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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE REFORMÓ EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL TRÁMITE Y EL CÁLCULO DEL HABER PARA EL RETIRO PARA LAS PERSONAS MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A SU PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 8 DEL ACUERDO 04/2024, POR EL CUAL SE REFORMARON DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL TRÁMITE Y EL CÁLCULO DEL HABER PARA EL RETIRO PARA LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, AL HABERSE DECLARADO SU INVALIDEZ EN LA DIVERSA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 319/2024 PROMOVIDA POR EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS (ARTÍCULO 8 DEL ACUERDO 04/2024, POR EL CUAL SE REFORMARON DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL TRÁMITE Y EL CÁLCULO DEL HABER PARA EL RETIRO PARA LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 312/2024. · Registro digital (IUS): 33966
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-17
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.443.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 312/2024. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 9 DE DICIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIOS: JUAN MANUEL ANGULO LEYVA Y ADALBERTO MÉNDEZ LÓPEZ.

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ÍNDICE TEMÁTICO

Acto o norma impugnada: El Acuerdo 04/2024, por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento que establece el trámite y el cálculo del haber para el retiro para las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 6346, el veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de diciembre de dos mil veinticinco emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 312/2024, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en la que demanda la invalidez del Acuerdo 04/2024, por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento que establece el trámite y el cálculo del haber para el retiro para las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de esa misma entidad, publicado en el Periódico Oficial local, el veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. El once de septiembre de dos mil veinticuatro, en Sesión Ordinaria del Pleno del Poder Judicial del Estado de Morelos, las Magistradas y los Magistrados aprobaron por mayoría de votos el “Acuerdo 04/2024, por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento que establece el trámite y el cálculo del haber para el retiro para las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos” (“Acuerdo”). El veinticinco de septiembre siguiente, se publicó dicho Acuerdo en el Periódico Oficial local “Tierra y Libertad”.

2. Demanda de controversia constitucional. El veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, en su carácter de Consejero Jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que impugnó el referido Acuerdo 04/2024.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Ejecutivo local actor hizo valer tres conceptos de invalidez en los que expuso, esencialmente, lo siguiente:

• PRIMERO. Mediante el Acuerdo impugnado, se pretende implementar el retiro voluntario, mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos no lo prevé como uno de los supuestos para que las magistradas y los magistrados obtengan el haber por retiro, lo que vulnera el principio de autonomía en la gestión presupuestal del Poder actor.

• En específico, en el artículo 8 del Reglamento que establece el trámite y el cálculo del haber para el retiro para las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (“Reglamento”), se crea una nueva hipótesis normativa para la procedencia del haber de retiro cuando el retiro forzoso y anticipado del cargo ocurra por cualquier causa ajena a la voluntad de la magistrada o magistrado, lo que viola el principio de división de poderes consagrado en los artículos 39, 40, 41, 49 y 116 de la Constitución Política del país y 20 y 21 de la Constitución Política local, ya que los pagos se realizarán de manera vitalicia, lo que incrementa la presión sobre el presupuesto y afecta la capacidad del Estado.

• La fundamentación y motivación del Acuerdo impugnado es incorrecta, al querer establecer un supuesto que no se encuentra previsto en los artículos 26 Bis y 26 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

• SEGUNDO. Se afecta la gestión presupuestal y las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo local actor al ser responsable de la administración y hacienda pública, en términos del artículo 70, fracción V, de la Constitución local. Ello, ya que la reforma al diverso 8 del Reglamento implica un costo financiero significativo y constante del presupuesto estatal, que compromete la sostenibilidad financiera, pues se establece un beneficio vitalicio que resulta en un gasto fijo elevado. Además, la norma no específica cuáles son las “causas ajenas a su voluntad”.

• Se contravienen los principios de responsabilidad financiera y sostenibilidad presupuestaria establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, la cual prevé que toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos deberá acompañarse de la correspondiente fuente de ingresos distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto; asimismo, que no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a ingresos excedentes. De la misma manera, se vulnera el artículo 16 de la referida ley, al no acompañar la estimación de impacto presupuestario.

• Por otro lado, si bien es cierto que la implementación del Acuerdo impugnado no genera una afectación inmediata, sí genera un costo financiero su instrumentación, que el Estado no está preparado a asumir, pues en la práctica el Poder demandado no ha sido capaz de atender sus obligaciones salariales sin necesidad de ampliaciones presupuestales.

• En el mismo orden, la reforma es contraria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que contempla tomar en cuenta los antecedentes laborales en otras dependencias o instituciones del Estado, lo que sería constitutivo de dobles beneficios.

• TERCERO. El Acuerdo impugnado transgrede el principio de división de poderes, al regular un supuesto novedoso que por disposición constitucional es materia de una ley.

• Se transgrede lo dispuesto en los artículos 127 de la Constitución Política del país, 26 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y 89 de la Constitución local, que establecen que dicha regulación debe ser por medio de una ley o decreto legislativo.

• En el artículo 26 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial se prevén los supuestos en los cuales se otorgará el haber de retiro a las personas magistradas, por lo que la regulación de esa figura es exclusiva de la propia ley, de ahí que para generar un supuesto novedoso es necesario una reforma legal. En el caso, el Poder Judicial local a través del Acuerdo impugnado amplía indirectamente el alcance de la referida ley y de la propia Constitución local, extralimitándose en sus atribuciones reglamentarias.

4. Radicación. Por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico, registrar la controversia constitucional bajo el número 312/2024 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

5. Admisión y trámite. Por acuerdo de doce de diciembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como demandado en este procedimiento constitucional al Poder Judicial del Estado de Morelos, y como tercero interesado al Poder Legislativo local. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

6. Contestación del Poder Judicial del Estado de Morelos. El dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, el Poder Judicial local dio contestación a la demanda. Por una parte, hizo valer las causas de improcedencia siguientes:

• No existe un cambio sustancial en las porciones normativas combatidas, por lo que no es posible su impugnación como un nuevo acto materialmente legislativo.

• Resulta extemporánea la demanda respecto de las porciones normativas del Reglamento que no fueron combatidas.

• El Poder Ejecutivo actor presentó su demanda fuera de plazo, ya que tuvo conocimiento del Acuerdo impugnado previo a su publicación.

• El Poder actor carece de interés legítimo, ya que el Acuerdo impugnado no le genera ningún agravio en su ámbito competencial.

• De conformidad con el artículo trigésimo quinto del “Decreto Número Veinticinco Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025”, se autoriza al Poder Judicial demandado a realizar los actos jurídicos, instrumentos financieros idóneos o transferencias de su presupuesto asignado, necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo último del artículo 89 de la Constitución local, relacionado con el haber por retiro, por lo que la supuesta invasión competencial queda desvanecida.

7. Asimismo, contestó ad cautelam los conceptos de invalidez, en los términos siguientes:

• El derecho al haber de retiro de las personas magistradas se encuentra regulado en los artículos 89, párrafos séptimo y octavo y 99, fracción III, de la Constitución local, en relación con los artículos 26 Bis al 26 Sexies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Se establece que el retiro puede ser forzoso o voluntario y de carácter periódico y vitalicio. En cuanto a la fuente de financiamiento la Constitución local dispone que la ley preverá la forma y la proporción en que se otorgará el haber por retiro, así como un mecanismo para garantizar su pago con base en la suficiencia presupuestal del Poder Judicial. Asimismo, se prevé que el procedimiento para su cálculo y pago será llevado a cabo por el área competente del tribunal correspondiente.

• Al resolver la controversia constitucional 81/2010, el Tribunal Pleno sostuvo que de conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política del país, el haber de retiro debe estar previsto en una norma materialmente legislativa, por lo que es válido que la Ley Orgánica correspondiente determine algunos referentes y habilite al órgano de gobierno del Poder Judicial del Estado a regular lo relativo a su ordenamiento y cálculo.

• El Acuerdo impugnado: I. Reconoce la necesidad de modular y especificar las condiciones en que procede el retiro forzoso para incluir cualquier causa ajena a la voluntad de la persona magistrada, garantizando su derecho a esta prestación; II. Contempla modificaciones para asegurar que los beneficiarios de una magistrada o magistrado fallecido puedan recibir el haber; III. Refuerza las prohibiciones para las magistradas y los magistrados retirados quienes no podrán litigar ante los tribunales por dos años posteriores al retiro; e, IV. Incorpora medidas de previsión presupuestal, asegurando que los fondos para el haber por retiro se contemplen en los presupuestos anuales del Poder Judicial y se precisa los porcentajes para dicho pago.

• El Tribunal Superior de Justicia del Estado adoptó criterios similares al Tribunal de Justicia Administrativa local con el objetivo de garantizar el haber bajo principios y condiciones equitativas.

• El Reglamento no introduce disposiciones contrarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que detalla los criterios para su aplicación, lo que constituye un ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria del Pleno del Tribunal, por lo que no contraviene el principio de reserva de ley, ni de subordinación jerárquica.

• La existencia de solicitudes de ampliaciones presupuestales en años anteriores no es un argumento válido para impugnar la reforma, ya que tales solicitudes no constituyen un reconocimiento de insuficiencia de recursos, sino que responden a necesidades específicas de cada ejercicio fiscal.

• La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios no impide el ejercicio de derechos adquiridos por los servidores públicos conforme a la normatividad vigente. El Poder Judicial del Estado no está generando una obligación financiera nueva ni comprometiendo recursos fuera de su autonomía presupuestaria, sino aplicando criterios de proporcionalidad y gradualidad en el otorgamiento del haber de retiro, lo que no implica una violación a las disposiciones de disciplina financiera.

• El Poder Ejecutivo local pretende arrogarse facultades establecidas en el texto constitucional local en materia presupuestaria que son propias del Poder Legislativo.

• El Poder actor no evidencia en sus conceptos de violación que el Acuerdo impugnado genere una vulneración real y actual vinculada a su esfera competencial.

• De lo resuelto en la controversia constitucional 44/2024, se advierte que las ampliaciones presupuestales que se han solicitado estriban en el hecho de que no se ha respetado la autonomía financiera del Poder Judicial del Estado de Morelos prevista en el artículo 40, fracción V, de la Constitución local.

8. Manifestaciones del Poder Legislativo local. El veinticinco de febrero de dos mil veinticinco, el Poder Legislativo del Estado de Morelos remitió sus manifestaciones, en las que sostuvo esencialmente lo siguiente:

• El Poder Judicial local transgredió el principio de división de poderes al reformar una disposición reglamentaria con la finalidad de instaurar un supuesto novedoso para acceder al haber de retiro el cual, por disposición constitucional, es materia de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos (artículo 26 Bis).

• Se contravienen los artículos 127 de la Constitución Política del país, 26 de la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como 40, fracción II, y 89 de la Constitución local, los cuales establecen que dicha regulación debe ser por medio de una ley o decreto legislativo, cuya competencia es exclusiva del Congreso del Estado.

• La reforma regula un supuesto genérico y ambiguo que da lugar a situaciones contrarias a la propia ley, como la separación del cargo por una sanción, en términos del artículo 26 Quater de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

• El Acuerdo impugnado pretende convertir la figura del haber de retiro en una especie de “seguro” en caso de no resultar electo en el proceso de elección del Poder Judicial local.

• La reforma estableció en beneficio de los magistrados el derecho a recibir el monto de haber por retiro vitalicio y periódico, en caso de que se les retire de manera forzosa y anticipada del cargo, soslayando que el artículo 127 de la Constitución Política del país, prohíbe conceder y cubrir haberes de retiro cuando no se encuentren asignados por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

9. Opinión de la Fiscalía General de la República y del Consejero Jurídico de la Presidencia. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.

10. Cierre de la instrucción. El dos de abril de dos mil veinticinco se celebró la audiencia y por acuerdo de catorce de abril siguiente, la Ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

11. Turno. Visto el estado procesal del asunto y toda vez que el uno de septiembre de dos mil veinticinco tomaron protesta las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal turnó el presente asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.

I. COMPETENCIA

12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política del país,(1) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional,(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en virtud de que se plantea un conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

13. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(4) se procede a precisar los actos y normas que son objeto de la presente controversia constitucional.

14. En el caso, el Poder Ejecutivo actor demanda la invalidez del Acuerdo 04/2024, por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento que establece el trámite y el cálculo del haber para el retiro para las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial local el veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

15. Al respecto, de una lectura integral de la demanda se advierte que sus argumentos están dirigidos a controvertir la reforma al artículo 8 del Reglamento, exclusivamente, por lo que hace al supuesto de retiro forzoso y anticipado del cargo por cualquier otra causa ajena a la voluntad de las personas magistradas.

16. En consecuencia, sólo se tiene como efectivamente impugnado el referido artículo 8, en la porción normativa que se destaca a continuación:

Artículo 8. Porcentajes y Montos.

El porcentaje del pago para el haber por retiro considerará los años del cargo de la Magistrada o Magistrado y los que, hayan acumulado como trabajadores al servicio de los poderes del estado; de organismos públicos descentralizados; de organismos públicos autónomos o de ayuntamientos; el cual, teniendo en cuenta lo previsto por los artículos 89, párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 26 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se calculará de la siguiente forma:

I. Cuando se cumpla el plazo máximo de catorce años en el ejercicio del cargo de Magistrado o Magistrada y por tal circunstancia se produzca el retiro forzoso, se tendrá derecho a un Haber por Retiro equivalente al 100% de las percepciones brutas mensuales que correspondan a un Magistrado en activo;

II. Cuando se trate de retiro forzoso al alcanzar la edad máxima de setenta años de edad o les sobrevenga incapacidad física o mental que los imposibilite para el desempeño del cargo, así como en el caso de que el retiro forzoso y anticipado del cargo, ocurra por cualquier otra causa ajena a la voluntad de la Magistrada o Magistrado de que se trate, el monto del Haber por Retiro, vitalicio y periódico, deberá ser cubierto en forma proporcional al tiempo que se haya ejercido el cargo; sin embargo, en ninguno de estos casos ese monto podrá ser inferior al 70% de las percepciones brutas mensuales que correspondan a un Magistrado en activo en el momento en que ocurra el retiro forzoso, como sigue:

a) Se multiplicará el número de años de servicio como Magistrado o Magistrada por 7.14;

b) Si el resultado es menor a 70, el Haber de Retiro será equivalente al 70% de las percepciones brutas mensuales de un Magistrado en activo, y

c) Si el resultado es 70 o más, el Haber de Retiro será pagado conforme al porcentaje resultante, considerando las percepciones brutas mensuales de un Magistrado en activo; [...].

17. La existencia del referido Acuerdo se acredita a partir del ejemplar del medio de difusión oficial de la entidad federativa, que obra en el expediente.

18. Con base en lo anterior, se desestima lo manifestado por el Poder Judicial demandado en el sentido de no tener por impugnadas las porciones normativas del Reglamento que no fueron combatidas, pues, para efectos de la presente controversia únicamente se tiene por impugnado el referido artículo 8, en los términos ya precisados.

III. OPORTUNIDAD

19. De conformidad con el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia,(5) el plazo para promover la controversia constitucional tratándose de normas generales, es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación.

20. En el presente caso, el Acuerdo 04/2024 —por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento que establece el trámite y el cálculo del haber para el retiro para las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos—se publicó en el Periódico Oficial local el veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

21. Por lo que, el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del jueves veintiséis de septiembre al jueves siete de noviembre de dos mil veinticuatro.(6) Consecuentemente, si la demanda se presentó el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, es evidente que la controversia constitucional resulta oportuna.

22. En ese sentido, se desestima la causa de improcedencia hecha valer por el Poder Judicial demandado, en la que aduce que la demanda es extemporánea, ya que el actor tuvo conocimiento del Acuerdo impugnado con anterioridad a su publicación.

23. Lo anterior, en tanto que el Poder Judicial del Estado, en el marco de su competencia, se encuentra facultado para emitir reglamentos(7) que, si bien formalmente son de naturaleza jurisdiccional, lo cierto es que atendiendo a su naturaleza pueden considerarse materialmente legislativos.

24. En el caso, del contenido del Acuerdo 04/2024, por el que se reforma el referido Reglamento, se advierte que éste regula las condiciones, porcentajes y montos relativos al pago del haber por retiro de las magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos. Es decir, regula situaciones jurídicas que se encuentran dirigidas a todas las personas magistradas que encuadren en los supuestos normativos previstos y no a una persona en específico; además, su aplicación es permanente.(8)

25. Por tanto, atendiendo a que la reforma al artículo 8 del Reglamento impugnado posee las características de un acto materialmente legislativo (generalidad, permanencia y abstracción), debe computarse el plazo para su impugnación como una norma general, es decir, a partir de su publicación. De ahí lo infundado del argumento de extemporaneidad hecho valer por el Poder Judicial del Estado de Morelos.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

26. De conformidad con el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia,(9) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.

27. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos comparece por conducto del Consejero Jurídico estatal, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, personalidad que acredita con copia certificada de su nombramiento, de primero de octubre de dos mil veinticuatro, expedido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Morelos.

28. Del contenido de los artículos 74, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 9, fracción XVI, 13, fracciones I y VI y 36, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 1, 2, 9 y 10, fracciones XX, XXI, XXII, XXIV, XXV y XXVII, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, se desprende que el Consejero Jurídico tiene la facultad para representar a la Gobernadora del Estado, por lo que, la demanda fue presentada por órgano y persona legitimada.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

29. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la materia,(10) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general objeto de la controversia constitucional. Asimismo, la parte demandada debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.

30. El Poder Judicial del Estado de Morelos comparece por conducto del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial estatal, Luis Jorge Gamboa Olea, personalidad que acredita con copia certificada del Acta de la Sesión extraordinaria de Pleno público solemne número 01 de ese órgano jurisdiccional, de cuatro de mayo de dos mil veintidós(11) en la que fue electo Presidente.

31. Además, la fracción II del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos(12) establece que la representación del Tribunal Superior recae, precisamente, en quien detente su presidencia. Luego, si el Poder Judicial de la entidad federativa se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con el artículo 86 de su Constitución local,(13) el Magistrado Presidente tiene facultades para representar al Poder Judicial demandado.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

32. Este Tribunal Pleno considera que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, dado que el acuerdo impugnado dejó de existir con motivo de la resolución una diversa controversia constitucional.

33. Es un hecho notorio que el Acuerdo 04/2024, por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento que establece el trámite y el cálculo del haber para el retiro para las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de esa misma entidad, impugnado en esta controversia constitucional, también fue impugnado por el Poder Legislativo del Estado de Morelos en la controversia constitucional 319/2024.

34. En sesión de nueve de diciembre de dos mil veinticinco, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, por mayoría de ocho de votos —la Ministra Esquivel Mossa votó en contra y por la improcedencia—, la invalidez de dicho acuerdo legislativo y en atención a que dicha invalidez, en términos del párrafo segundo de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene efectos generales, resulta evidente que han cesado todos sus efectos jurídicos y, por tanto, lo procedente es sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, en correlación con el diverso 19, fracción V, ambos de la ley reglamentaria de la materia.

35. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2001, cuyo rubro y texto son los siguientes:

CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.

La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.

Controversia constitucional 6/97. Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. 1o. de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

VII. DECISIÓN

36. Por lo antes expuesto y fundado, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

PRIMERO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.

SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación.

Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa en contra de las consideraciones, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz.

El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

_______________

1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...]

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa; [...]

2. Ley Reglamentaria de la materia.

“Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles”

3. “Artículo 16. La Suprema Corte de Justicia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33966-05ab40f5/i-controversia-constitucional-es-infundada-la-causa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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