforma al artículo 8 del Reglamento crea una nueva hipótesis normativa para la procedencia del derecho al haber de retiro, lo cual debe regularse vía ley, es decir, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos (artículos 26 Bis y 26 Ter).

• SEGUNDO. No sólo existe una invasión competencial al Poder Legislativo, sino también al Poder Ejecutivo, ya que se afecta la gestión presupuestal y sus facultades constitucionales, toda vez que la ejecución del Acuerdo impugnado conlleva un costo financiero significativo y constante del presupuesto estatal que compromete la sostenibilidad financiera del Estado.

• La reforma impugnada contraviene los principios de responsabilidad financiera y sostenibilidad presupuestaria del Poder Ejecutivo local, así como los principios de racionalidad y eficiencia en el gasto público previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

• Si bien la reforma impugnada no genera una afectación inmediata, sí conllevará un costo financiero su instrumentación que el Estado no está preparado a asumir, ya que en la práctica el Poder demandado no ha sido capaz de atender sus obligaciones en materia de seguridad social (pensiones y jubilaciones), sin necesidad de ampliaciones presupuestales.

• TERCERO. El Acuerdo impugnado transgrede lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política del país, ya que se crea un haber de retiro a favor de los magistrados y las magistradas del Tribunal Superior de Justicia, en caso de que se les retire de manera forzosa y anticipada del cargo, lo cual no es acorde con lo establecido en los artículos 26 Bis y 26 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

7. Contestación del Poder Judicial del Estado de Morelos. El dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, el Poder Judicial local dio contestación a la demanda. Por una parte, hizo valer las causas de improcedencia siguientes:

• No existe un cambio sustancial en las porciones normativas combatidas, por lo que no es posible su impugnación como un nuevo acto materialmente legislativo.

• Resulta extemporánea la demanda respecto de las porciones normativas del Reglamento que no fueron combatidas.

• El Poder actor carece de interés legítimo, ya que las violaciones que hace valer respecto del Acuerdo impugnado no guardan relación con el ámbito de competencias que le reconoce la Constitución Política del país ni la Constitución local.

• De conformidad con el artículo trigésimo quinto del “Decreto Número Veinticinco Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025”, se autoriza al Poder Judicial demandado a realizar los actos jurídicos, instrumentos financieros idóneos o transferencias de su presupuesto asignado, necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 89 de la Constitución local, relacionado con el haber por retiro, por lo que la supuesta invasión competencial queda desvanecida.

8. Asimismo, contestó ad cautelam los conceptos de invalidez, en lo que interesa al caso, sostuvo lo siguiente:

• El derecho al haber de retiro de las personas magistradas se encuentra regulado en los artículos 89, párrafos séptimo y octavo y 99 fracción III, de la Constitución local, así como 26 Bis al 26 Sexies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

En dicha normativa se establece que el retiro puede ser forzoso al cumplir setenta años o por incapacidad física o mental que impida el desempeño del cargo. Asimismo, se prevé que el haber de retiro será de carácter periódico y vitalicio, y que su cálculo se determinará en los reglamentos que expidan los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa. En cuanto a la fuente de financiamiento se dispone que la ley preverá la forma y la proporción en que se otorgará el haber por retiro, así como un mecanismo para garantizar su pago con base en la suficiencia presupuestal del Poder Judicial.

• Al resolver la controversia constitucional 81/2010, el Tribunal Pleno sostuvo que de conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política del país, el haber de retiro debe estar previsto en una norma materialmente legislativa, por lo que es válido que la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos determine algunos referentes y habilite al órgano de gobierno del Poder Judicial local a regular lo relativo a su ordenamiento y cálculo.

• El Acuerdo impugnado: I. Reconoce la necesidad de modular y especificar las condiciones en que procede el retiro forzoso para incluir cualquier causa ajena a la voluntad de la persona magistrada, garantizando su derecho a esta prestación; II. Contempla modificaciones para asegurar que los beneficiarios de una magistrada o magistrado fallecido puedan recibir el haber; III. Refuerza las prohibiciones para las magistradas y los magistrados retirados quienes no podrán litigar ante los tribunales por dos años posteriores al retiro; e, IV Incorpora medidas de previsión presupuestal, asegurando que los fondos para el haber por retiro se contemplen en los presupuestos anuales del Poder Judicial y se precisa los porcentajes para dicho pago.

• El Acuerdo impugnado no contraviene el principio de reserva de ley ni de subordinación jerárquica, ya que se desarrolla y armoniza el marco normativo en materia de haber de retiro, en concordancia con las normas constitucionales y legales preexistentes.

• El Acuerdo impugnado no vulnera el principio de división de poderes ni implica una reforma indirecta o de facto a la legislación vigente, pues se trata de una disposición reglamentaria emitida en ejercicio de facultades expresamente conferidas al Poder Judicial local. Ello, ya que no se alteró el contenido esencial del haber de retiro ni estableció requisitos distintos a los fijados por el legislador, sino que precisó los criterios bajo los cuales dicho derecho debe ejercerse.

• Asimismo, la previsión de que el monto del haber de retiro no sea inferior al 70% del salario de una persona magistrada en activo es una determinación reglamentaria que se ajusta a los principios de proporcionalidad y suficiencia.

• La interpretación y aplicación del Reglamento corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por lo que las posibles dudas interpretativas no son motivo suficiente para declarar la invalidez de una norma. Además, no existe posibilidad de interpretaciones contrarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial y menos que permitan el acceso al haber por retiro incluso en casos de separación por sanción.

9. Opinión de la Fiscalía General de la República y del Consejero Jurídico de la Presidencia. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.

10. Cierre de la instrucción. El dos de abril de dos mil veinticinco se celebró la audiencia y por acuerdo de catorce de abril siguiente, la Ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

11. Turno. Visto el estado procesal del asunto y toda vez que el uno de septiembre de dos mil veinticinco tomaron protesta las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente turnó el presente asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.

I. COMPETENCIA

12. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política del país,(1) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional,(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en virtud de que se plantea un conflicto entre los poderes Legislativo y Judicial del Estado de Morelos.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

13. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(4) se precisan las normas que son objeto de la presente controversia constitucional.

14. En el caso, el Poder Legislativo actor demandó la invalidez del Acuerdo 04/2024, por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento que establece el trámite y el cálculo del haber para el retiro para las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial local el veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

15. Al respecto, de una lectura integral de la demanda se advierte que sus argumentos están dirigidos a controvertir la reforma al artículo 8 del Reglamento, exclusivamente, por lo que hace al supuesto de retiro forzoso y anticipado del cargo por cualquier otra causa ajena a la voluntad de las personas magistradas.

16. En consecuencia, sólo se tiene como efectivamente impugnado el referido artículo 8, en la porción normativa que se destaca a continuación:

“Artículo 8. Porcentajes y Montos.

El porcentaje del pago para el haber por retiro considerará los años del cargo de la Magistrada o Magistrado y los que, hayan acumulado como trabajadores al servicio de los poderes del estado; de organismos públicos descentralizados; de organismos públicos autónomos o de ayuntamientos; el cual, teniendo en cuenta lo previsto por los artículos 89, párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 26 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se calculará de la siguiente forma:

I. Cuando se cumpla el plazo máximo de catorce años en el ejercicio del cargo de Magistrado o Magistrada y por tal circunstancia se produzca el retiro forzoso, se tendrá derecho a un Haber por Retiro equivalente al 100% de las percepciones brutas mensuales que correspondan a un Magistrado en activo;

II. Cuando se trate de retiro forzoso al alcanzar la edad máxima de setenta años de edad o les sobrevenga incapacidad física o mental que los imposibilite para el desempeño del cargo, así como en el caso de que el retiro forzoso y anticipado del cargo, ocurra por cualquier otra causa ajena a la voluntad de la Magistrada o Magistrado de que se trate, el monto del Haber por Retiro, vitalicio y periódico, deberá ser cubierto en forma proporcional al tiempo que se haya ejercido el cargo; sin embargo, en ninguno de estos casos ese monto podrá ser inferior al 70% de las percepciones brutas mensuales que correspondan a un Magistrado en activo en el momento en que ocurra el retiro forzoso, como sigue:

a) Se multiplicará el número de años de servicio como Magistrado o Magistrada por 7.14;

b) Si el resultado es menor a 70, el Haber de Retiro será equivalente al 70% de las percepciones brutas mensuales de un Magistrado en activo, y

c) Si el resultado es 70 o más, el Haber de Retiro será pagado conforme al porcentaje resultante, considerando las percepciones brutas mensuales de un Magistrado en activo; [...].”.

17. La existencia del Acuerdo impugnado se acredita a partir del ejemplar del medio de difusión oficial de la entidad federativa, que obra en el expediente.

18. Con base en lo anterior, se desestima lo manifestado por el Poder Judicial demandado en el sentido de no tener por impugnadas las porciones normativas del Reglamento que no fueron combatidas, pues, para efectos de la presente controversia únicamente se tiene por impugnado el referido artículo 8, en los términos ya precisados.

III. OPORTUNIDAD

19. De conformidad con el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia,(5) el plazo para promover controversia constitucional tratándose de normas generales, es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación.

20. En principio, conviene precisar que el Poder Judicial del Estado, en el marco de su competencia, se encuentra facultado para emitir reglamentos(6) que, atendiendo a su naturaleza, pueden considerarse como materialmente legislativos.

21. En el caso, del contenido del Acuerdo 04/2024, se advierte que éste regula las condiciones, porcentajes y montos relativos al pago del haber por retiro de las magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos. Es decir, reglamenta situaciones jurídicas que se encuentran dirigidas a todas las personas magistradas que encuadren en los supuestos normativos previstos y no a una persona en específico; además, su aplicación es permanente.(7)

22. Por tanto, atendiendo a que la reforma al artículo 8 del Reglamento impugnado posee las características de un acto materialmente legislativo (generalidad, permanencia y abstracción), debe computarse el plazo para su impugnación como una norma general, es decir, a partir de su publicación en el Periódico Oficial local, lo cual ocurrió el veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

23. En ese sentido, el plazo de treinta días transcurrió del jueves veintiséis de septiembre al jueves siete de noviembre de dos mil veinticuatro.(8) Consecuentemente, si la demanda se presentó el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, es evidente que la controversia constitucional resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

24. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia,(9) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.

25. El Poder Legislativo del Estado de Morelos comparece por conducto de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Jazmín Juana Solano, personalidad que acredita con copia certificada del acta de sesión de veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro en la que fue elegida para ocupar dicho encargo, con fundamento en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(10)

26. Ahora bien, de conformidad con el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, quien ocupe la presidencia de la Mesa Directiva tiene entre sus atribuciones la de representar al Congreso local, por lo que tiene facultades para promover el presente medio de control constitucional en su representación.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

27. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la materia,(11) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general objeto de la controversia constitucional. Asimismo, la parte demandada debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.

28. El Poder Judicial del Estado de Morelos comparece por conducto del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial estatal, Luis Jorge Gamboa Olea, personalidad que acredita con copia certificada del Acta de la Sesión extraordinaria de Pleno público solemne número 01 de ese órgano jurisdiccional, de cuatro de mayo de dos mil veintidós(12) en la que fue electo presidente.

29. Además, en la fracción II del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos(13) se establece que la representación del Tribunal Superior recae, precisamente, en quien detente su presidencia. Luego, si el Poder Judicial de la entidad federativa se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución local,(14) el Magistrado Presidente tiene facultades para representar al Poder Judicial demandado.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

30. Lo referente al análisis de la procedencia de la controversia constitucional es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia planteadas por la autoridad demandada.

31. El Poder Judicial de Morelos hizo valer las causas de improcedencia siguientes:

• Inexistencia de cambio sustancial en las porciones normativas combatidas, por lo que no es posible su impugnación como un nuevo acto materialmente legislativo.

• Falta de interés legítimo, ya que el Acuerdo impugnado no le genera al Poder actor ningún agravio en su ámbito competencial.

• Inexistencia de invasión competencial, ya que, de conformidad con el artículo trigésimo quinto del “Decreto Número Veinticinco Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025”, se autoriza al Poder Judicial demandado a realizar los actos jurídicos, instrumentos financieros idóneos o transferencias de su presupuesto asignado, necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 89 de la Constitución local, relacionado con el haber por retiro.

Cambio en sentido normativo

32. Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que existe un nuevo acto legislativo susceptible de impugnación cuando se actualicen dos aspectos: a) que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal); y, b) que la modificación normativa sea sustantiva o material.

33. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo. El segundo aspecto se actualiza cuando existan verdaderos cambios en sentido normativo que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto.

34. En ese sentido, un ajuste de ese tipo no se daría, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado, ni cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones, no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas.

35. Tampoco basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente la norma general, sino que la modificación debe impactar al alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada. En otras palabras, la modificación debe producir un efecto en sentido normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema, aunque sea tenue.

36. Lo que se busca con ese entendimiento sobre un nuevo acto legislativo es controlar o verificar cambios en sentido normativo reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio en sentido normativo al que fue sujeto, que deriva precisamente del producto del poder legislativo.

37. Trasladando el criterio anterior al caso, se considera que se verifica el primero de los requisitos, pues en Sesión Ordinaria celebrada el once de septiembre de dos mil veinticuatro, el Pleno del Poder Judicial del Estado de Morelos aprobó el “Acuerdo 04/2024, por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento que establece el trámite y el cálculo del haber para el retiro para las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos”, el cual se publicó el veinticinco de septiembre siguiente en el Periódico Oficial local. Derivado de la reforma anterior, se modificó el artículo 8 del Reglamento, por lo que a efecto de determinar si se verifica un cambio en sentido normativo, conviene contrastar el contenido del precepto impugnado con el texto vigente previo a su reforma.

Ver cuadro comparativo

38. De la simple lectura de la transcripción anterior, se advierte que con la emisión del Acuerdo recurrido se modificó casi la totalidad del contenido del artículo 8 del Reglamento. En específico, se prevé que el monto del haber por retiro en el caso de que el retiro forzoso y anticipado del cargo ocurra por cualquier otra causa ajena a la voluntad de la magistrada o magistrado deberá ser cubierto en forma proporcional al tiempo que se haya ejercido el cargo, el cual no podrá ser inferior al 70% de las percepciones brutas mensuales que correspondan a una persona magistrada en activo al momento en que ocurra el retiro forzoso, asimismo contempla las fórmulas para obtener el porcentaje correspondiente.

39. En consecuencia, contrario a lo señalado por el Poder Judicial demandado, el artículo 8 del Reglamento sí sufrió un cambio en sentido normativo, por lo que resulta infundada la causa de improcedencia hecha valer.

Falta de interés legítimo

40. El Poder Judicial demandado sostiene que el Poder Legislativo del Estado de Morelos carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional, pues considera que en la impugnación que formula no hace valer una violación a sus atribuciones constitucionalmente conferidas, ni plantea cuando menos un principio de agravio.

41. Para estar en posibilidad de determinar si los argumentos planteados en la demanda son susceptibles de ser analizados en el presente medio de control constitucional, es importante traer a colación la jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.), en la que el Tribunal Pleno sostuvo que en las controversias constitucionales solamente se pueden analizar las violaciones relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, sobre la base de un entendimiento amplio.

42. De ahí que con la emisión del acto o norma general impugnados resulta necesario que exista cuando menos un principio de agravio en perjuicio del actor, el cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución Política del país.

43. En efecto, de la lectura integral de la demanda se advierte que los argumentos expuestos por el Poder Legislativo actor están dirigidos a plantear una posible vulneración a sus competencias constitucionales, pues alega que con la emisión del Acuerdo 04/2024 impugnado, el Poder Judicial local transgredió el principio de división de poderes, contenido en los artículos 49 y 116 de la Constitución Política del país, ya que reforma una disposición reglamentaria que crea un supuesto novedoso para acceder al haber de retiro, con lo que amplía el alcance de la Ley Orgánica del Poder Judicial local.

44. Asimismo, sostiene que se contraviene el artículo 127 de la Constitución Política del país, ya que dicha modificación debió haberse

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34135-27378fb3/i-poderes-judiciales-locales-principios-constitucionales-con-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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