COMPETENCIA LABORAL POR RAZÓN DE FUERO. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES LABORALES LOCALES CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS, AUN CUANDO AQUÉLLAS CUENTEN CON PERMISO O AUTORIZACIÓN FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 27/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 30 DE ABRIL DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. PONENTE: VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. SECRETARIA: KARINA HUERTA GALICIA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria presencial de treinta de abril de dos mil veintiséis.
SENTENCIA
1. Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 27/2026 suscitada entre el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo ambos del Decimonoveno Circuito, al resolver los conflictos competenciales 43/2025 y 30/2025, respectivamente.
2. Por auto de presidencia de cinco de marzo de dos mil veintiséis, se propuso como problema jurídico materia de la presente resolución el consistente en determinar si conforme al artículo 527, fracción II, numeral 2 de la Ley Federal del Trabajo, se surte la competencia federal para conocer de una demanda laboral cuando las actividades que realiza la empresa demandada sean bajo autorización federal.
ANTECEDENTES
3. Denuncia de la contradicción de criterios. Los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios suscitada entre aquél Tribunal Colegiado de Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, al resolver los conflictos competenciales 43/2025 y 30/2025, respectivamente.
4. Trámite ante este Pleno Regional. La Presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número 27/2026; asimismo, turnó electrónicamente el asunto a la ponencia de la Magistrada Verónica Alejandra Curiel Sandoval.
5. Seguido el trámite por su curso legal, se requirió a los Tribunales Colegiados de Circuito para que informaran si los criterios que sustentaron seguían vigentes o, en su caso, expusieran las consideraciones para tenerlos abandonados o superados, la fecha en que aconteció, así como la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio.
6. Los órganos jurisdiccionales cumplieron con los requerimientos formulados en proveídos de trece y diecisiete de marzo, ambos del año que transcurre, por su parte, la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que durante los últimos seis meses no encontró radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuyo tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.
7. Por acuerdo de dieciséis de abril del año en curso, se turnó definitivamente el asunto para su resolución.
8. No fue recibido ningún amicus curiae, en términos del artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
9. El asunto se listó el veintidós de abril del año en curso y en esa misma fecha se circuló el proyecto de resolución.
COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer del presente asunto, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia de trabajo suscitada entre dos tribunales colegiados de circuito pertenecientes a la Región Centro-Norte.
11. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafos quinto y séptimo, y 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo; 39, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 67/2022 y 38/2023 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II de la Ley de Amparo, pues fue presentada por los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, órgano emisor de uno de los criterios en contienda.
CRITERIOS DENUNCIADOS
13. A continuación, realizaremos una síntesis de los casos analizados por los tribunales colegiados contendientes y de sus consideraciones medulares.
a) Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito al resolver el conflicto competencial 43/2025.
14. Juicio de origen. Un trabajador promovió juicio laboral en contra de dos personas morales a quienes reclamó el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones accesorias con motivo del despido injustificado del que adujo fue objeto.
15. La demanda se admitió a trámite radicándose ante el Segundo Tribunal Laboral de la Sexta Región del Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas, quien determinó declararse incompetente para conocer del asunto.
16. Declinación de competencia. El Tribunal laboral sostuvo que de los antecedentes se advierte que el trabajador prestaba servicios para la empresa en donde se desempeñaba como vigilante, que de la constancia que adjuntó a la demanda se aprecia que la demandada cuenta con un permiso federal vigente de seguridad privada personal, lo cual realiza con una vigencia de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro al catorce de noviembre de dos mil veinticinco, que fue otorgado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Unidad para la atención de Delitos Transnacionales, Dirección General de Seguridad Privada.
17. En su decisión el tribunal laboral citó los artículos 1, 2, fracción VI, 5, fracción I, y 16 de la Ley Federal de Seguridad Privada y concluyó que la seguridad de las personas se considera un servicio público y se encuentra sujeta a la rectoría del Estado, por lo anterior, la demandada encuadra dentro del supuesto establecido en el artículo 527, fracción II, número 2, de la Ley Federal del Trabajo.
18. Atendiendo a estos aspectos concluyó que para el desempeño del objeto de la empresa demandada, se cuenta con un permiso vigente para los servicios en las modalidades, entre otras de seguridad privada personal, emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y por ello, determinó que se actualiza la competencia federal, en términos del artículo 123, apartado A), fracción XXXI, inciso b), número 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527, fracción II, numeral 2, 529 y 701 de la Ley Federal del Trabajo.
19. Que la autorización es emitida por el gobierno federal a través de la Dirección General de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios de Seguridad Privada, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).
20. Bajo esos términos se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y consideró que el órgano que debe conocer del asunto es un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en turno.
21. Rechazo de competencia y planteamiento del conflicto competencial. Correspondió al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, el conocimiento del asunto; sin embargo, en su determinación concluyó carecer de competencia para conocer del asunto, conforme a las siguientes razones:
22. Emprendió su estudio, atendiendo al contenido del artículo 16 de la Constitución, para establecer que la competencia debe estudiarse de oficio al tratarse de una cuestión de orden público.
23. Lo que respaldó en los criterios de rubros: “COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.” y “PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.”.
24. Agregó que carece de competencia legal para conocer del juicio planteado, porque la jurisdicción federal en materia de trabajo es de carácter excepcional y debe quedar plenamente demostrada en autos, pues de no ser así debe recaer en las autoridades de las entidades, de acuerdo con sus respectivas jurisdicciones, lo que es acorde a lo que establece el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución, y su relativo 527 de la Ley Federal del Trabajo.
25. Consideró aplicable la jurisprudencia 4a. /J. 49/94 de la extinta Cuarta Sala del Alto Tribunal, de rubro: “COMPETENCIA FEDERAL. DEBE QUEDAR PLENAMENTE ACREDITADA.”.
26. Destacó que de los antecedentes y de las prestaciones que reclama el trabajador se advierte que la empresa demandada tiene como objeto la prestación de servicios de seguridad, actividad que no se encuentra comprendida en ninguna de las ramas, empresas o materias de competencia federal establecidas en las normas que ya han sido citadas con antelación.
27. Así, señaló que los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas o lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido traslado y monitoreo electrónico, deben contar con autorización previa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas.
28. También señaló que no inadvertía que la empresa demandada debe prestar sus servicios bajo la autorización de una autoridad federal, y que de conformidad con los artículos 123, fracción XXXI, inciso b), numeral 2, de la Constitución, 527, fracción II, numeral 2, de la Ley Federal del Trabajo, se actualiza la competencia federal, cuando las empresas involucradas actúen bajo una concesión federal.
29. Entendiéndose por éstas las que tengan por objeto la administración y explotación de servicios públicos o bienes del Estado en forma regular y continua, para la satisfacción del interés colectivo, a través de cualquier acto administrativo emitido por el Gobierno Federal.
30. No obstante, sostuvo que, el hecho de que la empresa demandada deba laborar bajo la autorización expedida por una autoridad federal no actualiza la competencia de ese órgano jurisdiccional, pues se trata solo de una autorización legal de actividades de quienes prestan el servicio facultándolos para su explotación, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, y como tal no puede considerarse que preste sus servicios bajo concesión federal.
31. Así, reiteró que el servicio que presta la empresa demandada es de carácter privado, y como tal no puede considerarse como un servicio público, porque no pretende la satisfacción del interés colectivo, como lo prevé el artículo 527, fracción II, inciso 2, de la Ley Federal del Trabajo, en cambio su fin se limita a la protección de la persona física o moral que contrata sus servicios de seguridad y custodia, sin que en algún momento se encuentre subordinado a la administración pública.
32. Insistió que para que una empresa pueda trabajar bajo una concesión federal debe tener por objeto la administración y explotación de servicios públicos o bienes del Estado en forma regular y continua.
33. Agregó que los servicios de seguridad privada son auxiliares y excepcionalmente pueden colaborar en la función de seguridad pública, por disposición expresa del artículo 151 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
34. Concluyó que las empresas que tengan como objeto social la prestación de servicios de seguridad privada, no requieren de una concesión, sino de un permiso administrativo expedido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, como es el caso de la empresa demandada.
35. Finalmente, se declaró incompetente porque el trabajador presta sus servicios a una empresa particular distinta de las que enumera la fracción XXXI, del artículo 123 Constitucional.
36. En apoyo a su determinación citó las siguientes tesis de los rubros que enseguida se citan:
“COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR UN TRABAJADOR EN CONTRA DE LA EMPRESA A LA QUE PRESTA SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, A PESAR DE QUE SEA LLAMADO AL JUICIO UN CUERPO DE SEGURIDAD.”
“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADAS EN TRASLADO DE BIENES O VALORES Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.”, y
“COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL DONDE SE DEMANDA A UN PARTICULAR Y AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CUANDO ÉSTE ES SEÑALADO COMO BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS –MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PRIVADA–. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.”.
37. Conflicto competencial 43/2025. El Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, elevó el conflicto competencial del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito; quien seguido el procedimiento correspondiente en sesión celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiséis determinó que la competencia para conocer del conflicto laboral recaía en el Segundo Tribunal Laboral de la Sexta Región Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira.
38. Consideraciones que sustentan el criterio. En la ejecutoria correspondiente, el Tribunal Colegiado relató los antecedentes del conflicto laboral de origen.
39. Citó el contenido de los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 527 de la Ley Federal del Trabajo, que rige las relaciones comprendidas en el diverso artículo referido en primer término.
40. Así de una interpretación de las citadas disposiciones, precisó que de la parte inicial de la norma constitucional, se colige que la regla consistente en que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los estados; de manera excepcional será competente la autoridad federal, en los supuestos que se listan en la fracción XXXI, del artículo 123, apartado A de la Carta Magna.
41. De ahí que si un asunto de carácter laboral es de competencia federal, y corresponde a un Tribunal de esa jurisdicción dirimir una controversia, debe acreditarse plenamente que se encuentra en las hipótesis de excepción previstas en la propia ley. Lo que encuentra sustento en las jurisprudencias de rubro: “COMPETENCIA FEDERAL, CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LA.” y “COMPETENCIA FEDERAL. DEBE QUEDAR PLENAMENTE ACREDITADA.”.
42. Que de la propia fracción XXXI, de la norma constitucional, se advierten los supuestos de la competencia federal, es decir, dos criterios que el constituyente adoptó: a) atendió a la actividad desarrollada; y, b) el tipo de empresa.
43. Lo anterior, fue retomado en el propio artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, en el que en primer término se enumeran las actividades y posteriormente se describen las empresas que determinan la competencia federal para la aplicación de las leyes del trabajo, de ahí que la técnica para determinar el carácter de la autoridad ya sea federal o local es la exclusión.
44. Así, precisó que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, y como competencia exclusiva de las autoridades federales, señala los siguientes casos: (...) c) Empresas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas.
45. Una vez que indicó las disposiciones legales aplicables, precisó que el actor demandó de dos personas morales, el pago de la indemnización constitucional y diversas prestaciones de carácter laboral derivado del despido que adujo fue objeto.
46. Que manifestó desempeñar el puesto de guardia de seguridad, y sus funciones consistían en realizar rondines en la tienda, control de acceso, elaboración de informes, chequeo de artículos pagados y protección de mercancía.
47. Que hizo referencia a un oficio suscrito por el Director General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en cumplimiento a un requerimiento del Segundo Tribunal Laboral de la Sexta Región del Estado de Tamaulipas, en el cual se informó que la empresa demandada solicitó autorización para prestar servicios en las modalidades de seguridad privada de personas, bienes, traslado de bienes, valores, así como cuestiones relacionadas con la instalación y comercialización de equipos, dispositivos, aparatos, sistemas, circuitos cerrados de televisión, la que se otorgó por cierta temporalidad —un año—, al que anexó un acuerdo de revalidación de la autorización.
48. Que de estas constancias advirtió que la demandada realiza actividades vinculadas con el área de seguridad privada. Lo que confirmó del capítulo de hechos de la demanda laboral, en la que el trabajador señaló, el nombre de la demandada, horario laboral, su día de descanso, su cargo y las funciones que realizaba, las que consistían en rondines en la tienda, control de acceso, elaboración de informes, verificar artículos pagados y protección de mercancía. Concluyó que el conflicto laboral es suscitado entre una persona moral que se dedica a brindar servicio de seguridad privada.
49. Agregó que este tipo de trabajadores no operan en virtud de un contrato o de una concesión otorgada por el Gobierno Federal, sino que requiere de una autorización por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo con lo establecido por el artículo 30 bis, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y realizan sus actividades por un contrato particular, en el caso, con la persona moral demandada, reiteró que tienen como giro comercial el servicio de seguridad privada.
50. Al transcribir el artículo 30 bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, resaltó el contenido de la fracción XV, que señala: “Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: (...) XV. Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas, supervisar su funcionamiento e informar periódicamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el ejercicio de esta atribución;”.
51. El órgano jurisdiccional interpretó de la norma que antecede que el régimen jurídico de las empresas dedicadas a prestar servicios de seguridad privada se rige por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el despacho de otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas; esto es, que únicamente requieren para su desarrollo la obtención de una autorización administrativa.
52. Lo anterior refirió reflejaba la intención del legislador de reconocer que la prestación de un servicio público ya no es facultad exclusiva del Estado, sino que puede ser desempeñado por los particulares cuando satisfagan los requisitos previstos en la ley, aspecto que sostuvo, pone de manifiesto que la aplicación de las leyes laborales para quienes desarrollan esa actividad corresponde a las autoridades locales.
53. Tomando en consideración estos tópicos, decidió que el asunto no se encuentra situado en la competencia federal, en atención a que en el juicio no se encuentra plenamente acreditado que la empresa demandada pertenezca a una de las ramas de la industria que señala el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo; en consecuencia, determinó que la competencia radica en el Segundo Tribunal Laboral de la Sexta Región Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira. 54. Consideró aplicables las tesis de rubro: “COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR UN TRABAJADOR EN CONTRA DE LA EMPRESA A LA QUE PRESTA SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, A PESAR DE QUE SEA LLAMADO AL JUICIO UN CUERPO DE SEGURIDAD.”, y “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADAS EN TRASLADO DE BIENES O VALORES Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.”.
55. Además señaló que no inadvertía que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo de treinta de noviembre de dos mil doce, se realizó una adición a la porción que regula la competencia de las autoridades federales, respecto del tema de la concesión federal e incluirse bajo esa figura las actividades que realizan las empresas bajo permiso o autorización federal.
56. Así, explicó que no se podía estimar que la empresa demandada tenga por objeto la administración o explotación de un servicio público o bienes del Estado, debido a que presta servicios de seguridad privada, dentro de sus actividades no se encuentra prestar a la sociedad seguridad pública ni se dedica a la explotación de bienes del Estado, además de que el servicio que proporciona no tiene como fin la satisfacción del interés colectivo, su servicio lo desempeña de manera privada a quienes lo contratan para tales efectos, y por ello, no se satisfacen los requisitos previstos en la norma para determinar que el asunto debe verse a la luz de la competencia federal.
b) Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 30/2025.
57. Juicio de origen. Un trabajador presentó demanda laboral en contra de una persona moral a quien reclamó la indemnización constitucional derivado del despido injustificado del que señaló fue objeto, entre otras prestaciones de carácter laboral.
58. Al Segundo Tribunal Laboral de la Sexta Región Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, le correspondió el turno del asunto quien lo registró y admitió a trámite.
59. Declinación de competencia. Seguido el procedimiento, en audiencia preliminar el Tribunal aludido se declaró incompetente para conocer del juicio por razón de fuero, por los siguientes motivos:
60. Que del análisis integral del escrito inicial de demanda, se obtiene que la parte actora demandó de una persona moral la indemnización constitucional y demás prestaciones accesorias, al indicar que fue objeto de un despido injustificado.
61. El trabajador refirió que fue contratado en la categoría de guardia de seguridad, y que de la copia certificada de la escritura pública número ********** (**********), ********** (**********), de fecha nueve de noviembre del año dos mil veintiuno pasada ante la fe del Notario Público Número 26, con ejercicio en Ciudad Madero, Tamaulipas, se advierte que el objeto social de la empresa demandada es el siguiente:
"1- Capacitación en Seguridad Privada, Industrial y Comercial.---- 2.- Capacitación personal y matrimonial en materia de guardia, seguridad y protección de personas y bienes.---- 3.- Capacitación en los ámbitos de: a).- Selección de personal.- b).- Selección y protección.- c).- Guardia y custodia de: 1) Comercios.- 2). Oficinas. 3) Escuelas. 4). Industrias.- 5).- Edificios.-6)-Residencias.- 7)- Colonias.- 8).- Bancos.- 9).- Personas Físicas. 4- Servicios de Seguridad Privada y Vigilancia en general a personas físicas y morales, públicas y privadas.--" [entre otros].
62. Que del oficio signado por el Director General de Seguridad Privada, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que le formuló, se advierte que la empresa cuenta con permiso federal vigente para los servicios en las modalidades de: II) SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES, por el periodo comprendido entre el primero de diciembre de dos mil veinticuatro a primero de diciembre de dos mil veinticinco, y que se otorgó por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Unidad para la Atención de Delitos Transnacionales, Dirección General de Seguridad Privada.
63. Que citó los artículos 1°, 2°, fracción VI, 5, fracción I, y 16 de la Ley Federal de Seguridad Privada, y de su contenido obtuvo que la Seguridad se considera un servicio público, sujeto a la rectoría del Estado, es por ello que la empresa demandada encuadra dentro del supuesto establecido en el artículo 527, fracción II, numeral 2, de la Ley Federal del Trabajo.
64. Que de lo anterior se deduce que la demandada cuenta con permiso vigente para los servicios en las modalidades de: II) seguridad privada en los bienes, la cual realiza con permiso federal vigente otorgado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Unidad para la Atención de Delitos Transnacionales, Dirección General de Seguridad Privada.
65. Por consiguiente, el Tribunal Laboral determinó que atendiendo al objeto social de la empresa, se actualiza la competencia federal, en términos de los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), número 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527 fracción II, numeral 2, 529 y 701 de la Ley Federal del Trabajo, de ahí que se declaró incompetente para conocer del conflicto.
66. Rechazo de competencia y planteamiento del conflicto. Las constancias del expediente laboral fueron recibidas por el Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, quien radicó el expediente y en esa misma actuación rechazó la competencia planteada, esencialmente por las siguientes razones:
67. Indicó que no compartía la decisión del Segundo Tribunal Laboral de la Sexta Región Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, pues del análisis de las constancias no advirtió elementos fehacientes para determinar la competencia federal del asunto.
68. Señaló que al no ser suficiente la autoridad oficiante no debió declinar competencia a favor de este Tribunal Laboral Federal de conformidad con el artículo 527, fracción II, numeral 2 de la Ley Federal del Trabajo.
69. Y que la intención del legislador es ampliar dicha competencia, a fin de que bajo el concepto de “concesión federal” se incluyan las actividades que realizan las empresas al amparo de un permiso o autorización federal.
70. Del informe rendido por el Director General de Seguridad Privada, se desprende que la empresa demandada cuenta con autorización vigente para brindar servicios en seguridad privada en los bienes.
71. En ese sentido, destacó que la autorización es un permiso que se otorga para realizar una actividad específica delimitada por una serie de reglamentos y sujeta a normativas específicas, con un horizonte temporal limitado, mientras que la concesión implica la transferencia de derechos o la gestión de un servicio público a un particular, basándose en criterios de discrecionalidad administrativa, con una temporalidad a largo plazo y sujeto a condiciones concretas, por lo que, una autorización federal no encuadra dentro de la hipótesis de una concesión federal, dado sus diferencias en naturaleza, temporalidad y discrecionalidad.
72. Por tanto, determinó que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque para realizar la prestación del servicio de seguridad privada, sólo se requiere de una autorización expedida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y no de una concesión, de acuerdo con lo establecido por el artículo 30 bis fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
73. De ahí que, la prestación de ese servicio público ya no corresponde originariamente al Estado, sino que puede ser desempeñado por los particulares, por lo que la aplicación de las leyes laborales para quienes desarrollan esa actividad corresponde a las autoridades locales.
74. Que si bien el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la aplicación de las leyes del trabajo de la competencia exclusiva de las autoridades federales, en los asuntos relativos a empresas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas.
75. Esa circunstancia —reiteró—, en este caso en particular, no se actualiza. Esto es así porque la prestación del servicio de seguridad privada por parte de la empresa demandada no requiere de la obtención de una concesión federal otorgada por la administración pública para prestar el servicio público, pues sólo requiere de una autorización por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo a lo establecido por el artículo 30 bis fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
76. En efecto, señaló que de dicho numeral se advierte que el régimen jurídico de las empresas dedicadas a prestar servicios de seguridad privada se rige por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo artículo 30 bis fracción XV, y que a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corresponde despachar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas.
77. Es decir, sólo requiere para su desarrollo de la obtención de una autorización administrativa, lo anterior, señaló que evidencia la intención del legislador de reconocer que la prestación de ese servicio público ya no corresponde originariamente al Estado, si no que puede ser desempeñado por
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34079-024cae24/competencia-laboral-por-razon-de-fuero-corresponde-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PARA CALIFICARLO DE BUENA FE Y, EN SU CASO, DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, NO DEBEN VALORARSE LOS MEDIOS PROBATORIOS R (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. NO SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE INSUMISIÓN (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PERSONAS DEFENSORAS PÚBLICAS AL SERVICIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU CALIDAD DE TRABAJADORAS DE BASE SE DETERMINA EN ATENCIÓN A LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO CONTRA EL PRIMER LAUDO DICTADO POR UNA JUNTA LABORAL QUE CON MOTIVO DE UN ACUERDO ADMINISTRATIVO FUE SUSTITUIDA Y SU COMP (CONFLICTO COMPETENCIAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ANTE LOS PLENOS REGIONALES. LA PERSONA TITULAR DE UN JUZGADO DE DISTRITO PERTENECIENTE A UNA REGIÓN DISTINTA DE AQUELLA EN LA QUE SE EMITIERO (PR.A.C.CN.2 K (12a.))
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. RESULTA INEXISTENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO UNA DE LAS SENTENCIAS CONTENDIENTES NO LOGRA ALCANZAR ESTATUS EJ (PR.L.CN.16 K (11a.))
- DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ANTE LOS PLENOS REGIONALES. ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN CUANDO EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DENUNCIANTE PERTENECE A UNA REGIÓN DIST (PR.A.C.CN.1 K (12a.))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE LOS JUZGADOS EN MATERIA LABORAL DEL PODER JUDICIAL Y LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, AMBOS DEL ESTADO DE VERACRU (VII.2o.T.22 L (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis