COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAMA LA DISMINUCIÓN EN EL MONTO DE UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN OTORGADA CONFORME AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA Y SU SINDICATO. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA LABORAL.
CONFLICTO COMPETENCIAL 233/2026. SUSCITADO ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 21 DE MAYO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN Y VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. PONENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. SECRETARIA: BRENDA ELIZABETH VALERIO PÉREZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria celebrada el veintiuno de mayo de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Que resuelve el conflicto competencial 233/2026, suscitado entre el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, con motivo de los recursos de queja 44/2026 y 136/2026, del índice respectivo de dichos órganos jurisdiccionales.
ANTECEDENTES
2. Trámite de la demanda de amparo indirecto. Una persona promovió juicio de amparo indirecto, medularmente, contra el descuento efectuado a su pensión jubilatoria derivado de la aplicación de un Acuerdo General; lo que reclamó de la Universidad Autónoma de Sinaloa y otras autoridades que más adelante se detallarán.
3. Recurso de queja. De tal asunto, correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, quien desechó la demanda de amparo. Tal determinación fue recurrida a través del recurso de queja.
4. Declinación de competencia. Por razón de turno correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien en acuerdo plenario determinó carecer de competencia legal por razón de materia, por lo que ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que consideró legalmente competente.
5. Incompetencia y denuncia del conflicto competencial. Dicho asunto se turnó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mismo que mediante sentencia resolvió carecer de competencia legal por razón de materia; consecuentemente, ordenó remitir los autos a este Pleno Regional para la resolución de la contienda competencial.
6. Trámite en este Pleno Regional. Por acuerdo de veintitrés de abril de la presente anualidad, se admitió a trámite el presente asunto, por lo que se solicitó que se hiciera disponible el expediente electrónico del recurso de queja; asimismo, se turnó electrónicamente a la ponencia a cargo de la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán.
7. Mediante auto de once de mayo de dos mil veintiséis, al estar integrado el asunto, se confirmó el turno a la Magistrada ponente.
8. El trece de mayo de dos mil veintiséis, se listó el asunto para su discusión.
COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional es legalmente competente para conocer y resolver el presente conflicto competencial, en virtud de que si bien se suscitó entre Tribunales Colegiados de Circuito de distintas materias; sin embargo, se ejerce jurisdicción por territorio y materia sobre el órgano que previno en el conocimiento del asunto.
10. Lo anterior, de conformidad con los artículos 106 de la Constitución Federal; 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 67/2022 y 38/2023, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal; y el Acuerdo General 2/2025 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER
11. A continuación se precisan las razones por las que –esencialmente– los Tribunales Colegiados determinaron carecer de competencia legal.
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa.
12. Consideró que debe conocer el Tribunal de Amparo con especialización en materia administrativa; toda vez que, la relación jurídica subyacente al acto reclamado es de supra-subordinación, consistente en la modificación de pensión reclamada por un jubilado.
13. Destacó el contenido de los artículos 35, fracción III y 38 (sic), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos y condiciones que se establecen en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se prevé la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose del recurso de queja en un juicio de amparo indirecto.
14. Refirió que en los circuitos donde exista un tribunal especializado, debe conocer del asunto en la materia de su especialidad.
15. Lo anterior acorde a lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 19/2014 de quince de agosto de dos mil catorce y lo establecido en el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
16. Argumentó que la distribución de competencia por materia considera la necesidad de conocimientos especializados, respecto de la normativa respectiva que tutela los intereses jurídicos involucrados en el debate sujeto a juzgamiento.
17. Lo anterior porque implica que en un órgano especializado se radiquen asuntos de una misma materia, con objeto que se tenga mayor conocimiento, al aplicar cotidianamente dicha legislación y esto genere profundización de conocimiento, mejores resoluciones y con mayor prontitud, optimizando la impartición de justicia.
18. Lo que también consideró de esa manera con base en la jurisprudencia P./J. 13/2020 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2022430, de rubro: “COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO, DICTADOS POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA POR ESTIMAR QUE LA RESPONSABLE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA EN LA QUE INCIDE EL ACTO RECLAMADO Y, EN SU CASO, A LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES CONSIDERADAS COMO RESPONSABLES”.
19. Estableció que la naturaleza del acto reclamado es administrativa, pues consiste en el descuento del veinte por ciento de la pensión que recibe como jubilado.
20. Lo estimó así porque al resolver el conflicto competencial 133/2021, la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que al reclamar descuentos realizados a un quejoso con el carácter de jubilado por el Instituto Mexicano del Seguro Social bajo el concepto 322, es de naturaleza administrativa, debido a que la relación entre el quejoso y el instituto constituye una nueva de naturaleza esencialmente administrativa.
21. También se apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 89/2019 (10a.), con número de registro digital 2020326, de rubro: “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES POR PARTE DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA”.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa.
22. Estimó que es legalmente competente el Tribunal de Amparo con especialización en materia de trabajo debido a que las leyes procesales establecen la competencia a través de la materia, grado, cuantía y territorio.
23. Señaló que en la Ley de Amparo se prevén diversos tipos de competencia, en los que destacó la competencia por materia.
24. Definió que la materia es la aptitud legal atribuida a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una misma rama del derecho, lo que permite su enfoque de atención a una sola materia, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa a una mayor profundización.
25. Refirió que del contenido de los artículos 35, fracción III y 36; así como los diversos 48 al 58 y 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se prevé la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose del recurso de queja interpuesto en un juicio de amparo indirecto, por su materia y por división territorial mediante los acuerdos que emanen del Órgano de Administración Judicial.
26. En atención a lo anterior, concluyó que para fijar la competencia por materia, se debe tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, así como la naturaleza de la autoridad responsable.
27. Además, dichos preceptos justifican la especialidad por materia, pues las determinaciones que se dicten requieren del conocimiento y experiencia preferente de los órganos especializados, por lo que resulta relevante que atiendan estrictamente los asuntos de su competencia, para cumplir con la debida garantía de prontitud y expeditez en la tramitación y fallo de los juicios en términos del artículo 17 constitucional.
28. También se apoyó del Acuerdo General 19/2014, del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se especializan los Tribunales Colegiados del Décimo Segundo Circuito.
29. Estableció que su competencia se encuentra en los numerales 35, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los de la autoridad requirente son los diversos 35, fracciones I, inciso d), II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, de la misma ley.
30. Estimó necesario hacer una ponderación del acto reclamado, de conformidad al contenido de la jurisprudencia P./J. 13/2020 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2022430, referida en párrafos precedentes.
31. Así como en la diversa jurisprudencia P./J. 83/98, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, con número de registro digital 195007, de rubro: “COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES”.
32. Destacó los antecedentes del caso en particular, de lo que concluyó que la parte quejosa reclama actos vinculados a derechos que se reclaman con motivo de la interpretación y cumplimiento de la cláusula de un contrato colectivo de trabajo celebrado por el sindicato al que pertenece.
33. Empero, el reclamo fundamental es el incumplimiento de las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo celebrados por la Universidad Autónoma de Sinaloa y el sindicato al que pertenece.
34. En congruencia con lo anterior, infirió que el presente asunto es de naturaleza laboral, debido a que ya no existe la relación de trabajo por su carácter de jubilado, sin embargo, la autoridad responsable dio origen a una nueva de subsistencia, al otorgar y cubrir el pago de la pensión, aun cuando posteriormente determinó disminuir el monto de la pensión.
35. Además porque estimó que se reclama también la interpretación y análisis de las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo, para determinar si al disminuir las prestaciones de la quejosa las mismas fueron vulneradas.
36. Aplicó la jurisprudencia 2a./J. 49/2022 (11a.), emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2025329, de rubro: “INCREMENTO DE PENSIONES JUBILATORIAS DE TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS. PARA DETERMINARLO DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE AL MOMENTO EN QUE AQUÉL SE VERIFICA Y NO EL QUE ESTABA EN VIGOR CUANDO SE OTORGÓ LA PENSIÓN RESPECTIVA”.
37. Asimismo, invocó las tesis PR.P.T.CS.1 L (11a.) y PR.L.CS. J/54 L (11a.), del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, con números de registro digital 2028577 y 2027964, de rubros: “COMPETENCIA POR MATERIA. SE SURTE A FAVOR DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA LABORAL CUANDO EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO INDIRECTO SEA LA CUANTIFICACIÓN Y PAGO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA PREVISTA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) Y SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS” y “COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y SUS EMPLEADOS, CUANDO LA RELACIÓN DE TRABAJO SE DESARROLLÓ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE ESE ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y SU SINDICATO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD ENCARGADA DE APLICAR LAS NORMAS PROCESALES DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL (JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE O LOS ACTUALES TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)”.
EXISTENCIA DEL CONFLICTO COMPETENCIAL
38. Para que un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados de Circuito se estime actualizado, es necesario que se surtan los siguientes requisitos:
I. Que exista una regla competencial prevista en la ley;
II. Que un Tribunal Colegiado se declare legalmente incompetente para conocer del asunto, mediante la emisión de una determinación en que así lo declare y remita los autos al que, en su concepto, lo sea; y,
III. Que este último no acepte la competencia declinada a su favor.
39. Al respecto, es de invocarse el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 75/2017 (10a.), de la extinta Primera Sala del Alto Tribunal, con número de registro digital 2015228, de rubro: “CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA”.
40. En ese tenor, se concluye que sí existe el conflicto competencial, porque el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto consideró carecer de competencia legal, por lo que remitió los autos al órgano jurisdiccional que posteriormente no aceptó la competencia declinada.
DECISIÓN
41. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el medio de impugnación del que deriva el presente conflicto competencial.
42. En primer término, se precisa que en relación con el tema de competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que es la facultad que la ley otorga a un órgano para que conozca ciertos asuntos, dentro de los límites que la propia norma define y que por regla de competencia se establece que si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir.
43. Asimismo, ha indicado que la competencia de la autoridad es una garantía a los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica derivada del artículo 16 constitucional y, por tanto, es una cuestión de orden público; lo que, aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el órgano incompetente.
44. En ese orden de ideas, cabe destacar que la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable.
45. Tales consideraciones dieron origen al criterio jurisprudencial 2a./J. 24/2009, con número de registro digital 167761, de rubro: “COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS”.
46. Por otra parte, la extinta Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho.
47. En ese tenor, señaló que una de las ventajas de que los juzgadores estén adscritos a un tribunal especializado radica en que conocen exclusivamente de asuntos de una misma materia, lo que les permite concentrar su atención en ella; circunstancia que incide directamente en el fortalecimiento de su especialización y propicia una mayor profundización en el estudio y resolución del juicio de amparo en la materia correspondiente.
48. Lo anterior tiene fundamento en lo resuelto por el Pleno del Máximo Tribunal, en la jurisprudencia P./J. 13/2020 (10a.), con número de registro digital 2022430, de rubro: “COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO, DICTADOS POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA POR ESTIMAR QUE LA RESPONSABLE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA EN LA QUE INCIDE EL ACTO RECLAMADO Y, EN SU CASO, A LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES CONSIDERADAS COMO RESPONSABLES”.
49. Ahora bien, partiendo de los criterios emitidos por el Alto Tribunal, en el caso en particular, el problema jurídico a resolver es determinar qué Tribunal Colegiado de Circuito es competente, por razón de materia, para conocer del medio de impugnación de que se trata. Lo cual, necesariamente, debe determinarse a partir de la naturaleza tanto del acto reclamado como de la autoridad señalada como responsable.
50. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo indirecto se aprecia, que una persona en su calidad de jubilada señaló como acto reclamado destacado la disminución en el monto de su pensión por jubilación, misma que fue le fue otorgada conforme a un contrato colectivo de trabajo que celebró la Universidad Autónoma de Sinaloa (en su carácter de patrón equiparado) con el respectivo sindicato; motivo por el cual, entre otros, atribuyó el carácter de autoridad responsable a la referida universidad.
51. Asimismo, debe precisarse que de acuerdo con lo previsto en el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo, un contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.
52. Por otra parte, de conformidad con el artículo 353-U de la ley en cita, las universidades públicas pueden establecer sistemas de seguridad social conforme a sus leyes orgánicas o a los acuerdos celebrados con base a ellas.
53. En ese tenor, el contrato a que se hace referencia en la demanda de amparo indirecto es visible en la página oficial del propio centro educativo, consultable en:
https://www.uas.edu.mx/pdf/marco_juridico/2025/CONTRATO_COLECTIVO_DE_TRABAJO_2025.pdf.
54. Lo que reviste el carácter de un hecho notorio de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 130/2018 (10a.), de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2019001, que dice:
“CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. CUANDO SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN MEDIOS DE CONSULTA ELECTRÓNICA TIENEN EL CARÁCTER DE HECHOS NOTORIOS Y NO SON OBJETO DE PRUEBA. Un hecho notorio es cualquier acontecimiento del dominio público, conocido por todos o casi todos los miembros de un sector de la sociedad, que no genera duda o discusión por tratarse de un dato u opinión incontrovertible, de suerte que la norma exime de su prueba en el momento en que se pronuncie la decisión judicial; por su parte, los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 70, fracción XVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen que el acceso a la información es un derecho fundamental que debe garantizarse y que, dentro de éste, se encuentra el deber de los sujetos obligados de hacer públicas las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales con su personal de base o de confianza; en consecuencia, si éstas están disponibles en la página web del demandado, en su doble calidad de patrón y de sujeto obligado por la ley mencionada, aquéllas constituyen un hecho notorio y no son objeto de prueba, aun cuando no se hayan exhibido en juicio; sin perjuicio de que las partes puedan aportar pruebas para objetar su validez total o parcial”.
55. Ahora bien, del referido pacto contractual se observa, en la parte que interesa, lo que para mayor claridad se transcribe enseguida:
“Cláusula 1. Partes contratantes.
El presente Contrato Colectivo de Trabajo es celebrado por una parte por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y por la otra parte comparece el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS), a quienes en el sucesivo desarrollo de este documento laboral serán designados como: La Universidad, Institución Educativa, o la U.AS. así como el SUNTUAS Sección Académicos o Sección Administrativos o el Sindicato respectivamente; ambas partes contratantes se reconocen la representación legal con que comparecen a suscribir el presente, por lo que bilateralmente acuerdan sujetarse al contenido de las siguientes cláusulas”
“Cláusula 2. Materia que regula este contrato.
Son materia de este Contrato Colectivo de Trabajo, todas las labores desarrolladas, derechos y obligaciones de los trabajadores administrativos y académicos en las dependencias que actualmente existen en la UAS, y las que se creen en el futuro, y sus disposiciones son de aplicación obligatoria para todos los trabajadores sindicalizados.
[...]”.
“Cláusula 3. Disposiciones que norman las relaciones de trabajo
Las relaciones laborales entre la Universidad y los trabajadores administrativos y académicos organizados en el SUNTUAS a su servicio, se rigen por los ordenamientos del presente Contrato Colectivo de Trabajo y de manera supletoria por el apartado A del artículo 123 Constitucional y su ley reglamentaria: la Ley Federal del Trabajo; así como por los convenios que suscriban las partes.
Cuando exista más de una interpretación para aplicar alguna disposición del presente Contrato, en caso de duda ? imprecisión prevalecerá la más favorable al trabajador de acuerdo a la ley, a los usos y costumbres.
En ningún caso los derechos de los trabajadores serán inferiores a los que concedan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal del Trabajo; las leyes que les sean aplicables en su calidad de trabajadores, las que establece este contrato y las normas vigentes en la Universidad.”
“Cláusula 4. Definición de los términos consignados en este contrato.
[...]
34. Pensión jubilatoria: Es la cantidad que quincenalmente y en nómina ordinaria la Universidad se obliga a pagar a los trabajadores que ya no le presten sus servicios, en virtud de haber satisfecho y reunido todos los requisitos que contractualmente se exigen para tener el derecho de pertenecer al régimen de jubilados y/o pensionados en forma vitalicia.
[...]”.
“Cláusula 86. Prestaciones para el bienestar social.
La Universidad con respecto a sus trabajadores se obliga a:
1. Cubrir las cuotas, registrar y hacer las modificaciones al I.M.S.S. Cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social las aportaciones que corresponda a la U.A.S., igualmente las que previamente se descuenten y correspondan a los trabajadores, para que éstos perciban los beneficios y prestaciones de dicha Institución, y a registrar a los trabajadores que no lo estén, así como a los de nuevo ingreso, comunicando al interesado y al sindicato los movimientos afiliatorios y demás que señala la Ley del I.M.S.S. y sus reglamentos.
[...]
8. Con base en los acuerdos bilaterales del 2007, 2008, 2016 y 2025, la U.A.S. se obliga a jubilar al personal sindicalizado con derecho vitalicio a recibir su salario íntegro e incrementos salariales que se obtengan con motivo de las revisiones al contrato colectivo de trabajo, al cumplir los siguientes requisitos:
[...]”.
56. De la anterior transcripción se advierte que la universidad (en su calidad de patrón equiparado), asumió la obligación de jubilar al personal sindicalizado con derechos vitalicios a percibir una cantidad equivalente a su salario íntegro y a los incrementos correspondientes.
57. Del mismo modo, se hace patente que la pensión cuya afectación se reclama no deriva de un régimen obligatorio de seguridad social administrado por un ente asegurador; sino de una prestación pactada entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el sindicato respectivo en el contrato colectivo de trabajo.
58. Lo cual, evidencia que la jubilación constituye una prestación extralegal, porque no tiene fundamento en la Constitución Federal, ni en la Ley Federal del Trabajo, sino que su fuente deriva de un contrato colectivo de trabajo, esto es, un acuerdo de voluntades celebrado entre empleadores y trabajadores representados por un sindicato.
59. Así, en relación con el concepto de jubilación, el Alto Tribunal ha sostenido que se trata de una institución jurídica establecida contractualmente, en virtud de la cual el patrón se obliga libremente a cubrir a los trabajadores que han acumulado la antigüedad requerida a su servicio, una pensión como contraprestación por el desgaste orgánico o incapacidad sufridos con motivo de la relación de servicio, que sustituye al salario.
60. Es de invocarse el criterio contenido en la jurisprudencia de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 242742, que dice:
“JUBILACIÓN. ES UN DERECHO EXTRALEGAL. La jubilación es una prestación exclusivamente contractual que no está regida por el artículo 123 constitucional, por cuyo motivo, su otorgamiento y fijación en una determinada cantidad, es de origen contractual y por ello la fijación de su monto debe regirse por lo que estipulan los contratos de trabajo debiendo desentenderse las Juntas de Conciliación y Arbitraje que aplican estas disposiciones específicas, de cualquier norma extraña que integre el salario ordinario de un trabajador o que establezca modalidades al mismo”.
61. Asimismo, de lo hasta ahora expuesto, se hace patente que la Universidad Autónoma de Sinaloa, en su carácter de empleadora, se obligó a jubilar a sus trabajadores en términos de lo previsto en el referido pacto contractual, a saber “con derecho vitalicio a recibir su salario íntegro e incrementos salariales”.
62. Lo que no reviste el carácter de una prestación respecto de la que se actualice subrogación alguna por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues tal pago no guarda relación con el derecho a la seguridad social, sino que reviste el carácter de una sustitución al salario.
63. Lo anterior, en el entendido de que de los artículos 20 y 82 de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene que el salario es el pago percibido por la contraprestación de un trabajo personal y subordinado, esto es, durante la vigencia de la relación laboral; a diferencia de la jubilación que surge, precisamente, una vez concluido tal vínculo.
64. Es ilustrativo el criterio expuesto en la tesis aislada de la Cuarta Sala del Alto Tribunal, con número de registro digital 242563, que dice:
“JUBILACIÓN, PENSIÓN POR, Y SALARIO. NO SON EQUIPARABLES. El salario y la pensión por jubilación no son equiparables, por no tener idéntica naturaleza jurídica. El salario se define por el artículo 82 de la ley laboral como "la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo"; la pensión jubilatoria, sin estar definida por la ley, se conceptúa como la cuantía o importe de lo que por disposición contractual y sin la prestación de un trabajo, se percibe por la actividad desplegada por el trabajador hasta antes de la jubilación. La distinción consiste en el origen de ambas prestaciones: la obligación de pagar un salario procede de la ley y de los servicios prestados; la pensión jubilatoria deriva de disposiciones contractuales al respecto. Por otra parte, la jubilación presupone una separación del trabajo y el salario implica la prestación de servicios mientras está vigente la relación laboral”.
65. De ese modo, un “trabajador” no reviste del mismo carácter que un “jubilado”, pues éste ya no depende de un trabajo personal subordinado para su subsistencia, sino que recibe un pago periódico del patrón otorgado como compensación por los años de servicio prestados.
66. De ahí, que aun cuando ya no se trate de un trabajador “en activo”, la persona jubilada continúa vinculada a quien fuera su empleador, precisamente, con motivo del pacto celebrado entre ellos, a partir del cual la universidad se obligó a pagar la pensión en cita.
67. Por ese motivo, cuando la jubilación y sus prestaciones accesorias encuentran su fuente en un contrato colectivo de trabajo, no pueden desvincularse de la naturaleza laboral de la relación jurídica que les dio origen, aun cuando su disfrute se materialice con posterioridad a la terminación del vínculo laboral.
68. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 17/97, de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 198735, que es de rubro y texto siguientes:
“JUBILACIÓN. LA LIQUIDACIÓN DEL TRABAJADOR, AUNQUE PONE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34186-56ea21fb/competencia-por-materia-para-conocer-del-recurso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONFLICTO COMPETENCIAL. EL HECHO DE QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, HUBIESE ACEPTADO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN ASUNTO (VII.2o.T.94 L (10a.))
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